El senador Manuel Jose Ossandon. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Manuel José Ossandón: “Estoy dispuesto a asumir una candidatura presidencial”

El senador oficialista -que acaba de ganarle un duro round al Ministerio Público en la investigación por tráfico de influencias en su contra- busca dejar atrás sus últimos meses marcados por audiencias judiciales y procedimientos médicos a causa del coronavirus. Ahora, intentará competir en el ring frente a una quincena de candidatos en la carrera presidencial mientras carga el peso de la acusación por corrupción que se formuló contra él.

Ossandón respira tranquilo y al mismo tiempo con dificultad. La decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel de no proceder con su desafuero le generó calma, le metió aire fresco al cuerpo, pero no se ha podido recuperar todavía de las secuelas físicas tras contagiarse, dos veces, de Covid-19. Sus pulmones no le permiten inspirar hondo. Hoy, como efecto de ese virus, es insulino dependiente y tiene seis kilos menos de masa muscular. Poco a poco ha intentado recuperar su capacidad aeróbica para volver a jugar al menos un partido de tenis a la semana, como lo hacía religiosamente antes de enfermarse.

El senador RN por la zona oriente de Santiago busca capitalizar este segundo aire a través de un nuevo desafío en un campo donde ya tiene experiencia: competir por La Moneda. En 2017 estuvo en las primarias de Chile Vamos y fue derrotado por el actual Presidente, Sebastián Piñera. Pero la idea continuó germinando en su cabeza durante estos cuatro años.

El parlamentario rompe cuatro meses de silencio en esta conversación con The Clinic, en la que -además de reconocer su disposición a ser otra vez candidato presidencial- hace un llamado a generar un nuevo “pacto fiscal” para financiar las demandas ciudadanas post 18 de octubre y sepulta la tesis de un Estado más pequeño que ha impulsado la derecha: “Se necesita un Estado robusto y eso debe financiarse”.

¿Qué balance realiza del proceso judicial que enfrentó, luego que la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazara -por 9 votos contra 5- la solicitud de desafuero realizada por la Fiscalía Oriente?

-Lo único que puedo decir es que la Corte de Apelaciones votó en contra del desafuero. Siempre sostuve que soy inocente y para mí es un tema cerrado.

El alcalde de Pirque, Cristian Balmaceda -quien presentó la denuncia en su contra- acusó “impunidad” en el Parlamento luego que se denegara el desafuero. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?

-Me imagino que cuando alguien realiza acusaciones tan graves, tiene pruebas. No creo que la justicia vea frente a sus ojos un delito y se niegue a investigarlo o a no llevar a juicio una indagatoria que tiene mérito.

Más allá del desenlace judicial, ¿cree que actuó de una forma éticamente correcta?

-Nunca he realizado nada ilegal ni tampoco incorrecto.

¿Se arrepiente de algo?

-Creo que fui muy severo con algunos pares que pasaron lo mismo que yo. Más allá de si eran culpables o no. Fue muy duro y me arrepiento de eso. A una de las personas a quién traté muy mal, le pedí disculpas hace poco y las aceptó.

¿A quién?

-Tendría que consultarle a quién le pedí disculpas en caso de que quiera que su nombre se haga público.

“Creo que fui muy severo con algunos pares que pasaron lo mismo que yo. Más allá de si eran culpables o no. Fue muy duro y me arrepiento de eso”.

¿Cree que la otra investigación que lo involucra, por presuntas triangulaciones entre sus asesores y el Instituto Libertad, tendrá el mismo buen resultado de esta semana?

-Los temas legales tienen una sede, que es el Ministerio Público y los tribunales. Prefiero que esa sea la instancia formal para referirse a estos temas. Siempre he sido respetuoso de las indagatorias legales porque sé que nunca he actuado al margen de la ley.

