Subsecretario Jaime Gajardo (Justicia) e Indulto a los presos del Estallido: “Hemos tenido un diálogo directo con los familiares y entienden las limitaciones que tenemos como gobierno”

Si bien la cartera de Justicia no se encuentra en la primera línea de la contingencia -cómo sí ocurre con Interior, Segegob, Segpres y Hacienda, ministerio que junto al de la Mujer y Equidad de Género conforman el Comité Político de La Moneda-, ésta secretaría de Estado está a cargo de agendas que para el sello progresista de este gobierno no dejan de ser sensibles en su abordaje y complejas en su implementación. 

Por ejemplo, acotar el uso de la figura de la Prisión Preventiva, que a juicio del Ejecutivo se ha usado de forma extensiva, sin necesariamente reducir la actividad delictual, justo en días donde la demanda por mayor seguridad está en boga. Relacionado a lo anterior, se encuentra el impulso de un proyecto de indulto para los presos del Estallido Social, objetivo del Ejecutivo que se ha visto truncado debido a que no ha podido reunir los votos necesarios en el Congreso. 

Mientras el gobierno hace sus mejores esfuerzos por generar los consensos necesarios para una nueva iniciativa de amnistía a los presos de la Revuelta -donde el ministro Segpres, Giorgio Jackson, ha adelantado que se encuentran elaborando un proyecto alternativo para sortear el empate técnico en el Parlamento-, el gobierno anunció la conformación de una Mesa de Reparación Integral que -para mayor énfasis simbólico- será coordinada por la senadora Fabiola Campillai. 

Materias que han sido lideradas desde el bajo perfil por el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón (PC), quien siempre con el tono compuesto y ponderado propio de sus años en la academia, profundiza en entrevista con The Clinic

-Tanto la ministra de esta cartera, Marcela Ríos, como su par de Interior, Izkia Siches, han dicho que el proyecto de Indulto para los presos del Estallido es un compromiso, por tanto, una prioridad. Sin embargo, en las más de dos horas y media de Cuenta Pública del Presidente Boric, la iniciativa no fue siquiera mencionada. ¿Por qué?

-Todo lo que ocurrió en el marco del Estallido Social es una prioridad y ahí hay dos aristas: las violaciones a los Derechos Humanos que ocurrieron en el marco del Estallido Social, para lo cual hemos generado una agenda de reparación integral que presentamos hace un par de semanas acá, precisamente en el Ministerio de Justicia, y que presentó de forma oficial el Presidente con la ministra de Justicia. Una agenda que lidera la subsecretaria de Derechos Humanos. 

Y hay otra arista que tiene que ver con las personas que fueron detenidas o que se encuentran en un proceso judicial producto de los hechos del Estallido Social. En esa otra arista hemos trabajado en ámbitos que tienen que ver con, primero, hacer una persecución penal mucho más racionalizada. 

Respecto al proyecto de Ley de Indulto, que en nuestro programa de gobierno es un compromiso, lo hemos efectivamente apoyado e impulsado y estamos trabajando en un proyecto hoy por hoy alternativo, debido a las mismas solicitudes que nos hicieron los senadores en la tramitación del proyecto de ley que actualmente es una moción parlamentaria para superar algunas de las falencias del proyecto que habían presentado los parlamentarios y que habían sido ampliamente discutidas en el caso del Senado. 

Estamos trabajando en generar ese consenso, en generar los votos suficientes para que eso pueda ser aprobado. 

–Usted dice que están trabajando en generar un consenso, pero a días de asumir el gobierno, el ministro Segpres, Giorgio Jackson, anunció una “suma urgencia” al proyecto de Indulto en compañía de la senadora Fabiola Campillai. ¿Falló el diagnóstico de la correlación de fuerzas en el Congreso? 

-Todos los que hemos tramitado proyectos de ley sabemos que pasan por distintos momentos. A veces tienen urgencia, a veces hay que retirar la urgencia para llegar a ciertos acuerdos, realizar ciertas indicaciones. Posteriormente, hay que volver a ponerle urgencia, entonces es parte de la tramitación de cualquier proyecto de ley. 

