Secciones

Más en The Clinic

The Clinic Newsletters
cerrar
Cerrar publicidad
Cerrar publicidad

Reportajes

26 de Febrero de 2021

Migrantes y Estallido Social: la reservada presencia veraniega de Bachelet en Chile

La Alta Comisionada de Naciones Unidas se encuentra en el país desde diciembre del año pasado, trabajando a distancia desde su hogar en La Reina, aseguran fuentes del bacheletismo. Con su habitual sigilo, la ex Presidenta se ha pronunciado respecto a la situación migratoria y las violaciones a los DD.HH. desde el Estallido Social del 18O.

Por

En los últimos días la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha tenido algunas intervenciones en el debate público local, principalmente respecto a la situación de los derechos fundamentales en Chile. 

Lo que se desconocía hasta ahora, sin embargo, es que Bachelet se encuentra en Chile. Fuentes ligadas al bacheletismo señalan que la ex Presidenta se encuentra en su tierra natal desde el mes de diciembre, trabajando a distancia desde su residencia ubicada en la comuna de La Reina. 

Anteriormente, la funcionaria de Naciones Unidas había arribado al país durante el invierno para despedir a su madre, Ángela Jeria, fallecida en el mes de julio. 

En este sentido, las fuentes agregan algo que es propio del hermetismo con que se mueve la otrora Mandataria: nunca se sabe cuando Bachelet abandona Chile… hasta que sucede. 

Solicitudes “sin éxito” al gobierno

En función de sus labores, Michelle Bachelet ha intervenido en dos temáticas locales: la situación migratoria en la frontera norte de Chile y su colaboración con una investigación del Ministerio Público sobre las violaciones a los derechos humanos desde el Estallido Social del 18 de Octubre. 

Sobre el primer punto, Bachelet presentó un informe al Consejo de de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el estado de los derechos fundamentales en 50 países. 

En ese reporte, la Alta Comisionada apuntó a la “militarización” en las fronteras del país, como también ocurre en Perú y Ecuador, para contener la migración venezolana, la que calculó en 5.8 millones de personas. Allí, Bachelet acusó la existencia de “informes preocupantes de que se está expulsando a personas sin la debida evaluación de su vulnerabilidad o necesidades de protección”. 

Asimismo, el lunes 22 de Febrero trascendió que Bachelet declaró ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien lleva a cabo una investigación sobre delitos de lesa humanidad desde el 18O y la eventual responsabilidad de las autoridades de gobierno. 

En su respuesta, consignada en un informe de siete carillas, Bachelet sostuvo que el informe preparado por la oficina que ella dirige, se concluyó que “había razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se había producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”. 

Asimismo, acusó que no habían podido reunirse con las autoridades de los ministerios de Defensa e Interior “por razones ajenas a la oficina”. Sobre el ministerio de Interior, Bachelet aseguró que había solicitado “sin éxito” medidas concretas respecto del uso de la fuerza por parte de los agentes policiales, a objeto de que ello se realice “en estricto respeto de las obligaciones y estándares de derechos humanos”. 

Declaraciones que incomodaron en La Moneda, a juzgar por la entrevista que concedió a este medio el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, quien aseguró a The Clinic: “Mi único punto es que las sanciones a las violaciones a los Derechos Humanos, y que el propio Presidente Piñera dijo que habían ocurrido, no las hacen los gobiernos ni los ex presidentes. Las hacen los tribunales de justicia”. 

Con todo,  en los últimos días Bachelet  también se pronunció sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, donde denunció al régimen de Daniel Ortega por impulsar leyes que atentarían contra “las libertades de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de participación política, especialmente de cara a las próximas elecciones”, comicios que tendrán lugar en noviembre de este año. 

Notas relacionadas

Deja tu comentario