Irrupción presidencial

Usted participó de las primarias presidenciales de Chile Vamos en 2017 y fue derrotado por el actual Presidente. Hoy ningún presidenciable logra marcar más de un 20% en las encuestas, ni en el oficialismo ni en la oposición. ¿Qué diagnóstico realiza del escenario presidencial?

-Más que los porcentajes y las cifras, me gustaría que cada candidato mostrara sus credenciales y que se atrevan a tomar decisiones. En Puente Alto estuve amenazado de muerte por erradicar a delincuentes y narcotraficantes. No tengo temor para enfrentar la delincuencia y dejar de lado esa excusa que es impopular transformarse en un sheriff. Llevo 4 meses en la calle de lunes a viernes y lo único que escucho es el miedo y la rabia de las personas frente a la delincuencia y al narcotráfico que convierte a sus barrios en espacios para pandillas. Las personas en Chile deben ser libres para caminar en sus calles sin el temor que maten a sus hijos o a ellos mismos.

26 de junio de 2017/SANTIAGO Los precandidatos Sebastián Piñera, Felipe Kast y Manuel José Ossandón, en la previa del Debate de Chile Vamos, transmitido por TVN, Mega, CHV y Canal 13. FOTO: LEONARDO RUBILAR/AGENCIAUNO

¿Estaría dispuesto a asumir una candidatura presidencial?

-Estoy dispuesto a asumir una candidatura presidencial. Pero son los electores quienes deciden.

Considerando que el plazo para realizar la inscripción para las primarias del 18 de julio está cada vez más cerca, ¿ya está en conversaciones al interior de RN?

-Ya lo dije en el partido.

Pero hoy el candidato de RN es Mario Desbordes….

-Cuando el Presidente Piñera asumió este gobierno, me invitó un café y conversamos los dos. Cara a cara. Y de lo que me acuerdo firme es que él me dijo que para la próxima presidencial, los candidatos los iban a elegir la gente, no los partidos. Hoy día, Desbordes es el candidato del partido.

4 de Diciembre del 2017/SANTIAGO El ex Presidente de la República y candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, compartió un desayuno con una familia beneficiada con el proyecto “segunda oportunidad” ejecutado el 2012 y que permitió que sus integrantes dejaran el conjunto habitacional en que residían en Bajos de Mena y pudiesen optar a una nueva vivienda. En la imagen el Senador Jose Manuel Ossandon(d) FOTO:FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO

¿De qué depende que oficialice su candidatura? ¿Se puso algún plazo?

-Del apoyo de la gente, porque quiero ser un candidato competitivo.

“Cuando el Presidente Piñera asumió este gobierno, me invitó un café y conversamos los dos. Cara a cara. Y de lo que me acuerdo firme es que él me dijo que para la próxima presidencial, los candidatos los iban a elegir la gente, no los partidos. Hoy día, Desbordes es el candidato del partido”.

En diciembre usted había afirmado a Radio Bíobio: “No estoy ni ahí con la presidencial”. ¿Qué cambió en este tiempo?

-Cuando yo estoy en la mitad de una tormenta, no puedo preocuparme de un asado. Cuando yo di esa entrevista, estaba en la mitad de la tormenta de mi defensa. Y no estaba ni ahí con nada que no fuera defender mi honra. Las acciones y las palabras tienen que ser analizadas en el momento y en el contexto que se dan. Ahí mi prioridad era otra. Yo nunca dije que a mí no me gustaría ser Presidente. 

¿Sigue con su militancia suspendida?

-Suspendí mi militancia voluntariamente. Ahora retomaré mi trabajo en RN.

Aunque usted haya salido airoso de la investigación, ¿cree usted que le pesa a un candidato presidencial cargar con el estigma de una acusación por corrupción?

