Columna: Un revés para la democracia

Seamos sinceros. Quienes llevaron la discusión al TC estuvieron en contra de la gratuidad desde el principio y durante todo el debate parlamentario. Que ahora recurran a esta instancia afirmando que con eso beneficiarán a más estudiantes no sólo es un error jurídico –dado que el TC no puede hacerlo–pero es también un contrasentido, una postura contraria a lo que defendían tan sólo hace unas semanas.

Logo Tribunal Constitucional A1

Un revés ha vivido la democracia chilena por estos días. Un órgano institucional, pero que funcionó como defensor de la tesis de la derecha, como lo fue el Tribunal Constitucional, aceptó un requerimiento de 31 diputados de oposición para impugnar los requisitos que estableció el gobierno para que alumnos de instituciones fuera del Consejo de Rectores (CRUCh), es decir, privadas, además de centros de formación técnica e institutos profesionales, accedan a la gratuidad.

La decisión se fundamenta en un hecho concreto que no debe entenderse como sinónimo de discriminación a los estudiantes: Es deber del Estado financiar planteles debidamente regulados y de buena calidad. En consecuencia, no es posible, desde ningún punto de vista, otorgar recursos a instituciones que torciendo la ley se las arreglan para lucrar. Tampoco es responsable financiar establecimientos que definen el crecimiento de su matrícula y el precio de sus aranceles mirando al mercado y no en función de los intereses del país y las necesidades de las personas. Estos conceptos han sido definidos de forma categórica por la sociedad chilena, y tienen un correlato en las mayorías parlamentarias que aprobamos la glosa 0,5 del presupuesto del Ministerio de Educación para el año 2016.

Entonces, lo que consiguió la derecha, lo que no logró de forma democrática hacer en el Congreso de la República, es muy loable en función a defender los intereses económicos que, por supuesto, persiguen los planteles que no han dado real demostración de ofrecer una buena educación de calidad universitaria. La oposición, en conclusión, es cómplice de un engaño a las familias al hacerles creer que se imparte una educación distinta a la que están recibiendo sus hijos.

Esto no deja de ser peligroso en democracia, porque se miente descaradamente y se escuda en la defensa de los alumnos vulnerables que sí, existen de forma transversal en todas las instituciones de educación superior del país, de norte a sur; pero un Estado responsable no puede financiar sacos rotos como si la billetera fiscal fuese un ciclón millonario para enriquecer a unos pocos. Nuestra preocupación por los alumnos vulnerables, muchos de los cuales estudian en las tan abandonadas universidades regionales del Estado, nunca ha sido puesta en duda. Por ello hemos defendido la creación de Centros de Formación Técnica públicos en todas las regiones del país.

Las opciones que quedan para implementar este beneficio será materia de discusión responsable de este gobierno, pero es imperante aclarar que aumentar los recursos a becas ya existentes es más de lo mismo y a esto no nos hemos comprometido. Significa inyectar más recursos públicos a un sistema de educación superior totalmente desregulado y mercantilizado, donde conviven instituciones de calidad con otras que ni siquiera se han sometido a los procesos de acreditación, donde los mecanismos de ingreso reproducen desigualdades socioeconómicas y más aún, donde hay varias instituciones lucrando, incluso legalmente en planteles técnicos, o bien tensionando al máximo la regulación para lucrar de forma ilegal, como sería el caso de algunas universidades. Si el TC confirmó que el mercado es quien regula la educación superior, creo que es tiempo de que el Estado se preocupe de sus universidades.

Seamos sinceros. Quienes llevaron la discusión al TC estuvieron en contra de la gratuidad desde el principio y durante todo el debate parlamentario. Que ahora recurran a esta instancia afirmando que con eso beneficiarán a más estudiantes no sólo es un error jurídico –dado que el TC no puede hacerlo–pero es también un contrasentido, una postura contraria a lo que defendían tan sólo hace unas semanas.

Por ello, resulta preocupante que el TC haya decidido declarar inconstitucionales las exigencias para las instituciones, porque ahora la interrogante a saber es ¿cómo podrá el Estado tomar una decisión si eventualmente el Tribunal Constitucional podrá decir que es una discriminación arbitraria?

Lo que queda claro con esta decisión es que el 77% de los chilenos que queremos una constitución nacida en democracia, que termine con órganos que actúan como candados frente a las decisiones de la mayoría, estamos en lo cierto. Y seguiremos trabajando hasta lograrlo.

Comentarios