La fallida protección de Rechel

Rechel respiró hondo. Probablemente pensó en lo maravilloso que era ver por primera vez el mar. Escuchar el ruido de las olas reventando en la orilla. Sentir sus pies desnudos sobre la arena húmeda. Ver a sus compañeros chapotear alegres en el agua. A sus 10 años, todo era sorpresa y admiración.

Cuentan que fue una de las primeras de la residencia en subirse al bus. Llevaba un sombrero ancho para protegerse del sol, y preguntaba a cada rato cuánto faltaba para llegar a la playa. No era la única. Varios compañeros suyos tampoco conocían el mar.

Hoy sólo quedan escenas sueltas: Rechel corriendo detrás de un quitasol arrancado por el viento, caminando junto a una amiga del brazo y comentando a medio mundo el amor que sentía por un chiquillo de otra cabaña. Las películas que veía después de once. Las carreras en banano donde nunca pudo participar.

Dentro de todos los recuerdos hay uno que perdura. Fue el deseo que escribió en un papel el miércoles de ceniza, el 10 de febrero de este año, en una iglesia de Pichidangui, concentrando en tres palabras todas sus esperanzas: “Me quiero sanar”. Un sueño que se consumió junto a los deseos de otros niños del hogar, en una pequeña hoguera, el primer día de cuaresma, pocas horas antes de morir.

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“Teniendo presente la gravedad de la situación actual y la enfermedad que padece la niña, de conformidad con el artículo 71 de ley 19.968, se decreta el ingreso de la niña Rechel Noemi Contreras Vera, nacida el 9 de mayo de 2005, a villa Padre Alceste Piergiovanni”.

Los padres de Rechel, Verónica Vera y José Contreras, se enteraron que la menor no regresaría con ellos a su casa durante una visita que realizaron al hospital. “Ustedes vulneraron los derechos de la niña”, les dijo un funcionario del Servicio Nacional de Menores, Sename, en una sala del recinto. Verónica recuerda que le temblaron las piernas. “Sentí el corazón vacío”, recuerda.

El juzgado de familia de Rancagua acababa de ordenar una medida de protección, el 26 de octubre de 2015, dando cuenta de las deficiencias en el manejo del tratamiento que hacían sus padres para combatir el severo lupus que padecía la menor. Les informaron, además, que una docente del colegio de Rechel se habría presentado en el hospital días antes, afirmando que la niña hacía tres semanas que no iba a clases y no tenía apoderado.

En un oficio anterior, firmado por la encargada del Programa Chile Crece Contigo, la doctora Heydi Leiva, se especificaba que la madre era adicta a las drogas y se habría presentado al hospital en “inadecuadas condiciones higiénicas”. También que la niña tenía otros dos hermanos institucionalizados”: Alan (5) y José Ignacio (8).
Rechel, aquella vez, ni siquiera pudo reconocer a sus padres al momento de la despedida. Cuando le venían crisis solía tener lapsus de conciencia. Debía usar pañales y no podía caminar. Se le hinchaban las piernas y sus extremidades se anquilosaban.

La medida de protección dejó en el suelo a la madre. Era el tercer hijo que ingresaba al hogar de la Fundación Padre Alceste Piergiovanni en menos de cuatro meses. La menor de sus cuatro hijos, Belén, por decisión del tribunal familia, estaba a cargo de la madre de Verónica.

La mujer volvió a su casa y la sintió más vacía que nunca. Su adicción a la pasta base se agudizó y comenzó a consumir alcohol. Se sentía deprimida, “la peor madre del mundo”. Todos los días se recriminaba por no haber llevado a la niña al colegio, haberse despreocupado y no haber tenido “conciencia de lo que hacía”. “Después de consumir me ponía a llorar, las monedas que tenía para comer me las fumaba. Vendí todo lo que tenía en la casa.
Quedé sin nada. Con suerte me alcanzaba para comprar pan. Ahí me empecé a dar cuenta que estaba mal”.

Verónica intentó comenzar un tratamiento de rehabilitación, pero se aburrió porque siempre terminaba hablando con un asistente social y un sicólogo. Estaba segura que jamás vencería su adicción de manera ambulatoria. Lo único que quería era internarse. No pudo.

