Milicogate: La historia de la investigación publicada por The Clinic que noqueó al Ejército

Entre agosto y noviembre de 2015, este medio publicó siete artículos que detallaron cómo un grupo de oficiales y suboficiales de la institución castrense desfalcaron el multimillonario aporte del Fondo Reservado del Cobre, supuestamente destinado a la compra de armamento. La investigación, desarrollada por el periodista Mauricio Weibel Barahona -en colaboración con el equipo de entonces de The Clinic-, reveló las artimañas que utilizaron los uniformados para quedarse con el dinero y cómo lo gastaron indiscriminadamente en casinos, caballos pura sangre, viajes y operaciones.
En vista de las últimas perlas sobre el Ejército, en The Clinic quisimos recordar cómo se fraguó esta historia, repasar los hitos que la marcaron y mencionar algunos de los efectos que permanecen hasta actualidad. Pase y lea.

Una de las leyes no escritas más importantes del periodismo indica que todo caso que involucre una irregularidad económica debe llevar el sufijo gate. Y como este pasquín siempre ha destacado por su ingenio, cuando el periodista Mauricio Weibel llegó a mediados de 2015 con una investigación que detallaba ilícitos financieros en las arcas del Ejército, se siguió con la tradición.

Así nació el término Milicogate, la palabra clave de la malversación más grande jamás reportada en las filas de la institución castrense, dada a conocer en exclusiva por The Clinic en agosto de 2015, cuando la institución estaba bajo el mandato del general (r) Humberto Oviedo.

El arranque de imaginación -que algunos adjudican al director de humor de este medio- fue el complemento perfecto para una indagación periodística rigurosa, que reveló cómo un grupo de oficiales y suboficiales del Ejército emitieron boletas y facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), en las que simulaban compras de material bélico y servicios de proveedores que nunca fueron prestados.

Pero eso era la punta del iceberg

En la actualidad, son cientos los nombres involucrados en esta causa y en las diversas aristas que de ella se desprenden, así como también el grado de mando de los implicados. Todas, no obstante, tienen un origen en común: la utilización de la Ley Reservada del Cobre como una fuente inagotable de recursos y el escaso control civil y político sobre los movimientos financieros del Ejército. Combinados, ambos elementos facilitaron irregularidades económicas que, a la fecha, superan los $10 mil millones. 

Sin embargo, los efectos de la investigación publicada por The Clinic no se acotaron exclusivamente a tribunales. Prueba de ello es que, tan solo hace unas semanas, se dio a conocer que el Ejército espió e intervino conversaciones telefónicas del periodista Mauricio Weibel y de un grupo de exuniformados que denunciaron actos de corrupción en la milicia nacional, una operación que la institución bautizó como “Topógrafo” -otra espontaneidad loable-.

Mauricio Weibel

A raíz de esa situación, este medio ha decidido presentar un pequeño resumen de los siete artículos que desataron una crisis sin precedentes en los 209 años del Ejército chileno, para refrescar la memoria y, de paso, cumplir con otra ley no escrita pero cumplida al pie de la letra en esta redacción: el autobombo.

13 de agosto, 2015

MILICOGATE: EL GRAN ROBO DEL FONDO RESERVADO DEL COBRE

Milicogate: El gran robo del fondo reservado del cobre

Los desfalcos comenzaron en 2010, durante los albores del gobierno del presidente Sebastián Pïñera y continuaron hasta marzo de 2014, cuando despuntaba el segundo mandato de Michelle Bachelet. El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, admitió al ex ministro de Defensa Jorge Burgos que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos.

Despuntaba el mes de agosto de 2015 cuando, en medio de una agenda tomada por la muerte del Mamo Contreras, The Clinic publicó el primer capítulo de la entrega del Milicogate. En ella se recogieron las indagaciones sobre el millonario desfalco militar entre 2010 y 2014, a través de cientos de facturas falsas usando la Ley Reservada del Cobre. La institución “pagaba” repuestos de autos militares a la empresa Frasim, representada por Francisco Huincahue, y hacía tratos directos con Raúl Fuentes, justificando así la supuesta compra de armas a proveedores habituales de “material de guerra”. Sin embargo, el dinero llegó a otras manos.

