La Clínica Santa Lucía, ubicada en el corazón de Santiago, funcionó durante años con la aparente misión de entregar tratamientos médicos a los agentes de la DINA y sus familiares. No obstante, este inmueble de cuatro pisos también fue utilizado como centro de detención, tortura, exterminio y desaparición hasta 1977, bajo instrucciones de Manuel Contreras y otras autoridades del órgano represor.

Una investigación publicada a fines de 2018, liderada por la directora del Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía, Romina Ampuero, logró precisar los procedimientos criminales que se aplicaron en este lugar, a cargo de un equipo médico que, en su mayoría, estaba compuesto por civiles. En la siguiente entrevista, la investigadora cuenta detalles de lo sucedido entre las paredes de esta casona y las dificultades que debió sortear para sacar adelante su trabajo. Además, adelanta que junto a los sobrevivientes presentará querellas judiciales en contra de los otrora funcionarios del lugar, muchos de los cuales siguen ejerciendo en consultas privadas o universidades.

¿Con qué objetivos comienza a funcionar la Clínica Santa Lucía?

-La naturaleza de este lugar era bastante extraña, porque formalmente sí está registrada como clínica, por lo que el carácter clandestino se lo entregó el servicio que le dio la dictadura. Pero la clínica existió, todo el mundo la reconoce, hasta Manuel Contreras y Miguel Krassnoff, porque se instala con la misión de atender a los agentes de la DINA y a sus cargas familiares.

¿Y eso sucedía, al margen de lo demás?

-Efectivamente sucedía. El lado “b” de la clínica es lo clandestino, pero la estructura que se instala aquí es absolutamente legal. Eso lo diferencia de otros espacios, como Londres 38.

¿Cuál era el lado “b”?

-Este lugar tenía otra esencia, basada en cuatro características: tortura, detención, exterminio y desaparición. Por eso mucha gente no era consciente de que pasaba aquí, mientras otras personas tuvieron este lugar como destino final. Es difícil saber cuántos y quiénes fueron, ya que la mayoría de ellas llegaban en estado muy precario hasta este lugar, y la idea no era sanarlos, sino recuperarlos para volverlos a sus recintos y continuar torturándolos, o bien, torturarlos aquí adentro.

¿Tienes una estimación de cuántas personas pasaron por acá?

-Con testimonios ratificados, 26. Hay más sobrevivientes, pero muchos optaron por no ser incluidos en este trabajo. Y existe un grupo de alrededor de cinco personas que, si bien dijeron haber pasado por acá en declaraciones judiciales, no las pudimos contactar y, por tanto, tampoco acreditar.

¿Lograste dilucidar qué acciones se cometían en los distintos espacios de este lugar?

-Logramos establecer varios puntos críticos. Respecto al primer piso no pudimos confirmar su utilización, más allá de bosquejar que se trataba de una especie de sala de emergencia, que había un box médico y que también atendía una odontóloga. Pero en el segundo, tercer y cuarto piso hay registros de sobrevivientes que sufrieron torturas, al igual que en el altillo, que tenía elementos especiales que facilitaban la tarea, donde los detenidos permanecían con los ojos vendados, desnudos o con poca ropa, y encadenados a las camillas.

Las condiciones del espacio de la clínica ayudaban mucho. Si recorres la casa, te darás cuenta que el sector del fondo, además de ser amplio, está muy lejos de la calle, por lo que el aislamiento de sonido era bastante efectivo. En suma, era una casa adecuada para torturar, donde incluso se equiparon salas con esa finalidad.

¿Con qué tipo de elementos?

-En el cuarto piso, por ejemplo, había una radio que se conectaba con Villa Grimaldi, para generar torturas simultáneas, lo que además da pistas de la tecnología y los recursos que manejaban.  El exdirector del SML, Patricio Bustos, cuenta en su testimonio que lo detuvieron, lo trajeron para acá en cerca de tres oportunidades, y fue torturado en el cuarto piso de manera simultánea con su señora que estaba en Villa Grimaldi. Es decir, fue obligado a escuchar los vejámenes a los que ella fue sometida a través de la radiotransmisora, y viceversa. Y en el tercer piso lo mismo: Lautaro Videla también reconoce haber sido torturado allí, específicamente bajo hipnosis. Al final, lo anecdótico es que funcionara para los agentes de la DINA y sus familiares. En este sentido, tenemos un testimonio de un hombre que estando detenido en el cuarto piso escuchaba voces y risas de niños en la casa, porque también había pediatría.

