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10 de junio de 2022

Títulos falsos y venta de tesis: los nuevos dolores de cabeza de las casas de estudios

Patricio Vera

Falsos prevencionistas de riesgo, enfermeras, ingenieros y asistentes sociales han sido descubiertos en los últimos meses, lo que ha obligado a las instituciones de educación superior a iniciar procesos judiciales. Por otra parte, sitios web que ofrecen redactar proyectos de pregrado y postgrado con un pago mediante crédito o débito, si bien no son ilegales como lo anterior, sí atentan contra los códigos éticos de las universidades.

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Era una tranquila sesión del concejo municipal de Loncoche, comuna ubicada en la Región de Araucanía, a 80 km al sur de Temuco, hasta que la concejala Adriana Quintana, lanzó la bomba:

–Alcalde, me llegó información de que la funcionaria Yanet Morales no cuenta con título profesional, aunque por transparencia gana un sueldo de más $1.700.000, me gustaría que se revisara este dato– dijo Quintana.

—Me parece muy grave su acusación, Yanet está a cargo del prevención de riesgos de todos los establecimientos rurales de nuestra comuna –respondió el alcalde Alexis Pineda en aquella sesión del 9 de noviembre de 2021.

La funcionaria en cuestión había entrado a trabajar cinco meses antes al departamento municipal de educación como ingeniera en prevención de riesgos, titulada del Instituto Profesional AIEP. Para comprobar su estatus profesional entregó una fotocopia de su certificado de título, que señalaba que había completado su carrera en abril de 2019, legalizado ante el Notario, Conservador y Archivero Judicial de la comuna de Loncoche.

“Hicimos el chequeo en la página web de AIEP y ahí se determinó que había una inconsistencia con los números de folio que aparecen en el extremo superior derecho.   Esos números de folio arrojaban otros datos qué no coincidían con la funcionaria. Para efectivamente comprobar esto se le solicitó a la dirección regional de AIEP,  primero verbalmente y luego por escrito a través de un correo electrónico que aclararan la situación.  Me correspondió  a mí hacer  la solicitud”, explica Alejandro Herrera, abogado de la municipalidad.

La  respuesta de la sede de AIEP en Temuco fue contundente: “Ella es estudiante egresada de la carrera de prevención de riesgos, pero según nuestro registro a la fecha no se ha titulado de la carrera. Por lo tanto, el documento enviado para su consulta no ha sido emitido por nuestra institución”.

La información real era que Morales estudió Técnico de Prevención y egresó en 2016, pero nunca tuvo el grado de ingeniera. Tras descubrir el engaño, la municipalidad terminó el contrato de manera inmediata e hizo una denuncia en la fiscalía local. Alejandro Herrera cuenta que no lograron obtener más antecedentes del caso. “Ella no dijo nada respecto a cómo obtuvo ese documento o si alguien la ayudó. Y tampoco reconoció nada, se refirió a otras cosas, pero el tema del título no dijo nada”.

Herrera agrega que “es una situación muy difícil para ella también porque estamos hablando de una persona jovencísima, unos 30 años con suerte,  entonces recién partiendo su vida laboral tener este antecedente es muy lamentable.  Uno no entiende qué pasa por su cabeza para hacer cosas así. Yo la conocí y no tenía un perfil de ‘delincuente’ bajo ningún punto de vista”, reflexiona.

El 30 de marzo de este año, AIEP se querelló por este y otros cuatro casos de personas que habían presentado títulos falsos en distintas sedes a lo largo de Chile durante los últimos meses.

En el documento judicial dan cuenta que detectaron a un falso técnico en enfermería en la Fundación Arturo López Perez; una Tens impostora en la Seremi de Salud de la región de O’higgins; un técnico en administración pública fraudulento en la municipalidad de Calbuco y un falso técnico en logística que postulaba a una empresa constructora en San Fernando.