En esta publicación se explican los métodos utilizados en una operación que incluyó sobornos, firmas falsificadas, tratos directos sin licitaciones, juntas secretas y facturas que nunca fueron reconocidas por Impuestos Internos. Las rentas del coronel Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz, primeros involucrados de la investigación, no calzaban con los gastos en viajes al extranjero o incluso idas al Casino Monticello, lugar donde Cruz jugó miles de millones de pesos entre 2008 y 2014.

The Clinic reveló que gracias a los fondos reservados del cobre, las Fuerzas Armadas poseían un excedente de 4.500 millones de dólares sin gastar, dinero que tampoco podía ser utilizado en otros proyectos sociales. Además, hasta 2025, el país destinará en promedio unos 5.500 millones de pesos entre compra de armas y adquisición de municiones en cada período presidencial. Esto era solo el comienzo de un caos en el que ni Contraloría ni el Congreso pueden operar.

13 de agosto de 2015

MILICOGATE: LOS AUDIOS SECRETOS QUE REVELAN EL GRAN ROBO DEL FONDO RESERVADO DEL COBRE

Milicogate: Los audios secretos que revelan el gran robo del Fondo Reservado del Cobre

“Yo asumo el error que usted me está planteando”, le señala el coronel Clovis Montero, uno de los imputados y detenidos por el escandaloso robo de dineros provenientes del Fondo Reservado del Cobre, a un general del Ejército cuando aún no era público que los pagos irregulares con esos fondos afectaban a cientos de operaciones efectuadas entre 2010 y 2014 por al menos 2.200 millones de pesos, según informes de la propia institución castrense.

En la segunda parte de esta serie, The Clinic reveló una conversación entre el coronel Clovis Montero -principal imputado y detenido en el caso- y el general Jozo Santic antes de su detención en 2014, en la que ambos discutieron sobre las entonces incipientes irregularidades ocurridas al interior del Ejército con los fondos de la Ley Reservada del Cobre.

Montero “asumió el error” y Santic, a pesar de creerle, le comentó que dados los antecedentes debió tener “derecho a la duda”. El coronel se lavó las manos, diciendo que solo consiguió un par de facturas falsas a petición de un cabo del Departamento de Planificación y Administración Financiera, el también detenido Juan Carlos Cruz. Santic agregó: “Pecaste de buena persona, si esto mismo te lo hubiera pedido (el coronel) Fernando Grossi, se habría arreglado entre caballeros (…) Cuando se meten los cabos, las huevadas revientan”.

El Gobierno debió explicar el rol de Jorge Burgos, ministro de Defensa en 2014, en la conversación que tuvo con Humberto Oviedo, Comandante en Jefe del Ejército. A esas alturas de 2015, Burgos se desempeñaba como titular de Interior y The Clinic reveló que tuvo conocimiento del hecho al menos desde abril de 2014, cuando recibió un oficio por parte de Oviedo, donde le explicaba que la situación era “peor de lo imaginado”.

Marcelo Díaz, el entonces ministro vocero de Gobierno, señaló que existía una especial preocupación del Ejecutivo cuando se enteraron de los hechos y el mismo Burgos solicitó la intervención de los tribunales de justicia, el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la propia Comandancia en Jefe del Ejército. Algunos congresistas de la comisión de Defensa de la Cámara Baja manifestaron la intención de pedir explicaciones a Oviedo en septiembre de 2015.

18 de agosto de 2015

LOS DOCUMENTOS SECRETOS DEL MILICOGATE

Los documentos secretos del Milicogate

The Clinic reveló las irregularidades en facturas pagadas por el Ejército, a través de la Ley de Fondos Reservados del Cobre, que generaron una defraudación de miles de millones de pesos que aún se investigan donde fueron a parar.

