María Jaraquemada y los Pandora Papers en la familia presidencial: “Estas situaciones dañan mucho a las instituciones, que en Chile ya están bastante deterioradas”

La abogada especializada en temas de probidad y transparencia, entra al debate sobre la filtración global de secretos financieros que involucró los negocios de la familia Piñera-Morel en la compraventa del proyecto minero Dominga. Para ello, sugiere revisar la norma de los fideocomisos ciegos aplicados a las inversiones en el exterior. "Ya no podemos decir que lo que está en el extranjero no tiene impacto en lo que está sucediendo en Chile”, sentencia.

“El conflicto de interés sólo podía ocurrir en Chile, ya que podría afectar a la competencia o era un espacio para beneficiarse a sí mismo. Eso era lo que se pensaba en ese momento de buena fe”.

La frase corresponde a la abogada experta en materias de probidad y transparencia, María Jaraquemada, quien en el marco de la denominada Comisión Engel, participó en la elaboración de una serie de propuestas encaminadas a subir los estándares para prevenir y regular la corrupción en la esfera pública desde Espacio Público. Era el segundo gobierno de Michelle Bachelet, aparecían los primeros antecedentes de los Casos Penta-SQM.

Ahora, sin embargo, Jaraquemada volvió a repasar esa área grisácea de los conflictos de interés, pero aplicado al sistema financiero internacional. Tal como quedó evidenciado luego que se difundieran ese océano de documentación e información sensible llamada “Pandora Papers”, donde Ciper-LaBot profundizaron en la compraventa del proyecto minero Dominga entre dos familias amigas, los Piñera-Morel y la prole de Carlos Alberto Délano, en las Islas Vírgenes Británicas en diciembre del 2010.

Un ángulo sin regulación que Jaraquemada advirtió en su cuenta de Twitter, aguzando la mirada ante la inexistencia de regulación de los fideocomisos ciegos en las inversiones en el extranjero. “Ya con el caso Exalmar quedó patente que había un vacío en la ley, ya que los fideicomisos no incluyen las inversiones en el extranjero. Ahora con los #PandoraPapers queda claro que deben incluirse porque pueden tner impacto en decisiones públicas que se toman en Chile”, apuntó la Oficial de Programa del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (Idea Internacional)

En conversación con The Clinic, Jaraquemada profundiza sobre el punto. “Ya no podemos decir que lo que está en el extranjero no tiene impacto en lo que está sucediendo en Chile”, agrega.

-En el marco de la Agenda de Probidad y Transparencia que impulsó la Comisión Engel, ¿no se advirtió que con la figura del Fideicomiso Ciego, podía abrirse espacio para los conflictos de interés con las inversiones en el extranjero?

-No tengo recuerdos que se haya discutido, habría que mirar la historia de la ley. Cuando hizo sus recomendaciones, la Comisión Engel sugirió un fideicomiso ciego como el que en su minuto hizo Barack Obama; es público y se sabe dónde el fideicomiso invierte. Eso se entendía que era más transparente y permitía un mejor control.

Efectivamente, los fideicomiso se establecieron sobre las inversiones en Chile: el conflicto de interés sólo podía ocurrir en Chile y podría afectar a la competencia o beneficiarse a si mismo. En ese momento, eso era lo que se pensaba de buena fe

-En el año 2016 y 2017, Piñera se mostró partidario de eliminar los paraísos fiscales porque “muchas veces se utilizan para evadir impuestos”. Algo que se contradice con los antecedentes expuestos por Pandora Papers.

-Lamentablemente, el tema de los paraísos fiscales no ha sido atacado con fuerza porque, obvio, hay intereses de por medio. Ya habíamos tenido estos escándalos como los Panamá Papers y ahora estamos ante la versión 2.0 con los Pandora Papers. Al final del día, hay temas legales y temas éticos. En el fondo, hay un tema de transparencia y también el estándar de la ley: las leyes deben ser el piso y no el techo.

Efectivamente, los fideicomiso se establecieron sobre las inversiones en Chile, eso era lo que se pensaba en ese momento de buena fe: el conflicto de interés sólo podía ocurrir en Chile y podría afectar a la competencia o beneficiarse a si mismo.

¿Qué faltaría por regular sobre este punto?

-Espero que este escándalo, que es duro y que afecta la confianza en las instituciones, ojalá sea el inicio de reformas como el registro público y único de beneficiarios finales que no termina de aprobarse en Chile y, en general, América Latina está súper rezagado en eso. Asimismo, también que haya más exigencias como, por ejemplo, que las empresas que estén en paraísos fiscales no puedan recibir ayudas por parte del Estado, que es algo que se discutió en Pandemia.

-Profundice sobre los llamados “Beneficiarios Finales”.

-Es respecto de quienes son los últimos dueños de sociedades e instrumentos financieros. Por ejemplo, sabíamos que Andes Iron era dueña de Dominga, pero no teníamos todo el detalle de quiénes eran los que controlaban. En este sentido, la información que arroja la Unidad de Análisis Financiero (organismo de inteligencia financiera dependiente del ministerio de Hacienda) es parcial, no es público ni tampoco es centralizado. Con esto se permitiría hacer accountability o control social, dificultando el lavado de activos y también el financiamiento del crimen organizado.

-A todo esto, ¿Qué le parece el mensaje entregado por el Presidente y el gobierno? La Moneda enfatiza que toda esta información ya era de público conocimiento?

-Creo que puede ser, como puede no ser. Como en el fondo son dichos, igual se requiere una información más lata. Al final del día, las normas se establecen para que esto no ocurra, para que nosotros no tengamos que entrar a ver si es verdad si sabía o no sabía. Pero simplemente hay cosas que no se pueden hacer; cuando tienes conflicto de intereses, tienes que inhabilitarte. Ese es un tema y las normas en el 2010 eran más laxas que las de hoy día. Es lo que estamos viendo con los distintos escándalos, y por eso se hicieron diversas reformas. En eso la Comisión Engel fue bien relevante.

Este es un caso bastante grave y hay que ver si el Ministerio Público puede abrir una investigación para tranquilidad de la sociedad, porque estas situaciones dañan mucho a las instituciones, que en Chile ya están bastante deterioradas.

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