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20 de Mayo de 2021Caso Antares de la Luz: El informe psicosocial de Gendarmería que permitió dejar en libertad condicional a madre del bebé sacrificado
Foto: Agencia UNO
Según el documento, Natalia Guerra Jequier, la mujer que le entregó su hijo recién nacido a Antares de la Luz para que lo sacrificara en una hoguera, ha logrado reconstituir los lazos con su familia y reincorporarse a actividades laborales, aunque se mantiene con tratamiento farmacológico por un síndrome depresivo diagnosticado. "Aspira a formar una familia, ser madre", afirma el texto.
Revuelo ha causado la determinación de la Corte de Apelaciones de San Miguel de conceder la libertad condicional a Natalia Guerra Jequier, mujer condenada por el parricidio de su hijo recién nacido prepetrado por Ramón Castillo Gaete, alias Antares de la Luz, en el marco del caso de la secta de Colliguay.
La mujer fue sentenciada a cinco años de presidio menor en su grado máximo el año 2017, sin embargo, se mantuvo prófuga durante dos años hasta que fue capturada por la PDI en una parcela en Isla de Maipo e internada en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.
Sin embargo, el pasado 11 de mayo, la abogada Keomara Henríquez de la Defensoría Pública Penitenciaria, presentó un recurso de amparo en favor de Guerra, el que fue acogido por el tribunal de alzada, contraviniendo lo que había determinado la Comisión de Libertad Condicional un mes antes.
LAS REFERENCIAS AL CRIMEN DE ANTARES
En la sentencia dictada hace cuatro años por la jueza Deisy Machuca del Juzgado de Garantía de Quilpué se puede leer una descripción detallada de los hechos. La secta encabezada por Ramón Castillo Gaete, quien se hacía llamar Antares de la Luz, había comenzado a operar desde el año 2009. Su finalidad era “vivir en comunidad, consumir drogas y someterse a supuestos rituales de sanación”, detalla el documento.
El 2012, Natalia Guerra queda embarazada del líder de esta agrupación, quien a su vez toma la decisión de dar muerte a su hijo una vez que naciera. ¿La razón? Según el texto, Antares le atribuía ser el anticristo “Lucifer”. Por esta razón, también determinó ocultar a la madre en una casa ubicada en Los Andes durante todo el período de gestación.
El 21 de noviembre de ese año, la mujer da a luz a su hijo en la Clínica Reñaca y, dos días después, el pequeño es sacrificado por Castillo Gaete en una hoguera construida en una residencia en Colliguay, Quilpué. Los siete miembros de la secta se quedaron en la zona hasta fines de año, consumiendo ayahuasca. El caso se destapó meses después, cuando Francisca Ceroni, expareja de Antares, denunció el caso.
En el informe psicosocial elaborado por Gendarmería sobre Natalia Guerra, escrito el pasado 26 de marzo con el objetivo de postular a la libertad condicional, la propia interna reflexiona sobre el crimen de su hijo.
De acuerdo al documento, la mujer “reconoce su responsabilidad en los hechos, se angustia al evocarlos y expresa sentimientos de culpa. Reconoce el daño causado aún cuando expresa que no participó concretamente del asesinato de su hijo, ya que lo entrega a su expareja Pablo Undurraga, quien a su vez se lo entrega al líder de la secta quien concreta el parricidio”.
El texto añade que Guerra asegura “no haber conocido el plan del líder de la secta y refiere haber estado durante todo el embarazo aislada en Los Andes, donde sólo era visitada para recibir alimentos”. También se señala que “la interna participa en el delito bajo psicosis delirante aguda provocada por consumo de ayahuasca, sustancia que junto a los otros integrantes de la secta son obligados a consumir en grandes volúmenes”.
Dicha postulación fue rechazada el 14 de abril de 2021, cuando la Comisión de Libertad Condicional, compuesta por la ministra Alejandra Pizarro y los jueces María Carolina Salinas, Angélica Palacios, Minou Jancso y Christian Cáceres, revisaron la causa y determinaron no conceder la libertad condicional, algo que posteriormente se revirtió en la Corte de Apelaciones.
Entre sus argumentos, concluyen que “la interna presenta factores de riesgo de reincidencia, de rango medio”. Además, subrayan que estos antecedentes no satisfacen las exigencias legales para conceder la libertad condicional “aún cuando el informe psicosocial da cuenta de avances en su proceso de intervención”.
El texto afirma que la mujer “si bien reconoce responsabilidad, manifiesta sentimientos de angustia y culpa, expresa que no participó concretamente en el hecho que se le atribuye (…) En el mismo informe no aparecen evidenciadas intervenciones que aborden de manera profunda los aspectos de índole mental y emocional que, de acuerdo a los antecedentes, estuvieron a la base del delito por el que se encuentra cumpliendo condena”.
LOS DETALLES DEL INFORME
El informe psicosocial de Gendarmería entrega antecedentes de topo tipo sobre el estado de Natalia Guerra, entre ellos, familiares. El documento describe que durante su infancia tuvo una mala relación con su padre, quien “ejercía constante violencia física en contra de Natalia”.
“Su hermana mayor ejercía violencia psicológica en su contra, con insultos y mensajes que la desvalorizaban. Estos hechos definen una personalidad insegura, carente de afecto, dependiente y proclive a entablar relaciones de sometimiento”, determina el texto.
Sin embargo, esta situación ha dado un vuelco. Si bien sus padres están separados desde que ella tiene 12 años, tanto su padre como su hermana se han sometido a psicoterapia. Su madre tiene una nueva pareja y “actualmente su grupo familiar constituye una red de apoyo afectivo y material”, puntualiza el texto.
También señalan que al interior de la cárcel ha realizado actividades como monitora de acondicionamiento físico y ha participado del programa “Abriendo Puertas”, donde se ha integrado a cursos de orfebrería y ha realizado trabajos para empresas como Falabella. “Se adapta a rutinas de trabajo, presenta buen desempeño en las distintas actividades en las que se ha comprometido”, precisa el informe.
El documento también subraya que la mujer “aspira a formar una familia, ser madre, recuperar rol dentro de su familia. Por otra parte, muestra interés por aprender y ejercer oficio independiente, como peluquería o centro de estética, ya que cuestiona la posibilidad de poder conseguir un empleo dependiente debido a las consecuencias sociales del delito por el que cumple condena”.
En el recurso también se adjuntan documentos que validan que se ha desempeñado como artesana laboral independiente en tejidos desde julio del 2019, donde se encuentra “confeccionando chalecos, gorros, boinas, alfombra y cojines a telar, además confecciones de muñecos amigurumis“.
Efectivamente, el informe concluye que su evaluación “para la gestión de casos obtiene mediano riesgo”. Sin embargo, se añade que “en evaluación con escala de psicopatía de Hare (realizado el 15 de septiembre del 2020) arroja una baja probabilidad de contar con rasgos psicopáticos”.
El documento también es tajante en señalar que no tiene antecedentes de adicciones; sin embargo, está diagnosticada con un síndrome depresivo moderado, por lo que se encuentra bajo tratamiento farmacológico. Finalmente, los redactores sugieren que, de otorgarle la libertad condicional, se mantenga su tratamiento y apoyo psicológico.