Si uno revisa la tramitación de todos los proyectos de ley, en general tienen estos sus timming, tránsitos altos y bajos donde podríamos decir: es parte de la tramitación de cualquier proyecto. Lo importante es que podamos generar un proyecto que sea consensuado y, ojalá, aprobado por la mayor cantidad de sectores que quieran aportar a un camino que nos permita ir resolviendo los conflictos que generó el Estallido Social.

–Con la foto que conocemos ahora, sin embargo, la correlación de fuerzas en el Congreso, con la foto de ahora, se mantendrá. ¿Tiene entonces el gobierno un Plan B? 

-Antes de descartar el plan A, que es generar consenso, estamos haciendo precisamente esas gestiones. Es en lo que estamos abocados el día de hoy: conversar con todos los sectores y eso lo ha hecho directamente este ministerio. La ministra en particular ha conversado con senadores de todos los sectores para ver cómo podemos consensuar un proyecto que permita tener los votos para que se apruebe. 

–Pero la tramitación legislativa toma su tiempo. En ese sentido, ¿constata una presión de los familiares de los presos del Estallido para que sean prontamente liberados? 

-Nosotros nos hemos juntado con los familiares, tanto de las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos del Estallido Social, como con los familiares de las personas que se encuentran privadas de libertad o sometidas a algún tipo de procedimiento producto del Estallido Social. 

Por cierto hemos tenido una conversación bastante fluida con ellos y hemos estado revisando cuáles son también sus inquietudes porque, como te digo, este es un trabajo que tenemos que realizar para poder ir reconstruyendo la paz social y la cohesión que necesita nuestra sociedad, para ir sanando las heridas que ha dejado el Estallido Social, que son profundas.

–En una actividad en Cerro Navia a mediados de Mayo, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, fue interpelada por un vecino que le espetó: “No olvides que los presos marcharon contigo”. ¿Cómo lo toma usted, en tanto subsecretario de Justica y militante comunista?

-Estamos a días de cumplir tres meses en el ejercicio de nuestras funciones en el gobierno, y nos estamos tratando de hacer cargo de una manera robusta e integral de todos los conflictos que tenemos como sociedad, que son muchos. Tenemos conflictos en materia de justicia, de verdad, de reparación, en materia tributaria, previsional, laborales. Tenemos una mochila bien pesada de la cual hacernos cargo y el gobierno ha estado trabajando de una manera muy proactiva para tratar de resolver con premura aquellos conflictos sociales que tenemos como país. 

En ese sentido, nos tomamos esto con mucha responsabilidad, sentido de urgencia y de realidad también, haciendo este trabajo lo mejor posible en el marco de las atribuciones que tenemos como gobierno, entendiendo que hay muchas cosas que tenemos que concertar con el Parlamento, muchas cosas que tenemos que conversar con el Poder Judicial y con los distintos poderes que forman parte de nuestro Estado

–¿Y los familiares de los presos lo entienden así?

-Como te digo, hemos tenido un diálogo bastante directo con los familiares y entienden cuáles son las limitaciones que tenemos como gobierno. Saben que en el marco de nuestros compromisos hemos ido cumpliendo en lo que nos hemos comprometido y estamos haciendo todas las gestiones para que los distintos compromisos se puedan cumplir. Todo esto en el marco de las atribuciones que tenemos como gobierno.

–La derecha ha vinculado el impulso de un proyecto de indulto a los presos del Estallido, a concordar una agenda de seguridad…

-Creemos que son cosas que tienen que ir por carriles separados. Efectivamente, hoy por hoy tenemos una demanda muy importante de la cual hacernos cargo como gobierno, que tiene que ver con la seguridad. Nos hemos enfocado en cómo mejorar la infraestructura, cómo mejorar las condiciones carcelarias para que las personas que se encuentran privadas de libertad puedan tener mejor reinserción social y eso implique menos reincidencia delictiva. 

Hace unas tres semanas, suscribimos un convenio de información entre el Ministerio Público y Gendarmería de Chile, que nos permita desarticular las bandas de crimen organizado. También nos hemos estado trabajando en apurar ciertos proyectos de infraestructura que nos permitan segregar de mejor manera las cárceles, y también ir desbaratando las bandas que existen. 