Rechel ingresó a la residencia el día 2 de noviembre del año pasado, luego de ser dada de alta del Hospital Regional de Rancagua, con un cuadro de diagnóstico de hemiparesia, enuresis, encopresis, compromiso cualitativo de conciencia, encefalopatía lúpica, nefropatía lúpica y lupus Erimatoso sistémico subtratado. La unidad técnica del hospital recomendó un tratamiento con omeprazol, nifedipina y prednisona.

Los mismos remedios que, asegura Verónica, ella misma se los proveía a través del plan Auge, pese a su adicción a la pasta base y a la cesantía de José, su pareja. Ningún informe adosado al caso de Rechel desmiente que los padres no le dieran los medicamentos, sino que su última descompensación se debía a un “deficiente manejo de su tratamiento”. Situación que, alegan, pudo haberse solucionado con una charla de instrucción. El motivo de la medida judicial, sin embargo, fue lapidario: negligencia parental severa.

Los antecedentes habitacionales, enunciados en el informe sicosocial, describen que la familia vivía en una habitación precaria, desaseada, sin ventilación natural, con carencia de mobiliario, enseres domésticos y que apenas contaban con dos camas para todos los integrantes del hogar.

El documento admite un contexto familiar crítico: Violencia intrafamiliar de los padres, falta de preocupación por proveer alimentos, carencia de vestimenta adecuada y limpia, inasistencia escolar, consumo habitual de drogas y explotación laboral de sus hijos. Ambos padres, además, contarían con antecedentes delictuales por diversos tipos de robos.

Verónica reconoce parte de las acusaciones. Admite que ambos han tenido problemas con la ley, que el caso de violencia intrafamiliar es cierto -José fue condenado en mayo de 2014, debiendo abandonar el hogar y con prohibición de acercarse a la víctima- y también el consumo cotidiano de pasta base, por parte de ella, y de alcohol en el caso de su pareja. Pero desmiente, con orgullo de madre herida, que alguna vez haya promovido la mendicidad de sus hijos. “Cuando no teníamos que comer recolectábamos frutas que nos regalaban en un campo, manzanas, duraznos, y después las vendíamos casa por casa en un carrito. Los niños nos acompañaban porque no teníamos donde dejarlos, a lo más tocaban el timbre de una casa”, se defiende.

El informe señala que dos veces a la semana los padres recurrían a la red de emergencia de Graneros para alimentar a sus hijos. “No teníamos otra opción, qué quieren que hiciéramos, sería peor que no nos hubiéramos preocupado de ellos”, reclama Verónica.

La medida de protección no fue la primera que se decretó en favor de Rechel. El 30 de diciembre de 2014 el Tribunal de Familia ordenó que se activaran redes a través del programa FAE (Familia de Acogida Especializada), derivando su cuidado personal durante seis meses a su tía paterna, Eugenia Urbina, con el objeto de “reparar vulneraciones de derechos, promover su reescolarización y asegurar un correcto acceso a la salud”. La acción judicial no prosperó porque la tía de Rechel no participó del proceso de “adherencia”, despreocupándose de la menor que continuó viviendo con sus padres.

El ingreso de Rechel a la residencia Alceste Piergiovanni, ubicada en la comuna de Quinta de Tilcoco, fue el último paso de una serie de medidas que buscaban, entre otras cosas, que la menor pudiera recuperar su salud. El mismo deseo que pidió en la iglesia en Pichidangui.

Los controles periódicos con reumatólogos, nefrólogos y neurólogos, tanto en el hospital de Rancagua como en el Exequiel González Cortés en Santiago, daban cuenta de una aparente “mejoría evolutiva”. Al cabo de un mes Rechel volvió a caminar y a reconocer a sus padres los días de visita.

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“Mi madre y yo somos felices juntas, quiero irme de aquí y estar con ella”, expresó Rechel a uno de los sicólogos cuando recuperó la conciencia, según consta en un informe. Madre e hija, pese a todos los dramas familiares, se echaban de menos. “Era mi compañera”, dice Verónica. “Podía estar a la rastra con sus piernecitas, pero igual llegaba al lado mío a decirme “mamita la ayudo”. Yo le decía que no. Igual pescaba la escoba, hacía su cama y al rato estaba toda hinchada”.

