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Columna de Agustín Squella: Quedan seis meses

A una Convención Constitucional no debería ocurrirle lo que a muchas empresas que se hacen cargo de grandes obras públicas: no cumplir los plazos e incurrir en sucesivas postergaciones en la entrega de las obras.

Constitución e instalación de la Convención

Buenos oficios mediante de una funcionaria pública de comportamiento ejemplar, la Convención Constitucional se constituyó el 4 de julio. A partir de ese momento inició un proceso de instalación que ha tomado casi tres meses, durante el cual hubo que superar problemas logísticos, adoptar unas reglas provisorias de funcionamiento y poner a trabajar a varias comisiones internas, también transitorias, que acordaron y sometieron al pleno las reglas permanentes de funcionamiento de la Convención.

En eso estamos ahora: votando esas reglas permanentes para que, una vez adoptadas, la Convención pueda iniciar la tercera fase después de su constitución e instalación, fase que podríamos llamar de estudio, debate, acuerdo, redacción, armonización y propuesta al país del nuevo texto constitucional. Para esto último van a instalarse ahora comisiones temáticas de carácter permanente que, junto con entender que se las forma para apuntar a una  división del trabajo y no a una división del poder, tendrán que lograr una articulación muy superior a la casi nula que mostraron las comisiones transitorias bajo la mirada impávida de la mesa directiva de la Convención.

En eso estamos ahora: votando esas reglas permanentes para que, una vez adoptadas, la Convención pueda iniciar la tercera fase después de su constitución e instalación, fase que podríamos llamar de estudio, debate, acuerdo, redacción, armonización y propuesta al país del nuevo texto constitucional.

Lo anterior quiere decir que la instalación de la Convención habrá tomado 3 meses y que restan entonces 6 (o máximo 9) para que se realice la parte más importante del trabajo. Serán 9, pero ojalá ni un día más, puesto que el país no vería con buenos ojos un alargue más allá de ese plazo y, aún con peores ojos, cualquier demanda, o siquiera insinuación, en este momento, de un tiempo superior a un año. A una Convención Constitucional no debería ocurrirle lo que a muchas empresas que se hacen cargo de grandes obras públicas: no cumplir los plazos e incurrir en sucesivas postergaciones en la entrega de las obras.

Los 2/3

Siempre estuvo claro que la Convención requerirá de 2/3 para aprobar las normas constitucionales que propondrá al país, aunque una minoría planteó desconocer ese quórum y adoptar uno más bajo. Según creo y espero, la Convención va a ratificar el quórum de 2/3, sin acomplejarse ante el estigma que este trae desde la Constitución de 1980. Porque, bien vistas las cosas, se trata de otros 2/3, no de los mismos: los de la carta fundamental del 80 correspondieron a la imposición de una dictadura que quiso blindar su Constitución una vez recuperada  la democracia, mientras que los de hoy fueron aprobados por el Congreso Nacional en funciones y responden al espíritu de que la nueva Constitución, a diferencia de la de hace 40 años, no sea la imposición de una parte del país sobre otra, sino el resultado de un amplio acuerdo en el que todos, o a lo menos una muy amplia mayoría, puedan consentir, tanto dentro de la Convención como en el plebiscito de salida, para que, de ese modo, aquella tenga un buen grado de estabilidad en el futuro.

Todas las constituciones aspiran a alguna estabilidad, que no inmutabilidad, y es por eso que prevén sus futuras reformas por algún quórum superior al de la simple mayoría. Y va a resultar una paradoja –una  saludable paradoja- que la futura Constitución vaya a necesitar para su reforma, a propuesta de la actual Convención, según espero, un quórum menor a ese. 2/3 entonces, hoy, para dejar atrás los 2/3 de la Constitución del 80 y para desechar también ese muy alto quórum para las reformas de la futura Constitución. Lo que tendremos, en consecuencia, será una Constitución estable y a la vez flexible, sin la maliciosa rigidez de la actual.

Según creo y espero, la Convención va a ratificar el quórum de 2/3, sin acomplejarse ante el estigma que este trae desde la Constitución de 1980.

