PENTAGATE-CHOCLO-LAVIN

El contador de Penta, Marcos Castro Sanguinetti, inició una estrategia legal que busca determinar quién daba las órdenes para emitir pagos irregulares, aportes políticos, entre otras anomalías, los que son investigador por el fiscal oriente Carlos Gajardo.

Así queda de manifiesto en una solicitud de diligencias presentada el 14 de enero pasado a través de su abogado Rodrigo de la Barra. La petición fue acogida por el Ministerio Público, en momentos en que Castro habría sido “desvinculado” de su trabajo, siendo trasladado a un puesto de asesorías. Y lo anterior, en el marco de su futura formalización por lavado de activos, cohecho y delito tributario datada para el próximo 4 de marzo.

Hay que recordar que Marcos Castro fue uno de los primeros interrogados en el llamado Pentagate a mediados de 2013 y quien por primera vez reconoció las iniciales de los nombres de políticos en las boletas emitidas por Penta como aportes irregulares de campaña por trabajos nunca realizados.

Castro solicitó a la fiscalía que interrogue a Juan Carlos Armijo, un ingeniero en finanzas que funge como el tesorero de Penta.

De acuerdo a la declaración de este último del 20 de octubre pasado, manejaba la totalidad de las chequeras de distintos bancos del holding y que su jefe era el ex director del grupo, Hugo Bravo, quien será imputado por los mismo delitos que Castro.

El alcance de la diligencia solicitada por de la Barra es establecer que los dueños del holding, como Hugo Bravo, no podían menos que saber de las anomalías y que su cliente sólo cumplía órdenes, ya que la información estaba compartimentada al interior de la empresa.

En la misma línea, será citado a declarar Francisco Astorga, un ejecutivo que era pagado por la sociedad “Empresas Penta” y quien giraba boletas de su esposa para justificar el pago de bonos, hecho que fue denunciado por el fiscal Gajardo ante el SII para que evalúe una querella criminal.

Astorga, de acuerdo a la presentación deberá responder quién ordenaba pagarle al fallecido martillero Jorge Valdivia -que se jactaba tener vínculos CNI- y de dónde se obtenía el dinero.

Hay que recordar que Valdivia fue quien logró a través del cerebro del fraude al FUT, Iván Álvarez, que Bravo recibiera ilegalmente $ 260 millones a través de dos sociedades.

De acuerdo a las declaraciones de Bravo, el pago a Valdivia salía de las arcas del holding y que tanto Lavín como Délano también se beneficiaron de los servicios del entonces martillero para mejorar su situación impositiva ante el SII.

En la misma línea pidió que concurra a la fiscalía, Max Lavín Besa, sobrino de Carlos Eugenio Lavín.

Lavín Besa de acuerdo a un correo enviado por Castro y que consta en la investigación, tuvo problemas con el SII, ya que en uno de sus negocios agrícolas mantenía pérdidas por más de 700 millones y había retirado más de 340. El hecho finalmente fue arreglado.