Desmunicipalización de la Educación

El programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, apoyado en las urnas por la inmensa mayoría del país, propuso a los chilenos la Reforma Educacional más grande de las últimas décadas. Se trata, nada menos, que deshacer el modelo educacional impuesto por la dictadura, transformando la educación desde su actual carácter de bien de mercado hacia una concepción de la misma como un derecho social.

La Reforma prometida contiene una serie de transformaciones, las que incluyen, entre varias otras cosas, el fin del lucro, copago y selección en los establecimientos que reciben aportes del Estado, una nueva Política Nacional Docente, gratuidad universal de la educación superior y una nueva institucionalidad para la administración de la educación pública.

Todos estos son elementos cruciales para la consecución de nuestro fin de alcanzar un sistema educativo integrador, equitativo y de calidad. Aunque se plantearon muchas dudas respecto a la pertinencia del orden en que los diferentes proyectos de ley han sido presentados, el año pasado logramos aprobar el proyecto que nos asegurará que cada peso que el Estado destina a educación se utilizará en esos fines y no para el enriquecimiento de los sostenedores.

No obstante, tal como lo ha planteado el mismo gobierno, este debe ser el año de la Educación Pública y, más precisamente, el año de la desmunicipalización de la misma. En este sentido, respaldamos la preocupación de la Asociación Chilena de Municipalidades, planteada en La Moneda hace unos días, en cuanto al lento avance en el proceso de establecimiento de una nueva institucionalidad para la administración de la educación pública.
En un periodo presidencial tan corto como el nuestro, no parece adecuado que hasta el momento no se haya presentado el proyecto que debiese ser central en el proceso de Reforma Educacional en marcha, ni que se anunciara aún una fecha oficial para el envío de la propuesta. No podemos correr el riesgo de farrearnos esta oportunidad única de avanzar en una demanda históricamente postergada.

El traspaso, durante la dictadura, de la administración de los colegios desde el Ministerio a los municipios donde estos se emplazan, es uno de los mayores responsables del deterioro en calidad y equidad que sufrió nuestro sistema educativo, desastre que arrastramos hasta el día de hoy. En un país con enormes desigualdades territoriales como el nuestro, son evidentes las desventajas con que cuentan los niños que asisten a escuelas de comunas pobres respecto a aquellos que lo hacen en comunas ricas.

La evidencia internacional ha demostrado que, en sistemas de provisión educacional mixta como el nuestro, son los resultados y calidad de la educación pública los que marcan la pauta de la totalidad del sistema educativo, incluidos los colegios privados. Esto explica que los mejores y más caros colegios privados de nuestro país tengan resultados inferiores a los de la media de los colegios de los demás países OCDE. Y cualquier intento verdadero por mejorar la educación pública pasa por terminar con el modelo de administración actual.

A pesar de las mejores intenciones de la mayoría de las Municipalidades de nuestro país, éstas no han podido administrar adecuadamente los colegios que el Estado traspasó a su cargo, dado que no cuentan ni con los recursos económicos ni con las capacidades técnicas para hacer frente a una tarea tan crucial como es la de entregar la educación formal a nuestros niños y niñas.

Los gobiernos locales son conscientes de esta situación y así lo han planteado. Esto no significa, sin embargo, que las Municipalidades no tengan nada que decir en este debate sino que, por el contrario, dado que han acumulado ciertas habilidades y experiencias en la materia, además de ser la instancia de gobierno más cerca de la realidad concreta de las personas, éstas se vuelven un actor central de esta discusión, por lo que esperamos que el gobierno, junto con apurar el tranco, considere la opinión y participación de las mismas en esta Reforma.

* Diputado Socialista.