De bajo perfil y no habituada a las entrevistas, la convencional Isabella Mamani ha tenido un rol fundamental al interior del ex Congreso para garantizar las demandas históricas con las que los Pueblos Originarios entraron al Proceso Constituyente.

Una escena común se dio en la víspera de la aprobación en el Pleno del artículo 21° del informe de la comisión de Derechos Fundamentales, instancia de la cual fue parte. Fueron en esos minutos cruciales donde se le vio negociando en los jardines de la sede de la Convención, a objeto de asegurar la aprobación de la norma que garantiza “el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos”.

Con todo, en un contexto en el que la aprobación al trabajo del órgano constituyente se ha deteriorado a medida que se acerca a su término, una de las principales banderas por las que ha luchado la abogada, el establecer el carácter Plurinacional del Estado de Chile, tampoco parece convencer a una parte de la opinión pública, según los últimos sondeos de opinión.

En esa línea, Mamani rechaza las acusaciones de los detractores del proceso que apuntan a que el texto que se está terminando de redactar en el ex Congreso, tendría un presunto carácter “indigenista”. “La plurinacionalidad reconoce las raíces verdaderas de Chile”, argumenta la abogada, antes de complementar: “duela a quien le duela, las raíces de Chile son morenas”.

Así, minutos antes de que el Pleno aprobara el derecho a la Educación, Seguridad Social y al trabajo decente, Mamani toma asiento en una banca en los jardines del ex Congreso y reflexiona con The Clinic sobre la recta final del Proceso Constituyente. 

¿Cómo evalúa los reconocimientos constitucionales que han conseguido los pueblos originarios en este proceso? ¿Están acordes con las expectativas con las que entraron a la Convención?

Lo evalúo positivamente, pues la Constitución del 80 no consagra ni una vez a los Pueblos Originarios. En esta nueva Constitución, en cambio, sí se reconocen a los Pueblos Originarios y se establece un Estado Plurinacional. 

En la comisión en la que yo estaba se han consagrado varios derechos fundamentales que eran mandato del territorio y fue clave que los escaños reservados nos distribuyéramos por las distintas comisiones temáticas. Distinto hubiese sido si nos hubiéramos quedado sólo en una comisión, por ejemplo, en Derechos Fundamentales o Medio Ambiente. Pero creo que todos los convencionales de los escaños cumplimos un rol fundamental; pudimos convencer, dar a conocer las demandas de nuestros pueblos originarios y, en buena hora, se reconocieron varios derechos.

¿Cuáles son los que más rescata?

Lo importante de esto, primero, es que se reconoce a los Pueblos Originarios a nivel constitucional a través del Estado Plurinacional, y lo otro, que es sumamente importante, es que los Pueblos Originarios pasamos a ser sujetos de derechos colectivos. Ese es un cambio de paradigma profundo, porque la Constitución del 80 siempre se ha centrado en la persona individual, y esta vez no es así. Esa es la base para garantizar el ejercicio de los demás derechos colectivos.

¿Cuál es su interpretación sobre los alcances de la norma que establece la restitución de tierras?

Es la demanda más importante con la que llegamos acá los escaños reservados para todos los pueblos, no me quiero centrar sólo en uno. Todos los pueblos hemos demandado históricamente la recuperación, la regularización, el cuidado de la Pachamama, de la madre tierra. 

Ha sido un gran logro, es el fruto de un trabajo que hemos hecho los diecisiete escaños reservados y, particularmente, los de la Comisión de Derechos Fundamentales, puesto que desde esa comisión nace y se instala la discusión y se empieza a llegar a acuerdos con los demás convencionales de la comisión para que aprueben esta norma y desde ahí enviarla al Pleno. Aparte del reconocimiento de los pueblos originarios y la titularidad de los derechos colectivos como lo es la consulta indígena, las tierras es lo fundamental. 