Como te digo, para nosotros la agenda de seguridad es clave. Sabemos que si no hay seguridad, es mucho más complejo ir instalando las transformaciones que necesita nuestro país. Para nuestro sector es un tema importantísimo.

Estallido: Reparación y cohesión social

–¿Cómo será el proceso de acreditación de las violaciones a los DD.HH. del Estallido en la Mesa de Reparación que coordinará la senadora Campillai? 

-Eso es muy importante. Esta agenda integral en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, contempla la instalación de una mesa de trabajo a nivel nacional, es decir, con mesas regionales que permitan ir recopilando los antecedentes y que va a estar liderada por la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, y la colaboración de la senadora Fabiola Campillai, que van a liderar esta mesa en conjunto. 

Estamos a días de cumplir tres meses en el ejercicio de nuestras funciones en el gobierno, y nos estamos tratando de hacer cargo de una manera robusta e integral de todos los conflictos que tenemos como sociedad, que son muchos. Tenemos conflictos en materia de justicia, de verdad, de reparación, en materia tributaria, previsional, laborales. Tenemos una mochila bien pesada de la cual hacernos cargo”.

Entonces, se recopilarán todos los antecedentes de las personas que a nivel nacional consideren que efectivamente han sido violadas en sus Derechos Humanos, porque existen muchas personas que en algunos casos no han dado sus testimonios, no han presentado querella. 

Y para recopilar todos esos antecedentes, posteriormente va a haber que depurarlos, sistematizarlos, algo muy parecido a lo que se han hecho en otras oportunidades. Posteriormente a ello, se presentará un proyecto de reparación integral al Congreso que permita hacerse cargo de estas violaciones. En el intertanto, ojalá terminen todos los procesos que ya se encuentren ejecutoriados por la justicia. 

–¿Esa mesa terminará su trabajo una vez que se articule un proyecto de ley?

-No, esa mesa tiene como primer objetivo desplegarse a nivel nacional para que las personas puedan presentar sus testimonios, sus casos, inquietudes y demandas. Entonces, es una mesa que va a escuchar durante un plazo definido de tiempo que se va a consensuar precisamente con las víctimas. 

Por eso se quiere hacer un proceso participativo. Es decir, un proceso en el cual se escuche efectivamente a las personas y una vez que se genere ese proceso, se va a consensuar o se va a presentar por parte del gobierno un proyecto de ley en materia de reparación.

–Las medidas de reparación que genere esa mesa, ¿serán complementarias a las pensiones de gracia para las víctimas del Estallido contempladas en la glosa 12 del Presupuesto del 2021?

-Las pensiones de gracia están en el presupuesto del 2021. Se entregan, tienen un mecanismo para este año…

–¿Correrán por paralelo?

-Corren de forma paralela, hay que ver si son suficientes. Esta reparación no es sólo monetaria. Hay reparaciones que son simbólicas, hay reparación que es de carácter monetario, hay reparación que tiene que ver, por ejemplo, con posibilidades de estudio, de tratamiento psicológico, con posibilidades de tratamiento de salud, porque hay distintos tipos de casos. 

La reparación monetaria es uno de los aspectos, pero lo que nosotros tenemos que hacer para generar una reparación integral, es tratar de curar las heridas que genera una violación de los Derechos Humanos que tiene múltiples dimensiones. Entre otras cosas, el reconocimiento de responsabilidad por parte de Estado es importante, establecer lugares que han sido importantes para las víctimas como lugares de ceremoniales, lugares de encuentro, programas de salud.

-¿Teme que cuando desde esa Mesa de Reparación emane un proyecto de Ley, ocurra lo mismo que con el Proyecto de Indulto: que no estén los votos en el Congreso?

-Como gobierno hemos estado avanzando en nuestra agenda. Por ejemplo, en materia de justicia hemos ido aprobando varios de los proyectos que teníamos contemplados y estamos trabajando en otros. Uno que es fundamental para nosotros, es la creación del nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, un proyecto que estamos avanzando a paso firme en la Comisión Mixta y probablemente lo vamos a tener prontamente como ley de la República. 

