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“Tranquilísimo”.

Eso fue lo que dijo escuetamente Julio Ponce cuando salió de la Fiscalía Nacional luego de declarar esta mañana por tres horas en la arista derivada del caso Penta.

El controlador de la minera no metálica llegó cerca de las 9 de la mañana hasta la sede del Ministerio Público para entregar su testimonio ante el equipo de fiscales de alta complejidad, liderados por Carlos Gajardo.

Ayer, la prensa ya había adelantado que la Fiscalía había citado a Ponce para este lunes,  misma jornada en que hará lo propio el ex senador de a UDI, Jovino Novoa en el marco de la arista política del caso Penta.

La Fiscalía investiga eventuales delitos tributarios, de cohecho y apropiación indebida, además de desvíos truchos de platas, que según versiones de parlamentarios de la NM, como el diputado DC René Saffirio, escondería una trama mucho mayor y más transversal que el caso Penta.

La semana pasada, luego de que la minera se negara a entregar los antecedentes de la contabilidad pedidos por la Fiscalía y se los pasara al SII, hubo un un tira y afloja entre ambas entidades que terminó el viernes con la entrega de la documentación al Ministerio Público luego de la presión que metió Sabas Chahuán, quien el miércoles emplazó al ente fiscalizador a entregar los datos.

El fin de semana la Fiscalía estuvo analizando los antecedentes y este lunes pasó a la acción al querrellarse contra ex asesora de Pablo Zalaquett y algunos ejecutivos de la minera.

Específicamente, la acción judicial del organismo que dirige Michel Jorratt apunta contra dos actuales ejecutivos de SQM, el ex gerente Patricio Contesse, además de los dueños de dos agencias de comunicaciones, Iván Correa, Felipe Cádiz y Rodrigo Poliduram de Reactor Spa y la periodista Cristina Zúñiga, dueña de la empresa Pecado Kapital.

Para este miércoles quedó fija la audiencia donde el TC revisara el recurso de inaplicabilidad que presentó la semana pasada Contesse, a través de su abogado, Samuel Donoso. A través de este, el organismo determinó que quedaron paralizadas las medidas intrusivas, como allanamientos en incautación de documentos.