“Las autoridades del AIEP, han debido enfrentar el aumento masivo de falsificaciones de los títulos que otorga, en tanto establecimiento de educación superior reconocido por el Estado; muy probablemente, el incremento en cuestión, que hasta hace unos años era anecdótico, se debe al notable crecimiento que ha experimentado la matrícula, que en la actualidad supera los 90.000 estudiantes”, señalan en la querella.

Algo similar ocurrió en el instituto Inacap, donde entre diciembre y enero de este año, presentaron cinco querellas cada una con un caso de un profesional espurio: un ingeniero en maquinaria; un técnico analista programador;  dos constructores civiles y un ingeniero en electricidad que también presentaron títulos falsos a distintas ofertas laborales.

Mauricio Bravo, subinspector de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, explica que este es un delito bastante común, pero que se denuncia poco porque necesita de una alerta o negligencia de parte del profesional para levantar dudas sobre sus competencias o si el título que entregó al momento de ser contratado, es válido.

Además, agrega que “hay que distinguir dentro de las casas de estudio: cuando el documento falsificado es emitido por una entidad privada, para que el delito se configure como tal, tiene que existir un perjuicio. Tiene que haber un daño realizado por este presunto profesional. En el caso de las instituciones públicas o estatales, por el simple hecho de que la persona tenga un documento falso, está cometiendo delito”. 

Rodrigo Nuñez, secretario general y encargado del área legal de AIEP, señala que “efectivamente identificamos que ha habido un aumento de casos,  sin ser una cantidad inmanejable”. Cuenta que incorporaron en la página web institucional un validador de títulos que facilita la identificación de estos documentos. “Con el nombre y rut puedes ver si la persona está titulada realmente. Si se trata de un egresado solamente no te va a aparecer el dato, solamente si está titulado”.

“Muchas de las empresas o organizaciones revisan ahí, pero luego nos escriben y nos dicen ‘oiga no nos apareció la persona’. Siempre puede haber algún error de que alguien digitó mal. Nosotros chequeamos y  les decimos  ‘ojo esta persona o el certificado que usted nos está mostrando es falso o incluso es de otra persona. Ahí claramente hay una falsificación porque  alguien borró el nombre original y colocó otro”, explica Nuñez.

“No es menor que una persona que falsifique un título y se presente en un municipio, en una empresa, o un centro médico. De una u otra forma la falsificación del título es un medio para cometer otro delito: aquí es cuando hablamos de ejercicio ilegal de la profesión”, dice el subinspector Bravo.

¿Qué características en común tienen las personas que cometen este tipo de engaños? Respecto al perfil de los falsos profesionales Bravo explica que “se trata de personas indolentes. Alguien que sabe que no cuenta con las competencias para ejercer la profesión de médico y se presenta en una consulta y comienza a ejercer, sabe que está poniendo en riesgo la vida de las personas”, reflexiona.

Varios casos que ejemplifican lo grave de este tipo de conductas han sido descubiertos por la Bridec. “Tuvimos el de un sujeto que decía ser médico cirujano, que no tenía ningún tipo de estudio, nos dijo que lo hizo para generar dinero y que los diagnósticos los generaba por Google. Hemos desbaratado verdaderos centros médicos con profesionales trabajando. Un cirujano dentista que llevaba más de una década ejerciendo ilegalmente la profesión, por ejemplo”. 

“Hay que desincentivar este tipo de acciones, primero porque le produce un daño a la institución en cuanto al prestigio, porque aparecen personas asociándose a nosotros y prestando un servicio o trabajando y puede que no tengan los conocimientos. Dos, perjudica al empleador que los contrata  porque el resultado no es el esperado usualmente,  y también al propio estudiante porque al final es una frescura”, reflexiona  el secretario general de AIEP.