¿Qué labores cumplían los médicos que trabajaron acá?

-Lo que buscaban era recuperar a los detenidos para que resistieran nuevas torturas, lo que también implica intervenciones médicas menores. Sin embargo, también hubo otro tipo de procedimientos que demandaban mayor grado de experticia del médico. Yo creo que lo más distintivo que tenía este lugar era el método de exterminio que se aplicaba, que se replicó en varios lugares y que demuestra un grado de conocimiento que no está al alcance de cualquier persona: el uso de pentotal, conocido como el suero de la verdad.

¿Para qué era utilizado en este lugar?

-Por una parte, para someter a tortura bajo sesiones de hipnosis, y por otra, para generar la muerte de la persona a través de altas dosis. A este proceso le seguía la desaparición del detenido. Y todo esto bajo el cuidado de un equipo médico, porque había una enfermera jefe, un doctor de turno y toda una estructura profesional conformada. Estos procedimientos luego se replicaron en otros recintos, como Simón Bolívar y Villa Grimaldi, todo instruido desde Tejas Verdes, la cuna de los horrores médicos de la DINA.

¿Cómo se exterminaba y desaparecía gente en Santa Lucía 162?

-Hay un relato de un carabinero que hacía turnos acá adentro como enfermero, que cuenta que el procedimiento era el siguiente: se contactaban con los otros recintos, o ellos llamaban para acá, y si se decía: “Viene paquete”, significaba que venía un detenido en muy malas condiciones, moribundo, o directamente muerto. Los ingresaban a Santa Lucía, les inyectaban el pentotal sódico, para asegurarse que hubieran fallecido, los envolvían en frazadas y luego eran destinados a otros lugares.

¿El equipo médico que se dedicaba a torturar a los detenidos, era el mismo que atendía a los agentes de la DINA y sus familiares?

-Sí, el mismo. De todas formas es un tema delicado, porque si bien la mayoría de los médicos reconocen haber trabajado aquí, otros no admiten la otra parte de la historia. El tema es que cuando logras levantar, a través de los testimonios y declaraciones de sobrevivientes y funcionarios, que esto operaba todo el día como clínica clandestina –hubo gente que estuvo internada quince días-, a mí me cuesta creer que los médicos no sabían. Hubo todo un grupo de profesionales que vinieron del mundo de las Fuerzas Armadas, pero también un contingente que vino del mundo civil, a quienes contrató la DINA. De hecho, a ellos les pagaban a través de las empresas fantasmas de la DINA. Sabían del proyecto al que estaban entrando. No estoy diciendo que ellos venían a torturar directamente, eso puede ser algo que les pasó en el camino. Sin embargo, independiente del turno que les tocara, en algún momento lo tendrían que hacer. Hay que considerar que esto también funcionaba como base operativa de otros recintos. Es decir, dependiendo de la hora y el turno, el equipo médico iba a otros centros a revisar detenidos. Entonces, a las tres de la tarde de un día lunes, parte del equipo podía estar en Tres Álamos o en Villa Grimaldi revisando personas. Por eso fue muy importante entrevistar gente que vio a los médicos en otros lugares.

¿Han estudiado la opción de llevar a la justicia a los civiles que participaron  en las sesiones de tortura o desaparición en este lugar?

-Absolutamente. La idea es presentar querellas y que se abran las investigaciones judiciales. Esa era una de los principales objetivos de este trabajo, que sirva de base para condenar, de una vez por todas, la colaboración de civiles con la DINA y la dictadura. Ya pudimos establecer el organigrama de la clínica, lo que permite saber a quiénes hay que preguntarles, y tenemos la voluntad de los sobrevivientes para presentar acciones en el corto plazo. Dos o tres meses más, como máximo.

