La esclavitud doméstica, una práctica ancestral y normalizada en Perú

La esclavitud y la explotación doméstica todavía constituyen hoy día una práctica generalizada en Perú, anclada en costumbres ancestrales entremezcladas con rezagos coloniales de discriminación étnica y de clase que han convertido esas prácticas de abuso en algo normalizado.

La pobreza, la ignorancia y la falta de legislación sobre algunos aspectos del trabajo doméstico abren la puerta a la servidumbre y la explotación en ese ámbito, y dificultan su represión hasta hacerla casi inexistente.

En Perú, el trabajo remunerado en el hogar ocupa al 1,1 % de la población, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática peruano (INEI, 2016), un empleo en el que aún se arrastran características propias de las relaciones de servidumbre de tipo feudal y que además está muy poco valorado socialmente, mal pagado y que dependen absolutamente de la voluntad del empleador.

La primera ley expresa sobre el trabajo doméstico se hizo en Perú en 2003, norma que sin embargo es duramente criticada por ONGs y sindicatos por haber configurado un régimen laboral que deja abiertas diversas posibilidades a la perpetuación de los abusos.

Por ejemplo, ampara el pago de sueldos por debajo del salario mínimo o en especie y avala los contratos verbales, una ventana abierta a la explotación.

Las cifras del INEI de 2016 señalan que solo 0,4 % de los trabajadores domésticos cuenta con un contrato escrito.

Sin embargo, son otras prácticas culturales las que cimentan la esclavitud doméstica, como indicó a Efe el abogado Luis Enrique Aguilar, subdirector de la ONG Capital Humano y Social Alternativo, como los usuales “padrinazgos”, empleados en los Andes peruanos y aprovechados para captar niños, niñas y adolescentes y someterlos a trabajos no remunerados.

Esta práctica conlleva que un amigo de la familia reciba, con la autorización de los padres, a un menor para que este resida en Lima con la promesa de mejoras educativas o de calidad de vida.

Bajo este paraguas paternalista se encuentran mujeres, particularmente menores de edad que son encerradas diariamente, obligadas a trabajar en la casa de sus “padrinos” y que no reciben remuneración alguna por el mismo.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo y de la ONG Terre de hommes, a 2014 se estimaba que en Perú más de 100.000 niños se dedican al trabajo doméstico, algo que no es visto como un trabajo, sino como una “ayuda” o “apoyo” en casa de terceros.

De este modo, ver a una menor al cuidado de niños más pequeños durante horas es una imagen común en los parques y plazas de Lima.

“La legislación dice una cosa, pero lo real es que el trabajo infantil en el servicio doméstico es una constante”.

“Independientemente de la regulación legal, los casos de niños que trabajan en el servicio doméstico se reproducen de manera frecuente”, sostuvo Aguilar.

Sofía Mauricio, de “La Casa de Panchita”, organización de ayuda a las empleadas domésticas de Lima, apuntó además que el “padrinazgo” se refuerza con la llegada de la mujer a un entorno desconocido y la falta de acceso a la información.

“Se les suele atemorizar sobre la ciudad, sobre el entorno ajeno al hogar, se les decomisa el DNI con la excusa de que ellos van a ‘guardarlo mejor’, no les dejan ir a la escuela ‘porque la gente de afuera es muy mala’, no se les entrega su remuneración incluso, pues dicen que ellos le mandarán el sueldo a sus padres, todo para mantenerlos aislados”, denunció.

La proximidad con los victimarios, que a veces son del núcleo familiar, es la que evita que se denuncien estas situaciones, además del miedo a las represalias, lo que convierte la situación en algo invisible.

“Si bien el derecho peruano contiene una legislación que busca proteger a las personas ante situaciones de explotación como la Ley General del Trabajo, el hecho de que no haya una fiscalización laboral en el espacio doméstico, que no puedan ingresar a un hogar, verificar que -así el contrato sea verbal- exista un acuerdo de condiciones, son aprovechadas por el explotador”, afirma Aguilar.

Para los expertos, la base de la explotación tiene relación con una construcción social nacional basada en la explotación, en ser una sociedad patriarcal y altamente machista, y que se vigoriza al ejercer poder sobre el otro.

“Somos parte de una construcción social tolerante ante el abuso porque criticarlo sería interpelarnos a cada uno. ¿Quién no ha tenido en casa a una ahijada, que ha venido de la sierra o selva, por temporadas, a apoyar o ayudar en el hogar?”, sostuvo el abogado del CHS Alternativo.