En esta publicación, tercera de la serie, The Clinic presentó algunos documentos que prueban que el ex ministro de Defensa Jorge Burgos estaba al tanto de lo sucedido, los pagos irregulares al proveedor Raúl Fuentes Quintanilla y la empresa Frasim, y el informe pericial que demuestra que uno de los servidores del Ejército fue inutilizado por desconocidos.

Los documentos ya se encontraban en ese momento en la Fiscalía Militar y revelaron los puntos más significativos que comprueban la anomalía y el uso de los fondos reservados del cobre, donde incluso uno de los involucrados, el cabo Juan Carlos Cruz, habría gastado millones de pesos en el casino Monticello.

23 de agosto de 2015

LA HISTORIA DEL CABO QUE GASTÓ MÁS DE DOS MIL MILLONES EN EL MONTICELLO

La historia del cabo que gastó más de dos mil millones en el Monticello

Entre 2008 y 2014, el cabo Juan Carlos Cruz gastó miles de millones en máquinas tragamonedas con dineros provenientes de los Fondos Reservados del Cobre. Se compró un caballo fina sangre, viajó a Cuba con su familia y enchuló a su pareja.

En la cuarta parte de la serie del “Milicogate”, The Clinic contó la historia de Juan Carlos Cruz, cabo del Departamento de Planificación y Administración Financiera del Ejército, quien gastó miles de millones en máquinas tragamonedas con dineros de la Ley Reservada del Cobre. Además, compró un caballo fina sangre, viajó a Cuba con su familia y “enchuló” a su pareja. Ya detenido, Cruz habilitó un gimnasio al interior del penal Cordillera, sin ningún obstáculo por parte de los generales de la institución. En un interrogatorio ante la PDI, luego de caer en desgracia, sostuvo: “Le perdí sentido al dinero”.

2.368 millones de pesos en seis años. Eso gastó Cruz en el casino Monticello, recinto que comenzó a visitar en 2008. Partió apostando entre 50 y 100 mil pesos, pero esos montos fueron aumentando de manera exponencial con los años. Un ejemplo de esa situación es que solo entre julio y octubre de 2013, mientras tenía un sueldo de 560 mil pesos, gastó más de 637 millones de pesos en la casa de juegos.

Cuando le preguntaron si los dineros utilizados en el casino provenían de la ley Reservada del Cobre respondió que no, sino que de su sueldo, de una distribuidora de gas de su propiedad, de la venta de automóviles y del cupo de sus tarjetas de crédito. Según él, solo se quedó con 15 millones de una comisión pagada por las facturas del proveedor Francisco Huincahue, dueño de la empresa Frasim.

Debido a los altos montos apostados en el casino, le otorgaron el estatus de cliente Platinum, condición que aprovechó junto a su pareja, Elizabeth Vega. Ambos, entre el año 2008 y 2014, gastaron 2.736 millones de pesos, equivalente a la dieta de 270 parlamentarios. Todo cambiaría drásticamente: antes de ser detenido ya no tenía dinero ni siquiera para moverse en la ciudad.

Durante la investigación, Cruz reveló algunas fallas en el sistema de finanzas del Ejército. Aseguró que el general Jorge Salas habría ordenado a los funcionarios del Comando de Apoyo a la Fuerza no revisar las facturas sino “solamente devengarlas y tramitarlas a Tesorería”. Este relato es respaldado judicialmente por otros miembros del CAF, el órgano encargado de aprobar administrativamente los gastos con fondos reservados del cobre.

8 de septiembre de 2015

LOS OFICIALES INVESTIGADOS EN EL MILICOGATE

Los oficiales investigados en el Milicogate

La fiscal militar Paola Jofré tiene a varios miembros del Ejército bajo la lupa. Si bien aún no ha tocado a ningún general, varios de ellos hoy están bajo sospecha. Por ahora, sin embargo, los más comprometidos son los cabos y coroneles. Acá, los detalles exclusivos del modus operandi de las defraudaciones con Ley Reservada del Cobre.