El alto quórum de 2/3 para los acuerdos sobre normas constitucionales podría dificultar y hasta bloquear acuerdos futuros dentro de la Convención, pero en tal caso será mejor idear métodos internos para desatar los nudos que recurrir a plebiscitos dirimentes anteriores al plebiscito de salida. Sin perjuicio de que tales plebiscitos necesitarían ser autorizados por el Congreso, mediante reforma a la Constitución actual, ¿quién nos dice que recurrir a ellos no podría ser percibido por los ciudadanos de la misma manera que se lo hace con el futbolista que se desprende rápidamente de la pelota cuando no sabe qué hacer con ella? Los ciudadanos nos pusieron a jugar no para vencernos unos a otros, sino para conseguir acuerdos, y, como es natural, desean participar y ser escuchados de forma incidente, pero no recibir de vuelta la pelota cada vez que los constituyentes nos enredemos en el campo de juego.

Conflictos y acuerdos

Existen dos lógicas para promover cambios en un país y ambas deben ser desechadas: el conflicto a cualquier precio, o sea, sin importar el costo, y el acuerdo a como de lugar, esto es, estimulado por el miedo y con sacrificio de los principios. La primera de esas lógicas se impuso entre 1970 y 1973 y conocemos el costo que ella tuvo; en cuanto a la segunda, predominó en los primeros años de la transición, y ello explica la excesiva extensión de esta y las concesiones que fueron hechas a la dictadura y a las fuerzas políticas que le dieron sustento durante 17 años.

Existen dos lógicas para promover cambios en un país y ambas deben ser desechadas: el conflicto a cualquier precio, o sea, sin importar el costo, y el acuerdo a como de lugar, esto es, estimulado por el miedo y con sacrificio de los principios.

La elaboración de la nueva Constitución tomará distancia de ambas lógicas y se guiará solo por la de los acuerdos, no por la de los acuerdos a como de lugar, para lo cual exigirá un trabajo crítico, participativo, serio, reflexivo, dialogante y abierto, con clara conciencia de que el objetivo es elaborar una propuesta de Constitución para Chile, para el completo país, que es lo más común que todos tenemos en medio de nuestras diferencias en creencias, ideas, maneras de pensar, modos de vida, interpretaciones del pasado, planteamientos sobre el futuro, intereses. Una sociedad abierta es un avispero de todo eso y la tarea ahora es encontrar un consenso constitucional básico y común que ponga el marco que  utilizaremos para procesar y resolver los desacuerdos del futuro. Reconocer que hay reglas previas que el ordenamiento jurídico chileno interno estableció para la Convención, va acompañado de un similar reconocimiento de reglas igualmente previas que provienen del derecho internacional; por ejemplo, de los tratados en materia de derechos humanos.

¿Qué podemos esperar?

Lo que tendremos será una Constitución comprometida con el cambio, porque eso es lo que espera la sociedad chilena, aunque en busca no de otro país, sino de un mejor país, de un mucho mejor país, sabiendo que la nueva Constitución dará la partida a cambios que luego tendrán que ser desarrollados por políticas públicas de los gobiernos, por leyes del Congreso Nacional, por resoluciones y servicios de la Administración, y por los fallos de los tribunales de justicia. Es mucho lo que la nueva Constitución podrá hacer en tal sentido, partiendo por una mejor distribución del poder, pero no puede esperarse que lo haga todo.

Una nueva Constitución, además, que contribuirá a mejorar nuestra cultura ciudadana y que apuntará a una sociedad justa y solidaria, en la que el bien de todos no sea menoscabado por la búsqueda afiebrada y egoísta del bien de unos pocos. No se tratará de refundar Chile, sino de reorientarlo en nombre de esos valores –distribución del poder, justicia, solidaridad- y de contar con que ese es el país de todos, incluidos los chilenos que viven en el exterior. ¿Hay algo más común entre nosotros que el país al que pertenecemos?

No se tratará de refundar Chile, sino de reorientarlo en nombre de esos valores –distribución del poder, justicia, solidaridad- y de contar con que ese es el país de todos, incluidos los chilenos que viven en el exterior.

