El otro incendio de Servipag

“Ya conchetumadre, abre la puerta o te quemamos”, gritaron dos sujetos jóvenes a la cajera del Servipag, mientras rociaban su cuerpo con combustible a través de una manguera introducida por una ventanilla. Al ver a uno de los sujetos manipular un soplete y acercarlo peligrosamente al líquido inflamable, la mujer decidió apretar un botón de pánico y abrir la caseta donde se encontraba el dinero. Los asaltantes arrancaron del lugar con 6 millones de pesos y dejaron a la trabajadora tirada en el piso en estado de shock. Fue el 21 de agosto del año pasado.

Un año más tarde un hecho similar, ocurrido en la misma sucursal ubicada en la localidad de Hualpén, dejó con quemaduras graves al cajero Pablo Ramírez en un acto brutal que casi le cuesta la vida. Luego del atentado en contra de su compañero, la cajera que salvó ilesa del primer atraco, reconoció en un set fotográfico a una de las personas que la habría asaltado. El sujeto identificado era el mismo que otros testigos sindicaron como la persona que atacó a Pablo Ramírez: Ignacio Montecinos Pinto, un menor de 17 años, apodado como el “cizarro penquista”, con 13 condenas a cuestas, quien habría participado en el asalto junto a su hermano, Jorge Montecinos.

La noticia del cajero quemado vivo en un Servipag en Hualpén pronto se propagó en los medios y adquirió ribetes de acontecimiento nacional. Los ciudadanos de Concepción organizaron una caravana, primero, y luego una marcha contra la delincuencia. Pablo Ramírez, postrado en el hospital con el 30% de su cuerpo quemado, exigió justicia a través de un video a la presidenta Bachelet y el hashtag “Fuerza Pablo” comenzó a ganar terreno en las redes sociales, transformando al cajero en un emblema de la agenda corta contra la delincuencia.

Tan brutal fue el ataque en contra del trabajador, que pocos repararon si Servipag estaba o no cumpliendo los protocolos exigidos por ley en materia de seguridad laboral. Todo hasta que este lunes la Dirección del Trabajo decidió cursar 7 multas a la empresa, perteneciente a los grupos Luksic y Yarur, por graves vulneraciones laborales, de higiene y seguridad por un monto total de 16 millones de pesos. Las inquietudes estaban flotando en el aire: ¿Por qué luego de un primer asalto de características incendiarias, sucedido un año antes en la misma sucursal, un trabajador de la empresa termina con su cuerpo quemado? ¿Implementó o no la empresa las medidas necesarias para resguardar la integridad de sus trabajadores?

Las dudas recién ahora comienzan a aclararse.

Indefensión
Luego del frustrado robo en el Servipag, los abogados representantes de Pablo Ramírez, Enrique Hernández y Renato Fuentealba, ingresaron una denuncia el 31de agosto en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, con el objeto de que ésta iniciara una investigación. El requerimiento parte por aclarar que Servipag, una sociedad de giro bancario, cuya fiscalización corresponde a la superintendencia de bancos, debe contemplar según la ley medidas de seguridad semejantes a las que regulan el transporte de valores y operación de cajeros automáticos. Situación que, en la práctica, la empresa no habría contemplado, como el uso de cámaras de grabación, el pago de un guardia de seguridad externo, contar con un sistema de alarma, un recinto aislado para la entrega y retiro de valores, y la utilización de extintores aptos para recintos privados.

“Hoy las normas que protegen a los cajeros automáticos son súper fuertes. Tienen que estar blindados, con anclajes, tintura en los billetes y cuando se trata de cajeros humanos están prácticamente en el desamparo”, asegura el abogado Enrique Hernández.

Servipag, además, efectuaría operaciones de transporte de valores de manera ilegal, exponiendo a sus trabajadores a conductas de riesgo. Según lo detallado por el mismo Pablo Ramírez a sus abogados, la empresa enviaría en radio taxi cheques y vale vistas a los centros de acopio. “Algunos trabajadores incluso, cuando no hay vehículos disponibles, llevarían los documentos en sus propias mochilas. A Pablo le tocó hacerlo en más de una ocasión”, denuncia Hernández. “Este último hecho no solo aumenta la exposición al riesgo de los trabajadores sino que les deja en la más absoluta indefensión en caso de actos antisociales”, detalla la denuncia.

Una semana más tarde, los mismos abogados realizaron otra denuncia ante la Dirección del Trabajo, donde detallaron una serie de irregularidades en las condiciones laborales en que se desempeñaba Pablo Ramírez. El documento revela que la caseta donde trabajaba el cajero no contaba con un sistema de extinción de incendios, detectores de humo ni rociadores de agua. Tampoco con una salida de emergencia expedita, ni un sistema de alarma en caso de ser atacado por delincuentes o sufrir alguna emergencia médica. “Si el trabajador tiene necesidad de ir al baño tiene que cerrar y acudir al baño del supermercado. Tampoco tienen un lugar para comer. Para hacerlo tienen que bajar la cortina y poner un cartel de colación”, agrega Hernández.

Las irregularidades en la administración de estos pequeños recintos de pago, fueron ratificadas por las multas formuladas por la Dirección del Trabajo en contra de Servipag el lunes de esta semana. En las infracciones se especifica que la empresa no consignó en el contrato el horario de Ramírez, que al revisar el registro de asistencia figuraba con siete días continuos de trabajo, que no había sido capacitado en el manejo de situaciones de peligro, que la caseta no contaba con accesos expeditos y salida de emergencia, y que un año antes una trabajadora fue víctima de un asalto en las mismas circunstancias y que la empresa no tomó las medidas de seguridad necesarias.

La Dirección del Trabajo, se comprometió además, a partir de una solicitud realizada por la familia de Pablo Ramírez, a implementar “un plan nacional de fiscalización a las entidades donde los trabajadores se exponen a este tipo de riesgos”, comentó Christian Melis, Director del Trabajo, luego de participar el lunes en una reunión junto a familiares del cajero y la Ministra del Trabajo Javiera Blanco.

Servipag, a través de un comunicado entregado a este pasquín, asegura que apelarán a la resolución confiando en que cumplieron con “los protocolos de seguridad exigidos por los entes regulatorios” y que se excusan de entregar detalles sobre las medidas para proteger a sus empleados.

La semana pasada, los mismos abogados que representan a Ramírez, presentaron una nueva demanda en el juzgado de trabajo de Concepción por vulneración de los derechos laborales del trabajador.