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El artículo habla del derecho a la “tierra”, a los “territorios” y a los “recursos” ¿Qué lectura tiene sobre esos conceptos?

Tenemos que destacar que el Convenio 169  de la OIT nos reconoce el derecho a las tierras, a los territorios y a los recursos. Por lo tanto, el artículo es acorde a lo garantizado en el convenio y es un deber del Estado de Chile de respaldar y que nosotros podamos hacer efectivo ese derecho. Entonces, como tú dices, se divide en tres grandes aristas.

Las tierras es algo esencial, porque en el caso de las que se han perdido o que están en manos de terceros o del Fisco, con su recuperación los Pueblos Originarios vamos a volver a relacionarnos, a seguir haciendo nuestras prácticas espirituales y ancestrales. 

Es sumamente importante la reivindicación de las tierras según la realidad de cada pueblo, eso quiero destacarlo. Acá estamos diez pueblos reconocidos a nivel constitucional, once con el pueblo Selk’nam si se llega a aprobar la Constitución, y los once pueblos vamos a demandar en base a este derecho la recuperación de las tierras, pero siempre respetando los derechos fundamentales y humanos consagrados en los tratados internacionales. 

También se consagra la utilización de los recursos y tiene que ver con el hábitat que están dentro de nuestros territorios, pero para un uso tradicional y ancestral.

¿Qué opina sobre las reacciones del mundo empresarial, donde diversos dirigentes gremiales han alertado sobre eventuales contradicciones que esta norma tendrá, por ejemplo, con el derecho a la propiedad?

No, eso no es así. El convenio 169 de la OIT señala que los pueblos originarios tenemos derechos a las tierras que tradicionalmente hemos usado. Habrá una legislación, que va a ser la bajada a este derecho fundamental, que establecerá el mecanismo apropiado para cada pueblo, ya sea para restituir o reivindicar esas tierras. Pero hay un límite: las tierras que tradicionalmente hemos usado. 

Entonces, yo no puedo decir ‘sabes qué, somos dueños de todo Chile’, si, por ejemplo, el pueblo Aimara no estuvo en todo el territorio. Se va a generar un proceso, se van a tener que establecer mecanismos para cada pueblo en particular de acuerdo a su realidad, y tendrá que haber pruebas de cuáles son los territorios para poderlos acreditar.

¿Qué le diría entonces a quienes tienen negocios o inversiones en territorios susceptibles de ser restituidos?

Si es que existiera una sobreposición de un territorio indígena y hay un título de propiedad respecto a esa, lo que yo les puedo decir es que este derecho tiene que respetar también los derechos fundamentales que contempla la Carta Magna reconocidos a nivel de derechos internacionales. 

En ese caso, si existiera esa situación para restituir una tierra, se tiene que hacer un procedimiento interno, regularizar a través de una ley y respetar los derechos ya consagrados en la Constitución. Uno de ellos es el derecho a la propiedad privada que se protege, y en el caso que se pueda expropiar, se tienen que cumplir ciertos estándares que están en ese mismo articulado, como el pago previo y el justo precio.

El concepto “justo precio” generó incertidumbre, especialmente en el mundo privado. ¿Cuál es su interpretación de ese término? 

Eso se consagra en el Código Civil, pero se hace también a través de la jurisprudencia. Yo lo interpreto desde el precio comercial y de acuerdo también a lo que se establezca entre las comunidades o la persona o el Estado, según sea el caso.

Y a su juicio: ¿cómo se ejecutarán los mecanismos para garantizar el derecho a la tierra y sus recursos como, por ejemplo, el acceso al agua?

Es que acá somos once pueblos que vamos a estar reconocidos a nivel constitucional de llegar a aprobarse esta Constitución, y va a depender de un procedimiento para cada pueblo. Sí es un mecanismo preferente la restitución, pero no puedo decir que la expropiación sea la prioridad. 