Efectivamente, no tenemos la correlación que nos gustaría tener, porque siempre uno esperaría tener mejor correlación parlamentaria, pero eso es un dato de realidad y tenemos que trabajar con eso y generar todos los acuerdos posibles para avanzar en esta agenda que, además, consideramos que es fundamental para resolver los problemas que tenemos como sociedad. 

–Y en el mejor de los casos, es decir, que se apruebe el proyecto de ley que genere esa Mesa de Reparación: ¿Se reconcilia la sociedad respecto a las heridas que dejó el Estallido y se cierra ese capítulo de la historia reciente?

-Como es una pregunta hipotética, siempre es difícil de responder esto. Lo que nosotros podemos plantear es que estamos tomando todas las medidas para ir reconstruyendo nuestra cohesión social. Y para reconstruir la cohesión social, y así lo dice la evidencia comparada, es fundamental la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Lo que podemos hacer es construir agendas, construir propuestas que vayan en ese camino, tratar de que esas propuestas se hagan carne en la sociedad para que efectivamente logren instalarse. 

Ahora bien, si eso resuelve los problemas de forma definitiva, va a ser algo que podremos ir evaluando sólo con el tiempo. Lo importante es que nosotros, en base a las evidencias que ya hay a nivel nacional y comparada, podamos proponer políticas, propuestas y nuevos marcos normativos que nos permitan ir reconstruyendo la cohesión social de nuestro país, que es fundamental para que nuestro Estado Democrático y de Derecho funcione adecuadamente. Eso es fundamental para que se puedan realizar las transformaciones.

–Luego de los informes Rettig y Valech, que dieron cuenta de los horrores en la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, nuevamente ocurrieron violaciones a los DD.HH en el 2019: no hubo garantías de no repetición. A eso apuntaba mi pregunta. 

-Hay un autor por ahí que se llama Charles Taylor que habla de la lenta pedagogía de los Derechos Humanos. Los Derechos Humanos tienen una lenta pedagogía, cuesta que efectivamente las sociedades puedan incorporarlos en su andamiaje institucional completo. Y nosotros no podemos renunciar como sociedad a mantener en el horizonte de la práctica política, en el horizonte normativo y de nuestro accionar, que tengamos una sociedad que respete los Derechos Humanos. 

Si para eso hay que generar todo esto, bueno, hay que hacerlo, y vamos aprendiendo como sociedad, vamos generando estas pautas en la cual todos consideremos que los Derechos Humanos son la base de nuestro funcionamiento. Nunca las sociedades terminan de resolver todos sus conflictos, pero lo importante es que uno mantenga la bandera clavada y la pueda ver en el horizonte de que eso es fundamental como sociedad, que vayamos transitando hacia ese camino.

Prisión Preventiva

–Hace cerca de un mes dijo que el uso de la figura de la prevención preventiva en Chile debía “restringirse”. ¿Por qué?

-De las 41.000 personas que tenemos de población penal, 17.000 se encuentran en prisión preventiva, con problemas de hacinamiento real que en algunos casos superan el doble de la capacidad de los recintos penitenciarios. Más del 40% de nuestra población penal son personas que se encuentran en una investigación, es decir, no tienen una condena y se encuentran en prisión preventiva. 

Esa cifra ha aumentado en un 33% en los últimos diez años, es decir, tenemos una cifra importante de nuestra población penitenciaria que se encuentra en prisión preventiva. Aproximadamente el 10% de esa cifra, es decir de las 17.000 personas, termina su proceso penal y son declaradas no culpables o inocentes. Eso nos genera un problema de seguridad muy importante, porque esa persona se encuentra en un establecimiento penitenciario con contaminación criminógena, es decir, con personas que sí son delincuentes. 

La prisión preventiva es una herramienta útil, pero es una herramienta excepcionalísima y tenemos que tratar de que sea utilizada de esa manera. Mientras más gente tengamos privada de libertad en los establecimientos penitenciarios sin una condena, más contaminación criminógena tenemos y, por ende, más problemas de seguridad vamos a tener el día de mañana.