En esta publicación, se evidencian las pistas que siguió la fiscal militar Paola Jofré, en la amplia investigación sobre todos quienes trabajaron en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) del Ejército durante el millonario desfalco entre 2010 y 2014. Jofré, quien mantuvo reuniones de coordinación con la fiscal civil del caso, Ximena Chong, siguió los rastros de cabos y coroneles, obviando en ese momento a los generales eventualmente involucrados (Muñoz, Ureta y Salas).

El arco de sospechosos se amplió a 25 uniformados ya que, entre 2011 y 2014, al menos esa cantidad de funcionarios tuvieron la responsabilidad de recibir, tramitar y aprobar con visto bueno las facturas pagadas con fondos de la Ley Reservada del Cobre, según admitió el propio Ejército.

En ese mismo período, los proveedores autorizados para vender al Comando de Apoyo a la Fuerza con cargo a la Ley Reservada del Cobre oscilaron entre 35 y 18, anualmente. Hasta el momento de este artículo solo seis eran investigados. El radar de la fiscal, mientras, estuvo enfocado en los coroneles Samuel Poblete, Roberto Heidke, Carlos Frez, Fernando Grossi y Gerardo Ruiz. 

Un informe de 70 páginas de la PDI reveló que la defraudación comenzaba cada vez que un miembro activo del Ejército tomaba contacto informal con un proveedor autorizado de la institución, para pedirle que emitiera facturas por servicios no prestados. El documento luego era enviado por mano al Comando de Apoyo de la Fuerza, “para iniciar el proceso de recepción, revisión y pago”, este último a cargo de Tesorería. El informe da cuenta de al menos 2.500 facturas cuestionadas. Sin embargo, hasta ese momento, era imposible saber el autor de cada factura, pues esa información estaba en el servidor inutilizado por desconocidos cuando Jofré inició sus pesquisas.

“Las funciones que debe cumplir el jefe del Departamento de Planificación y Administración Financiera no se encuentran contenidas en ningún reglamento orgánico”, admitió el coronel Fernando Rossi a la PDI. Las nuevas firmas bajo sospecha fueron Tajamar, Waldo Pinto Gaete, Tecnometal Company del fallecido subteniente reservista Pedro Salinas e Inversiones Capellán de las hijas del propio Raúl Fuentes Quintanilla.

6 de octubre de 2015

EXTESORERO DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO: “SE GASTARON LA PLATA EN CASINOS, PROPIEDADES, CABALLOS Y FIESTAS”

Extesorero del Estado Mayor del Ejército: “Se gastaron la plata en casinos, propiedades, caballos y fiestas”

El coronel Clovis Montero decidió romper su silencio luego de 15 meses recluido en el penal Cordillera, donde está detenido acusado de participar en millonarios desfalcos con recursos destinados a la compra de armas. En una entrevista de once páginas, narró a The Clinic cómo fue montada en el Ejército una máquina para defraudar fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.

A través de un manuscrito de 11 páginas, Clovis Montero rompió el silencio. El coronel detalló de manera exclusiva a The Clinic cómo fue montada en el Ejército una máquina para defraudar fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. “Hay un aparato de defraudación, yo no me imaginaba lo grande que era y la cantidad de proveedores involucrados”, admitió.

Montero apuntó en su escrito que los principales responsables de lo sucedido “son los jefes de Finanzas del Comando de Apoyo a la Fuerza y los comandantes del Comando de Apoyo a la Fuerza”. “Ellos firmaban minutas y oficios conductores con las facturas (fraudulentas) y son responsables de la ejecución de la Ley (Reservada del Cobre)”, insistió.

