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Es 30 de Diciembre de 1996. Ricardo Palma Salamanca, Mauricio Hernández, Pablo Muñoz Hoffman y Patricio Ortiz Montenegro, son rescatados por un helicóptero que los llevará a su libertad. Miembros del FPMR que cumplían condenas por el secuestro de Cristián Edwards, por el asesinato de Jaime Guzmán, por el asesinato del coronel Luis Fontaine y por el asesinato del carabinero Jorge Barraza, respectivamente. Todos con condenas superiores a los 10 años de presidio efectivo.

Claudio Martínez, que en ese entonces era el Director de Gendarmería, señaló a la prensa un día después de lo sucedido en la cárcel, que “no estábamos preparados ni teníamos planes operativos para repeler un ataque aéreo con un helicóptero”.

Los días pasaron; la policía y la inteligencia chilena trabajaron arduamente para dar con los cuatro miembros que se habían escapado de la cárcel de alta seguridad (CAS). Pero ya no se encontraban en nuestro país, el destino final era Cuba para algunos, dando muestras de que los protagonistas no consideraban mantenerse juntos. Más tarde se sabría que existían diferencias sustanciales entre los que se escaparon ese día. Lo que hizo que no se conocieran mayores detalles sobre sus destinos.

Raquel Camposano, jueza encargada de los casos del secuestro de Edwards y el asesinato de Guzmán, procesó al director de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery, y al ex secretario ejecutivo de la Dirección de Seguridad Pública, Marcelo Schilling, por tener responsabilidad directa en el escape denominado “Operación Vuelo de Justicia” y por obstrucción a la justicia.

Marcelo Schilling entre 1992 y 1993, en plena transición a la democracia, cumplió con ese cargo que tenía como finalidad la de acabar con cualquier grupo subversivo o terrorista que todavía estuviera operativo en nuestro país.
La Corte de Apelaciones de Santiago, desestimó la teoría de Camposano y dejó sin efecto los cargos de obstrucción. No obstante, la fundación Jaime Guzmán solicitó que se revisara el fallo. Luego, se centraron en criticar los métodos que utilizó la Dirección de Seguridad Pública para cumplir con su labor.
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Para Ricardo Rodríguez, Sociólogo de la Universidad de Chile, las consecuencias políticas tienen relación a que “las instituciones que tenían que cumplir con una función en específico, se vieron en cuestionamiento porque funcionaban de forma irregular y con muy poco control. Entonces, eso también permitió que la operación funcionara en un principio”.

El Mercurio tituló ese día, “Terroristas rescatados por helicóptero desde la cárcel”. Al no poder encontrar a los frentistas que se escaparon desde la CAS, la derecha desarrolló una estrategia que consistía en plantear que al gobierno no le interesaba dar con el paradero de los frentistas. Porque lo hacía como una forma de dejar impune el asesinato del senador gremialista, creador de la constitución de 1980 y fundador de la UDI.

Para Jean Masoliver, Cientista Político con especialidad en Gobierno y Gerencia Pública, la derecha “pagó un precio electoral defendiendo a Jaime Guzmán, y eso se ve en la actualidad, porque se sigue situando el eje de la discusión entre un sí y un no; que ahora solo está en el imaginarios de ellos”, y agrega que “eso le está impidiendo mostrarse como un proyecto de futuro y como un partido que no tiene rencores sobre el pasado”.

Luego de ocurrido los hechos, comenzaron los rumores de que era una vuelta de mano del gobierno hacia los frentistas por la muerte de Guzmán, lo que pudiera haber facilitado su salida del país y de una cárcel, que en teoría, era la más segura de Chile. Cristián Letelier, actual Ministro del Tribunal Constitucional de Chile y ex Diputado UDI, en una entrevista realizada por Mega, no descartó una responsabilidad directa en miembros de la Concertación de ese entonces.

“Creo que hubo una incapacidad política brutal. Está más que claro. No hubo ningún seguimiento al helicóptero y lo que es peor, no se cerraron las fronteras que era lo primordial que había que hacer. Para mí es muy sospechoso”, y agrega que “no me cabe duda de que sí hubo implicancias. Es evidente que hubo una negociación con alguna autoridad política de la época, porque resulta inexplicable el hecho de que se reagrupara a los frentistas sin ninguna justificación alguna”.

Otra de las repercusiones políticas que trajo consigo el rescate de los miembros del FPMR es que no se produjo una reestructuración de la ideología en los partidos políticos. Para Rodríguez, desde el punto de vista sociológico los “partidos políticos no entendieron los cambios que se produjeron en Chile y eso genera que sigan en una lógica que existió hace más de veinte años atrás”.

A pesar de las recriminaciones de parte de la derecha, son preguntas muy difíciles de responder. Las autoridades de la época no se refieren a los hechos y le bajan el perfil a las acusaciones. Cuando estamos prontos a conmemorar dos décadas de la Operación Vuelo de Justicia, existe poca autocrítica sobre los errores de seguridad de la CAS y los pocos esfuerzos de búsqueda. Mientras no la haya, las especulaciones y acusaciones seguirán rondando en un hecho que marcó la incipiente transición chilena.