-¿Entonces el problema de la prisión preventiva es por la infraestructura carcelaria, y no por el contenido de la norma?

-Primero que todo, tenemos que ser conscientes de esta realidad, eso es lo primero. Lo segundo, estamos abordando en la Comisión Coordinadora de Justicia Penal las causas de esto, donde participa el Poder Judicial, el Ministerio Público y, en general, todos los organismos que forman parte de la persecución penal. 

Aquí hay varias hipótesis. Primero, tiene que ver con la regulación en el Código Procesal Penal de las medidas cautelares, donde quizás hay que hacer más explícito que la prisión preventiva es una herramienta útil, pero es una herramienta útil excepcional, de última ratio, como decimos; ojalá se aplique en aquellos casos muy graves, en los cuales está en riesgo la víctima, la seguridad de la sociedad o hay un riesgo efectivo para la investigación. Pero hay otras medidas cautelares que están ahí y que se deberían aplicar antes de la prisión preventiva. 

Segundo, hay un fenómeno que no se da sólo en nuestro país, sino que se da a nivel comparado, que tiene que ver con un endurecimiento de las penas asociadas a ciertos delitos en los últimos diez años, agendas más punitivas que han encontrado los países como fórmula para resolver sus problemas de seguridad, lo que ha sido bastante comprobado que no es muy eficaz porque endureces las penas asociadas a ciertos delitos, y eso no necesariamente implica que disminuyan. 

(Los familiares de los presos de la Revuelta) saben que en el marco de nuestros compromisos hemos ido cumpliendo en lo que nos hemos comprometido y estamos haciendo todas las gestiones para que los distintos compromisos se puedan cumplir. Todo esto en el marco de las atribuciones que tenemos como gobierno”.

Luego hay un tema cultural, del cual también hay que hacerse cargo, y tiene que ver con cómo los distintos operadores producto de esta crisis de seguridad, consideran que la prisión preventiva es lo que se tiene que utilizar dentro de los procesos para hacer frente a los problemas de seguridad que tenemos como sociedad. 

Pero si vamos a las cifras duras, a la evidencia empírica, lo que ocurre es que una aplicación desproporcionada de la prisión preventiva, sólo nos genera más problemas de seguridad producto de la contaminación criminógena que se da en los establecimientos penitenciarios. Ahí tenemos que ver una alternativa a la prisión preventiva

–¿Y usted coincide con el diagnóstico de su sector, que dice que la prisión preventiva tiene un sesgo de clase?

-Hay que ver cuáles son las cifras. En ese sentido consideramos que, efectivamente, hay una cierta caracterización de la población que está en prisión preventiva que coincide con personas que en general tienen menos acceso a la justicia, que tienen condiciones de mayor vulnerabilidad. Lo importante es que ahí los distintos órganos que participan de la persecución penal puedan tener esa evidencia que nos permita ver si, efectivamente, podemos mejorar para que haya una igualdad en el acceso a la justicia, que es uno de los pilares de nuestro gobierno. 

Lo que tenemos que hacer, y es parte de la reconstrucción de nuestro Estado de Derecho, es que las personas puedan acceder igualitariamente al sistema de justicia. Nosotros, por ejemplo, estamos reformulando el proyecto que transforma las corporaciones de asistencia judicial en un servicio de acceso a la justicia, y puedan así tener un acceso efectivo. Aunque la Defensoría Penal Pública entrega un excelente servicio, hay que potenciarlo para que entregue un servicio mucho mejor para las personas. 

–Cuando dice que hay problemas de acceso a la justicia, ¿cocuerda con el análisis de la ministra Siches, quien acusó segregación el sistema judicial en un encuentro ante la Enade?

-El acceso a la justicia es un sistema y eso tiene que ser visto como tal. Por ejemplo, nosotros acá en el Ministerio de Justicia tenemos al Servicio Médico Legal, la Defensoría Penal Pública, al Registro Civil, las corporaciones de asistencia judicial y Gendarmería y el Servicio Nacional de Menores. 

