Patricio Vera

En tres años, SernamEG ha recibido 20 denuncias por acoso laboral contra sus propias trabajadoras

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) tiene como principal objetivo erradicar la violencia contra las mujeres. Pero desde 2018 la institución acumula denuncias en nueve regiones del país, revelando humillaciones, malos tratos y abuso de poder sobre las funcionarias y los funcionarios.

Era junio de 2018 y Alejandra Espinoza no quería ir más a trabajar. En ese entonces, la funcionaria del SernamEG del Biobío había empezado a sufrir de estrés, angustia, llantos repentinos, caída del cabello y falta de motivación. Los malos tratos que recibía en el trabajo empeoraban cada vez más sus síntomas, dice. Asegura que ella y cinco de sus colegas, estaban siendo víctimas de acoso laboral al interior del Servicio.

Cada lunes se volvía una tortura apenas sonaba el despertador. Mientras Alejandra se duchaba, veía cómo en sus manos le quedaban mechones de pelo luego de enjuagarlo. Cuenta que las dos cuadras que separaban su casa de la oficina las recorría llorando: no quería llegar al trabajo.

La ex funcionaria del Servicio relata haber recibido una serie de humillaciones y malos tratos por parte de la directora regional de ese entonces, María Elena Bückle. Cuando ese mismo mes decidió buscar tratamiento, el psiquiatra le diagnosticó un trastorno ansioso depresivo de origen laboral, lo que derivó en tres meses de licencia médica. Dos meses después, hizo la denuncia en el mismo SernamEG. El 20 de noviembre de 2018, la despidieron sin especificar la causa de terminación del contrato, como acusa en la demanda por daño moral que interpuso ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción.

Alejandra dice que lo que más la marcó, fue el constante menosprecio de sus habilidades como abogada. Denuncia trabas para cumplir con tareas y un abuso de poder que adjudica a tener menos experiencia en el Servicio. Cuenta que María Elena Bückle la llevó “varias veces a lugares públicos para dar mi opinión o criterio jurídico, yo estaba en la mitad de la explicación y ella me decía —Ya, sabí’ qué, Alejandra, cállate porque tú no sabes nada, eso no es así. Yo que llevo veintitantos años en el Servicio te puedo decir que estas cosas son de esta forma”.

Desde 2018 el SernamEG ha recibido 20 denuncias por acoso laboral en nueve de las 16 direcciones regionales que tiene a lo largo del país, según informa el organismo en respuesta a una solicitud vía Transparencia y registra la Asociación Nacional de Funcionarios del SernamEG (Anfusem), quien monitorea los sumarios administrativos del organismo público. Además, hay al menos cuatro demandas contra el Servicio en juzgados laborales por violación de derechos fundamentales que tienen relación con acoso y/o maltrato.

En el año 2012, se promulgó la Ley 20.607 que modifica el Código del Trabajo para sancionar el acoso laboral. En ella se le define como todas las conductas que resultan en agresión u hostigamiento en reiteradas ocasiones en el plano del trabajo. Los testimonios levantados para este reportaje revelan casos que van desde acoso laboral de carácter psicológico hasta maltrato físico.

Desde 2018 el SernamEG ha recibido 20 denuncias por acoso laboral en nueve de las 16 direcciones regionales que tiene a lo largo del país, según informa el organismo en respuesta a una solicitud vía Transparencia y registra la Asociación Nacional de Funcionarios del SernamEG (Anfusem), quien monitorea los sumarios administrativos del organismo público.

¿El trabajo soñado?

1.800 kilómetros al norte de Alejandra, en la región de Tarapacá, Pamela Hernández se desempeñaba como directora regional del SernamEG. Era el trabajo de sus sueños. Sus estudios en materia de género le merecieron el puesto a través del sistema de Alta Dirección Pública, que privilegia los conocimientos técnicos por sobre las adherencias políticas. Sin embargo, después de un postnatal tras el nacimiento de su hija, Pamela acusó menoscabos por parte de Carolina Plaza, la ex directora nacional del Servicio, según evidencia la demanda que interpuso ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique en 2020.

En el caso de Pamela, todo comenzó cuando en noviembre de 2018, la mitad del equipo a su cargo fue desvinculado del Servicio, lo que según dice, no se le consultó en ningún momento. Afirma haber sido excluida en 2019 de las actividades realizadas en la región en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer por parte de la secretaria regional ministerial de la Mujer y Equidad de Género.

Pamela Hernández detalla que el cambio de mando de ese año influyó en los malos tratos que sufrió hasta su salida de la institución, el que tampoco se realizó mediante el debido proceso, según cuenta. “Ese día que fui a trabajar me dijeron que me iban a sacar con Carabineros si es que no me iba, porque yo ya no era la directora ahí, siendo que ni siquiera se había declarado vacante mi cargo. Hasta el día de hoy no recupero mis cosas personales, fotos de mis hijos que tenía en mi oficina, un equipo, muchas cosas”, explica. Finalmente, fue la misma directora nacional quien le solicitó su renuncia, imputando a Pamela de una “serie de hechos infundados”, como asegura en su demanda.

En contacto telefónico con Carolina Plaza, la ex directora nacional del SernamEG desmiente las acusaciones en su contra. Asegura que, previo al despido de Pamela, alrededor de un 40% de los funcionarios de la dirección regional de Tarapacá se manifestaban por el mal clima laboral existente en ese entonces, un supuesto abandono de deberes y falta de gestión por parte de la ex directora regional Pamela Hernández. Plaza sostiene que esas fueron algunas de las razones por las que solicitó su renuncia en diciembre de 2019.

Pamela Hernández ganó en primera instancia el juicio por vulneración de derechos fundamentales en el Tribunal Laboral de Iquique. Actualmente enfrenta al SernamEG en la Corte Suprema, luego de que se declarara la nulidad del juicio en la Corte de Apelaciones.  Hoy dice que está “esperando que revise el proceso y se pronuncie, porque en realidad los hechos eran bastante concretos y yo me encargué de guardar respaldo de todo lo que dije e hice, tenía verificación de todo”.

Protocolos insuficientes

El SernamEG cuenta con un protocolo para realizar denuncias por acoso laboral. Cuando un funcionario siente que ha sido maltratado laboralmente, puede hacer llegar la denuncia ante el jefe de Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas. Se trata de un formulario donde debe relatar detalladamente lo que le ocurrió que podría considerarse como acoso laboral, identificando a los denunciados y los nombres de los testigos que pudieran tener conocimiento de aquello, además de antecedentes o documentación que avalen los acontecimientos.

Posterior a una revisión de la denuncia, se designa un fiscal o investigador que estará a cargo de realizar el procedimiento administrativo. El fiscal tiene 20 días hábiles para hacer un sumario, pero diez de las personas entrevistadas para este reportaje acusan que, en la práctica, este plazo no se cumple.

“Estas investigaciones se prolongan por mucho tiempo, yo te diría años lamentablemente –afirma un dirigente nacional de la Anfusem, que optó por mantener su nombre en reserva–. Como asociación nos toca que la misma gente que recurre a nosotros se queja porque hace la denuncia y después no sabe hasta mucho tiempo después qué pasó con eso. Generalmente no se le da mucha información porque los procesos disciplinarios son secretos hasta la etapa de formulación de cargos”.

El protocolo interno del Servicio señala que la persona que denuncia debe ser protegida: su nombre no puede revelarse, no puede ser sancionada mientras se investigue y si se inicia un sumario, puede aplicarse como medida precautoria la separación física del lugar de trabajo entre denunciante y denunciado. Sin embargo, los testimonios recogidos en las nueve regiones donde hay denuncias, coinciden en que esto no ocurre y que hay funcionarios que no denuncian por miedo a ser despedidos o sufrir represalias.

En 2018, en pleno escenario de un auditorio en la ciudad de Chillán, la directora regional (s) del SernamEG del Biobío de ese entonces, María Elena Bückle, estaba a punto de iniciar su presentación en el contexto de una charla para mujeres. Le solicitó a uno de los trabajadores que la acompañaba, Nicolás, que proyectara su material de apoyo, pero él no encontró el archivo. Frente a esto, según él recuerda, la directora dijo al público: “¿Se dan cuenta de que los hombres son tontos? Si no pueden hacer dos cosas a la vez”.

Los testimonios recogidos en las nueve regiones donde hay denuncias, coinciden en que esto no ocurre y que hay funcionarios que no denuncian por miedo a ser despedidos o sufrir represalias.

Nicolás declara que los maltratos eran parte de su día a día. A través de una denuncia que sigue en curso, el funcionario revela una serie de ataques: gritos, humillaciones y zamarreos. Actualmente está con licencia psiquiátrica, ya que nuevamente debe compartir espacios con su agresora. Al denunciar, él y sus colegas atravesaron múltiples conflictos internos: “Mucha gente evita denunciar, porque uno tiene varios factores que están en contra. Primero, está el temor de perder tu trabajo. Además, una cosa es que tú denuncies y otra, que tengas detrás una red de compañeros que te acompañen como testigos”, afirma.

En la región de Aysén, Carla, funcionaria del Servicio, denunció acoso laboral hace poco más de un año. Cuenta haber sentido miedo: “Si denuncias, todos saben. Se hacen los sumarios en el mismo espacio, entonces hay conflictos de interés. Las personas que están a cargo conversan de los sumarios y entre ellas ven qué tanto daño te quieren hacer. Hay varios sumarios por acoso laboral, pero yo te diría que no son ni siquiera el 5% de todo lo que se vive adentro. La gente no denuncia por esta misma situación”.