Los primeros síntomas de la enfermedad se manifestaron a mediados del año 2012 con bajas inexplicables de peso, cuadros de fiebre, decaimiento y dolores en sus piernas. A comienzos del año siguiente los doctores confirmaron que se trataba de Lupus Eritematoso Sistémico, una enfermedad que ataca el sistema inmunológico y que en Chile afecta a más de 20 mil personas.

Las hospitalizaciones de Rechel, desde entonces, se hicieron más frecuentes. “De repente estaba bien, podía estar andando en bicicleta y al otro día quedaba paralítica”, recuerda Verónica. A veces pasaba meses internada, luego regresaba a casa, y volvía a recaer. “Se tomaba como 15 pastillas al día, empezó a faltar harto al colegio porque todos los años le venía una crisis”.

El último de estos episodios fue el que terminó con la derivación de la menor a la residencia Alceste Piergiovanni, una fundación sin fines de lucro que de acuerdo a la ley 20.032 actúa como un Organismo Colaborador Acreditado (OCA) dependiente del Sename, quien le otorga una subvención a través de licitaciones según las plazas que ésta disponga. Un instrumento que pone un precio a cada niño que ingresa al sistema.

-Los niños son un valor de mercado y las OCAs son derechamente empresas que postulan a las licitaciones, ofrecen un plantel de recursos humanos de excelencia, luego se adjudican el proyecto y empiezan a recortar los recursos. Después de ofrecer a un magíster, te ponen a las señoras de los completos a cuidar a los niños- explica un abogado y excurador ad litem que trabajó en el Sename.

Por cada uno de los hijos de Verónica que está en la residencia, el Sename entrega una subvención de 358.819 pesos mensuales. Si algún niño se va, el centro deja de percibir la subvención. “Por eso retienen a los niños hasta donde más puedan estirar el chicle”, agrega el mismo abogado.

Alan y José Ignacio, de hecho, al momento del ingreso de Rechel a la residencia llevaban cuatro meses en el establecimiento. Al igual que su hermana, fueron derivados allí por una medida de protección por negligencia parental severa, luego que un gendarme denunciara que habría encontrado en el hogar a Alan “descalzo, con ropa de vestir sucia y expuesto a quemarse con agua caliente”.

Al menos tres familiares manifestaron interés en quedarse con la custodia de los tres niños, pero todos faltaron a la mayoría de las citaciones programadas para evaluar sus capacidades parentales. Delia Vera, hermana de Verónica, reconoce que lo hizo porque la madre de los niños no daba muestras de enmendar el rumbo. “Además, pensé que estaban bien. Sobre todo la Rechel por el tema de sus medicamentos”, asegura.

Cuando la niña comenzó a sentirse mejor, y recobró su lucidez, pudo explicar a sus padres algunas situaciones que padecía en la residencia. “Me contó que unas compañeras le pegaban, le hacían bullying porque no se podía defender. A veces llegaba a verla y la encontraba con los ojos pintados con témpera. Le decían tortuga porque caminaba más lento que el resto. Por eso le pedí a los chiquillos que la cuidaran, que no dejaran que nadie la tratara mal”, cuenta José Contreras, su padre. “Una vez incluso me preguntó qué colectivos tenía que tomar para llegar a Graneros. Se quería escapar”, agrega Verónica.

En una de las visitas, los padres se enteraron que los niños partirían de vacaciones en el mes de febrero a una residencia de veraneo que tenía la misma fundación en Pichidangui. José y Verónica de inmediato acudieron a hablar con una de las directoras del hogar, María Teresa González, para pedirle que dejaran a Rechel con ellos. La profesional niega que los padres se hayan acercado a hablar con ella. “No nos llegó ninguna información formal”, dice.

Verónica asegura que le manifestaron a la directora que la niña no podía exponerse al sol debido a su enfermedad y que ellos no la autorizarían a viajar. La tutela de los niños, sin embargo, ya no estaba en manos de los padres. “Si un papá tiene objeciones está en todo su derecho de plantearlas a la instancia que corresponde, en este caso el tribunal”, argumenta Francisco Vega, director técnico de la fundación.