¿Pudiste entrevistar a quienes trabajaron como médicos en este lugar?

-Ninguno quiso hablar. No hubo voluntad para hacerlo. La información que tenemos de ellos es por investigaciones judiciales que incluyen sus declaraciones, donde admiten haber trabajado en este lugar, pero sólo con fines médicos, porque para la fecha de las causas –que no tienen nada que ver con Santa Lucía- se desconocía que la clínica tenía ese otro propósito.

Una pequeña serenata nocturna en la Clínica Santa Lucía

Gabriela Salazar es una de las personas que fue atendida en enclave médico de la DINA sólo para que pudiera resistir nuevas torturas. Precedida por semanas de detención en Villa Grimaldi, su estadía en Santa Lucía 162 estuvo marcada por el crujido de las escaleras de madera y el pavor que le generaba escuchar a alguien que se acercaba a ella sin saber quién era ni qué le iba a hacer.

OLDEROCK, CONTRERAS Y ZANGHELLINI

¿Entre qué años se efectuaron estos delitos en la casona?

-Esto comenzó a operar como clínica en marzo de 1974, porque inmediatamente después del golpe, aquí trabajó la Brigada de Inteligencia Femenina de la DINA, con Ingrid Olderock a la cabeza. Ellas utilizaban este espacio como una casa de solteras, y desde aquí derivaban a los equipos a diferentes recintos de Santiago.

¿Casa de solteras?

-Así es. Hasta aquí llegaban todas las agentes de regiones que no tenían donde alojar. Fue una especie de hotel para las agentes de la Brigada de Inteligencia Femenina de la DINA. Por aquí pasaron, además de Olderock, Gladys Calderón y Eliana Bolumburú, una triada bastante macabra. En algún momento, a pocos meses de que se instalara la clínica, su trabajo se traslapa con el de las agentes. Luego, ya en 1974, la clínica opera a cabalidad con la ayuda de una docena de esas agentes, que servían y cuidaban la casa. Esto ocurre hasta marzo de 1977, cuando se van a la clínica London, en Almirante Barroso 76, que hoy es un Inacap. Por eso, Santa Lucía es la primera, pero también la última clínica de la DINA, porque las restantes pasaron a manos de la CNI.

Al ser una dependencia de la DINA, ¿estas órdenes provenían de Manuel Contreras?

-Para salir un poco de este espacio, y comprender que estas prácticas se extendieron durante toda la dictadura, hay que decir que esto dependía de la Brigada de Salud de la DINA, cuyo objetivo era sustentar la dictadura a través del “cuidado” médico. Por eso, este lugar obedecía de forma directa de las instrucciones de Manuel Contreras. De hecho, la primera reunión que tuvo el director de la clínica, Werner Zanghellini, fue con Contreras.

Zanghellini, al igual que otros integrantes del equipo médico, siguió ejerciendo como profesional en consultas privadas una vez que cesaron las funciones de esta clínica, según tu estudio.

-No solo eso. Aparte de que Zanghellini fuera reconocido como el mejor cardiólogo de Chile, en algunos lugares, la mayoría de los trabajadores se trasladaron a otras clínicas después del ’77. En la propia sentencia del magnicidio de Frei Montalva aparecen nombres de médicos que vienen trabajando desde la época de la Clínica Santa Lucía junto a la dictadura y la DINA, con paso por los recintos de su propiedad. Por ejemplo Rodrigo Fuenzalida Velez, que estuvo en la Clínica Santa María, anteriormente había estado en la Santa Lucía.

¿Qué pasó en este lugar a partir de 1977?

-El estudio se cerró en ese año, pero sería muy interesante investigarlo, porque no se sabe para qué fue utilizado ni qué sucedió acá hasta que llegó la Comisión de Derechos Humanos, en 1991. Cuando ellos llegan, encuentran mucha basura, cables y muebles, y tiraron todo ante la necesidad de utilizar un espacio como comisión política y no quedarse en la calle, además, sin tener idea de la historia del lugar al que estaban llegando. Anda a saber cuánta información se perdió.