¿Existe algún tipo de entidad de gobierno que fiscalice este tipo de denuncias? Desde la Subsecretaría de Educación Superior explican que no cuentan con atribuciones para perseguir los delitos de falsificación y ejercicio ilegal de la profesión, y que de acuerdo a la autonomía de las casas de estudio “corresponde a cada una de estas instituciones tomar todas aquellas medidas para perseguir penalmente a quienes falsifican títulos profesionales”.

The Clinic contactó a Yanet Morales para consultar su versión, ella señaló que se trata de un tema que sigue investigación y que prefiere no hablar del caso.

Una Core formalizada

La inesperada muerte del consejero regional por la provincia de San Felipe, Rolando Stevenson (DC) en diciembre de 2021, trajo una consecuencia que nadie anticipó:  Valeria Carvallo, una ex militante socialista que había competido por el cargo en 2017 fue llamada para reemplazarlo y se convirtió de la noche a la mañana en una autoridad regional. Lo paradójico era que Carvallo estaba en medio de un proceso judicial porque en mayo del mismo año había sido despedida y denunciada por la Municipalidad de San Felipe por presentar un título falsificado que aseguraba que era asistente social.

Cuando fue formalizada, en febrero de 2022, la jueza de garantía le preguntó su nombre, rut y luego su profesión. Ante esta última pregunta se produjo un incómodo silencio en la sala.

–…tengo una consultora –dijo tras unos segundos.

Todo había partido en enero de 2021, según se explica en la querella presentada por la municipalidad, cuando Carvallo fue contratada a honorarios con un sueldo de $2 millones mensuales, para trabajar en la Secretaría Comunal de Planificación y realizar un catastro de viviendas del sector rural de la comuna con carencias de agua y alcantarillado.

“Tuvimos el de un sujeto que decía ser médico cirujano, que no tenía ningún tipo de estudio, nos dijo que lo hizo para generar dinero y que los diagnósticos los generaba por Google. Hemos desbaratado verdaderos centros médicos con profesionales trabajando. Un cirujano dentista que llevaba más de una década ejerciendo ilegalmente la profesión, por ejemplo”. 

El 7 de mayo del 2021 comenzó a circular un rumor que llegó a oídos de las autoridades locales. “A través de las redes sociales se dio la noticia de que la funcionaria del SECPLA había presentado un título de trabajadora social falso del instituto profesional AIEP, sede San Felipe, con el objeto de poder desempeñar prestaciones, en calidad de profesional sin tener las credenciales curriculares necesarias”, relatan en un oficio para la Contraloría Regional de Valparaíso.

La municipalidad consultó a la casa de estudios y éstos confirmaron que el título profesional estaba adulterado, y que correspondía a otra persona.

–Había decisiones que no tenían sustento técnico o carecían de idoneidad. Y eso nos significó muchos problemas –explica Felipe Salaya, abogado de la municipalidad de San Felipe sobre los perjuicios que provocó a la actual administración.

Además de presentar una querella penal, a partir de un informe de la Contraloría que los alentaba a buscar la manera de restituir el dinero “mal pagado”, el municipio entabló un juicio civil para lograr que Carvallo devuelva los $8 millones que recibió mientras trabajaba como funcionaria municipal. 

–Ella tenía mucha incidencia en el tema presupuestario y habían errores que significaron que no pudimos cerrar el año hasta el mes de marzo. Según lo que hemos conversado con los funcionarios eran instrucciones de ella –cuenta Salaya.

A pesar de las denuncias, Carvallo asumió como Core y recibió una dieta mensual de más de un millón de pesos entre diciembre y marzo pasado. “Nosotros pedimos al tribunal una medida precautoria de retención de esos montos, pero los Cores no reciben sueldos sino dietas, que serían inembargables”, explica el abogado.

Dentro del proceso judicial han aparecido otros antecedentes contra Carvallo. Por ejemplo, en 2017 su consultora ganó una licitación de la municipalidad de Algarrobo para elaborar el diseño de dos instalaciones deportivas. Según consta en un sumario de 2019 de la Contraloría Regional, una funcionaria de la municipalidad denunció que habría recibido presiones para subir el puntaje de 85 a 100 para beneficiarla. Además, en el documento se dice que Carvallo habría recibido correos electrónicos con “información privilegiada respecto de diversos procesos licitatorios que posteriormente le fueron adjudicados”.