Una de las medidas para este año, y así hicimos las reasignaciones presupuestarias, es que el Servicio Médico Legal pudiera contratar los peritos para hacer el Protocolo de Estambul, que es el protocolo que acreditan las torturas de las personas si fue sometida o no a tortura, si fue sometida o no a trato vejatorio,  y que es parte de nuestra agenda de justicia y reparación. 

Entonces, el sistema de acceso a la justicia es, como tal, un sistema, y eso tenemos que potenciarlo y mejorarlo para que todas las personas que habitan en nuestro país puedan acceder de forma igualitaria a la justicia, y no sólo aquellos que tienen los recursos para hacerlo de forma privada. Entonces, efectivamente ahí tenemos mucha falencias como sociedad y sería tapar el sol con un dedo no verlas.

–¿Qué responsabilidad tiene el Poder Judicial en el acceso desigual a la justicia?

-De nuevo: en el fondo el sistema de justicia es un sistema. El Poder Judicial cumple la labor de ejercer la jurisdicción, resolviendo los conflictos de relevancia jurídica que existen entre las partes. En ese sentido, el Poder Judicial también tiene que potenciar su labor. 

Por ejemplo, nosotros tenemos problemas de acceso a la justicia en que los procedimientos laborales se están demorando más de lo normal, más de lo que quiso la Reforma Laboral que se demorara. Hay pocos jueces o menos de los jueces que debieran estar dedicados a eso y ahí como gobierno también tenemos que colaborar con el Poder Judicial para, por ejemplo, que existan más jueces. Para eso se requiere de más presupuesto, es decir necesitamos en general abordar esto en términos sistémicos.

–No es que los jueces tengan un sesgo de clase…

-Hay un problema de especialización, hay un problema de infraestructura, hay un problema de mayores demandas, más especializadas y complejas, de problemas más complejos que tenemos como sociedad que debemos abordarlo como un conjunto. Nosotros somos muy respetuosos de la separación de poderes y de la función que cumple el Poder Judicial, no comentamos los fallos judiciales ni comentamos las decisiones judiciales porque es parte de la independencia del Poder Judicial. 

Si necesitamos, por ejemplo, en el marco del nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, vamos a necesitar más jueces especializados en materia de responsabilidad penal adolescente. Y nosotros, que formamos parte del Consejo Directivo de la Academia Judicial, apoyar a la Academia Judicial para que pueda formar más jueces especializados, entonces tenemos que ver los problemas desde esa perspectiva.

Efectivamente hay problemas en el acceso a la justicia del cual el sistema de justicia tiene que hacerse cargo y, cada uno en el marco de sus atribuciones y sus responsabilidades, debe colaborar para que este sistema funcione de la mejor manera posible con el objeto de que las personas puedan tener una justicia pronta, oportuna, rápida, eficaz, y un amplio e igualitario acceso también.

–El Presidente Boric dejó abierta la posibilidad de ocupar la cárcel de Punta Peuco y otros con reos que no sean precisamente condenados por delitos de lesa humanidad, en caso que se necesitase ante un contexto de hacinamiento penitenciario. ¿Qué es lo que va a pasar con ese recinto, finalmente?

.Lo que nosotros tenemos que decir es que en particular en Santiago, Valparaíso, Concepción, tenemos sobreocupación de los establecimientos penitenciarios, y en ese marco se están haciendo remodelaciones importantes. Por ejemplo, antes de ayer estuvimos en las obras del Complejo Penitenciario Femenino de San Joaquín, que se está remodelando con el objeto de poder albergar de una manera mucho más adecuada a todas las mujeres que se encuentran privadas de libertad. 

Tenemos en particular una situación con Santiago 1, que está en el doble de su ocupación, prácticamente con imputados, lo que obviamente nos genera todo este problema de contaminación criminógena. Entonces, la remodelación que podamos hacer en San Joaquín, nos va a permitir liberar San Miguel y poder hacer un intercambio de Santiago 1 a San Miguel. 

