Los fantasmas que penan al Cementerio General

“Yo vengo a hacer caridad al cementerio. Porque con florcitas pasa un poco más piola el abandono. Aquí da igual quien esté en la muni o en gobierno, las tumbas pasan riesgos de ser robadas o meadas por cualquiera. El cementerio es tierra de nadie”, comenta una florista afuera del Cementerio General. Todos los días llega a las siete de la mañana a instalarse para recibir a los deudos más madrugadores. Sus claveles, le dicen sus clientes, son el único color entre los secos jardines de la ciudad del descanso. Pero el descuido de este monumento nacional va mucho más allá de malezas entre mausoleos: historiales de corrupción, robo, narcotráfico y exhumaciones ilegales son solo algunos de los problemas que viene acarreando el Cementerio desde hace más de una década.

Un rayado de educación gratuita y desmunicipalizada en uno de los paraderos tiene sentido para las floristas. “Deberíamos poner Cementerio gratuito y desmunicipalizado también” dicen bromeando. Desde 1982 que el Cementerio General pasó a ser responsabilidad municipal -primero de Santiago y luego de Recoleta-, llevándolo de a poco a una crisis que no está tan lejos de la educacional: precarias instalaciones, falta de recursos, denuncias de lucro y corrupción de sus autoridades han manchado su historia. La diferencia está en que los muertos no exigen ni marchan.

-Como dice el reglamento de Cementerios, los derechos de los propietarios de una sepultura y su derecho a ser sepultados en ella son perpetuos. Es un derecho humano que hace mucho tiempo no se está resguardando. El derecho a morir en paz– dice el arquitecto Tomás Domínguez, quien ha dedicado toda su carrera y su tiempo a denunciar irregularidades del Cementerio General desde hace más de 13 años.

“Don Tomás debe ser uno de los que más conoce el Cementerio. Si me lo permite, la verdad es que acá ni un hueón cacha el valor de estas 86 hectáreas”, comenta temeroso un funcionario. Años de trabajo llevaron a este arquitecto a crear el primer plano en detalle del cementerio, una base de datos más completa que la que posee la administración, un registro histórico de todas las irregularidades del recinto y seguimiento de las denuncias presentadas en Contraloría. Sus gestiones lograron que el Cementerio se convirtiera en monumento nacional el 2009 y han apresurado investigaciones y reconstrucciones que sin él, asegura, nunca se habrían concretado. Estas son los cuatro escándalos que han dejado a las autoridades municipales y del Cementerio mostrando la hilacha:

LOS CONTRATOS FANTASMAS

Al igual que este año, el 2008 fueron tiempos oscuros para la UDI. El escándalo de la empresa “Gestión Municipal Avanzada”, mediáticamente conocido como el “Caso GMA”, dejó caer una bomba en el mundo político: militantes UDI estaban involucrados con empresas que prestaron servicios que nunca se realizaron en los municipios de Huechuraba, Recoleta y Viña del Mar. La empresa, vinculada a Isaac Givovich (yerno del ese entonces alcalde de Santiago, Joaquín Lavín), prometía mejorar las condiciones de trabajo de las municipalidades prestando servicios de software y asesorías. Servicios que fueron pagados y supuestamente nunca realizados.

El bombazo más fuerte cayó en Recoleta, el centro de operaciones de GMA. Gonzalo Cornejo, alcalde UDI en la comuna entre 2000 y 2008, estaba siendo investigado en sus cuentas bancarias por la Fiscalía. Las sospechas estaban claras: Entre el 2003 y el 2005 Recoleta había contratado distintos servicios relacionados al patrimonio cultural del Cementerio General y no había claridad si se habían realizado. Los documentos que lo acreditaban habían desaparecido por arte de magia. El resultado: contratos fantasmas con empresas ligadas al caso GMA con cifras que superaban los 100 millones de pesos.

Entre los servicios aprobados por la Municipalidad y firmados por el director del Cementerio General, Tulio Guevara, figuran contratos que van desde “Confección y Mantención de un sistema de Información Geo referenciado (SIG)” hasta “Difusión del patrimonio artístico y cultural del Cementerio General”, ambos por 33 millones. Otros, más específicos, oscilan entre los 5 y 25 millones de pesos.

Fuentes cercanas a Isaac Givovich y la UDI, aseguran que el caso fue una invención de la Fiscalía y la Contraloría para dañar la imagen del gremialismo. En medio del escándalo, Cornejo se vio obligado a renunciar a su partido y cederle el sillón a la militante Sol Letelier. Todo, con el apoyo incondicional de Evelyn Matthei, Juan Antonio Coloma, Pablo Longueira y Jovino Novoa, quienes pusieron las manos al fuego por la inocencia del edil. Tanto así, que el 2012 consiguió trabajo como asesor de Pablo Longueira en el ministerio de Economía y el 2013 en la campaña de Evelyn Matthei. La polémica también provocó la salida del entonces director del Cementerio, Tulio Guevara, quien fue transferido a Jefe de División de Carabineros del ministerio del Interior.

En agosto del 2014, Tomás Domínguez le solicitó al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, mediante la Ley de Transparencia, algún documento que confirmara que los servicios pagados en los contratos fantasmas se realizaron. Pero, según el arquitecto, aún no han respondido a su solicitud. “La red de corrupción y protección del caso GMA fue muy grande. Quedaron impunes de un día para el otro, pero nunca pudimos ver las pruebas. Han pasado más de 10 años desde que se firmaron los contratos y todavía no sabemos si esos servicios se hicieron. Algo me dice que no lo sabremos nunca”, comenta el arquitecto.