Aquí hay diversidades de pueblos. En el caso del pueblo Aimara, nosotros requerimos regularización y saneamiento de nuestros títulos. En el caso de la precordillera sí exigimos reivindicación de nuestros territorios que hoy están en manos del Fisco. Ahí no se aplicaría la expropiación, salvo en situaciones particulares que se podrían demandar desde las comunidades.

La propuesta establece un plazo de seis meses, prorrogable a un año, para la creación de una Comisión Territorial Indígena que desarrollará las políticas que garantizarán este derecho. ¿Qué postura tiene al respecto?

Esa norma es una propuesta transitoria de los escaños reservados. Se propuso en la Comisión de Derechos Fundamentales. Si bien es una propuesta inicial que hacemos nosotros, puede ser objeto de modificación internamente en la Comisión de Normas Transitorias. La idea es que con el tiempo se vaya bajando el derecho para garantizarlo, y lo vamos a hacer a través de una comisión donde habrán expertos en la materia e integrantes de los Pueblos Originarios, para ver cómo hacemos el proceso en particular.

¿Y está de acuerdo con los tiempos propuestos? Las proyecciones económicas no son auspiciosas y la restitución de tierras implicará un costo importante para el Estado.

Yo creo que seis meses es muy poco, tal vez dos años sería un plazo prudente para que se constituya la comisión.

¿Y cómo deberían ser los tiempos para llevar a cabo las restituciones?

No va a ser rápido, creo que va a haber un estudio que no puede ser inferior a un año para catastrar el territorio, hacer un proceso de consulta que valide el proceso con los pueblos originarios, y después el proceso de reivindicación y entrega, que no creo que sea inferior a cinco años. Este proceso es el inicio.

Una diferencia con la legislación actual es que esta norma establece el derecho de “los pueblos y naciones” a las tierras, en vez de a “las comunidades”. Hay voces que advierten que podría dificultar su puesta en práctica al tratarse de una denominación más difusa. ¿Coincide?

Nosotros nos referimos en general a los pueblos porque cada pueblo tiene sus instituciones particulares. Por ejemplo, en el caso del Pueblo Aimara, si bien hay comunidades que están regularizadas e inscritas en la Conadi, también hay comunidades que son de hecho y que no se han logrado conformar por falta de integrantes y un montón de otras cosas. 

Es por eso que no nos hemos referido a lo particular, sino al pueblo. Y cuando empiece este proceso, será el pueblo el que determinará cómo se organizan. Habrá una ley que tendrá que regularizar esto para establecer los estatutos efectivos de restitución de tierras conforme a los procedimientos propios de nuestra cosmovisión y a los estudios que hagan los profesionales.

¿Y no dificulta la restitución de tierras que esté determinada según la cosmovisión de cada pueblo originario? 

No, los pueblos sabemos cómo nos organizamos. Hay pueblos que no se organizan a través de comunidades, sino de clanes o familias. En el caso del pueblo Aimara, sí nos organizamos a través de comunidades, pero también tenemos una organización territorial a través de autoridades ancestrales que en algunos territorios persisten. Otros se organizan a través de juntas de vecinos u otras organizaciones. En el caso particular, lo vamos a tener que regularizar.

¿Pero para el futuro legislador no significará esto mayor dificultad para precisar el método de restitución?

No. Lo que pasa es que a nivel nacional hay un cambio de paradigma. Los Pueblos Originarios ya estamos reconocidos en esta nueva Constitución si se aprueba, y la plurinacionalidad está irradiando a todos los órganos del Estado, incluido el Congreso. 

Hoy estamos los escaños luchando por los derechos de nuestros pueblos, pero en el futuro Congreso van a estar también otros escaños luchando para que esa ley se aplique a la realidad de todos los pueblos conforme a lo que ya está garantizado a nivel general en el borrador de nueva Constitución. De a poco vamos a ir resolviendo la reivindicación de las tierras, pero ya dimos el primer paso.

