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Opinión

8 de Mayo de 2014

Carlos Peña hace pebre proyecto de interventor: “Es inconstitucional y viola el derecho a propiedad”

El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, criticó con vehemencia el proyecto de un interventor del Estado para los planteles que se encuentren en crisis, violen la normativa vigente o no puedan darle vialidad del proyecto educativo ofrecido a los estudiantes, asegurando que si bien “está inspirada por buenos motivos”, por parte del […]

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El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, criticó con vehemencia el proyecto de un interventor del Estado para los planteles que se encuentren en crisis, violen la normativa vigente o no puedan darle vialidad del proyecto educativo ofrecido a los estudiantes, asegurando que si bien “está inspirada por buenos motivos”, por parte del ministerio fue “mal concebido y peor ejecutado”.

“Entiendo el propósito del ministro Nicolás Eyzaguirre: contar con una herramienta para resolver un problema urgente y, luego, discutir las cuestiones de fondo. Pero en un estado de derecho, por que eso es lo que tenemos ¿verdad?, no se puede aspirar a cualquier herramienta, por graves que sean los problemas y aunque se disponga de la mayoría para hacerlo”, dijo en entrevista con La Tercera.

En esa linea, el abogado explica que el proyecto tendría básicamente dos falencias, una conceptual y la otra jurídica. “La primera consiste en que parece creer que los problemas de las instituciones son de management, cuando en verdad provienen de la existencia de sociedades relacionadas, falta de directores independientes y de una acreditación hasta hace poco muy laxa. Nada de eso se va a resolver con la presencia de un mánager que sustituya a todas las autoridades de una institución”, indica.

“El aspecto jurídico es aún peor: todas las reglas que contiene y que afectan a contratos o se refieren a la responsabilidad de las autoridades de la institución, no tendrán ninguna utilidad, porque el proyecto es inconstitucional, ya que algunos de sus artículos (12 y 13, por ejemplo) pretenden alterar contratos en curso, contratos vigentes, algo que está prohibido en todos los sistemas legales y, desde luego, en la Constitución”, agrega.

Asimismo, Peña acusa que otras reglas “podrán ser impugnadas por infringir la propiedad”, como la que bajo ciertos casos y tras un investigación, priva de su administración a Institutos Profesionales o Centros de Formación.

“Estos recintos están organizados como sociedades con fines de lucro, la intervención violaría el derecho de propiedad, equivaldría a un acto expropiatorio. Sobre esto, la jurisprudencia es abundante. Este es el principal problema. Las reglas de la ley, incluso de aprobarse, serán inútiles”, concluye.

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