JUSTICIA TRANSICIONAL

¿Cómo nació la idea de investigar este sitio? ¿Qué fue lo que te motivó a entrar en su historia?

-Llegué aquí el año 2010, como voluntaria a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que tiene el comodato de esta casona desde el año ’91. En 2011, este lugar se iba a trabajar como un espacio-museo, entonces se hizo una reseña de la casa, y allí se incorporó una pequeña historia de lo que había sido este lugar. Se utilizó el fragmento que aparece en el informe Rettig y Valech, que dice que era una casa de cuatro pisos utilizada como una clínica para agentes de la DINA y sus familiares, donde habrían pasado presos políticos, pero nada más. Así, comenzamos un trabajo autofinanciado, y tratamos de contactar a sobrevivientes para saber más o menos de qué se trataba esta historia.

¿Fue la falta de información el principal escollo durante este proceso?

-Sin duda que lo hizo muy complicado, porque por las propias condiciones de este lugar, existen poco sobrevivientes, y hay poca gente que supo que estuvo acá. Además, entrar al mundo de los sobrevivientes es tremendamente delicado, porque estás indagando sobre momentos bastante desagradables para ellos, por decir lo menos. Sin embargo, después de un tiempo logramos recabar los primeros testimonios.

¿Cómo abordaste la legítima reticencia de algunos sobrevivientes de hablar sobre lo que sufrieron en la Clínica Santa Lucía, y al mismo tiempo, la necesidad de darlo a conocer?

-Fue muy difícil. Por supuesto que una empatiza con la gente, pero también se tiene que lidiar con la investigación y su objetivo, que es dar a conocer las atrocidades que aquí se cometían, contando el tipo de tortura que se efectuaban y otro tipo de detalles. Además, todo era desde el oficio, porque no teníamos un equipo de sicólogos ni nada similar que nos ayudara a contener a quienes prestaban su testimonio, simplemente contábamos con la voluntad de los sobrevivientes. El otro punto importantes es que, lamentablemente, la necesidad de construir la memoria es muy grande para que recaiga exclusivamente en las víctimas, como ha sucedido en este país, lo que no es culpa de nadie más que de la sociedad. Lo ideal sería que el Estado pusiera recursos para hacer este tipo de trabajos. Tiene que hacerlo, pero no ocurre y no creo que se revierta esta situación.

Además, imagino, hay un cuestionamiento interno en los sobrevivientes difícil de contrarrestar: ¿Por qué hablar ahora?

-Pasó mucho. Y no sólo eso, porque otro tema delicado, es que muchos tendían a hacer una comparación. O sea, entre las atrocidades que vivieron en Villa Grimaldi y el hecho de haber estado quince días aquí, se generaba una evaluación del mal menor que le restaba relevancia al relato de este espacio. Por otro lado, creo que no se dimensiona la importancia de establecer la colaboración de civiles en este tipo de hechos, que es una lectura que se puede hacer desde el exterior.

¿Hubo muestras de apoyo o interés gubernamental en el transcurso de esta investigación?

-Para nada. En 2017 logramos adjudicarnos un proyecto financiado por Presidencia que nos permitió sistematizar la información, pero nada más. Es una de las tremendas debilidades que tenemos. O sea, si los fondos para desarrollar investigaciones ya son exiguos, imagínate para temáticas sobre derechos humanos. Y como en investigación no hay líneas de trabajo específicas ni concretas, no hubo dónde presentar esta idea y pedir plata. A mi juicio, esta es una gran deuda por parte del Estado, quien tiene el deber de encargarse de la reparación. Por algo la justicia transicional considera el trabajo de memoria, pues es una reparación simbólica.

En segunda instancia, nos encontramos con que a la sociedad no le interesan estos tópicos. Hay un tema con la impunidad y el negacionismo, que si bien está en boga, es una práctica que se viene aplicando desde la vuelta a la democracia hacia adelante, que entorpece todo intento por rescatar la memoria.

Equipo médico Clínica Santa Lucía*:

*Crédito: Sitio de Memoria Ex-Clínica Santa Lucía