Es decir, estamos trabajando en el conjunto de los establecimientos penitenciarios de Santiago, Valparaíso, Concepción, Antofagasta, Copiapó, Vallenar, que son los que tenemos más complicados, para tomar las medidas de que efectivamente podamos tener establecimientos penitenciarios que nos permitan cumplir con condiciones dignas y generar reinserción social. 

Ahora bien, las medidas respecto a algún establecimiento penitenciario en particular, se toman en base a este conjunto. Y hay muchas medidas que es mejor tomar antes de anunciar

-Es decir, ¿se mantienen tal cual hasta ahora?

-Creo que he sido bien explícito. En el fondo estamos viendo el conjunto de cosas. Nosotros no queremos tomar decisiones en particular que no miren el conjunto del problema que tenemos, y ahí estamos revisando el conjunto de la población penitenciaria y ver cómo podemos organizar los establecimientos penitenciarios para que sean lo más eficientes en el marco de este problema que tenemos y, por cierto, en el cual hayan ciertos principios. No hay establecimientos penitenciarios que tengan una condición de privilegio por sobre otros.

Proceso Constituyente

–Sin embargo, hay cuestionamientos transversales a la propuesta de nueva Constitución. Un ejemplo es la senadora DC Ximena Rincón, quien dijo hace unos días a T13: “Se termina con la existencia de un poder autónomo como el poder judicial”. Igual es grave la imputación.

-Más allá de lo que la senadora opine, todos tienen distintas opiniones. Nosotros como gobierno tenemos una función. Primero que todo, apoyar el Proceso Constituyente por lo que te decía, un proceso inédito que nos permite resolver nuestros conflictos de forma democrática, institucional. 

Segundo, informar lo que existe en el borrador de nueva Constitución. Ahí lo haremos de manera objetiva, clara y veraz. Sobre la base de esa información, todas las personas de nuestro país se van a poder formar la opinión que estimen pertinente. Lo importante es que la opinión que se tenga sea a partir de información objetiva, veraz y oportuna. Es la función que nosotros tenemos como gobierno.

–Una agenda importante del gobierno es impulsar el proyecto del nuevo sistema de reinserción social juvenil.  Con décadas de desidia por parte del Estado hacia menores vulnerados o infractores de ley, ¿Por qué ahora sí cambiarían las cosas?

-Aquí hay una política de Estado que es bien importante, robusta y de la cual nosotros también nos estamos haciendo partícipe en el ámbito de lo que nos corresponde: el sistema integral de protección de derechos de la niñez. 

Entonces, uno de los componentes de este sistema integral de protección de los derechos de la niñez es el nuevo sistema de justicia juvenil que implica modificaciones sustantivas a la actual ley de responsabilidad penal adolescente, y la creación del servicio especializado de responsabilidad social juvenil, con el objeto de que los jóvenes infractores de ley tengan en este nuevo servicio una intervención especializada que permita ser reinsertados en la sociedad a través de programas específicos, mayores capacidades técnicas y mayor infraestructura. 

Sobre el futuro de Punta Peuco: “Las medidas respecto a algún establecimiento penitenciario en particular, se toman en base a un conjunto. Y hay muchas medidas que es mejor tomar antes de anunciar (…) no hay establecimientos penitenciarios que tengan una condición de privilegio por sobre otros”.

El proyecto se presentó al final del gobierno de la ex Presidenta Bachelet, se tramitó durante el gobierno anterior y que nosotros estamos impulsando de una manera muy decisiva. Hemos puesto urgencia y estamos todas las semanas trabajando con la comisión mixta, con los senadores y diputados, para que este proyecto se transforme en ley. 

Nos va a permitir ir terminando este sistema integral de protección de derechos de la niñez, que ha sido una política de Estado de nuestro país en los últimos diez años, y que busca precisamente que todos estos horrores que se han cometido con la niñez no se vuelvan a cometer y exista un sistema robusto de instituciones, políticas y programas que permita hacerse cargo tanto de la niñez vulnerada en sus derechos, como de aquellos jóvenes infractores que necesitan de programas especializados para poder reinsertarse en la sociedad, que es precisamente lo que nosotros queremos hacer con este nuevo servicio. 

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