En febrero pasado, cuando fue formalizada  por el delito de falsificación y uso malicioso de instrumento privado, su abogado defensor afirmó que ella está colaborando con el proceso e incluso reconoció el delito:

–Ella renunció a su derecho a guardar silenció e incluso reconoce los hechos por los que ha sido formalizada el día hoy: consistente en la falsificación de un título de trabajadora social–, dijo el defensor.

El Tribunal de Garantía fijó para octubre próximo, la audiencia para discutir el cierre de la investigación y un eventual juicio abreviado. “Nosotros queremos que se aplique el máximo rigor de la ley, porque consideramos que aquí hubo un perjuicio importante para la municipalidad”, cierra Salaya.

“The Clinic” intentó contactar a Valeria Carvallo vía mail y teléfono, pero no obtuvo respuesta.

Tesis: llegar y comprar

En la etapa final de una carrera universitaria o un postgrado, un proceso crucial necesario para dar por terminados los estudios es la tesis. En términos simples, es un trabajo de investigación que se centra en una hipótesis que debe ser analizada y comprobada. Muchas veces el objetivo está en demostrar la capacidad analítica del alumno y su entendimiento de lo enseñado.

Y en ocasiones es el paso más duro para los estudiantes, quienes pueden tardar años en finalizar sus proyectos. Problemas para definir el tema a estudiar; falta de comprensión de la metodología; desorden de la información que se recopila; falta de tiempo para desarrollarla; e incluso flojera; son algunos de las dificultades a la hora de elaborar una tesis.

Un problema que, eso sí, algunos han encontrado una solución en internet. Y es que desde hace un tiempo pululan los servicios que ofrecen la redacción de estos proyectos, encargándose de armar los marcos teóricos, buscar la metodología adecuada, y dedicarse a revisar la bibliografía. Hasta, redactarlas desde cero y sumar al trabajo la presentación y defensa final.

La operación es fácil, basta con ir al sitio web, revisar sus servicios y los métodos de contacto. En algunos basta con llenar un formulario para que respondan mientras que en otros la forma es WhatsApp, contestado de manera inmediata.

Los servicios

“The Clinic” revisó el funcionamiento de tres de estos sitios: Tesis y Másters, Comprar Tesis y Thesis Consult Chile. Sus valores, por ejemplo, pueden ser de entre $100 mil a $240 mil para un proyecto de 50 páginas, con pagos a través de  tarjeta de crédito o débito.

Tesis y Másters ofrece servicios en varios países de Latinoamérica desde hace cinco años. Se destacan, afirman, por ser 100% confidencial, libre de plagio, confiable, profesional y seguro. En el caso de la redacción de tesis indican que se debe enviar una solicitud, tras lo cual se realiza el presupuesto y se asigna a un «experto altamente cualificado y al más idóneo» para el tema, planificando un cronograma de acuerdo con las fechas de corrección y entrega.

La página cuenta, además, con una pestaña de Preguntas Frecuentes entre las que se incluye que “nuestros profesionales cuando firman el contrato, también están sujetos a la ley de propiedad intelectual, razón por la que el único dueño del proyecto eres tú”.

En esa sección explican que para un trabajo de 40 páginas se demoran alrededor de dos meses, pero que se adaptan a las necesidades de cada estudiante por lo que “hemos llegado a realizar proyectos de 100 páginas en dos días”.

La modalidad de trabajo se basa en entrega parciales del proyecto para que el alumno pueda hacer correcciones si es necesario y para que así el pago también pueda hacerse en cuotas. Las entregan incluyen un informe antiplagio de Turnitin que “garantiza un trabajo único y exclusivo”.

