Columna de Daniella Gac: Soberanía alimentaria, derecho a la alimentación desde lo local a la ciudadanía

Por años el tema de la alimentación en Chile ha sido tarea del Ministerio de Salud, el que ha canalizado sus esfuerzos hacia políticas públicas de educación con respecto a la alimentación saludable y la buena nutrición de la población (“Elige vivir sano”, sellos en los alimentos, entre otras), como respuesta al escenario nacional donde el sobrepeso ha aumentado de forma exponencial, siendo categorizado por la OCDE (2021) como uno de los países latinoamericanos con mayores porcentajes de población obesa. 

En paralelo, el Ministerio de Agricultura ha desarrollado desde la década de los noventa, políticas públicas que han consolidado un modelo productivo agroindustrial enfocado a los mercados externos; transformando a Chile en una “potencia agroalimentaria”, tal como lo propuso Bachelet en su primer gobierno. Lo anterior se ha traducido en un aumento de las tasas de exportación de productos alimentarios y, a su vez, debilidades en lo que respecta a las condiciones laborales de las y los trabajadores del agro (bajas remuneraciones, vulnerabilidad e intermitencia); tensiones productivas, como consecuencia del uso de pesticidas de transgénicos para la producción; y, ecológicas dada la intensificación de los monocultivos, la concentración de la propiedad en manos de los grandes capitales (en muchos casos multinacionales) y la escasa planificación y regulación del uso del agua en los cultivos, entre otros tantos problemas. 

Hoy, al estar inmersos como sociedad en una pandemia, nos damos cuenta de que además de preocuparnos por aprender a alimentarnos saludablemente, se requiere impulsar políticas de acceso y disponibilidad de alimentos. Situación que conjuga  la producción de alimentos con el rol de los territorios rurales y los tipos de productores agrícolas de nuestro país. 

Es así como adquieren relevancia y legitimidad las reivindicaciones sociales que apuntan a avanzar en un sistema alimentario que incorpore dentro de sus políticas a las personas, pero también a las y los productores proveedores de alimentos frescos y saludables como parte ineludible de nuestra alimentación. 

Propuestas en esta línea han liderado las discusiones de organismos internacionales como la FAO y la CEPAL, los cuales han apelado a la Seguridad Alimentaria. A fines de la década de los noventa, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11 estipuló el derecho a una alimentación adecuada, aludiendo a “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”, señalando además que “deberán adoptarse medidas más inmediatas y urgentes para garantizar el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre” y la malnutrición. El derecho a una alimentación adecuada es de importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos. Apelando además a la relevancia que tiene para garantizar este derecho la “sostenibilidad de los alimentos y el acceso a éstos”. 

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Sin embargo, el sistema para asegurar la alimentación de las personas requiere integrar a nuevos actores, tal como fue manifestado en Roma en el año 1996 por el movimiento internacional Vía Campesina, en el contexto de la Cumbre Mundial de la Alimentación organizado por la FAO, contexto donde emerge la definición de Soberanía Alimentaria. Dentro de los actores relevantes se encuentran el Estado, los productores familiares y los gobiernos locales, los que, de acuerdo a esta propuesta, deben cumplir un rol fundamental para asegurar no solo la disponibilidad de alimentos, sino además que éstos sean “nutritivos y culturalmente adecuados”, incorporando aspectos asociados a la sostenibilidad y ecología de la producción. La soberanía queda comprendida desde la perspectiva de asegurar la provisión de alimentos resguardando su producción local. De manera tal, que las decisiones sobre qué producir y cuánto producir no queden solo en manos de las demandas externas de productos más rentables, sino que permita resguardar el derecho fundamental de la ciudadanía a alimentarnos y acceder a los alimentos. 

El derecho a una alimentación adecuada es de importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos. Apelando además a la relevancia que tiene para garantizar este derecho la “sostenibilidad de los alimentos y el acceso a éstos”. 

Es así como frente a la nueva Constitución es necesario, tal como se ha dicho en casi la totalidad de los debates constituyentes, avanzar en derechos fundamentales, dentro de los que no cabe duda debe estar la alimentación. Sin embargo, este derecho debe ir de la mano de un modelo que regule la producción de alimentos frescos y derechos asociados a los pequeños productores, ajustado a dimensiones agroecológicas. A la hora de plantear una propuesta que defina los marcos que se requieren para asegurar la alimentación de la población, debemos alejarnos del modelo productivo agropecuario orientado a la exportación.

Debemos ocuparnos, por tanto, de asegurar la producción de los alimentos a escala y estrategia nacional, de resguardar los cultivos y posicionamiento de los productos en los mercados, soslayando aspectos asociados a los mercados internacionales, donde el mercado alimentario internacional genera vulnerabilidad y fluctuaciones económicas que ponen un riesgo los precios y, por tanto, el acceso a la buena alimentación. 

Lo anterior requiere ir acompañado de un cambio en la estructura de la organización del Estado, que no deje desarticulado la complejidad del derecho de a la alimentación, que tengan en el centro a las y los ciudadanos; dejando de estar compartimentada entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía. Esta nueva estructura debe superar la visión sectorizada con la cual se plantean las políticas públicas y se planifica el desarrollo de los territorios, donde converjan los discursos no solo de alimentación, sino de la buena alimentación. Por lo que la bajada de los derechos en leyes y políticas públicas que apunten a la alimentación, tal como lo constata las reivindicaciones de la Soberanía Alimentaria. Para esto se requiere una nueva gobernanza de los sistemas alimentarios en Chile, de manera de articular las dimensiones de la buena nutrición, la dimensión ambiental y de sostenibilidad, productivos y de justicia social.

Frente a la nueva Constitución es necesario, tal como se ha dicho en casi la totalidad de los debates constituyentes, avanzar en derechos fundamentales, dentro de los que no cabe duda debe estar la alimentación.

*Daniella Gac es Socióloga, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, investigadora asociada del Instituto del Desarrollo Regional y Políticas Públicas de la Universidad de los Lagos (CEDER). Integra la Red de Investigadores en Ecología Política (RIEP).