Consultado sobre dónde está el dinero defraudado, Montero, sin entrar en mayores detalles, escribió los nombres del cabo Juan Carlos Cruz, el empleado civil Danilo Alarcón, el general Héctor Ureta y los coroneles Jorge Silva, Fernando Grossi y Pedro Ferrer. A renglón seguido precisó que los dineros defraudados habrían sido gastados en “casinos (de juegos), propiedades, caballos y fiestas”.

En ese marco, diversos oficiales del propio Ejército expresaron bajo anonimato a The Clinic su temor por la posibilidad de que estas operaciones no solo incluyan actos de enriquecimiento personal de algunos militares, sino también el financiamiento ilegal de campañas políticas e irregularidades en las operaciones de paz en Haití, apoyadas por Naciones Unidas. El mismo coronel Clovis Montero ratificó que es muy probable que uno de los proveedores involucrados en el desfalco, Raúl Fuentes Quintanilla, sea también “proveedor en las operaciones de paz”.

Montero confirmó que las defraudaciones habrían sido cometidas con los remanentes (saldos no invertidos) de las millonarias compras de armas, autorizadas por los ministerios de Hacienda y Defensa. Además, ratificó: “Ningún organismo del Ejército revisa la Ley del Cobre. La orden fue del general (Jorge) Salas con (el coronel Fernando) Grossi en 2012 (…) La orden era digitar solamente (las facturas), no revisar forma y fondo (de los pagos)”, insistió.

El propio Ejército reconoció a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que las empresas involucradas en estas millonarias defraudaciones siguen operando como proveedores de la institución y ganando nuevas licitaciones, por las que siguen recibiendo pagos con fondos públicos.

Montero, quien al momento de su participación en los hechos era miembro de la Contraloría del Ejército, prevé hoy que las operaciones fraudulentas suman “aproximadamente 6.500 millones de pesos”, unos diez millones de dólares. Esta cifra, eso sí, abarca lo que la Justicia Militar investigó solo entre 2011 y 2014, pero las pericias indican que los desfalcos pudieron comenzar en 2008, como prueban las decenas de millones de pesos gastados por el cabo Cruz, entre 2008 y 2011, en los tragamonedas del casino Monticello.

El coronel Clovis Montero aseguró que las defraudaciones no solo ocurrieron con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. También hubo malversación con fondos del presupuesto regular y con los gastos reservados de la Comandancia en Jefe.

8 de octubre de 2015

MILICOGATE: EL SILENCIO DE BURGOS Y GÓMEZ

Milicogate: El silencio de Burgos y Gómez

El Congreso y el gobierno chileno han mantenido un amplio silencio sobre las millonarias defraudaciones ocurridas en el Ejército con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, eludiendo hasta ahora abrir una comisión investigadora en el Congreso y exigir explicaciones públicas al general Humberto Oviedo, entre otras medidas.

En la última publicación de la serie, The Clinic publicó sobre la actitud del Congreso y el gobierno chileno, quienes mantuvieron un amplio silencio sobre las millonarias defraudaciones ocurridas en el Ejército con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, eludiendo hasta ese momento abrir una comisión investigadora en el Parlamento y exigir explicaciones públicas al general Humberto Oviedo, entre otras medidas.

Una primera señal de esta cautela fue la actuación del antiguo ministro de Defensa, Jorge Burgos, quien tardó ocho meses en informar al Servicio de Impuestos Internos y al Consejo de Defensa del Estado de lo sucedido. Lo hizo finalmente en diciembre de 2014, en persona y ante las máximas autoridades de ambas instituciones. No se supo, sin embargo, cuándo comunicó los hechos a la entonces presidenta Michelle Bachelet.

Su sucesor, José Antonio Gómez, mantuvo una prudencia similar. Ni siquiera revocó el traslado a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas del coronel Fernando Grossi, jefe del Departamento de Planificación Financiera del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), la polémica unidad a cargo de gestionar los fondos de la Ley Reservada del Cobre.

Comentarios
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