“Ley Aleuy”: Los planes del Subsecretario del Interior para sacar a la marihuana de las drogas duras

La mesa que trabajará en la “Ley Aleuy”, como le llaman algunos a la modificación y revisión que hará el gobierno en esta materia, dejará en claro que no se trata de “legalizar la marihuana”, como él mismo se ha encargado de explicar. El subsecretario ha decidido dar esta pelea y se ha preparado para enfrentar las críticas que recibirá, principalmente desde la Alianza. Sin embargo, según comentan en el gobierno, está empeñado en imprimirle eficacia a su gestión. “No está en el puesto sólo para supervisar la entrega de sacos de dormir y colchonetas”, comentan en el Ejecutivo sobre la agenda que lo ha tenido días enteros coordinando el trabajo luego de las lluvias y el mal tiempo que ha afectado a varias regiones del país.

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Una de las primeras reuniones que sostuvo el Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, a su regreso luego de la delicada operación a la que se sometió el pasado 12 de mayo y que lo tuvo 15 días con licencia, fue revisar el estado de avance de una de las tareas que le había asignado al equipo de asesores que trabajan en Interior: la conformación de una mesa de trabajo para revisar los cambios que se pretenden hacer al reglamento de la Ley 20.000 -que sanciona el tráfico de sustancias ilícitas- y que permitiría a la cannabis sativa dejar de estar en la misma clasificación que las drogas duras, como la cocaína. Una medida que Bachelet se comprometió a analizar en su programa de gobierno y que tiene como misión revertir la decisión que la propia mandataria tomó en su primer gobierno.

La importancia que le dará Aleuy a esta mesa es alta, según explican fuentes de SENDA. No sólo porque lo dice el programa de gobierno: Aleuy quiere destrabar el trabajo de las policías, el Ministerio Público y los jueces que, en el último tiempo, han acumulado gran cantidad de investigaciones por drogas.

La mesa que trabajará en la “Ley Aleuy”, como le llaman algunos a la modificación y revisión que hará el gobierno en estas materias, dejará en claro que no se trata de “legalizar la marihuana”. De hecho, el subsecretario ha sido categórico en este aspecto y ha dicho que “es una mesa para revisar la ley 20.000 y definir los umbrales de posesión que permitan distinguir el consumo del microtráfico de drogas, entre otras materias”. La ley no establece diferencias entre consumo y microtráfico, por lo que el Estado está ciego tanto en la prevención efectiva como en la penalización de estos ilícitos. Esta carencia sería resuelta justamente en la mesa que acaba de constituirse.

Dicha instancia deberá dar resultados en menos de un año desde su composición, estará coordinada por la asesora Lucía Damert y la jefa de estudios de la subsecretaría del Interior, Carola Garrido. En ella participarán el ministro de Justicia, José Antonio Gómez; y la ministra de Salud, Helia Molina; el subsecretario del Previsión del Delito; Antonio Frey; y la directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Lidia Amarales.

EFICIENCIA PROCESAL

La principal preocupación de Aleuy es la “eficiencia procesal”. Concepto que ya acuñó al defender la no aplicación de la ley antiterrorista. En entrevista con El Mercurio, el subsecretario dijo que “la Ley Antiterrorista ha demostrado una ineficacia total. Desde 2002 ha habido 117 procesados y la justicia chilena solo condenó a 10”, pues el estándar de pruebas es altísimo. La opción de La Moneda es aplicar la ley de Seguridad Interior del Estado, ley de armas o las que correspondan. Esa misma lógica es la que el subsecretario busca ahora con la Ley 20.000. “Hoy el Estado destina una gran cantidad de recursos para perseguir a consumidores y microtraficantes, sin distinciones. Ese tema debemos evaluarlo en la mesa que acabamos de inaugurar”, explicó el día que conformó el equipo de trabajo.

La diferencia con el gobierno de Piñera, según explican en el Ejecutivo, tiene que ver básicamente con la falta de voluntad política que tuvo su mandato y que pese a tener un reglamento no avanzó en sacar de la lista 1 a la cannabis.

Aleuy ha decidido dar esta pelea y se ha preparado para enfrentar las críticas que recibirá, principalmente desde la Alianza. Sin embargo, según comentan en el gobierno, está empeñado en imprimirle eficacia a su gestión. “No está en el puesto sólo para supervisar la entrega de sacos de dormir y colchonetas”, comentan en el gobierno sobre la agenda que lo ha tenido días enteros coordinando el trabajo luego de las lluvias y el mal tiempo que ha afectado a varias regiones del país.

Pese a lo delicado que estuvo de salud en las últimas semanas, no dejó su celular en la clínica y en su casa durante la licencia médica. Sostuvo reuniones, coordinó vía teléfono el trabajo con sus asesores y pensó cuáles serían sus pasos próximos.

Junto con la modificación al reglamento de la Ley de Drogas, Aleuy ha definido otras líneas de acción: desactivar los conflictos en las regiones. Y La Araucanía es una de ellas, aunque no le quita el sueño el rol que está teniendo el intendente Francisco Huenchumilla, sino el escaso desarrollo de una de las regiones más pobres de Chile. Su paso por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) le permite manejar al dedillo los temas con los intendentes y gobernadores. Ha tenido múltiples videoconferencias con las regiones, especialmente con las del norte y Valparaíso, afectadas por el terremoto y el incendio, respectivamente. Y desde esas reuniones hace evaluaciones permanentes del trabajo de las autoridades regionales.

Lo que no ha cambiado en estos tres meses es su perfil. Ayer, de hecho, respondió con firmeza al emplazamiento que los diputados de derecha le hicieron en la Comisión de Hacienda para que estimara una proyección de lo invertido por habitante en las urgencias por el terremoto de la zona norte del país y el incendio de Valparaíso.

“Hacer comparaciones entre el número de afectados en una emergencia, es decir el per cápita del gasto es un error absoluto. Este artilugio numérico no corresponde, pues aquí hay muchas labores de mitigación que benefician al conjunto de la población e incluso a más de una comuna”, sostuvo.

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