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Columna de Emilio Maldonado: Un gobierno por la inclusión LGBTIQ+

Crear ambientes laborales plenamente inclusivos con el talento diverso es hoy un deber de Estado. Sin embargo, no todos los programas de gobierno abordan estas materias y los cinco que sí lo hacen, incluyen sólo entre un 2% y 3% del total de sus medidas como políticas hacia este grupo. Dos candidaturas no destinan ninguna acción hacia la comunidad LGBTIQ+.

Más allá de las distancias entre la y los postulantes a La Moneda, una certeza indiscutida es que una gran mayoría del electorado espera que quien ocupe el sillón presidencial gobierne para todas y todos. Desde ahí, la inclusión en todas sus expresiones y ámbitos debiera ser un denominador común en cada uno de los siete programas de gobierno promovidos por la y los aspirantes. Y muy puntualmente, la anhelada inclusión en lugares de trabajo para la comunidad LGBTIQ+, propósito que aún tiene tareas pendientes.

El país ya cuenta con la Ley de Inclusión laboral (21.015) que apunta a la contratación y apropiada integración de personas con discapacidad a los espacios de trabajo, lo cual es a todas luces un avance. Sin embargo, la legislación laboral deja fuera a otros grupos todavía segregados: mujeres, representantes de otras culturas y etnias, migrantes y talento diverso en términos de identidad de género y orientación sexual.

¿Cuál es la urgencia de poner acento en estas materias? Quienes votamos  pasamos un promedio de 45 horas semanales en el trabajo. Todo lo que aquí ocurre impacta tanto en nuestras relaciones laborales, como en nuestro contexto familiar y social, y por lo tanto en nuestra calidad de vida.

La legislación laboral deja fuera a otros grupos todavía segregados: mujeres, representantes de otras culturas y etnias, migrantes y talento diverso en términos de identidad de género y orientación sexual.

Hemos avanzado, es cierto. En los últimos cinco años, el sector privado pasó de incorporar tímidamente políticas hacia sus trabajadores LGBTIQ+ (en 2016 un 38% contaba con ellas) a hacerlo de manera decidida, ya que en 2021 el 74% tiene algún tipo de declaración o política antidiscriminación por orientación sexual o identidad de género. No obstante, uno de cada seis trabajadores LGBTIQ+ aún se siente aislado o ignorado por sus colegas y un tercio de este segmento ha sido víctima de algún tipo de discriminación durante el horario laboral. 

En este contexto, los principales desafíos en términos de políticas públicas laborales tienen relación con poner urgencia al proyecto de ley “Cupo Laboral Trans”- presentado en junio de este año- que promueve a las instituciones públicas tener en su personal al menos el 1% de personas trans. De igual manera, avanzar hacia una Ley Integral Trans que garantice reparación y beneficios sociales, laborales, educacionales y de salud para una población históricamente excluida por su identidad de género.

En esa misma línea, el nuevo gobierno debiera potenciar leyes que castiguen con dureza la marginación, a través de un fortalecimiento de la Ley Antidiscriminación. Y definir aplicaciones en el ámbito laboral de regulaciones como la de Identidad de Género que, si bien, fija un ordenamiento jurídico no explicita su implementación en los espacios laborales.

Uno de cada seis trabajadores LGBTIQ+ aún se siente aislado o ignorado por sus colegas de trabajo y un tercio de este segmento ha sido víctima de algún tipo de discriminación durante el horario laboral. 

Finalmente, siendo la educación la principal barrera a sortear para evitar actos de discriminación y agresión hacia lo desconocido, será imprescindible avanzar en programas de educación inclusiva tanto en escuelas, colegios y liceos, como en espacios públicos y laborales. Solo de esta forma, sembraremos la semilla del respeto hacia todos y todas.

Crear ambientes laborales plenamente inclusivos con el talento diverso es hoy un deber de Estado. Sin embargo, no todos los programas de gobierno abordan estas materias y los cinco que sí lo hacen, incluyen sólo entre un 2% y 3% del total de sus medidas como políticas hacia este grupo. Dos candidaturas no destinan ninguna acción hacia la comunidad LGBTIQ+.

Ante el creciente llamado a pensar una sociedad o casa para todos, el futuro gobierno tendrá que ser uno que garantice la construcción de una sociedad en la que cada persona se sienta segura, plenamente respetada en sus derechos y libre de discriminación.

*Emilio Maldonado es periodista. Fue director ejecutivo de Fundación Iguales y es fundador y director de la red de empresas Pride Connection Chile, la cual ya suma 85 firmas y se ha transformado en un referente para la generación de espacios laborales libres de homo y transfobia en Chile.

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