Contralor Ramiro Mendoza

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“La corrupción ha llegado”, decía el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, en la ceremonia de su última cuenta pública, el pasado 6 de abril, frente a una aproblemada Michelle Bachellet. Situación un tanto rara para quien desde su cargo tenía entre otras funciones velar por el buen funcionamiento de las instituciones públicas, y más aún decirlo en el marco de la finalización de su mandato, como un lastre del cual se debe hacer cargo toda la nueva administración.

Según el índice de percepción de transparencia, hasta el año 2014, Chile se encontraba entre los países menos corruptos de la región, junto a Uruguay, y en la posición 21 en un contexto global. Bajo esos parámetros, caben necesariamente las siguientes preguntas ¿Es realmente Chile un país corrupto? ¿Desde cuándo podemos decir que existe corrupción en este país? o ¿La corrupción ha llegado para instalarse como lo planteó el contralor?. En particular creo que no existen respuestas absolutas por las complejidades que presenta el tema.

En primer lugar, según la misma Transparencia Internacional, la corrupción “es el abuso de poder para beneficios privados que finalmente perjudica a todos y que depende de la integridad de las personas en una posición de autoridad”. En ese sentido, deberíamos considerar que al acotar la corrupción a las posiciones de poder y autoridad, esta se relaciona directamente con el sistema político y específicamente con quienes tienen la autoridad dentro de él, es decir, el gobierno y todas aquellas autoridades que toman decisiones políticas, entiéndase poder ejecutivo, diputados, senadores, ministros, jueces, alcaldes, y todos quienes tienen una posición de poder y autoridad en el entramado del régimen.

En segundo lugar, bajo esa lógica, difícilmente podríamos decir que Chile posee una sociedad corrupta, ya que la ciudadanía en este país, en los últimos 40 años, ha estado lejos de poseer una posición de poder y autoridad al interior del sistema político. Es más, su participación se ha limitado –y cada vez en menor medida- al ejercicio mecánico e instrumental del voto, dejando amplios espacios de decisión a aquellos grupos que si poseen esa situación de privilegio.

Entonces, debiéramos decir que si la “corrupción ha llegado” como dice el Contralor, ésta solo se enmarcaría dentro de un segmento muy acotado de la población que estando en una condición de poder y autoridad tiene acceso a ciertos beneficios, a la cual casi siempre se le denomina “elite”, sea política o económica. Es cierto que el ciudadano común y corriente a veces recurre a ciertas conductas para obtener algún beneficio que considera de “justicia divina” frente a un sistema dominado por esa “elite” que sí considera corrupta. Colgarse del cable, no dar la boleta en el almacén, o la evasión en el transantiago, constituyen conductas muy reprochables y muchas veces el “sistema” aplica todo el rigor de la ley. Pero en general el ciudadano común paga sus impuestos, paga su vivienda, paga su salud, paga su educación, a veces también su seguridad y todo cuanto el sistema le obliga a cancelar para permanecer dentro de él, quién no puede hacerlo espera las pequeñas soluciones que entrega un estado subsidiario.

Incluso también hay algunos que sin ser parte de la elite, logran beneficios personales accediendo a otros con mayor poder y/o autoridad, pero la verdad es que creo en realidad que son los menos. Así que cuidado con decir que Chile es un país corrupto, o esa típica frase: “que importa si todos lo hacen…” no señor, no todos tienen una situación de privilegio para que abusando del poder y la autoridad puedan obtener beneficios particulares.

En tercer lugar, si consideramos que es en la elite política y económica donde situamos la corrupción, entonces el Contralor nuevamente se equivoca, y esto por dos razones: La primera es que Chile desde el siglo XIX se fundó en una alianza entre la oligarquía política y económica, y cada vez que esta se vio amenazada recurrió al otro grupo que cada cierto tiempo lo hace parte de la elite, es decir los militares. Desde los partidos de notables del siglo XIX, hasta la masificación de la política, el sistema siempre estuvo sostenido por una férrea alianza entre el poder económico, el poder político y el poder militar. Prueba de ello son el cohecho de principios del siglo XX, las malas prácticas del parlamentarismo, y la acción del ejército al servicio de la oligarquía para defender sus intereses, por ende corrupción en la elite ha existido siempre. Y en segundo lugar, porque en ese marco el sistema político actual fue fundado en un régimen de dictadura donde se sentaron las bases institucionales para cometer los más escandalosos casos de corrupción que haya tenido memoria el país en los últimos años. Situación que más allá del juego político entre la concertación (ahora devenida en “Nueva Mayoría”) y la derecha, todos han ratificado un pacto, ilegitimo de origen y corrupto desde sus bases. Por cuanto señor Contralor, la “corrupción no ha llegado” sino que ha estado siempre instalada en la elite de nuestro sistema.

Por último, dos alcances. La primera es que si hay algo novedoso en toda esta teleserie corrupta es el registro. Casos como el de PENTA, SQM o CAVAL, tienen también en común en que se han mediatizado a tal nivel que hemos sido testigo de las prácticas menos honorables de nuestra política, desde el “raspado de la olla” registrado en mail, grabaciones dejando registro claro de dicha corrupción, hasta las boletas y facturas enviadas a un SII que es bastante más moderno que hace unas décadas, el registro que ha quedado a permitido que la concepción de la corrupción se generalice. Y por otro lado, aún queda un tema pendiente, y este es el rol que debe ejercer la ciudadanía activa en situaciones como estas. Es cierto que los temas de modernización del Estado, no concitan grandes discusiones ciudadanas, no lo fue cuando se produjo el caso Mop – Gate, y más allá de que hoy somos testigos de cómo el sistema político está en crisis, tampoco se observa una reacción ciudadana repudiando lo acontecido y exigiendo en todas sus formas un cambio de las reglas del juego. La ciudadanía que se espera reacciones es sin duda aquella que logró sentar las bases para la discusión de reformas estructurales y que copó el espacio público desde el año 2011, ahora es cuando esa ciudadanía debe más que nunca hacerse cargo de una transformación importante, del cambio de las reglas del juego y el llamado a una nueva Constitución, vía Asamblea Constituyente. Si así no fuera, y vemos como se sale de la crisis vía pacto, acuerdo, arreglín, o como quiera que se llame, hay que tener en claro que la corrupción seguirá enquistada en nuestra elite política y los casos recién denunciados serán nuevamente una muestra más de prácticas tan habituales y antiguas como lo es el sistema político chileno.

* Cientista Político. Docente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano