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Los puntos más polémicos que se votarán esta semana en la Convención: quórum de 2/3, plebiscitos dirimentes, ¿sanciones? y la Consulta Indígena

En las maratónicas jornadas de votación que se vienen para el pleno de la Convención Constitucional, los —ahora— 154 constituyentes deberán aprobar en particular los reglamentos que regirán el resto de su labor. Esto, como de costumbre, no estará libre de polémicas: hay puntos claves de las propuestas que han despertado pasiones y han sacado ronchas a unos, y aplausos a otros. Aquí los resumimos, para que la única preocupación cuando usted siga el debate sea: ¿Dónde está mi bebida?

Entre este miércoles 22 y el viernes 24 de septiembre, el pleno de la Convención Constitucional deberá votar para conformar los lineamientos reglamentarios que regirán al órgano constituyente en lo que queda de su quehacer. Luego de más de dos meses de trabajo, hay cuatro reglamentos a la espera de una eventual aprobación o modificación: los presentados por las comisiones de Reglamento, Ética, Participación Popular, y de Participación y Consulta Indígena.

Entre las más de mil indicaciones que se presentaron en las vísperas a las maratónicas jornadas de deliberación que le esperan al pleno, hay algunas que pretenden modificar los aspectos más bullados que han surgido en el debate.

En The Clinic contactamos a expertos para que nos expliquen por qué estos puntos, en particular, han metido tanto ruido y han despertado tantas pasiones entre los —ahora— 154 convencionales.

“Los convencionales de derecha se han volcado de nuevo a su campaña”

Ya parece mantra, pero el tema del quórum ha sido, por lejos, el debate más polémico y trascendente —y a ratos, inexplicable, si nos ponemos honestos— de los que se han tomado la Convención desde la votación en general del reglamento la semana pasada.

Mientras algunos, principalmente los convencionales del PC, Pueblo Constituyente —ex LDP—, PP.OO. y algunos de los movimientos sociales, han abogado en cada una de las instancias posibles por su modificación —para la intranquilidad del convencional Agustín Squella—, otros, en un amplio espectro que va desde Tere Marinovic hasta Fernando Atria han optado por respetar el acuerdo del 15 de noviembre, que es en donde se acordó el polémico quórum.

Para el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, Tomas Duval, hay dos fuerzas opuestas que explican las dimensiones que ha tomado este debate: “Hay grupos políticos que integran la convención, uno podría decir que son los más a la izquierda, que no fueron parte de los acuerdos, y que han luchado siempre por cambiar los 2/3, y, también, el debate polarizado está con un sector de la derecha que aparece como si este fuese el punto central más alto de la convención”.

Para la actitud de la derecha sobre el mencionado quórum, que sus convencionales han defendido firmemente, Duval se aventura y mira al pasado: “Si uno se remonta, la campaña electoral de la derecha fue lograr el tercio, que lleva implícito el tema de los 2/3. Entonces creo que los convencionales de derecha se han volcado de nuevo a su campaña”, explica el analista.

En tanto, el abogado mapuche Salvador Millaleo, matiza ambas posturas: “Creo que en cuanto al quórum hay buenas razones de ambos lados. Desde la perspectiva constitucional podrían convivir ambos tipos de reglas, podría haber disposiciones donde se mantenga el quórum de los 2/3 y otras que se establezca uno de 3/5”.

Además, Millaleo introduce una consideración que remite a los límites mismos de la Convención: “Me parece que es importante mantener por la legitimidad de la Convención el tema de los 2/3 como señalaba el acuerdo que hizo posible el plebiscito de entrada, pero hay ciertas reglas, por ejemplo, relativas a derechos que están en los tratados, como de derechos humanos o el convenio 169 de la OIT, que podrían tener un quórum menor, de todas maneras”.

En tanto, la académica de Política Comparada de la Universidad Católica, Julieta Suárez-Cao, se muestra favorable a mantener el quórum que se plasmó en el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución: “Mi impresión es que los acuerdos constitucionales es bueno que sean consensuados con la mayor cantidad de actores posibles, y dada además la fragmentación de fuerzas, que ninguna alcanza 1/3 y no hay actores de veto unificados, no veo el inconveniente en mantener los 2/3. Eso sí, me parece deseable esta forma en el pleno, pero quizás en comisiones se podría relajar”

“No se me ocurren muchos temas en los que no vaya a haber acuerdos básicos”

Otro de los temas que más ha metido bulla en el debate público ha sido el de los plebiscitos dirimentes, que luego de un accidentado paso por la Comisión de Participación, finalmente quedaron plasmados en la propuesta reglamentaria de dicha comisión.

La idea detrás de la propuesta indica que se realicen plebiscitos para destrabar normas que hayan obtenido 3/5 de apoyo, pero no los 2/3 que requeriría su incorporación al texto constitucional.

Así, mientras unos acusan que es una fachada para pasar por encima del quórum de los 2/3, otros lo ven como parte esencial de la participación ciudadana en el proceso.

“Los plebiscitos dirimentes no estaban en las propuestas originales por las cuales nació la Convención, sino que estaba la norma de los 2/3, entonces, desde ese punto de vista puede aparecer como una fórmula para saltarse ese quórum, pero más allá yo creo que uno puede hacer plebiscitos y obtener la opinión a la ciudadanía, pero de ahí a darle facultades mayores, es distinto”, comenta Tomás Duval.

El analista, también argumenta con un dato práctico: “Siendo algo importante en la participación, yo creo que tampoco les va a dar el tiempo de hacer grandes consultas sobre el tema, además es oneroso económicamente hacerlo”.

Salvador Millaleo, en tanto, considera como un mecanismo válido los plebiscitos dirimentes para destrabar ciertas materias que podrían ser fundamentales, pero, aún así, postula que podrían no ser necesarios: “Dada la composición de la convención no se me ocurren muchos temas en los que no vaya a haber acuerdos básicos, pero puede ser un elemento fundamental el que haya plebiscitos como uno de los instrumentos de participación. La convención tiene un compromiso con la participación, así que yo creo que puede ser útil”.

En tanto, Julieta Suárez-Cao, tiene una postura más crítica sobre este mecanismo y advierte sobre posibles vicios que podrían existir en ellos: “En general todas las herramientas que son plebiscitos sobre una materia política concreta, como por ejemplo ‘presidencialismo v/s parlamentarismo’, no son herramientas de deliberación ciudadana, porque las opciones ya se presentan empaquetadas a la ciudadanía, y algunas decisiones de este tipo involucran un grado de conocimiento que fácilmente podría distorsionar el mecanismo”.

“Creo que el negacionismo se combate con las ideas, pero no a través de leyes”.

El reglamento que emanó de la Comisión de Ética contiene tres de los puntos más polémicos que se han hecho notar en lo que va del debate.

Uno es el hecho de que se sancione el negacionismo, lo cual, según la propuesta, es entendido como “toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique” las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura, el Estallido Social y sobre los genocidios de los que han sido víctimas los pueblos originarios.

El artículo en cuestión no ahonda en definiciones sobre estas materias, lo cual, para el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, podría significar un problema: “Creo que le agregaría algunas definiciones, porque en el caso del estallido social y de los genocidios respecto a los pueblos originarios no ha habido un reconocimiento oficial que lo especifique, en cambio en las violaciones a los derechos humanos de la dictadura están los informes Rettig o Valech, y una serie de informes oficiales que los especifican”.

Esto, para el abogado mapuche podría significar abrir una caja de Pandora para las discusiones futuras. “Las disposiciones que son vagas y muy abiertas no creo que sean adecuadas, porque pueden prestarse para una cierta guerrilla política o jurídica entre partes, y eso no hace bien”, argumenta el abogado experto en derechos humanos.

En tanto, Tomás Duval es categórico: “A mí los negacionismos de cualquier parte me parecen inadecuados, y creo que castigar los negacionismos no me parece una forma adecuada de proceder. Reglamentar los negacionismos, tampoco me parece adecuado, creo que eso se combate con las ideas, con los hechos, pero no a través de leyes”.

“Las disposiciones que son vagas y muy abiertas no creo que sean adecuadas, porque pueden prestarse para una cierta guerrilla política o jurídica entre partes, y eso no hace bien”, advierte Salvador Millaleo sobre la propuesta.