Respecto a si el médico tratante autorizó el traslado de Rechel a un centro de veraneo, María Teresa González, se limitó a responder que la niña contaba con “todos sus controles al día y estaba en condiciones de salud para realizar una vida normal”. La dirección Nacional del Sename es más específica: “No existía autorización expresa”.

A los únicos que informaron, aseguran los directores de la residencia, fue a la dirección regional del Sename. Ni siquiera al tribunal de familia. No había nada más que hacer. La pequeña Rechel llegó a la playa el 3 de febrero. Ocho días después murió.

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Siempre que la enfermedad se manifestaba, sobre todo luego de alguna crisis, la caída del cabello era inevitable. Por eso, antes de ir a la playa, las tías fueron a una peluquería con Rechel y le cortaron el pelo. Después le tomaron una foto. La misma que luego le entregarían enmarcada a su madre junto al ataúd de su hija.

Rechel comenzó a sentirse mal durante la noche. La tía a cargo de su atención, Sonia Gaona, habría manifestado que alrededor de las 4 de la madrugada del 11 de febrero, la niña empezó con un cuadro de vómitos, diarreas y dificultades para respirar. Tres horas más tarde Rechel fue trasladada al hospital de Los Vilos por el psicólogo Matías Astudillo y una educadora de trato directo (ETD). Cuando los niños se levantaron, antes del desayuno, realizaron una cadena de oración a los pies de una virgen ubicada en el patio.

En el recinto hospitalario, según detalla un oficio enviado al tribunal de familia por parte de una asistente social de la residencia, a la menor se le habría aplicado oxígeno para estabilizarla, recuperando su conciencia, y siendo luego derivada al hospital de Coquimbo donde llegó desvanecida. A las 11:24 de la mañana la pequeña Rechel dejó de respirar. Su cuerpo fue inmediatamente derivado al Servicio Médico Legal de Illapel para realizarle la autopsia. Causa de muerte: edema pulmonar en estudio.

De inmediato la residencia ordenó el traslado de los directores del hogar a la cuarta región. María Teresa González fue la encargada de comunicar la noticia a los niños. “Les dije que Rechel se había ido al cielo junto al padre Alceste, que ahora ella estaba con él y que desde el cielo nos estaban cuidando”.

Francisco Vega hizo lo propio con Alan y José Ignacio, los hermanos de la menor fallecida, mientras otra funcionaria del hogar acudía a la casa de los padres de Rechel en Graneros. Verónica se encontraba sola. Recuerda que le contaron que la niña se había descompensado, que intentaron reanimarla, que se le habían reventado los pulmones y no había aguantado más. “Casi me morí, me caí al suelo, después agarré a la mujer y le grité ¡Les dije que no la llevaran¡ ¡Por qué no me hicieron caso¡ No saben el daño que me han hecho”.

A esa misma hora, poco después de las tres de la tarde, el sicólogo Matías de Astudillo declaró voluntariamente a la Brigada de Investigación Criminal de los Vilos. Contó que la menor se encontraba en tratamiento médico por lupus y que el médico tratante de Rancagua habría autorizado el viaje, “debiendo tomar sus medicamentos diariamente para realizar su vida normal”.

El primer informe de la PDI, concluye que no habría indicios para “presumir la intervención de terceros en el hecho”. Pero el examen toxicológico, solicitado por el fiscal de Los Vilos Carlos Jiménez al Servicio Médico Legal de Illapel, arrojó un manto de dudas sobre las reales causas de muerte de la menor.

Las pericias detectaron la presencia de midazolam, una benzodiacepina utilizada como ansiolítico para calmar dolores, en las muestras de sangre tomadas a Rechel. El examen no comprobó rastro alguno de los últimos medicamentos recomendados por el médico tratante: prednisona, hidroxicloroquina y polietilenglicol.

