Según el gobierno, el proyecto de Ley de Integración Social y Urbana, actualmente en tramitación en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara; pretende enfrentar dos grandes problemas de la construcción de nuestras ciudades: el alto nivel de segregación residencial y la desigualdad en el acceso a los bienes públicos. Frente a este problema real de la ciudadanía, la solución que ofrece el Ejecutivo, por lo visto, es más mercado y mayor desregulación.

La apuesta del gobierno de Sebastián Piñera es concesionar a la industria inmobiliaria terrenos fiscales bien ubicados para densificar sectores de la ciudad. Estos terrenos públicos se entregarán en concesión a las inmobiliarias, por un plazo no determinado en la ley, para el desarrollo de nuevos proyectos y su posterior explotación comercial por el tiempo de concesión. Por otra parte, se establece la figura de las así llamadas “Zonas de Integración Urbana”, las que serán designadas por el MINVU sin intervención vinculante de los municipios ni la ciudadanía.

En estas zonas, y de acogerse a la medida, las inmobiliarias que desarrollen proyectos deberán reservar un porcentaje, también indeterminado en la ley, para arriendo subsidiado por el Estado, el otro porcentaje será ofertado a precio de mercado. A cambio, los desarrolladores recibirán incentivos de mayor constructibilidad y altura de los edificios, promoviéndose la desregulación de la normativa urbana.

Creemos que el proyecto, tal como fue presentado en la Comisión de Vivienda, abre nuevos espacios para profundizar las consecuencias sociales más negativas del negocio inmobiliario y la desregulación de la planificación de la ciudad, de la mano de una deliberada merma del poder de decisión de las propias comunidades y los gobiernos locales. Por eso, como Frente Amplio rechazamos la idea de legislar, porque los riesgos tras las buenas intenciones con que se presenta este proyecto, son demasiado altos.

Frente a las enormes dificultades de acceso a la vivienda de las franjas sociales más pobres y emergentes, el gobierno entregará un porcentaje de los terrenos fiscales concesionados -que podrían ser destinados íntegramente a estos sectores- para el uso y goce de la industria inmobiliaria, las que podrán arrendar las viviendas a valores de mercado, que representan un porcentaje creciente del gasto para la mayoría del número de familias que viven como arrendatarios.

Los pobladores organizados y comités de viviendas tendrán que seguir a la espera de terrenos con buena conectividad y servicios, porque se privilegiará la licitación de los terrenos que el Estado dispone a las grandes inmobiliarias y al acceso individualizado a subsidios.

Además, la creación de las Zonas de Integración Urbana, en la práctica, significará que el MINVU podrá pasar por encima de la normativa de los Planes Reguladores Comunales y lo que determinen los gobiernos locales para sus comunas. El desarrollo urbano no puede ser en base a la desregulación y la concentración de atribuciones en el poder central para desvestir a los gobiernos locales y, por tanto, a las comunidades. Resolver el déficit de viviendas de nuestro país, sin duda requiere la participación de un conjunto de actores e instituciones públicas y privadas, pero tal desafío pasa por colocar siempre por delante el bienestar de las comunidades y sus territorios por sobre cualquier cálculo de rentabilidad.

De esta forma, el gran beneficiario de este proyecto podría ser la industria inmobiliaria (y por añadidura el mundo financiero) y no la ciudadanía. La integración social es una demanda real, que convertida en slogan del gobierno, sirve para abrir un negocio  a las inmobiliarias: Crea un nuevo nicho de negocios para el sector privado en terrenos fiscales y con ganancias aseguradas.