“Es más importante prevenir que sancionar, pero eso es en un mundo ideal”

 La misma propuesta reglamentaria de la Comisión de Etica también toca otro punto que ha dado de qué hablar en los últimos días, ya que el artículo 45 establece como sanción la “suspensión de 15 días de corrido sin derecho a voz y con derecho a voto” para los convencionales que incurran en alguna falta.

Al respecto, Tomás Duval comenta: “Yo creo que la convención o cualquier órgano colegiado electo por la soberanía popular que imponga sanciones o medidas, desde mi perspectiva no corresponden y no son democráticas. Si alguien comete una falta, para eso están los tribunales de justicia y creo que eso es una norma esencial”.

Por el contrario, y en un arranque de realismo, Julieta Suárez-Cao, argumenta a favor de estas sanciones: “Preferiría una perspectiva no punitivista, me parece que es más importante prevenir que sancionar, pero eso es en un mundo ideal, no en una convención que le quedan diez meses; entonces entiendo que la sanciones son necesarias, pero ojalá no sean lo único e incluyan sanciones más reparativas”.

Me parece irremediable que tendrá que haber sanciones y entiendo por qué va por el tema de la voz, porque es una de las pocas cosas que se le pueden quitar a un convencional”, finaliza la académica.

“Yo creo que la convención o cualquier órgano colegiado electo por la soberanía popular que imponga sanciones o medidas, desde mi perspectiva no corresponden y no son democráticas”, comenta Tomás Duval sobre las sanciones propuestas por la comisión de Ética.

“Yo les habría hecho hacer un curso antes de la inauguración”

Pero la suspensión no es la única sanción que aparece en la propuesta del reglamento de ética, ya que el artículo 48 establece la “participación en programas de formación” a los cuales el Comité podrá enviar a los convencionales que hayan incurrido en alguna falta. Las temáticas que se abordarían en estos cursos podrían ser de “derechos humanos, relaciones interculturales, igualdad de género, diversidad religiosa o espiritual o cualquier otra que se requiera”, reza la propuesta.

Para el analista Tomás Duval, este artículo no tiene segundas lecturas: “Es una cuestión muy absurda, si alguien comete un error en una suma ¿lo van a mandar a estudiar matemáticas? Estamos hablando de una nueva Constitución, no de los comportamientos de las personas y las personas tienen sus realidades, con más o menos educación, y por tener sus visiones no me parece a mí que haya que mandar a alguien a que se eduque, ni menos la Convención”.

En una posición diametralmente opuesta se encuentra Suárez-Cao, quien celebra la propuesta: “Me parece fantástico, de hecho, yo les habría hecho hacer un curso antes de la inauguración a los 155 sobre todas estas materias, no como castigo, sino como formación ciudadana”.

“Hay confusión, no sólo en la derecha, de los derechos de los PP.OO”

Finalmente, un punto que ha sacado ronchas dentro de algunos convencionales, como de Bernardo Fontaine (Ind. Vamos por Chile), quien dijo que esto podría incluso “crear una convención dentro de la Convención”, es la que la Consulta Indígena sea vinculante.

Antes de que se enciendan las alarmas, cabe señalar que lo vinculante de la Consulta significa que las propuestas que de ella salgan serán presentadas al pleno, para su eventual aprobación o rechazo, y no impuestas unilateralmente.

“Creo que hay una confusión y falta conocimiento especializado, no sólo en la derecha, sino en varios grupos de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. Por eso hay ciertos conceptos que no se sabe bien cómo tomarlos”, comenta Salvador Millaleo sobre un tema que está normado dentro del convenio 169 de la OIT, tratado internacional al que Chile suscribe y que obliga a la Convención a realizar la consulta de forma vinculante.

Para la calma de Fontaine, Millaleo aclara: “Que la consulta sea vinculante no significa que haya un derecho a veto de los PP.OO más allá del poder de voto que tengan sus representantes, sino que significa que si producto de la consulta se generan propuestas y por el mecanismo que establezca la convención hay un acuerdo, el acuerdo sí es vinculante, pero no significa que si no hay acuerdo no se pueda seguir adelante”.

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