-Mire. En la primaria presidencial cuando competí con el Presidente Piñera me acusaron de haber emitido boletas falsas en un debate radial. Me tuvieron que pedir disculpas públicas porque era completamente falsa la acusación. Ahora la Corte de Apelaciones rechazó el desafuero con un fallo muy contundente. Respondiendo a su pregunta: voy a Puente Alto, camino por la calle. Hice campaña por mi hijo en la puerta del Metro. Entregaba 900 dípticos diarios y la gente me los recibía y me daba las gracias. Jamás me dijeron algo sobre las falsas acusaciones que intentaron nuevamente dañar mi imagen. Es duro cuando públicamente a uno lo condenan pese a que la justicia diga lo contrario. No se lo deseo a nadie.

Crisis institucional

¿A qué atribuye la crisis política en la que hoy está el país?

-Ya pasó el tiempo de los iluminados y de los lugares comunes. La fiesta de los delincuentes nunca se acabó. Y, por otro lado, tienes a una institución como Carabineros, gravitante para el país, que se fue debilitando al punto que hoy ya no son respetados. Si la expresidenta Bachelet hubiese tenido un mínimo de preocupación por Carabineros, los Altos Mandos deberían haber salido. No olvidemos la Operación Huracán, donde se detuvo a comuneros mapuche con pruebas falsas. La excusa de que se enteró por el diario no se puede utilizar para todos.

¿Cómo cree que se puede recuperar el país de la crisis económica tras el estallido social y la pandemia?

-Si seguimos creciendo como país de la misma manera que antes del estallido, nada de lo que se ha hecho, incluida la Convención Constituyente, habrá servido. El estallido y la pandemia demostraron que los mecanismos de protección estatales no son suficientes. Los empresarios tienen que entender que el mercado es muy útil, pero frente a una crisis, es el Estado quien debe funcionar. Las vacunas son el mayor ejemplo.

Pero su sector siempre ha criticado el rol del Estado y durante años ha dicho que el Estado debe ser más pequeño.

-Me gustaría saber dónde se vacunaron quienes critican el rol del Estado. Creo que sostener la tesis de un Estado más pequeño quedó obsoleta. Le pediría a mi sector, que siempre anda perdido, que observen con atención cómo están reaccionando los líderes en el mundo. Todos concluyen que el Estado no ha sido capaz de enfrentar una crisis de esta magnitud. Por lo tanto, se necesita un Estado robusto y eso debe financiarse.

“Creo que sostener la tesis de un Estado más pequeño quedó obsoleta. Le pediría a mi sector, que siempre anda perdido, que observen con atención cómo están reaccionando los líderes en el mundo. Todos concluyen que el Estado no ha sido capaz de enfrentar una crisis de esta magnitud”.

En esa línea, ¿está de acuerdo con los parlamentarios que impulsan el llamado impuesto a los súper ricos?

-No me gustan las cararicaturas. Le diría a la diputada Vallejo que recuerde que para financiar el Plan Auge, el sector al que ella pertenece y que ha gobernado este país generó el debate del aumento del IVA. Entonces así podríamos estar toda la vida. Si se quiere discutir, que se discuta todo. Lo importante es otra cosa: el aprendizaje de esta pandemia es que la gente no se puede rascar con sus propias uñas en momentos de crisis.

Pero usted votó por los retiros del 10 por ciento.

-Por supuesto y si estuviéramos igual, lo haría de nuevo. Basta con caminar por Puente Alto, La Florida, La Pintana o Macul para darse cuenta que la gente está pasando hambre. Y quedó demostrado que no estaba esperando el 10 por ciento para ir a comprarse una tele. El gobierno nunca quiso escuchar ni ver la crisis que había provocado la pandemia.

¿Qué propone usted?

-Un Estado que tenga un sistema de protección social que proteja a sus ciudadanos y que sea capaz de enfrentar los riesgos y las contingencias que padecen las personas y que no pueden resolver con sus propios medios: las enfermedades, el desempleo y las crisis económicas. Desde hace años que se acostumbraron a gobernar con bonos, bonos de miseria, si es que lo recibes. No quiero demonizar los bonos, pero al final del día sabemos que eso es improvisación y no por voluntad: es porque no existe una política de protección social de verdad. Entonces frente a esa ausencia, lo único que queda es inventar bonos.

