Una rápida viralización logró este lunes en redes sociales la noticia de que el subsecretario Rodrigo Ubilla posee 10 mil metros cuadrados al interior de una comunidad mapuche, lo que estaría reñido con la Ley Indígena.

La situación fue divulgada por Interferencia y fue replicada por varios medios, obligando a la autoridad a salir al paso de las críticas.

Recordemos que en el reportaje se señala que el número dos de Interior compró en 2009 dos parcelas en $10 millones, lo que iría en contra de la Ley Indígena, según el medio indicado.

Durante esta tarde el subsecretario señaló a través de un comunicado consignado por La Tercera que “he actuado con apego a la ley y a la normativa vigente y cumpliendo los requisitos que ella establece”.

Ubilla, que se encuentra de vacaciones, sostuvo que la transacción fue realizada a Guadalupe Moris Gajardo, mujer que según la autoridad “no pertenece a ningún pueblo indígena”, ya que “el mencionado terreno le fue transferido a la señora Moris por la liquidación de la sociedad conyugal, según escritura pública de febrero de 2008”.

En el medio de Copesa, uno de los hombres más importantes de La Moneda, sobre todo los veranos, añadió que “conforme a la Ley 19.253, para que una tierra sea indígena, además de los títulos que la propia ley indica -como los Títulos de Merced- es requisito que personas o comunidades indígenas sean propietarios de ella, lo que no ocurría al momento de la compraventa”.

Críticas a su respuesta

La respuesta de Ubilla contrasta con la versión que entregó Diego Ancalao, analista mapuche y presidente de la Fundación del Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, en el medio Publimetro.

Ahí Ancalao sostuvo que “La respuesta que da Ubilla respecto a que compró las tierras a la señora Morris, quien no es indígena, es falso porque la Ley Indígena dice claramente que toda persona que se case con un indígena adquiere la calidad indígena (artículo. 4 ley Indígena), entonces, esa es una venta ilegal y fraudulenta porque pasa a llevar el derecho consagrado de la ley 19. 253”.

Más adelante, el analista añadió que “lo grave es que si los terrenos están inscritos en Conadi, quiere decir que esos terrenos pertenecen a reclamaciones de comunidades indígenas basados en un título de propiedad llamado Título de Merced, que fueron entregados por el Estado entre finales del año 1800 y principios de 1900, y tienen prohibición de ventas y de divisiones”.

Finalmente, Ancalao indica que esto es “lo que hizo a Forestal Arauco perder el juicio en Cañete a favor de una comunidad indígena de Contulmo hace unos meses, en que la forestal decía que le compró las tierras a un particular chileno que adquirió las tierras en 1907, y el título de merced era de 1904. Entonces, la ilegalidad es que un funcionario público adquiera terrenos a cualquier título y precio, que pertenecen a una relación mapuche derivada de un título de merced que tiene prohibición de venta. Hay más de 130 mil hectáreas pertenecientes a comunidades mapuche que están en manos de empresarios como Ubilla y que derivan básicamente de 168 títulos de merced que supuesta mente están extraviados”.