Corte de Santiago dicta nuevas condenas para seis exagentes de la DINA

Agencia Uno

Corte de Santiago dicta nuevas condenas para seis exagentes de la DINA

La justicia estableció que los seis exagentes, entre ellos Miguel Krassnoff, son responsables de las desapariciones de los militantes del MIR, María Inés Alvarado Borgel y Martín Elgueta Pinto.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a seis exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) a 15 años y un día para cuatro de ellos, y 13 años y un día para los dos restantes, por el secuestro calificado (desaparición forzosa) de dos personas en julio de 1974.

La justicia estableció que son responsables de las desapariciones de María Inés Alvarado Borgel y Martín Elgueta Pinto, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quienes fueron visto con vida por última vez en el centro de detención clandestino Londres 38.

La sentencia se decretó en un fallo unánime del tribunal que determinó penas de 15 años y un día de prisión para Miguel Krassnoff Martchenko, César Manríquez Bravo, José Yévenes Vergara y Osvaldo Pulgar Gallardo en calidad de autores de los delitos, calificados como crímenes de lesa humanidad. Todos estos cumplen actualmente condenas en la cárcel por su participación en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.

También dictaminó la Justicia condenas de 13 años y un día para Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann como autores del delito de secuestro calificado de Elgueta Pinto.

“Efectivamente, el delito de que se trata constituye un crimen de lesa humanidad, toda vez que los secuestros calificados -denominadas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como ‘desapariciones forzadas’- forman parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de un grupo determinado de la población civil”, señala el fallo.

Alvarado Borgel fue detenida por exagentes de la DINA en la vía pública a primera hora de la tarde del 15 de julio de 1974, y horas después Elgueta Pinto fue sacado de su casa por uniformados y llevados ambos al centro de detención y tortura en el centro de Santiago, donde fueron vistos por última vez.

En el aspecto civil, la Justicia chilena estipuló el pago de una indemnización del Estado a las familias de las víctimas de 250 millones de pesos.

Durante la dictadura de Pinochet, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas.

Comentarios
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