La duda que queda en el aire es si la pequeña Rechel, desarraigada de sus padres por una medida de protección por manejo inadecuado de su tratamiento, recibió realmente los remedios que requería. El examen, al menos, lo descarta.
El Director Nacional del Sename, Hugo Herrera, asegura que de confirmarse los resultados “estaríamos ante un hecho gravísimo, que nos lleva a la convicción que las medidas judiciales que hemos adoptado van en el camino correcto”.

El fiscal de Rancagua, Pablo Muñoz, a cargo de la investigación por una denuncia entablada por el mismo Sename el 27 de mayo, casi cuatro meses después del fallecimiento de Rechel, asegura que se “realizarán todas las diligencias necesarias, incluyendo ampliación de pericias, para esclarecer las reales causas en la muerte de la menor”.
La denuncia se suma a una querella criminal por cuasi delito de homicidio, interpuesta el 10 de junio por el Programa de Representación Jurídica del Sename de la cuarta región, en el Tribunal de Garantía de Los Vilos.

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El 23 de mayo de este año, en la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias del Sename de Rancagua (OIRS), se presentaron cuatro extrabajadoras de la Residencia Alceste Piergiovanni a entablar una denuncia: Juana Arévalo, Lorena Salazar, Claudia Vásquez y Carmen Salazar.

Las mujeres señalaron que en una residencia de veraneo ubicada en Pichidangui habría muerto una menor de edad, alegando “negligencia por parte de unos profesionales y algunos ETD”. Relatan que el sicólogo Matías Astudillo y las tías Yaritsa, Mariana y Marian, se encontraban en “evidente estado de ebriedad” y que no habrían apoyado a la encargada del cuidado de Rechel, la tía Sonia Gaona. “Esto ocurrió a las 3 de la mañana y no le tomaron asunto a esta situación, sino hasta las 7 de la mañana”, aseguraron en el reclamo.

Las exfuncionarias, contactadas por The Clinic, ratifican la denuncia que realizaron en las oficinas del Sename. También otra mujer que aún trabajaría en la residencia que para efecto de este reportaje llamaremos Patricia.
Carmen, una de las denunciantes, dice que la tía Sonia le contó que había ido a buscar al sicólogo y que éste no estaba “porque andaba de carrete en otra cabaña”. “Cuando llevó a la niña al hospital estaba borracho. Viera usted como sonaban las tapas de las Pilsen en la noche”, agrega. Patricia dice que desde su cabaña escuchaba los gritos, las risotadas y que apenas pudo dormir.

Para Hugo Herrera, Director Nacional del Sename, “existiría un incumplimiento de los protocolos de trabajo con los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a la Convención sobre Derechos del Niño. Y no solo eso, sino un posible delito”.

Las mujeres coinciden en que si le hubieran prestado una atención oportuna a la niña, Rechel se habría salvado. No en vano fueron tres horas que la niña permaneció en crisis sin supervisión médica. La menor, sin embargo, no habría sido la única en enfermarse durante las vacaciones. Lorena Salazar cuenta que estuvo cuidando una semana a un niño con neumonía en el hospital de Coquimbo y que las autoridades de la residencia apenas le dieron 10 mil pesos durante toda su estadía. “Me fui con lo puro puesto, ni siquiera llevaba un par de calzones. Dormía en un sillón. En el hospital me daban desayuno y me bañaba escondida”.

La versión de las mujeres suma otro componente que también quedó consignado en la denuncia: “El sicólogo, Matías Astudillo, con la ETD Yaritsa, se paseaban besándose y abrazándose a vista de todos los niños”. Lorena Salazar cuenta que el profesional “se entendía más con la mina, que con los chiquillos”.

Las denunciantes aseguran que las autoridades de la residencia estaban al tanto de lo que sucedía en Pichidangui y que los funcionarios cuestionados habrían seguido bebiendo después de la muerte de la niña. “Una de las tías le avisó que se ponían a tomar afuera de la cabaña. Siempre supieron todo lo que pasaba en la playa”, cuenta Patricia.

El director, Francisco Vega, niega que haya recibidos comentarios al respecto. Sólo se habría enterado, asegura, luego que las mujeres presentaron la denuncia.

Después de las vacaciones, cuenta Carmen, algunas tías comentaron lo que había sucedido en la residencia. “Ahí empezó la pica con nosotras”, agrega Patricia.

