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“Se aprueba la suspensión condicional del procedimiento por cumplirse con los requisitos legales para ello, validándose la salida alternativa”.

Con estas palabras la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que revisó el bullado caso Tsunami, Carolina Gajardo, anunció que no habrá juicio oral contra los seis imputados acusados por su actuar en la fallida alerta de tsunami de ese fatal 27 de febrero de 2010, que costó la vida de más de 104 personas.

Para concretar esta suspensión condicional, el Ministerio Público acordó con las defensas de los imputados el pago de 235 palos a los familiares de las víctimas por medio de tres cuotas, además del desembolso de 10 millones de pesos por un seminario en torno al caso. A esto se sumó una declaración pública sin reconocimiento de la culpa.

Tras salir humo blanco en la cita, el abogado querellante Raúl Meza se lanzó en picada contra la determinación de la jueza Gajardo, y a la salida del tribunal el jurista disparó que se trata de la “sentencia más injusta de la historia de la reforma procesal en Chile. La sentencia más aberrante y vergonzosa que pudo haber dictado un juez de la República”.

Vale decir que los imputados que aceptaron el acuerdo son el subsecretario del Interior del primer Gobierno de Bachelet, Patricio Rosende; la ex directora de la Onemi Carmen Fernández; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi Johaziel Jamett; y los marinos del SHOA Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina.

Con esto cada familia de los fallecidos recibirá como indemnización un monto de 2 palos 600 mil pesos.

Durante la audiencia, la ex directora de la Onemi se quebró al reconocer que a a diario vive “con dolor e impotencia” una pesadilla, aunque aclaró que todo eso jamás se comparará con el sufrimiento de todas las familias que perdieron a sus seres queridos.

Cabe precisar que Alicia Corvalán, jurista que defiende a Johaziel Jammett afirmó que aunque quedó estipulado que no se aplica reconocimiento de culpa, su cliente ofrecerá sus sinceras disculpas de todas formas.

Según consigna Emol, los imputados podrían ser sobreseídos en 18 meses más tras cumplirse todos y cada uno de los puntos del acuerdo.

Ahora la Corte de Apelaciones revisará el fallo, debido a que los integrantes de la parte querellante rechazaron todo tipo de salida alternativa del caso.