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Nacional

15 de Octubre de 2014

Fraude al FUT: Lo que hay detrás del millonario perjuicio al Fisco

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A fines de 2012 partió la investigación que terminó con 122 contribuyentes formalizados por delitos tributarios, en el marco del denominado caso Fraude al FUT, el polémico Fondo de Utilidades Tributables que se creó en los 80′ y que sacó tantas ronchas en la discusión de la reforma tributaria.

Según publica este miércoles La Tercera, el jueves pasado el Consejo de Defensa del Estado encargo un peritaje contable a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI para saber cuánto fue el monto del fraude.

La publicación recuerda que hace dos años, cuando se llevó a cabo la formalización de más 100 contribuyentes que defraudaron las arcas fiscales, se imputó soborno al contador Sergio Díaz, y cohecho y lavado de dinero al ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) Iván Alvarez, quien se mantiene en prisión preventiva.

Al peritaje encargado a la PDI, La Tercera agrega que el CDE pidió al fiscal de la Unidad de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, que oficie al SII para que informe sobre el uso del Sistema de Información Integrada de los Contribuyentes (SIIC), la forma cómo operaban las claves de acceso a la plataforma, y la oportunidad y las condiciones en las cuales los funcionarios del SII accedían al sistema.

En este contexto es que a fines de agosto se abrió la hebra política del caso FUT, cuando se detectaron supuestos aportes irregulares a campañas políticas por parte del Grupo Penta.

Esta arista se abrió luego de que el ex gerente del grupo, Hugo Bravo, investigado por presunto uso fraudulento de boletas, entregara nombres de supuestos políticos favorecidos con los aportes irregulares del grupo de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

¿Cómo partió el ilícito?

El caso Fraude al FUT se habría gatillado cuando el ex funcionario del SII, Iván Alvarez, presuntamente coludido con el contador Sergio Díaz habría modificado el documento donde se declara la renta, aumentando costos de bienes y servicios de algunos contribuyentes para crear una supuesta pérdida tributaria, con lo que habrían conseguido simular que cumplían con los requisitos legales para obtener la devolución del impuesto.

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