Autocrítica

Hemos dado que hablar y no siempre para bien. Los problemas de la Convención de que formamos parte no han sido solo comunicacionales. Descontado que el ya gastado ardid de todos los gobiernos es presentar sus fallas como errores comunicacionales o como conspiraciones de sus detractores, los nuestros han sido en ocasiones algo bien distinto a eso. Por lo mismo, el inicio de la tercera y decisiva fase de nuestro trabajo debería ser también el momento de una autocrítica, no para autoflagelarnos, sino para mejorar. Por momentos, en los plenos y en comisiones, hemos sido muchas veces más expresivos de nosotros mismos que de la Convención que integramos, y hemos permanecido también más atentos a nuestras identidades personales y grupales que a la naturaleza de nuestro trabajo y expectativas que el país ha puesto en nosotros.

En ocasiones hemos pasado por alto que lo que interesa en la Convención no es tanto quienes somos, sino dónde y para qué estamos. Hay que ser celosos de la propia individualidad y de las pertenencias colectivas que podamos reconocer, pero sin perder de vista que la nueva Constitución llevará la firma del pueblo de Chile y no la de los 155 constituyentes. Un pueblo, además, que nadie debería reducir a quienes votaron por uno o como uno, puesto que o todos somos el pueblo o esta palabra se transforma en un término sesgado que empleamos en forma oportunista o abusiva.

Hemos dado que hablar y no siempre para bien. Los problemas de la Convención de que formamos parte no han sido solo comunicacionales.

Siendo 45 años la edad promedio de los convencionales constituyentes, es entendible que existan allí carreras políticas en ciernes. De más está decir que, sin este constituyente, la edad promedio habría sido aún más baja. Carreras políticas futuras legítimas –aunque no sea mi caso-, pero sin perder de vista el objetivo de la Convención y que esta no es un escenario ni un set de televisión, sino un lugar en que la visibilización personal tiene que ceder al estudio, diálogo, debate y acuerdos.

¿El Secretario Técnico de la Convención y  demás secretarios? ¡Impecables! ¿El personal a cargo de las comunicaciones telemáticas? Aplicados, rápidos, eficientes. ¿Demás personal administrativo y de servicios? Cero falta.

En ocasiones hemos pasado por alto que lo que interesa en la Convención no es tanto quienes somos, sino dónde y para qué estamos.

¿Optimismo o pesimismo?

Excusen ahora los lectores por echar mano otra vez de la lógica política y moral que me parece mejor: podemos creer que las cosas irán mal o no todo lo bien que deberían (pesimismo de la razón), pero a esa apreciación no debemos sumar un pesimismo de la voluntad y sentarnos a esperar a que ocurra lo peor. Al pesimismo de la razón –que todos tenemos siempre en alguna medida- es necesario sumar un optimismo de la voluntad y preguntarnos qué podría hacer cada cual para que las cosas vayan lo mejor posible.

Como señaló Adriana Valdes en una de sus columnas, el optimismo no es un estado de ánimo, sino una obligación moral. La similar dignidad o valor que nos reconocemos unos a otros, cualquiera sean las circunstancias de nuestra existencia, parece exigirnos una disposición como la que hemos descrito recién, y hasta podríamos imaginar una primera disposición de la nueva Constitución que dijera algo como esto: “Las personas nacen y permanecen iguales en dignidad y en esta se basan ciertos derechos que se reconocen a todas ellas sin excepción, haciéndolas acreedoras a una misma consideración y respeto y a ser tratadas como fines en sí mismas y no como medios al servicio de otro u otros”.

Podemos creer que las cosas irán mal o no todo lo bien que deberían (pesimismo de la razón), pero a esa apreciación no debemos sumar un pesimismo de la voluntad y sentarnos a esperar a que ocurra lo peor.

La Convención no va a fracasar, pero aún en el caso de que alguien creyera lo contrario, es preciso mantener viva la determinación de triunfar. Y triunfar será aquí presentar al país una nueva Constitución que pueda contar con la aprobación de una gran mayoría de compatriotas que, lo mismo que los constituyentes que la propongan, fueron capaces de dejar atrás el miedo al cambio, por un lado, y, por el otro, la idea de que el cambio tuviera que producirse por la insurrección, la fuerza  o la rabia.

*Agustín Squella es Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, jurista, periodista y, actualmente, convencional constituyente.

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