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“Hay abuelos de mi pueblo que tienen conflictos porque sus tierras no están delimitadas”

¿Estamos en presencia del primer paso de reconciliación entre el Estado de Chile  y los Pueblos Originarios?

Precisamente aquí hay dolores de muchas generaciones atrás que han luchado por recuperar nuestras tierras. Hasta el día de hoy hay abuelos de mi pueblo en el altiplano, que tienen conflictos entre familias y comunidades, porque sus tierras no están delimitadas. Hay un título por sobre otro y se pelean por la delimitación, y esos conflictos se han ido pasando de generación en generación hasta hoy. Yo no quiero que eso siga pasando; quiero que mi pueblo viva en paz, que se reconcilie y que seamos un sólo pueblo unido. 

Lo mismo pasa con los pueblos que están dispersos en el sur, en el centro; en todos los pueblos tenemos conflictos territoriales. Es un deber del Estado garantizarnos esas medidas necesarias para que se puedan garantizar las tierras y se puedan sanar esas heridas. Es un paso hacia la paz, hacia la reconciliación de los pueblos originarios con el Estado de Chile.

Usted misma reconoce que, además, hay conflictos entre las propias comunidades…

Esta norma quiere regularizar no solamente la restitución o la entrega de tierras, sino que también la regularización y el saneamiento de las tierras que hoy sí existen y están en manos de los indígenas. En el caso de mi pueblo, los Aimara sí tienen sus tierras, las usan y están ahí, pero tenemos un problema de delimitación, de sobreposición de títulos, y eso ha generado una división en el pueblo Aimara.

¿Qué explicación tiene sobre los índices decrecientes que tiene la Convención y la opción del Apruebo para el Plebiscito de Salida?

Nos dieron un plazo delimitado para hacer una Constitución y ya estamos por cumplir el tiempo pertinente. Hemos estado sesionando hasta altas horas de la noche, vamos a sesionar los domingos: es mucha sobrecarga. Por otro lado, lo que se ha aprobado es muy técnico y, tal vez, ha faltado tiempo para comunicar bien todo lo que se está aprobando.

Los estudios que se hacen a nivel externo son negativos para la Convención, pero hay algo que hay que tener presente: todavía no están escritos todos los derechos de esta Constitución. De hecho, está pendiente el informe de Medio Ambiente y el de Justicia, entonces aún falta zanjar ciertos derechos para que se aprueben por el Pleno. 

Por otro lado, si bien hay varias normas que ya están aprobadas por el Pleno, falta un proceso súper importante que es el de Armonización. Ahí los convencionales tenemos un deber importante de darle coherencia a todas las normas que se han aprobado. Entonces, evaluar hoy cómo nos va a ir en el Plebiscito de Salida es todavía prematuro.

¿No le preocupan esos bajos números?

Sí, me preocupan, pero tengo fe. Todavía quedan tres meses para el Plebiscito y en un mes vamos a tener el borrador final de Constitución, donde la gente podrá ahondar en todo lo que se está aprobando para que voten a conciencia, informada.

Todavía falta camino por recorrer y ese camino es esencial para el resultado final. Especialmente los derechos sociales, que han sido demandados a nivel nacional, no solamente por los pueblos originarios, sino por todos los chilenos y chilenas.

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“La Plurinacionalidad reconoce las raíces verdaderas de Chile”

Algunas encuestas indican que parte del electorado que estaría por el Rechazo tendría objeciones con la Plurinacionalidad o con una supuesta sobrerrepresentación de los Pueblos Originarios en el borrador de nueva Constitución. ¿Cómo responde a esos reparos de una parte de la opinión pública?

No, no creo que los pueblos originarios estemos sobrerrepresentados. Acá somos diecisiete frente a ciento treinta y siete convencionales. Lo que sí hemos sabido hacer es dialogar, conversar con los convencionales y explicar lo que ya tenemos en el convenio 169 de la OIT. No creo por nada que estemos sobrerrepresentados, ha sido un trabajo intenso por parte de los escaños reservados por reivindicar los derechos que nos mandataron nuestros territorios.