El sumario instruido luego de su denuncia se sobreseyó. La directora nacional de ese entonces, Carolina Plaza, estaba a cargo de administrar las denuncias por acoso laboral y los respectivos sumarios. La trabajadora menciona que “cuando estaba ella, todo lo que sea acoso laboral lo trataba de cerrar rápido, o bien lo dejan ahí en stand by y no se acuerdan más”.

La exdirectora Carolina Plaza dice que, durante su gestión, daba prioridad a las denuncias por acoso. “Jamás intercedí ni manifesté un desdén a que no se cumpliera con el derecho legal y también con el deber moral y ético. Es más, a otras directoras les pedí la renuncia por situaciones como estas, directoras que eran de confianza política. Los hechos ojalá se hubieran dado más rápido, es lo que se quiere. Para mí, prima la moralidad de mantener un clima laboral de la mejor manera posible, entendiendo el sobre estrés de un Servicio con estas características”, asegura Plaza.

La psicóloga Daniela Campos, jefa de Riesgos Psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), explica que alrededor del 23% de las personas que llegan a consultar acusando haber sido víctima de situaciones de maltrato laboral, son aptas para ser incluidas dentro de la categoría de ‘acoso laboral’. Sin embargo, “hay un alto porcentaje de personas que están fuera de este número que no pasa por laboral porque, o no tiene la intensidad, que se evalúa caso a caso, o no tiene la frecuencia. Nosotros cuando hablamos de violencia en el trabajo, necesitamos que estén esos dos factores”, menciona.

La fiscal (s) Marcia Galleguillos está a cargo de llevar el registro de los procedimientos disciplinarios del Servicio. En entrevista telefónica, señala que este es “un Servicio que trabaja con temáticas bastante especiales y sensibles. Por esa razón a veces existe un poco de estrés en los funcionarios y funcionarias públicas. Se generan algunos temas, algunos roces que son propios de las circunstancias y también influye la pandemia. Hay ciertos factores que incrementan el estrés y las sobre reacciones que puedan tener las personas”.

Como argumento frente a la demora de los procesos, la abogada agrega que se debe considerar “el tiempo real que tiene un funcionario para desarrollar un proceso de este tipo, que es algo muy importante para el Servicio, ya que busca conciliar la vida laboral y familiar”. Afirma que “si nosotros llevamos un procedimiento muy rápido, probablemente no vamos a dar cumplimiento a las normas del debido proceso. Es un derecho humano tener acceso a un debido proceso y todo órgano del Estado debe resguardarlo”.

La psicóloga Daniela Campos, jefa de Riesgos Psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), explica que alrededor del 23% de las personas que llegan a consultar acusando haber sido víctima de situaciones de maltrato laboral, son aptas para ser incluidas dentro de la categoría de ‘acoso laboral’.

Acoso ejercido por directoras

En mayo de 2019, la dirigenta regional de Anfusem en Los Lagos, María Isabel Flores, expuso ante la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados los casos de acoso laboral en la dirección regional. La acusación iba en contra de Camila González Zumelzu, quien se desempeñaba como directora regional. En la instancia, la dirigenta señaló que “actualmente existen tres denuncias formales por maltrato y acoso laboral”. Entre ellas se incluía la interpuesta por la exdirectora, quien también acusó haber sufrido acoso laboral por parte de las funcionarias que la denunciaron.

En medio de la paralización que sostuvieron 14 de los 19 trabajadores del Servicio en la región, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Chile (ANEF) de Los Lagos lanzó una petición a través de Change.org para denunciar el acoso laboral del que estaban siendo víctimas los funcionarios y funcionarias de la dirección regional. La campaña recolectó 604 firmas.

De las 20 denuncias realizadas por vía interna a partir de 2018, 13 de ellas son en contra de directoras regionales. Hasta el momento, solo dos han derivado en sanciones (una de ellas consistió en censura, reprensión por escrito que queda en la hoja de vida del funcionario y que afecta su calificación). Cinco de los sumarios fueron sobreseídos y doce continúan en curso, mientras que otro de ellos no se acogió a trámite por falta de documentación. Solo una denuncia fue realizada por un hombre, considerando que en el SernamEG trabajan 432 personas y alrededor de un 80% son mujeres.

Aunque la mayoría de los sumarios aún se encuentran abiertos, de las ocho directoras acusadas de acoso laboral, solo cuatro continúan trabajando en el Servicio. Las restantes presentaron su renuncia después de iniciado el sumario. En el caso de la exdirectora (s) del Biobío, María Elena Bückle, luego de las denuncias efectuadas en su contra dejó el cargo por una licencia médica, volviendo al Servicio en marzo con el cargo de profesional de apoyo.

De las 20 denuncias realizadas por vía interna a partir de 2018, 13 de ellas son en contra de directoras regionales.

