Hay pocos momentos en que los actores políticos se desnudan en público y se muestran en su más cruda realidad. Cuando esto ocurre los ciudadanos tenemos ese escaso privilegio de conocer una verdad que normalmente se oculta en los discursos pomposos y en una retórica hecha para embellecer las peores intenciones.

En ese sentido, hay que agradecer al Intendente de La Araucanía, Jorge Atton, por mostrar descarnadamente lo que él piensa, pues junto con esa brutal sinceridad, deja al descubierto lo que verdaderamente piensa toda la derecha política y una parte significativa del resto del espectro político.

Por nuestra parte, hemos sido insistentes en evidenciar aquello que el intendente Atton señala con desparpajo. Por lo mismo, se nos ha acusado de esgrimir teorías absurdas al denunciar oscuros intereses de grupos económicos y empresariales para apropiarse indebidamente de las tierras indígenas, para sobrexplotarlas en beneficio exclusivo de ese 1% más rico de Chile. Quienes denunciábamos esta nueva política de usurpación, escondida en la fracasada consulta indígena, fuimos acusados incluso de extremistas, antisistema e ideologizados.

Por el contrario, no hay nada más ideologizado que una política económica del Gobierno, pensada para legitimar el robo sistemático de tierras restituidas a sus dueños ancestrales. Esa estrategia, en realidad, se ha disfrazado del buen propósito por superar la pobreza en La Araucanía.

En efecto, el intendente Atton, confirmó en su entrevista del 30 de junio en el Diario Austral de Temuco, aquello de lo que aquí hablamos, al decir: “La única forma de que esta región surja, es con inversión privada y para que exista, necesitamos seguridad y Estado de Derecho para proteger la propiedad privada. Esto además, implica recuperar el potencial del 60% de las tierras. La política de entrega de tierras que nace con la Ley Indígena es lo más nefasto en la historia de Chile. Creo que es peor que la Reforma Agraria“.

Pura ideología, pues no existe ninguna prueba científica seria que acredite que la inversión privada resuelva los problemas económicos y sociales del pueblo mapuche y de los chilenos en general. Por el contrario, en Chile una gran mayoría de excluidos del desarrollo, hemos vivido en carne propia el fracaso rotundo de esta hipótesis nefasta.

Prueba de aquello son las AFPs, que prometieron pensiones dignas, y hoy el 79% de las pensiones están bajo el sueldo mínimo. El 44% de la población está en condición de pobreza. Nuestros recursos, son administrados por los que siempre ganan. En La Araucanía ocurre lo mismo con la inversión privada de las forestales y los empresarios agrícolas, que no han sido capaces de sacar adelante la región porque las utilidades son solo para un pequeño grupo de familias, que obtienen esas ganancias, entre otras cosas, a costa de pagar a los mapuche un 38.8% menos que a un no mapuche, según estudios del Observatorio Laboral del Sence en La Araucanía.

Las comunas con mayor superficie forestada como Ercilla, Collipulli, Lumaco, Purén y Traiguén, son al mismo tiempo las más pobres de la región. En ese sentido, sería adecuado que la tesis del intendente fuera respaldada con datos empíricos y no en sus puros deseos. Así, todo parece indicar que el economista liberal francés Frédéric Bastiat tenía razón ya en el 1.800 cuando dijo, “Cuando el saqueo se convierte en un modo de vida para un grupo de hombres viviendo juntos en sociedad, éstos crean para sí mismos un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica”.

El intendente, como muchos políticos, habla en forma estereotipada de la actividad productiva mapuche, señalando que la baja intensidad de uso del suelo es la causa de su pobreza. Nada más alejado de la realidad, dada la pequeña cantidad de tierras que ocupan los mapuche, esto es, 3,6 hectáreas por familia, según el Instituto Nacional de Estadísticas y ediciones Sur. El estereotipo discriminatorio inventa una realidad que no se ajusta a los hechos.

Los datos del Censo Agrícola de 2007 señalan que existen 2.717 explotaciones que controlan el 42,7% de las tierras de comunidades, lo que equivale a 77,273 hectáreas. A eso, hay que agregar los lugares donde las condiciones climáticas, como en el Alto Biobío, no permiten cultivos por inviernos nevados, o más el 67,2% de bosque nativo, lo que inmediatamente desmiente la aseveración irresponsablemente indicadas.

El intendente, en la misma entrevista, sostiene que los mapuche son pobres porque no tienen títulos individuales de propiedad. Esto, junto con endiosar la propiedad privada individual, desconoce y borra de un plumazo, las tradiciones culturales comunitarias de los mapuche. Pero no le exijamos tanto al intendente, que en definitiva, ejerce su cargo por coincidir plenamente con las posiciones mercantilistas del actual Gobierno.

Para mayor abundamiento, recordemos, que en el año 1931 una ley permitió dividir los Títulos de Merced, proceso que se perfeccionó con otra ley de 1961, que posibilitó entregar estatus jurídico a los usurpadores bajo la definición de “particular”. Con esto un comunero mapuche, podía liquidar su Título de Merced y vender a particulares. Un estudio realizado 50 años más tarde, constató que en términos de desarrollo, no había ninguna diferencia entre las 600 comunidades que constituyeron propiedad privada y las que no lo hicieron, a pesar que tenían estímulos para dividirse como solicitar créditos, hipotecar el suelo y funcionar con todas las reglas del mercado.

Así mismo, la experiencia internacional muestra que la política de privatización de tierras indígenas es un completo fracaso. El BID en su estudio denominado “Land Privatization, Titling, and Indigenous Communities in Latin America” llevado a cabo en Bolivia, Perú, Honduras y México, demuestra que el procesos de privatización de tierras y programas de titulación individual, afectan negativamente a las comunidades indígenas.

Aquel estudio revela que los mercados de tierra y los sistemas de renta no se han desarrollado, a pesar del saneamiento de tierras y de la titulación individual. Los cuatro países revelaron que la privatización de la tenencia de tierras y los títulos individuales no resuelve el problema de crédito y ninguno de los estudios de caso encontró evidencia que sugiera una mejora en el acceso a la tierra de las mujeres indígenas. En sus conclusiones, el estudio señala: “El discurso económico tradicional considera la seguridad de tenencia de tierras como un prerrequisito para el crecimiento económico; sin embargo, el estudio indica que la cuestión de seguridad para las comunidades indígenas es mucho más compleja”.

El intendente Atton, haciendo gala de su rasante conocimiento en materia indígena, indica en la mencionada entrevista que “si logramos que exista la propiedad individual, la única autoridad que podría aunar los intereses, es el Lonco en su calidad de autoridad ancestral”. Nada más equivocado. El estudio del BID al que hemos hecho mención, comprobó que la titulación individual de las tierras solo permitió la pérdida del poder de la autoridad ancestral, precisamente porque es autoridad de una comunidad y no de una sumatoria de individuos.

Alguien preguntará…¿por qué no se resuelve el problema indígena en Chile?… entre otras muchas cosas, porque no existe la voluntad de entender nuestra forma de vida y nuestro sentido del Buen Vivir.