Aislemos las pensiones de los políticos

Hace años que hablamos de reformar nuestro sistema de pensiones. Se han hecho varias propuestas: aumentar la tasa de cotización, crear un fondo de ahorro colectivo para realizar transferencias solidarias entre los trabajadores, entregar incentivos para posponer la edad de jubilación y otras propuestas más. Más allá de cuáles de estas reformas son las más adecuadas para Chile, nuestro futuro sistema de pensiones debe cumplir un mínimo: debe mantenerse aislado de los políticos.

¿Qué ocurre cuando las pensiones no están distanciadas de la política? Argentina, nuestro país hermano al otro lado de la cordillera, nos entrega valiosas enseñanzas. Les contaré su historia.

Antes de los 90 Argentina tenía un sistema de reparto administrado por el Estado. En 1993 incorpora la capitalización individual, donde los ahorros de pensiones eran administrados por instituciones privadas llamadas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). A partir de esta reforma, los trabajadores argentinos podían elegir a qué sistema afiliarse: al sistema estatal de reparto o al sistema de capitalización individual administrado por estos entes privados.

Entre 1994 y 2000 la rentabilidad de los fondos de pensiones obtenidas por las AFJP fue alta, logrando un 12% real anual. Pero entre 2001 y el 2008 la rentabilidad bajó a un 2,8% anual. ¿Qué pasó en este segundo periodo? El gobierno argentino estaba pasando por una situación fiscal deteriorada: necesitaba más dinero para financiar sus gastos. Adivinen a dónde fue a buscar recursos… En el año 2000 el gobierno argentino forzó a las AFJP a aumentar el porcentaje de los ahorros previsionales invertidos en bonos del Estado, con lo que pasaron de un 55% a un 78% del portafolio.

¿Cómo les fue a los fondos previsionales invertidos en bonos estatales? En diciembre del 2001 Argentina entra en cesación de pagos de su deuda pública, impactando de manera negativa el valor estos bonos. En 2005 las AFJP se vieron forzadas a canjear los bonos soberanos a un tercio de su valor real. Así, esta intervención del gobierno argentino provocó una caída de la rentabilidad obtenidas por las AFJP en este segundo periodo.

El gobierno argentino estaba pasando por una situación fiscal deteriorada: necesitaba más dinero para financiar sus gastos. Adivinen a dónde fue a buscar recursos…

Si bien también está el efecto de la crisis financiera internacional del 2008, Mario Marcel y Waldo Tapia (2010) señalan que la baja rentabilidad lograda por las AFJP argentinas entre 2001 y 2008  “no constituye una característica inherente de los sistemas de capitalización privada sino más bien la intervención política en sus actividades”.

La historia sigue. Además de esta intervención que dificultó el desempeño de las AFJP, el gobierno argentino para lograr mayor popularidad aumentó el gasto en pensiones estatales. Esto elevó la necesidad del Estado de hacerse de los recursos administrados por el sistema privado para poder financiarlas, por lo que se comenzó a incentivar el retorno de los trabajadores al sistema de reparto, sin embrago sólo un 16% lo hizo. Finalmente, la crisis financiera del 2008 que afectó el rendimiento del sistema de capitalización, fue usada como excusa por el gobierno para poner fin al sistema privado de pensiones, traspasando todos los fondos y a los afiliados al sistema estatal de reparto.

¿Cómo le ha ido a Argentina con un sistema de reparto administrado completamente por el Estado? Nada de bien. Desde el 2009 hasta la fecha la administración estatal de los fondos de pensiones de Argentina ha tenido una rentabilidad menor que la obtenida por las AFPs privadas en el resto de los países de América Latina: un 3,3% vs un 7,8% en rentabilidad real anual.

Por otro lado, es un sistema que gasta más de lo que recauda con las cotizaciones de los trabajadores: mientras en el 2019 el gasto en pensiones fue un 12% del PIB, lo recaudado con las cotizaciones fue sólo un 4,5%. Esto provoca que el pago de las pensiones en Argentina dependa cada vez más de los impuestos. A tal punto han llegado los déficits, que el año 2020 se creó el impuesto PAIS que grava los pagos realizados en moneda extranjera, donde el 70% de lo recaudado financia las pensiones. Este impuesto se traduce en que cada vez que los argentinos compran o contratan un servicios usando dólares, como  Spotify,  Netflix, AliExpress, Amazon, el gobierno les cobra un monto extra para pagar las actuales pensiones.

Por último, en términos reales las pensiones han caído un 16% entre 2017-2021  y el sistema no ofrece reglas claras sobre su monto, puesto que el ajuste de las pensiones quedó dependiendo por completo de los políticos.

¿Cómo le ha ido a Argentina con un sistema de reparto administrado completamente por el Estado? Nada de bien. Desde el 2009 hasta la fecha la administración estatal de los fondos de pensiones de Argentina ha tenido una rentabilidad menor que la obtenida por las AFPs privadas en el resto de los países de América Latina: un 3,3% vs un 7,8% en rentabilidad real anual.

Hoy en Chile el sistema de pensiones está protegida de la intervención política: los fondos son administrados por entes privados (AFPs) que tienen el mandato de maximizar su rentabilidad, y el Estado chileno no puede intervenir en esta administración más allá de fiscalizar a las AFP a través de la Superintendencia de Pensiones para que cumplan correctamente con su trabajo.

En el debate sobre la reforma de pensiones de los próximos meses debemos asegurarnos que el sistema se mantenga aislado de la política. La tentación de los políticos de usar los ahorros previsionales para financiamiento fiscal o aumentar el gasto en pensiones con fines electorales es alta, lo que dificulta el diseño de un sistema sano y sustentable. Argentina es un buen ejemplo de ello. Si creen que Chile está lejos del caso argentino, sólo recuerden cómo la mayoría de los políticos apoyaron los retiros de los fondos previsionales para extraer beneficios electorales, a pesar del tremendo daño que provocaron a la economía y a las pensiones mismas.

*Elisa Cabezón es economista, directora de Perspectivas y miembro de la red Pivotes.