LA RED DE NARCOTRÁFICO

El año 2011 un nuevo escándalo empañó al Cementerio. Dos funcionarios del recinto encargados de quemar incautaciones de drogas de la PDI en uno de los crematorios, fueron relacionados a una red de narcotráfico. Su modus operandi era simple: Quemaban parte de la marihuana y se guardaban otra, aprovechando el descuido de los detectives que se alejaban por el calor de los hornos. Cuando la PDI se iba, los trabajadores guardaban el botín para comercializarlo dentro del Cementerio General, poblaciones de Santiago y en el norte de Chile. Las cifras oficiales hablaron de un “robo hormiga” de al menos 100 kilos de la droga.

Miguel Guzmán y Óscar Plaza fueron formalizados por narcotráfico. Guzmán fue presidente del Sindicato de Funcionarios del cementerio durante 10 años y era uno de los hombres de confianza del alcalde Gonzalo Cornejo. A pesar de que se hizo pública la relación entre ellos, la investigación no se expandió hacia cargos mayores. Tampoco se indagó, según comentan funcionarios del cementerio, si las transacciones de dinero se mantenían íntegras en las cuentas bancarias de los involucrados. La incautación de al menos 15 celulares, más de tres millones y 15 kilos de marihuana, trajo fuertes dudas acerca del tamaño de la organización.

– Siempre nos tincó que la red era más grande. Había pura desconfianza en esos años. Pero el problema no ha parado, hasta hoy ves microtráfico a plena luz. Este sigue siendo uno de los puntos donde se mueve más droga en Santiago. Y nadie fiscaliza nada- comenta un ex empleado del cementerio que fue uno de los testigos del caso hace tres años.

ROBOS EN LA CRIPTA

Más de una vez, las floristas del Cementerio han visto salir gente con bultos o maletas del Cementerio. Aseguran que los guardias, menos de 20 en total, hacen lo que pueden dentro de las 86 hectáreas que les toca custodiar. Hace cuatro años fue puesta la primera denuncia en la PDI sobre robos de obras de arte y esculturas. Las cifras son dispares: El arquitecto Tomás Domínguez, asegura que hay al menos 30 obras perdidas. El Cementerio General cifra los robos en 18.

Después del terremoto y aprovechando el caos ante los devastadores efectos que dejó en el camposanto, diversas esculturas de mármol fueron desapareciendo. El Cementerio aplicó medidas pero no fueron suficientes para evitar que piezas italianas avaluadas en millones de pesos fueran robadas de mausoleos y urnas. Entre las más buscadas está Madonna y el niño, parte del mausoleo del padre del presidente de Chile, José Balmaceda, y estructuras de cobre y mármol de monumentos fúnebres, entre otras.

En el casco antiguo hay al menos 2.434 tumbas de valor histórico y 500 obras de arte. Según la actual dirección del Cementerio, encabezada por Marcos Sánchez, está siguiendo el protocolo judicial: “En su oportunidad se hicieron las denuncias correspondientes y los casos siguen en manos de las policías y del Ministerio Público, por lo tanto no podemos pronunciarnos”, aseguraron escuetamente a The Clinic.

También el actual alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, aseguró a principio de este año que una de las medidas para evitar robos sería acabar con el paso de vehículos a las tumbas: “estamos licitando el cierre del área patrimonial, vamos a impedir el paso de automóviles de manera que sea mucho más difícil que alguien agarre una estatua y se la lleve”, prometió en febrero a la prensa. Nuestro medio intentó corroborar esta información con la Municipalidad, pero no recibimos respuesta a nuestra solicitud.

EXHUMACIONES ILEGALES

Desde el 2009 que Tomás Domínguez denuncia exhumaciones ilegales en el Cementerio. El arquitecto, por sus propios medios, tuvo que poner una denuncia en la Contraloría y el Ministerio Público, asegurando que al menos en dos oportunidades -entre 2002 y el 2009-, obras de construcción habrían arrasado terrenos con osamentas humanas. La primera fue la remodelación de la Plaza La Paz, donde bajo tierra existían tumbas de al menos 2000 víctimas del incendio de la Iglesia de la Compañía en 1863. “Se ocasionó un daño grave al Monumento Público y Patrimonio Cultural. Se movieron huesos con maquinaria sin ningún cuidado y sin la autoridad de la Seremi de Salud”, asegura el arquitecto.

El segundo caso parece una mala broma. El 2009 durante obras de construcción de bóvedas en la Avenida Arriarán, obreros se encontraron con restos humanos correspondientes a fosas de las víctimas de epidemias de cólera entre 1887 y 1888. Los obreros sin saber lo que eran, pescaron los restos en bolsas y los eliminaron sin la autorización de la Seremi de Salud. El Cementerio, al conocer los antecedentes, mandó el caso al Consejo de Defensa del Estado pero nunca se hicieron públicas las medidas tomadas.

El camposanto negó estas acusaciones a través de un comunicado: “no existen exhumaciones que no cumplan cabalmente con los procedimientos exigidos en el Reglamento General de Cementerios”. Aparte de estos casos, están los robos de osamentas que quedaron visibles en las urnas por los daños que dejó el 27F. Según comentó la administración del Cementerio a The Clinic, la reconstrucción sigue avanzando pero no tienen cifras claras. Lo mismo le respondieron a Tomás Domínguez, quien con el afán de apresurar los procesos, hace varios años pidió la colaboración del presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, Joaquín Lavín. “Le pedí a Lavín el auxilio del Cementerio porque estaba incumpliendo la Ley de Monumentos. Pensé que el tema era significativo para él porque uno de los mausoleos con más daño era el de su bisabuelo Macario Vidal, que tenía sus restos a la vista y había sufrido el robo de su cráneo. Pero parece que ni eso le importó”, comenta Domínguez.