Consultada respecto al caso de Biobío, la fiscal (s) del SernamEG, Marcia Galleguillos, indica que el proceso se interrumpió a raíz de la grave enfermedad que aqueja a la ex directora regional: “Toda persona tiene derecho a defensa, por lo tanto, esa investigación en particular se retrasó Ahora esta persona reingresa y se están retomando todas las acciones que quedaron pendientes para dar término a esta situación y que exista un pronunciamiento al respecto”, indica.

Sobre las consecuencias de estas malas prácticas en términos de salud mental para los trabajadores, la psicóloga de la ACHS Daniela Campos, destaca que depende de cada persona, pero “aun cuando puedan haber cuadros depresivos o ansiosos, pueden aparecer hasta cuadros de estrés postraumático o trastorno agudo de estrés. He visto pacientes que no solamente no pueden volver a su trabajo, sino que no pueden volver a la comuna donde queda su trabajo, porque empiezan con sudoración de manos, con llanto, con taquicardia”, revela Campos.

Acciones para impedir el maltrato

De acuerdo a la información entregada por la institución, este año el SernamEG inició la implementación de la Norma Chilena 3262, la cual establece requisitos mínimos para garantizar la equidad de género al interior de las organizaciones. La norma, que es de cumplimiento voluntario, aborda dentro de sus temáticas el acoso y maltrato laboral, involucrando protocolos y diagnósticos para garantizar el bienestar de los funcionarios y funcionarias.

Asimismo, en enero de 2020 se implementó una Unidad de Autocuidado en el Servicio, iniciativa de la ex directora nacional Carolina Plaza. En palabras de la abogada fiscal (s) de la institución, Marcia Galleguillos, esta tiene como objetivo “intervenir las direcciones regionales donde existe alguna denuncia, sea cual sea la decisión que se haya tomado con el sumario administrativo. Estas intervenciones son con una psicóloga, donde se hace todo un trabajo para mejorar las relaciones laborales que se dan entre los equipos”.

Aunque el SernamEG cuenta con protocolos internos para enfrentar este tipo de malas prácticas, la demora en los sumarios genera que la víctima continúe atada a su experiencia después de mucho tiempo, según evidencian dirigentes de la Anfusem. Sin embargo, Marcia Galleguillos hace hincapié en que la investigación implica múltiples horas de trabajo, ya que la entrevista a un solo testigo puede tomar hasta incluso cuatro horas. Por otra parte, los funcionarios designados como fiscales deben equilibrar el desempeño de sus funciones con la investigación que les asignaron.

Distinto ha sido el caso de las demandas por vulneración de derechos en juzgados laborales. En dos de los cuatro casos, se acreditó que las exfuncionarias habían sufrido acoso laboral. En septiembre de 2019, el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción condenó al SernamEG por acoso laboral contra la abogada Alejandra Espinoza, debiendo pagarle más de $13 millones. Las conductas consistían en cuestionamientos a las capacidades laborales, denostaciones, obstaculización de funciones y el constante menoscabo de su trabajo en la institución.

Luego de la renuncia voluntaria de Carolina Plaza a la Dirección Nacional en enero de este año, el cargo de directora titular aún se encuentra vacante. El 23 de abril, la Anfusem en conjunto con la ANEF entregaron una carta al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la Dirección de Presupuestos y el Servicio Civil, para denunciar la falta de idoneidad de tres de las postulantes, advirtiendo que dos de ellas cuentan con antecedentes por maltrato laboral en sus cargos anteriores.

Los testimonios recogidos para este reportaje coinciden en la fuerte vocación y amor por el trabajo que las denunciantes realizan o realizaban en el SernamEG. “Yo hacía ese trabajo agotada pero feliz, porque me encantaba. Si bien hoy tengo un trabajo súper relajado, en un ambiente laboral maravilloso, no es el trabajo que me hace más feliz”, cuenta Alejandra. Piensa que la labor que realiza el SernamEG con las mujeres es indispensable, pero que se ve empañada al no tener un ambiente de trabajo óptimo para las funcionarias y funcionarios, afectando así el apoyo que pueden dar.

“Estamos hablando de un equipo de mujeres que deben velar por otras mujeres. Entonces aquí qué está pasando, porque uno se pregunta de qué manera van a solucionar los problemas externos si ellas mismas tienen problemas. Es como para desconfiar”, asegura Ximena Carrasco, ex directora regional del Servicio y actual concejala de Coyhaique.

*Los nombres de los actuales funcionarios y funcionarias denunciantes fueron modificados para resguardar su identidad.

*Este es reportaje fue realizado por Valentina Campos y Valentina Llompart, estudiantes de Periodismo de la Facultad de Comunicaciones UC, dentro de la sección de la profesora Paulette Desormeaux, del curso Taller de Periodismo Avanzado

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