Nuevo “pacto fiscal”

¿Cómo se financia ese sistema de protección social?

-El país necesita un gran pacto fiscal y debatir en serio el tema de los impuestos. Sin vetos ni dogmatismos y con todos los actores presentes. Por ejemplo, discutamos si como país vamos a seguir con ciudadanos de primera y segunda categoría en muchos ámbitos. ¿Estamos dispuestos a terminar con los privilegios tributarios de algunos sectores del país que tributan renta presunta y no efectiva? Me van a decir de vuelta que en el Estado se gasta mal la plata. Bueno, trabajemos para superviligar al Estado y despejar todas las ineficiencias que tiene. Pero el debate hay que tenerlo.

“El país necesita un gran pacto fiscal y debatir en serio el tema de los impuestos. Sin vetos ni dogmatismos y con todos los actores presentes. Por ejemplo, discutamos si como país vamos a seguir con ciudadanos de primera y segunda categoría en muchos ámbitos”.

¿Eso necesariamente debe ser con impuestos? ¿De qué otra manera se podría financiar?

– En Holanda todo se individualiza a una especie de rut. Un registro único de todas las sociedades para evitar que enreden y escondan sus ganancias. Con este sistema no podrían hacerlo porque existe este registro único y están obligados a pagar un impuesto real. Por eso creo que debemos debatir el tema de fondo: quizás deberíamos trabajar en combatir las trampas que se hacen a la legislación. Nos podríamos llevar una sorpresa con lo que vamos a encontrar.

¿Cree que sea posible un debate tributario?

-La discusión tributaria hay que tenerla al igual que otros temas. El estallido social tiene que ver con descontento, pero también con un alto nivel de insatisfacción al momento de recibir los servicios privados y públicos que se le prestan a la gente. Hay abusos estatales y privados y eso tiene que cambiar drásticamente.  Para que esto mejore, se necesita gastar mejor, pero también hay que obtener más recursos. Parte de esos recursos debieran venir del crecimiento económico, pero también de la recaudación. Y eso, como lo dije, no necesariamente significa subir los impuestos: queremos que se cobre lo que hoy existe, pero que se cobre de verdad. Cortemos el hueveo.

¿Cómo cree que se puede lograr acuerdo en un tema que nunca despierta la simpatía del empresariado y de su sector?

-Sin dogmatismos. Este tema debe ser la primera tarea que acometerá el próximo gobierno. Es urgente corregir la mala distribución del ingreso, pero antes de aplicar el impuesto y que eso sea más equitativo. Las personas tienen que notar el mejoramiento de las transferencias que realiza el Estado en bienes y servicios, si el fisco tiene más recursos.

“Este tema debe ser la primera tarea que acometerá el próximo gobierno. Es urgente corregir la mala distribución del ingreso, pero antes de aplicar el impuesto y que eso sea más equitativo”.

¿Qué hará este gobierno mientras el debate de los impuestos se toma la agenda?

-El gobierno no debe esconder la cabeza en los debates que se generan, los ministros tienen que apoderarse de los temas y no perder la agenda. Ya les ha pasado otras veces, como el proyecto de las 40 horas. Van a terminar acorralados si no se toman las riendas de la discusión económica en el país.

Ciclo político y reformas

En este escenario, ¿cómo ve el rol de la Convención Constituyente?

-Tiene mucho trabajo. La Convención debería debatir, por ejemplo, si 4 años es suficiente para que un gobierno concrete su programa. Porque además de ciclos políticos cortos, enfrentamos un problema dramático de continuidad de políticas públicas. Cada vez que un gobierno cambia de signo político, se cambian las orientaciones y pasan cosas como el Puente del Chacao. En 2017 hicimos la siguiente propuesta: que el Presidente perdiera poder con ciertas políticas que son vitales para el desarrollo de las personas, como es la educación y la salud, siguiendo la política pública exitosa que ha sido el Banco Central. Nadie cuestiona las decisiones políticas y económicas que se toman en el Banco Central, ningún político dice nada cuando se decide subir o bajar la tasa de interés.

