Secciones

Más en The Clinic

The Clinic Newsletters
cerrar
Cerrar publicidad
Cerrar publicidad

Opinión

17 de Mayo de 2015

Más allá del límite de lo posible: Agustín expulsado del Colegio de Periodistas

Quienes presentamos el requerimiento de investigación, no buscábamos dejar insomne a nuestro ex colegiado, sino más bien dar una señal clara que expresara la voluntad de constituir un gremio de periodistas dispuestos a luchar por la profundización democrática y no por su conspiración.

Javiera Olivares
Javiera Olivares
Por

Más-allá-del-límite-de-lo-posible

‘¿Usted cree que Edwards dormirá mal esta noche?’ Fue probablemente la pregunta más original que se hiciera el 20 de abril pasado, horas después de conocerse públicamente el fallo del Tribunal Regional de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile, que expulsó a Agustín Edwards Eastman por graves faltas a la ética durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La interrogante sería el preludio de un sinnúmero de llamados nacionales e internacionales de reporteros ávidos en conocer más detalles sobre el fallo de primera instancia. Aunque la concentrada propiedad de los medios de comunicación en Chile y su certero correlato editorial parecieron dejar un tanto invisible el histórico fallo, el mundo observó con cuidado cómo el tribunal ético de la organización de periodistas más grande de nuestro país, despedía a quien hace poco menos de un año paseaba tranquilo en velero en las cercanías del puerto de Nybrokajen, en el centro de Estocolmo. ¿La señal? Unívoca y clara: el periodismo cuenta –como condición sine qua non- con el imperativo ético de cumplir con el rol social que lo inspira bajo el respeto total a la democracia y a los derechos humanos. Por ello, quienes presentamos el requerimiento de investigación, no buscábamos dejar insomne a nuestro ex colegiado, sino más bien dar una señal clara que expresara la voluntad de constituir un gremio de periodistas dispuestos a luchar por la profundización democrática y no por su conspiración.

Los argumentos del fallo son elocuentes: durante el gobierno de la Unidad Popular, el dueño de la cadena de diarios de El Mercurio y heredero de uno de los grupos económicos más antiguos de Chile, recibió más de un millón de dólares por parte de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y lideró la campaña de desestabilización del gobierno del Presidente Salvador Allende, que culminó en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. De acuerdo a la investigación, desde entonces el diario apoyó la persecución política y las violaciones a los derechos humanos, participando en operaciones de desinformación. Cabe agregar, que la denuncia ética recuerda la importancia del Bando Nº 15 de la Junta Militar, que el 12 de septiembre de 1973 “como medida precautoria” sólo autorizó la circulación de El Mercurio y La Tercera, disponiendo la “clausura” del resto de la prensa. En la misma línea, el diario publicó los nombres de aquellos comunicadores perseguidos por Pinochet bajo amenaza de muerte, infringiendo su deber de amparo.

Pero quizás uno de los argumentos más sólidos del requerimiento patrocinado por el abogado Luis Cuello es el que evoca el montaje periodístico del 9 de abril de 1987. Ese día, las fotografías de Iván Barra Stuckrath y Jorge Jaña Obregón, ocuparon la portada de El Mercurio bajo el título “Identificados violentistas del PC en el Parque O’Higgins”, atribuyéndoles la calidad de cabecillas de los enfrentamientos ocurridos en el acto realizado en el marco de la visita del Papa. Un par de horas antes de que circulara la portada, los supuestos responsables habían sido detenidos en sus hogares por la CNI, que los mantuvo bajo reclusión y torturas por diez días. La falsedad de las imputaciones obligó a liberarlos sin cargos. La conexión entre la CNI y Edwards, quedaba en evidencia.

La contundencia de la denuncia y del fallo de primera instancia -incluso más allá de una eventual apelación por parte de la defensa de Edwards- es un triunfo indiscutible para quienes buscamos hacer justicia con los cómplices civiles de la dictadura. Los periodistas y dirigentes de organizaciones de derechos humanos que firmamos la denuncia podemos sentirnos tranquilos de que, al fin, la cultura democrática de Chile permite ir más allá del límite de lo posible y pensar en hacer justicia, sometiendo a consecuencias legales y éticas, a personajes tan poderosos como Carlos Alberto Délano, Julio Ponce Lerou o el otrora intocable Agustín.

*Javiera Olivares es Presidenta del Colegio de Periodistas de Chile.

Notas relacionadas