Las cuatro funcionarias fueron finalmente desvinculadas de la institución pocos días antes de entablar la denuncia. “Nos echaron porque nos fuimos de tarro”, resume Carmen.

Francisco Vega asegura que las trabajadoras fueron despedidas por otros motivos. Una falta administrativa grave, asegura, contemplada en una circular que elaboraron dos semanas antes de su desvinculación: “fumar afuera de su lugar de trabajo”.

Las autoridades de la residencia dicen que luego de la denuncia de las extrabajadoras, realizaron un sumario interno que sólo contempló el relato de los supuestos afectados y de otros participantes “indirectos”. “Ellas ya habían sido desvinculadas de la institución”. “Acá lo que pasa es que por un tema de despido, que ellas encuentran injustificado, hacen una denuncia irresponsable. Lo que dijeron es absolutamente falso”, detalla María Teresa González.

La pelea no termina ahí. Las extrabajadoras denuncian que habría al menos otros dos niños fallecidos en años anteriores en la residencia, cuyos casos jamás salieron a la luz pública. Uno de ellos se habría ahogado en un canal y el otro se trataría de un lactante menor de edad. El Sename, al ser consultado, confirmó la muerte de los dos menores, señalando que habrían ocurrido en el año 2000 y 2003.

“Hay un largo historial de fallecimientos que han pasado inadvertidos o han sido ocultados por el Sename en los últimos años. Extraoficialmente son más de 30 casos. Según los antecedentes preliminares, en el caso de esta niña, queda en evidencia que el servicio no tuvo la capacidad para poder ejercer su cuidado pleno. Y eso puede acarrear una responsabilidad penal. Lo vamos a investigar. El gobierno tiene que reaccionar”, asegura Alejandro Navarro, presidente de la comisión de Derechos Humanos del Senado, quien hace algunos días solicitó a la ministra de Justicia la renuncia al director del Sename, Hugo Herrera, tras haber ocultado información sobre la existencia de 1.334 niños en estado crítico al interior de los centros del organismo.

Debido a la gravedad de los antecedentes, el ministerio de Justicia, entidad de la cual depende el Sename, designó un fiscal especial para investigar la residencia por orden expresa de la ministra Javiera Blanco.

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Los papás de Rechel recibieron una vivienda social el 24 de diciembre de este año en la comuna de Graneros. Una casa de dos pisos, pareada a un costado. Verónica cuenta que lo primero que hicieron fue abrir las ventanas. Recibir el aire fresco, explica, fue como una bocanada de esperanza. Tal vez un rito para exorcizar el pasado. “Por primera vez somos dueños de algo”, dice.

Recuerda que recorrió con José el living imaginando el lugar que ocuparía cada mueble. Se repartieron las tres piezas. Se abrazaron. Lloraron. Pensaba que el destino le estaba dando una nueva oportunidad. La posibilidad de volver a ser una familia y así recuperar a sus cuatro hijos. El sueño se esfumó a los pocos días. “La muerte de Rechel nos dejó en el suelo”, dice. “¿Por qué me la quitaron y después me la entregan en un cajón?, se pregunta.
Alan y José Ignacio, tras la muerte de Rechel, fueron entregados al cuidado de su hermana Delia. Ahora los ve más seguido. Almuerza con ellos. Les prepara cosas ricas. Dice que no ha fumado más pasta base. Que se aburrió. Que cuando le entregaron la casa se prometió a sí misma abandonar el vicio.

Belén fue la única que acompañó a sus padres esa tarde cuando les entregaron la casa. Sintieron que era el mejor regalo del mundo. Compraron un pollo asado y escucharon música en el equipo. Era navidad. Antes de acostarse pusieron una frazada en la ventana y durmieron los tres juntos en un colchón de dos plazas.

Verónica soñaba despierta. “Al otro día quería llamar a la asistente social para decirle que ahora tenía una casa, que nos habíamos comprado un led, un refrigerador, una cocina y que tenían dos piezas para los niños”. La que daba a la calle, pensaba, era para Rechel. La habitación aún está vacía.