Comprar Tesis es otro, funciona en distintos países del continente y cuenta con más de 10 años en el área. En su página señalan que “a veces, la vida se pone dura y necesitamos tomar decisiones para no perder oportunidades. Comprar Tesis está aquí para brindarle el apoyo que necesita para alcanzar sus objetivos”. Su método de trabajo es similar a Tesis y Másters, solo que ellos designan primero al experto redactor y luego desarrollan el presupuesto.

“Nuestros trabajos se realizan exclusivamente y bajo demanda. Es decir, recopilamos toda la información necesaria para llevar a cabo su trabajo, y la producimos de la forma que desee”, plantean en la sección de Preguntas Frecuentes.

Thesis Consult Chile lleva más de 20 años en el mercado. Los servicios de tesis comprenden la elaboración “con asesoría personalizada, a través de una modalidad de trabajo establecida. Se discute, define y delimita el tema así como un cronograma de trabajo, priorizando siempre sus necesidades y tiempos de entrega”. Aseguran “un trabajo de calidad, original y libre de plagio, adicional a esto la asesoría en la construcción del mismo es constante a fin de explicarle el contenido de su tesis”.

La plataforma, además, cuenta con una sección que apunta la legalidad de lo ofrecido y que enfatiza que “son actos totalmente legales hoy en día. Lo cierto, es que no existe ninguna ley que prohíba estas acciones. Por tanto, si su preocupación es esta, tenga tranquilidad al respecto.  Siempre ha existido esa figura en los discursos políticos, en los oficios de los empleados que firman los jefes, en los libros que firman personas comprando la autoría propia”.

Añade que “el cuestionamiento que se hace a alguien que manda a elaborar una tesis, es el mismo que se le hace a un orador que manda a redactar un discurso. La reprobación podría ser ética, nunca jurídica”, y que “cada vez hay más empresas consolidadas en este sector que crece sin cesar en los últimos años. Entendemos que no todos los estudiantes pueden compaginar una tesis con unas prácticas universitarias, con otros ramos o con un empleo o familia. ¡Estamos aquí para ayudarlo o ayudarla!”.

Ética académica

Pero ¿qué dicen las universidades? Pedro Covarrubias, secretario general de la U. Andrés Bello, es claro al explicar que no pueden haber terceros involucrados en la elaboración de tesis: “En el Reglamento de Conducta para la Convivencia de la Comunidad, normativa que se aplica a todos los alumnos regulares, se encuentra explícitamente prohibido todo tipo de faltas a la honestidad e integridad académica, con especial regulación en el caso de copias, fraudes, plagio y suplantación”.

Agrega que el Reglamento del Alumno de pregrado “dispone que los estudiantes deben mantener, en toda circunstancia, un comportamiento ético acorde con su condición de universitarios en el desarrollo de sus actividades académicas”.

“El hacer un proceso como un proyecto de tesis tiene asignado a un profesor guía que trabaja con los estudiantes de la mano, acá no se acepta que venga una tesis lista”, comenta Gabriela González, vicerrectora Académica Universidad de Magallanes, quien añade que “se avanza paulatinamente con los estudiantes para obtener los resultados y pasa también con un proceso de revisión del proceso para poder ser presentado”. Dice que esto está institucionalizado porque “es una asignatura dentro de lo que son los planes y programas dentro de la institución”.

Carlos Guajardo, académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la U. Central, apunta también al rol del profesor guía pues advierte que a veces “se generan instancias de este tipo cuando no hay revisión permanente”.

Comenta que han observado que este tipo de servicio se usa más en postgrado qué pregrado, o en carreras vespertinas, pues ahí muchas veces los alumnos “ya están trabajando entonces tienen mayor agobio laboral o no se pueden atrasar en terminar”. Alerta que “es muy complejo tratar de evidenciar que hubo un plagio o elaboración desde cero porque quienes hacen las tesis son profesionales (…) el tema es muy silencioso y estas empresas son públicas y totalmente legales”.

