El Mercurio no publica carta que refuta inserto de profesores UC en contra de la Asamblea Constituyente

El sábado 15 de agosto en la página 14 del cuerpo B de El Mercurio, figuró una publicación de “La Clase Ejecutiva”, una alianza vigente desde 1998 entre el medio y la Pontificia Universidad Católica, en que se extraen conclusiones de dos exposiciones de los abogados tributaristas de esta casa de estudios Cristián Saieh y Arturo Yrarrázaval, en que relatan por qué la Asamblea Constituyente no es, a su juicio, el camino que debe seguir el país. Ello en medio del debate instalado respecto de la gradualidad de las reformas del gobierno de Michelle Bachelet que ha significado una pugna entre la jefa de Estado y su titular de Interior, Jorge Burgos, que plantea el “realismo sin renuncia” respecto del programa gubernamental.

El texto -que contó con la colaboración de Benjamín Astete, coordinador académico del Centro de Negociación UC- establece, en resumen, que la Constitución del 80, con sus enmiendas posteriores, es el sustento del desarrollo económico del país y que puede ser mejorada, pero no reemplazada.

En respuesta a este concepto, que se desarrolla en más de 30 párrafos, cinco exalumnos de la UC enviaron una carta de una carilla al medio de comunicación de propiedad de Agustín Edwards que El Mercurio declinó publicar. La misiva está firmada por los profesionales María Alvear, Trabajo Social 1995; Jaime Bassa, Derecho 2001; María Paz Domínguez, Ingeniería Comercial 2000; Claudio Fuentes, Historia 1991; y Magdalena Garretón, Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica 1998, y en ella expresan que “es una lástima que nuestra universidad utilice los espacios publicitarios que dispone en su diario, para hacer propaganda política relativa al proceso. constituyente”.

LA PUGNA

La molestia de los ex estudiantes de la Católica se explica por los argumentos usados en la columna-inserto en que se liga el bienestar del país con la mantención de las reglas impuestas en dictadura por Jaime Guzmán.

El documento explica que una asamblea constituyente es un tema especialmente complejo “para la gran mayoría de los abogados”, aunque para el resto de la humanidad “pareciera que no es trascendente” y consigna que este tipo de reformas “han surgido en el último tiempo en diversos países que tienen necesidad de reconstituirse en situaciones de extrema gravedad institucional. Estos casos se han dado fundamentalmente en países asiáticos y africanos que pasan de regímenes dictatoriales a una democracia o están saliendo de una guerra civil o externa y desean un régimen democrático pacífico”.

Respecto de Latinoamérica asegura que “el único caso considerado como exitoso fue el de Colombia donde se planteó como una forma de salir de la crisis ocasionada por el terrorismo y el narcotráfico” y que “en cambio, las asambleas constituyentes de países como Venezuela, Bolivia y Ecuador han servido para dar más autoridad al Presidente de la República, con graves limitaciones a los derechos humanos y libertades individuales”.

En contraste, apunta que “la Carta Fundamental vigente contempla una serie de normas y principios que sientan las bases sobre las cuales se desarrolla toda actividad económica en el país”.

“PROPAGANDA POLÍTICA”

La carta de los alumnos refutando esta tesis postula que les causó sorpresa “ver que lo que ahí se esgrime como una verdad técnica carece de rigor académico y más bien se trata de una visión ideológica y de propaganda política. El sesgo se advierte, por ejemplo, en el tratamiento que se le da a algunos casos y en la omisión de otros que, sin ensayar asambleas, han concentrado poder en el Ejecutivo”.

Acota, además, que se “pierde de vista la función pública que debe tener una casa de estudios y marca una triste diferencia respecto de iniciativas propiamente académicas que invitan a la reflexión ciudadana, como las que ya ha habido por parte de otras universidades y grupos de la sociedad civil. Lo mínimo que esperamos de una de las universidades más importantes del país y de nuestra alma matter es que aporte con rigor académico al debate público y sentimos que nuestra casa de estudios no lo está haciendo”.