¿Cómo se puede evitar que se rompa la continuidad de las políticas públicas?

-Se le podría sugerir a la Convención definir qué políticas públicas serán las políticas de Estado, independiente de la alternancia en el poder. ¿Con cuál mecanismo para gobernar? Se tiene que debatir también. El poder del presidente es excesivo y si vamos a terminar con un parlamentarismo de facto, es mejor que se regule.

“El poder del presidente es excesivo y si vamos a terminar con un parlamentarismo de facto, es mejor que se regule”.

¿Cuáles son a su juicio las principales reformas que se deben realizar?

-Cómo ya le dije, el tema de instaurar un sistema de protección robusto. Una discusión real de los impuestos y hay otros tres temas urgentes: la delincuencia, la vivienda y el endeudamiento.

¿Realmente cree que esos temas tienen solución?

-En vivienda ya sabemos lo que nunca más se debe hacer: Bajos de Mena es un gueto que se construyó en democracia. Es una política pública que nos debería avergonzar a todos. Por eso cuesta entender cuando se habla del estallido y se argumenta diciendo: no lo vimos venir. Desde hace muchos años, cuando fui alcalde de Puente Alto, que vi y escuché el drama del narcotráfico, la delincuencia, el abandono estatal. Cuando llegué a Puente Alto, a la comuna le decían Puente Asalto y logramos revertir esa situación. Ahora hay que recuperarla nuevamente de la delincuencia y crimen organizado. Y sacar ejemplos para aplicarlos en el resto del país.

“Bajos de Mena es un gueto que se construyó en democracia. Es una política pública que nos debería avergonzar a todos. Por eso cuesta entender cuando se habla del estallido y se argumenta diciendo: no lo vimos venir”.

Una de las demandas más sensibles es la vivienda, la casa propia…

-Sí, pero el mayor problema hoy es la integración y cómo nos hacemos cargo de comprar terrenos para que las personas puedan vivir en las comunas donde se criaron y donde criaron a sus hijos. No puede ser que alguien que ha vivido toda su vida en Peñalolén, termine viviendo en una comuna casi fuera de Santiago y pierdas las redes que construyó durante toda una vida. Creo que el gran tema en vivienda hoy es la manera en que se logra la integración social.

06 de Marzo de 2021/SANTIAGO Dos mujeres trabajando, donde hace tan s—lo dos semanas, cientos de familias llegaron hasta el Cerro Renca para demarcar una toma de terrenos y construir sus viviendas, a lo cual hoy el lugar es un verdadero campamento, en el que m‡s de 360 familias chilenas y extranjeras est‡n construyendo una mini ciudad. Dicen que no tienen dinero para la casa propia y que tampoco les alcanza para arrendar, en medio de la pandemia de COVID-19. Fotos: JOSƒ FRANCISCO ZU„IGA/ AGENCIAUNO

Tras el asesinato de Tamara en una encerrona en Huechuraba, las personas piden que se apliquen medidas drásticas. ¿Habría que aumentar el castigo para este tipo de delitos que, en algunos casos, involucran a menores de edad?

-Le voy a contar algo: Los autores de portonazos y encerronas arriesgan entre 3 años y 1 día a 20 años de cárcel, dependiendo si son detenidos portando armas y si resulta alguna víctima herida o muerta; es decir, el problema no es la pena. El problema que hemos identificado con abogados penalistas que trabajan en este tipo de casos, es que la condena podría ser más alta y se podría identificar a todos los involucrados en este tipo de acciones delictuales si la fiscalía y las policías se deciden a investigar los portonazos y encerronas como crimen organizado.

¿Qué conclusiones sacó de estas conversaciones?