Destaca que “es muy distinto si estas empresas asesoran o ayudan, sobre todo en doctorados y magísteres, eso es permisible, pero cuando te hacen la tesis desde cero dejas en mano, tal cual, ni siquiera te hagan reportes, sino que se comprometen a que te la entreguen hechas, entonces ahí es una falta ética”. Agrega que “es muy difícil perseguir a estos sitios porque la mayoría dice que se dedica a editar tesis, a acompañar a los alumnos, la declarativa a la luz pública es eso”.

Desde el Departamento de Pregrado de la U. de Chile explican que hay una preocupación fundamental por la integridad académica y para que el trabajo “sea honesto y responda al rigor metodológico y ético que nos caracteriza, que forma parte de la fe pública que debemos cautelar, y que garantice nuestro principio de formación integral de personas”.

Lo anterior, subrayan, implica “establecer explícitamente las condiciones para el desarrollo del trabajo académico en todos los niveles” para evitar situaciones de deshonestidad académica y “garantizar que sean nuestros y nuestras estudiantes quienes están realizando sus procesos finales de titulación”. Actualmente, están “haciendo un ejercicio de articulación institucional sobre integridad académica, para transversalizar las buenas prácticas en esta materia desde una perspectiva formativa”.

¿Qué motiva a los estudiantes a buscar estos servicios? Para el doctor en Educación y psicólogo de la U. Central, Daniel Sánchez, “interfieren muchas cosas y lo primero es una falta de criterio absoluto: el pensar que los procesos formativos son solo un trámite para trabajar. El foco no está puesto en el proceso de aprendizaje sino que solo en el resultado”.

Afirma que cuando se inicia “una carrera asumo una responsabilidad de realizar un proceso de transformación personal: cuando un estudiante no entiende eso, entonces no entiende sus estudios”. Apunta, además, a que “quien vende estos servicios también es quien está en falla, vetando la posibilidad de que un estudiante pueda hacer su transformación”.

Reflexiona alrededor del factor ético pues algo “tiene que ver con el desarrollo moral que nos enseña esto, la visión de entrar a una universidad y pagar para estudiar, y luego pagar por un trabajo para terminarla, es no vivir el proceso de aprendizaje (…) Una tesis no puede ser una piedra que arrastramos, tiene que ser una oportunidad”.

Covarrubias dice que estas prácticas atentan “no sólo contra la normativa interna señalada, sino también, a la debida formación de calidad que deben tener los estudiantes universitarios”.

Sanciones

Si bien a diferencia de la falsificación de un título universitario, en estos casos no hay margen jurídico de acción, las casas de estudio sí pueden sancionar. Covarrubias plantea que para evitar estas situaciones hay cuatro reglamentos: Conducta para la Convivencia de la Comunidad, del Alumno de Pregrado, de Estudios de Magíster y de Estudios de Doctorado.

Si se descubre un caso de este estilo, advierte, “se debe aplicar la sanción académica de nota mínima. Luego, la sanción disciplinaria puede ir desde la amonestación escrita hasta la expulsión de la universidad, dependiendo del tipo de falta a la honestidad académica de que se trate, según el Reglamento precitado”.

El Departamento de Pregrado de la U. de Chile tiene un protocolo similar: “En aquellos casos extremos e inusuales en que se puede confirmar un plagio o infracción, quienes lo realicen deben responder por la misma en virtud del Reglamento de Jurisdicción Disciplinaria de los Estudiantes, que establece sanciones para este tipo de prácticas».

Guajardo, en tanto, indica que tienen “un reglamento y un comité, en caso de que un estudiante vaya a generar un plagio o la autoría de otra tesis, este comité aplica el reglamento y se comienza una investigación. Las sanciones pueden llevar a un sumario y también incluso a la expulsión”.   

“The Clinic” contactó a Tesis y Másters, Compra Tesis y Thesis Consult Chile y no recibió respuesta.

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