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-¡Querís tener un basural aquí en la plaza huevón, hagamos uno, a lo mejor, para que te quede más barato!- exclama el alcalde Pedro Sabat al comienzo de la sesión del concejo municipal, el 14 de marzo de 2012.

La rabia del entonces edil de Ñuñoa es contra el concejal Pablo Vergara, quien acaba de cuestionar el aumento en los costos del servicio y la falta de un cuadro comparativo con otras comunas de Santiago. Información fundamental para tomar una decisión ventajosa.

El ambiente en la sala del concejo es tenso y los ánimos comienzan a caldearse. Sabat insiste que la mejor propuesta es la que presentó la empresa DemarcoKDM, cuya alza efectiva según estimaciones de algunos concejales es de un 74%. O sea, $1.320 millones más en costos anuales que la adjudicación anterior ganada por la misma compañía que, un año más tarde, salpicaría a los alcaldes de Cerro Navia y Maipú, Luis Plaza y Cristián Vittori, en una investigación llevada por la Fiscalía Metropolitana Occidente por fraude al fisco, cohecho, lavado de dinero, asociación ilícita y malversación de caudales públicos.

La discusión continúa. Es el turno del concejal Jaime Castillo, quien argumenta que la diferencia entre los participantes de la licitación es “muy sustantiva”: “La verdad es que eso a mí me complica, porque me parece excesivo, por mucho cambio que se haya producido, no creo que pueda ser tanto”.

Sabat, ante las dudas de los concejales, opta por quitarle el piso a una de las empresas que participa de la licitación. “Me imagino que pidieron la información de la otra empresa que estamos hablando, la empresa Dimensión, que es la seguidora de Enasa. ¿Qué le pasó a esta empresa? Quebraron, le quitaron la flota, todas las comunas se fueron al tacho, son los mismos dueños que tienen otro nombre. Ya vimos en 2003 lo que pasó, le requisaron camiones la fiscalía, porque clonaron las patentes de los camiones”.

Castillo no pesca los argumentos del alcalde y lo confronta: “Si la plata fuera tuya o mía me importa un rábano. La gente nos está mirando… es una propuesta millonaria”. La actual diputada Maya Fernández, entonces concejal, arguye que el concejo debería “estudiar también los antecedentes de las otras empresas”. Sabat, resignado, decide someter la propuesta a votación. Resultado: 3 a favor y 5 en contra. Ofuscado por la resolución del concejo, el alcalde amenaza con avisar a la prensa que el municipio se quedaría sin servicio de basura. Antes de abandonar la sala exclama a viva voz: “Que pena weón, qué pena, tanto trabajar para hacer las cosas bien y al final la política, las lucas, sí, las lucas”.

Aplanadora legal
Casi cuatro años después de la famosa sesión municipal, el 16 de febrero pasado, el exconcejal Pablo Vergara y el actual miembro del concejo, Jaime Castillo, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público. El ente persecutor inició una investigación penal en la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente por los delitos de fraude al fisco, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible en contra del exalcalde de Ñuñoa Pedro Sabat, por la licitación de la basura adjudicada a la empresa Demarco KDM el año 2012.

Sabat asegura que la ofensiva de sus excompañeros en el concejo municipal es algo de antigua data, que tiene más de 30 denuncias en su contra y que nunca le han comprobado nada irregular. “Tenemos los informes de Contraloría, de la Fiscalía Nacional Económica y del Tribunal de Compras Públicas que declararon el procedimiento como absolutamente legal”, afirma. Los mismos antecedentes que habría entregado, dos meses después de la adjudicación de la licitación, cuando un grupo de concejales presentó un reclamo de ilegalidad en la Corte de Apelaciones. El fallo favoreció al exalcalde de Ñuñoa luego que el tribunal determinara que los concejales no eran sujetos activos para interponer el recurso.

En cualquier caso, el requerimiento estampado en febrero, más que un aspecto formal respecto a una votación específica, busca que se investigue si existen delitos asociados. Los concejales alegan que Sabat, pese a que el concejo había rechazado la propuesta, termina por adjudicar la licitación a Demarco KDM el 28 de marzo de 2012, consignada en el decreto municipal 428. En el documento, en cambio, se afirma que el concejo no se habría manifestado en el plazo de 20 días que estipula la ley. Situación que hoy es refutada con un video de la sesión al que tuvo acceso The Clinic y donde queda en evidencia que efectivamente existió la votación cuyos diálogos reproducimos al comienzo de esta crónica.

“El video de la sesión refleja todo lo que ocurrió, la presión y desesperación para que votáramos su propuesta. Fue muy tenso todo, pero nos mantuvimos firmes y votamos en contra”, asegura la diputada Maya Fernández.