-Para los fiscales y las policías, según las formalizaciones y sentencias que se registran, la responsabilidad de estos delitos es una “coautoría”; es decir, el hecho delictual se da de manera circunstancial, con sólo una planificación rudimentaria. Sin embargo, para los penalistas que trabajan en los tribunales en estos casos, en los portonazos y encerronas hay organización, se tipifica la asociación ilícita, lo que podría aumentar la pena e identificar a todos los integrantes de las bandas que reclutan a menores de edad para ejecutar estos delitos. Son los nuevos soldados, que ya no vigilan para cuidar a las bandas de narcotráfico, sino que ahora les pagan por robar autos de manera muy violenta.

“Para los penalistas que trabajan en los tribunales en estos casos, en los portonazos y encerronas hay organización, se tipifica la asociación ilícita, lo que podría aumentar la pena e identificar a todos los integrantes de las bandas que reclutan a menores de edad para ejecutar estos delitos”.

¿Y qué hay que cambiar?

-La fiscalía y las policías se preocupan solo del asalto, y no de la organización que hay detrás de cada uno de estos actos, la coordinación de los delincuentes. Hoy existe una nueva realidad en las cárceles, con redes de apoyo en su interior y fuera de ellas que dan soporte a los menores de 18 años de edad que son reclutados para cometer portonazos y encerronas. Detrás de cada portonazo o encerrona hay una organización criminal.

¿A qué se refiere con “nueva realidad en las cárceles”?

-Robar todo lo que pueda hasta que “me pillen”: ése es el lema que hoy se extiende entre los adolescentes que delinquen, pues al interior de los centros del Sename y luego, cuando cumplen la mayoría de edad, en la cárcel, son recibidos por la misma organización criminal que los recluta. Incluso la familia del detenido también recibe apoyo económico de estas bandas. La conclusión es simple, si no son investigados estos hechos como asociación ilícita, se mantiene el apoyo y coordinación entre reos, delincuentes, menores que delinquen y sus familias.

¿Qué solución propone?

-No basta con anunciar una reforma al Sename y cambiarle el nombre. En los centros del Sename hoy día los menores de edad viven lo mismo que en una cárcel. Aprenden otras técnicas para delinquir y el resto es abuso o mueren en su interior. ¿Qué tiene que pasar para que reaccionemos? Tanto los menores de 18 años y las bandas que los reclutan, según los antecedentes recabados, saben y han recibido instrucción para manipular los test psicológicos y así obtener informes favorables que les permiten salir de vuelta a la calle. Cuando un menor deja un centro cerrado del Sename, ¿quién hizo el informe favorable para que este adolescente salga? ¿Fue un psicólogo, un sociólogo, una asistente social? Se desconoce; es decir, no hay responsable. La propuesta es dejar en manos de un Juez de Garantía el que resuelva si un menor de 18 años que delinquió puede salir de un centro cerrado del Sename. Pasar de una decisión administrativa a un fallo jurisdiccional a manos de un juez, con nombre y rostro, que debe resolver con antecedentes que pueden ser aportados por la defensa del imputado y controvertidos por los abogados de las víctimas y del mismo Ministerio Público.

Algunos sectores critican mucho a Chile por lo garantista que es el sistema penal.

-Si, pero peor aún. La ayuda que se ofrece a las víctimas es una vergüenza. Las personas que sufren un asalto violento, que son encañonados en la puerta de su casa o que ven morir a uno de sus hijos, nunca más vuelven a ser los mismos. ¿Y qué hacemos? Mandamos a un psicólogo a su casa y después si te he visto, no me acuerdo. ¿Sabe cuánto le cuesta a nuestro país una persona que está privada de libertad? Un millón de pesos mensuales aproximadamente. Entonces no puede ser que estas personas pasen encerradas sin hacer nada o con suerte un par de talleres donde hacen unas sillas de madera. Deberían, por obligación no por opción, trabajar en la cárcel y así ganar un sueldo, ser productivos y ayudar a sus familias. Si no tenemos una política carcelaria, para los reos será más fácil organizar portonazos o venta de droga desde un celular.

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