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“Ha habido una especial preocupación del gobierno desde que se tomó conocimiento de estos hechos”. Esa fue la respuesta del Gobierno, a través del ministro vocero Marcelo Díaz, al ser consultado sobre la publicación de The Clinic que destapó el detalle de los millones de dólares de los fondos de reserva del cobre que se esfumaron por medio de una serie de operaciones fraudulentas urdidas al interior del propio Ejército, y en donde aparecen involucrados funcionarios de alto rango.

Según precisó el titular de la Segegob, “el ministro de Interior, Jorge Burgos, que en abril del año pasado era ministro de Defensa, fue quien solicitó no solamente la intervención de los tribunales de justicia, el Ministerio Público en particular, sino que del propio Servicio de Impuesto Internos (SII), del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la propia intervención de la Comandancia en Jefe del Ejército para aclarar e investigar estos hechos”.

De igual manera, apuntó Díaz, se ha instruido para que “los distintos organismos fiscalizadores y contralores, tanto del Ejército, como del aparato del Estado, incluido la participación de los organismos de justicia, sean muy proactivos para esclarecer completamente estos hechos. Y reitero, de determinarse o establecerse delitos, estos serán sancionados como corresponde”. De acuerdo a la investigación de este medio “Milicogate: el gran robo del fondo reservado del cobre”, los desfalcos partieron en el año 2010, durante los albores del gobierno del Presidente Sebastián Piñera y no cesaron hasta marzo de 2014, cuando Michelle Bachelet asumía su segundo mandato.

El Comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, admitió al entonces ministro de Defensa Jorge Burgos, que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos. Al ser consultado por las medidas que se tomarán para evitar que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir, el vocero respondió que “lo primero es que se investigue y se establezcan los delitos. Primero que se investiguen. Son hechos graves y hoy están siendo objeto de investigación, y hoy día están siendo indagados, como lo recoge la publicación, tanto por la Justicia Militar como por la Justicia Civil, y han intervenido otros organismos públicos a petición del Gobierno: CDE, SII, y el propio Ejército. Lo segundo es, por cierto, de confirmar estos hechos y en paralelo a la investigación, un conjunto de revisiones de los procedimientos de Contraloría y fiscalización interna por parte del Ejercito, pero también del propio ministerio de Defensa”.

A juicio del secretario de Estado la gravedad del hecho reviste a que “estamos hablando de recursos del Estado, de fondos públicos que le pertenecen a todos los chilenos y el Gobierno actúa como corresponde frente a cualquier hecho que pueda constituir un manejo irregular de recursos públicos, toma medidas internas, pero también exige o pide, solicita más bien, que actúen todos los organismos que tienen responsabilidad en el control o fiscalización. y en este caso, adicionalmente, en la investigación y eventual sanción de conductas irregulares o delictivas”.