Sabat se defiende argumentando que en caso de no llegar a un acuerdo en una primera instancia, lo que correspondía era votar en otras sesiones durante el plazo de 20 días. “¿Cómo vas a tener una comuna sin basura? Ellos dejaron pasar el tiempo, y la ley dice claramente que si no gana el quórum, se aprueba la propuesta del alcalde”, agrega.
Para los concejales que encabezan la denuncia, todo se trataría de una vulgar subterfugio, pues la Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 65 señala que el alcalde requerirá del acuerdo de los dos tercios del concejo para celebrar contratos superiores a 500 UTM, en el caso que el convenio o contrato exceda el período alcaldicio. “Ellos tienen una interpretación muy sui generis, porque pretenden convencer de que esos dos tercios no sólo son para aprobar sino que también para rechazar la propuesta. Cuestión que la ley no contempla, pues dice claramente para aprobar”, alega el concejal Jaime Castillo.

Los concejales aseguran que la maniobra de Sabat fue una aplanadora legal que sepultó el ejercició fiscalizador que le corresponde a los concejos municipales del país. “Si hay una manifiesta expresión de rechazo, por ser perjudicial para los intereses de la comunidad, es de un carerrajismo espantoso aprobarla unilateralmente. Es una inmoralidad, una falta a la ética”, argumenta el concejal Jaime Castillo.

La exconcejal de Renovación Nacional Claudia Vera, quien también votó en contra de la medida asegura que, a la hora de fiscalizar, el cuerpo colegiado de concejales es inútil. “La mayor demostración es que cinco concejales haya votado en contra de la licitación y el alcalde, por escritorio, lo haya aprobado”, reflexiona.
Dentro de los antecedentes expuestos en la denuncia se destaca la ocultación de información por parte del exalcalde respecto a los cuadros comparativos con los montos que pagan las comunas vecinas por el mismo servicio. “Yo no tengo por qué hacerle la pega a los concejales. Si quieren saber cuánto es lo que pagan en Punta Arenas, que lo averigüen, no soy empleado de ellos”, apunta Sabat. Los concejales alegan que siempre Sabat trató el tema con evasivas y que una vez contrastados los datos se enteraron que la comuna de Macul y La Reina tienen contratos por un tercio del valor de Ñuñoa.

El exalcalde apunta a que la diferencia de precios se debe a que el servicio mejoró sustancialmente. “Aumentamos en uno la cantidad de recolectores, pasamos de tres a cuatro, lo que implica un gasto inmediato de 25% más. Cambiamos los camiones y comenzamos a sacar la basura los sábados y domingos, debido a un crecimiento importante en la comuna de viviendas, porque donde antes había una casa ahora existen sesenta departamentos”, enumera.

El incremento de viviendas que aduce el exalcalde para justificar la millonaria inversión se debería a un incremento de alrededor de 40 mil propiedades nuevas en la comuna. Cifra desproporcionada según los concejales, pues el total de viviendas en Ñuñoa según datos otorgados por la Dirección de Planificación Municipal sería de 55 mil con un tonelaje de variación de basura recolectada, entre 2008 y 2009, de tan sólo 2%. Porcentaje que no se ajustaría al incremento de 78% de los valores pactados en la licitación.

El otro hecho denunciado es que Pedro Sabat habría firmado una prórroga del contrato sobre disposición final de los residuos domiciliarios en el vertedero, con la misma empresa Demarco, sin contar con la aprobación del Consejo Municipal en el año 2009, cuando su hermano Claudio Sabat se desempeñaba como subgerente de la zona norte de la divisón industrial de KDM S.A., situación que fue ratificada por la misma empresa en una declaración de prensa emitida en febrero de este año. “Mi hermano trabajó en una filial de la empresa, no en Demarco, sino en la empresa madre por decirlo de algún modo”, se defiende Sabat. El vínculo entre empresas sin embargo existiría, alegan los concejales, por lo que se estaría en presencia de negociación incompatible y tráfico de influencias, pues el alcalde nunca se inhabilitó ni tampoco informó al concejo.

Son tantas las dudas respecto a la adjudicación de la licitación de la basura en Ñuñoa que los concejales sugieren que la investigación, en manos del fiscal José Antonio Villalobos, no sólo revise el patrimonio personal del exalcalde sino también la “contabilidad de la empresa Demarco KDM por eventuales aportes a familiares o terceras personas de confianza del alcalde, o a las campañas electorales de él y de su hija Marcela Sabat”.

“Que digan lo que quieran. Los ingresos son secretos, no sé quién me dio plata. No puedo saber cuánto, ni qué persona o institución. Con mi hija les va a costar un poquitito más porque la justicia para investigarla tendría que desaforarla”, asegura.

Caso Basura: Tras ser formalizado por lavado de activos y fraude al Fisco, Lorenzo Pérez ganó 16 licitaciones por $570 millones – The Clinic Online