Respecto a la Plurinacionalidad, es un concepto que se puso para reconocer a los pueblos originarios. Aquí lo importante es que los pueblos originarios fuimos reconocidos a nivel constitucional y el tema plurinacional es algo político. Sí se ha interpretado por otros lados, sectores políticos, que la Plurinacionalidad es negativa para el país. Yo no lo comparto, creo que es positivo. 

La plurinacionalidad reconoce las raíces verdaderas de Chile; antes de ser Chile estaban los pueblos originarios. Desde siempre hemos estado en estos territorios y seguimos estando acá. Entonces, simplemente es reconocer las raíces. 

¿Y qué le dice a los grupos que entienden este concepto como algo radical, en contraposición con otros conceptos como la pluriculturalidad, por ejemplo?

Yo no estaba de acuerdo con la pluriculturalidad porque se reduce a la cultura. El convenio 169 habla de derechos sociales, derechos culturales, derechos políticos, que tienen que ver con el poder. Donde nosotros podamos ocupar espacios políticos donde podamos reivindicar conforme a nuestra cosmovisión, a nuestras propias instituciones, derechos que venimos exigiendo desde los territorios por décadas.

La Plurinacionalidad significa reconocer a los pueblos originarios conforme a todos estos derechos que ya se encuentran garantizados en el convenio 169. Ese es el piso con el que llegamos. Entonces, si bien la cultura es importante, que también está integrada en la Constitución, porque también Chile es intercultural, reducirlo a la cultura nos parece negar lo que ya tenemos en el convenio 169 y en la declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Originarios.

¿Y cuál es su visión sobre las críticas que han emitido algunos detractores al trabajo de la Convención, incluso algunos desde adentro de ella, que acusan que el texto sería indigenista?

Están malinterpretando el concepto de Plurinacionalidad. Y de ese concepto se ha tomado cierto sector para señalar que los pueblos originarios venimos a dividir Chile y eso no esa sí. Eso es falso. Lo que nosotros buscamos con la Plurinacionalidad fue el reconocimiento de nuestro pueblo, no como etnia, como se consagraba en la Ley 19.253 sino como pueblo, y un pueblo tiene derechos colectivos. Y uno de esos derechos son los derechos políticos, que tienen que ver con el poder. Queremos autonomía conforme a nuestra cosmovisión, queremos ocupar estos espacios políticos porque tenemos que responder a las demandas de nuestros pueblos.

Los mismos detractores, precisamente, acusan de que esto acentuaría divisiones en el país…

Sí, es que ellos toman el concepto mal. Hay un error porque Chile se asentó en un territorio donde ya existíamos los pueblos originarios: esas son las raíces de Chile. Duela a quien le duela, las raíces de Chile son morenas y existen diversidades de pueblos. Y la Plurinacionalidad viene a unir y a reconocer a todos esos pueblos originarios para que juntos podamos seguir hacia adelante en paz y unidad. Entonces, acá hay un reconocimiento de lo que existía, de lo que existe y de lo que va a seguir existiendo.

Los pueblos originarios estamos acá, tenemos hijos, vamos a tener nietos y futuras generaciones que van a continuar con nuestro legado. Somos pueblo, tenemos cosmovisión, lengua, cultura, territorios, todo lo que tiene un pueblo. Entonces, Chile se encarga de reconocer a los pueblos originarios a través de la Plurinacionalidad, que es un concepto al que hay que verle el fondo, que es reconocer a los pueblos con los derechos que nos corresponden regulados ya en el convenio 169 de la OIT, pero para nada es dividir al país. 

El borrador de la Constitución ya contempló un artículo aprobado que dice que el Estado de Chile es unitario e indivisible.

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