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En las últimas dos semanas hemos podido ver cómo estudiantes de Universidades Privadas han salido a manifestarse en contra del alza de aranceles. Es así como el pasado jueves 18, entregamos una carta al Ministerio de Educación para que este dé una respuesta acerca de estos abusos.

Hemos visto que en los últimos tres años ha existido un alza sostenida de los aranceles en base a diversos criterios, lo que ha provocado de manera directa un distanciamiento sustantivo entre el arancel de referencia y el arancel real. Lo que ha generado una brecha casi insostenible entre el auto-endeudamiento que financia el copago y el arancel de referencia, que puede o no ser costeado por el Estado. Chile es uno de los países con los aranceles más altos en relación a su PIB dentro de los países de la OCDE. Y si lo llevamos a consideraciones más reales para todos los chilenos y chilenas, la pura mensualidad de carreras como Medicina en la Universidad Diego Portales (incluyendo matrícula) cuesta alrededor de 3 sueldos mínimos (arancel anual $7.109.000). Como consecuencia, las familias chilenas deben endeudarse con el Estado como aval o con la banca privada para poder costear el arancel. Este sobreendeudamiento familiar hace que al finalizar sus carreras, salgan al mercado laboral profesionales que arrastran deudas inmanejables y que no necesariamente serán solventadas por los individuos.

El asunto se vuelve más escandaloso aún cuando, al establecer sus aranceles, vemos casos como el de la carrera de Periodismo en la Universidad Santo Tomás, cuyo arancel aumentó en un 16%, es decir, tres veces más que el IPC. A partir de esto es que se vuelve pertinente interrogarnos sobre la realidad de la regulación actual del sector privado en el ámbito educativo. Debemos pensar en políticas públicas que determinen márgenes claros entre la reutilización de los recursos para el desarrollo de la institución educativa y los actos evidentes de lucro en la educación.

Si nos encontramos con instituciones educativas privadas que interpelan o emplazan al gobierno por recursos fiscales, creemos que estas lo hacen en función de un compromiso de su proyecto educativo e institucional con el Estado. Sin embargo, recibimos comunicados que nos informan de alzas exageradas de aranceles, en donde el Estado establece un margen que las universidades privadas abultan en desmedro de los estudiantes, supeditándolos al
endeudamiento o generación de recursos propios.

En el sistema educativo nacional chileno, en donde más del 70% de la matrícula está ubicado en el sector privado, cabe preguntarse cómo los estudiantes serán capaces de costear mensualidades que pueden llegar a superar 2 ó 3 veces el sueldo mínimo.

Nos gustaría saber de aquellos rectores que pregonan el rol público en sus instituciones, de qué manera se eliminará la lógica mercantil del sobreendeudamiento para la finalización de los estudios.

¿De qué manera las instituciones privadas utilizan los fondos públicos? ¿Acaso el Estado está entregando recursos de todos los chilenos para que sólo unos pocos lucren con estos? ¿Es el negocio en la educación el más rentable de los últimos años y por ello la Nueva Mayoría se convierte en aliado de la Derecha en vez de los Movimientos Sociales?

Esperamos que estas dudas, que quedan abiertas, sean respondidas el próximo año de la mano de un trabajo en conjunto con todos los actores de la educación, así este 2015 augura un año de movilización.

*Nicolás Fernández es presidente de la Federación de Estudiantes Universidad Diego Portales 2015 y Diego Martínez, presidente electo Federación de Estudiantes Universidad Santo Tomas/strong>