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Nacional

22 de Julio de 2022

«Pagan justos por pecadores»: organizaciones alertan desprotección de migrantes que trabajan en aplicaciones de delivery en Antofagasta

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Los directores regionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Servicio Jesuita Migrante, señalaron que si bien es entendible una mayor fiscalización policial debido a los «motochorros», esto podría afectar laboralmente al resto de migrantes que no tienen sus licencias de conducir.

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Durante la jornada de este viernes 22 de julio, las direcciones regionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y del Servicio Jesuita Migrante (SJM) alertaron sobre una eventual desprotección en que se encuentran los trabajadores migrantes de aplicaciones de delivery en la comuna de Antofagasta.

Las últimas semanas, Carabineros aumentó la fiscalización a este tipo de vehículos, tras un incremento de robos a manos de «motochorros» que ocupan las clásicas mochilas de repartidores de plataformas digitales. Esto conllevó a diversos decomisos de motocicletas a trabajadores migrantes, debido a que no tienen licencia de conducir porque su situación irregular -ingresaron a nuestro territorio por pasos no habilitados- no les permite obtener una licencia de conducir chilena.

Así, agrupaciones de migrantes que trabajan como delivery, se han manifestado ampliamente e incluso entregaron un petitorio a la Municipalidad, para que les de un pase que les «garantice su derecho al trabajo». La polémica escaló hasta el concejo municipal de esta semana, donde la concejala Natalia Sánchez (PTR) reiteró esta solicitud que hizo el gremio -sustentando su argumento en los salvoconductos usados durante la pandemia-, y acusó supuestos robos de motocicletas por parte de Carabineros, que fueron desmentidos por la institución policial.

Sin embargo, esto trae un «complejo» problema de fondo, dice Fernando Guzmán, director regional del SJM. «Por un lado, se está limitando la posibilidad de trabajar honradamente, de subsistir, a los trabajadores de delivery. Y por otra parte, también se comunica que estas fiscalizaciones son producto de un aumento de la delincuencia y los robos por motocicleta, lo que al final provoca que la mente de las personas considere a todos los que andan en motocicleta de repartidores como potenciales asaltantes o delincuentes», explica.

Por su parte Paulo Palma, director regional del INDH, lamenta que en esta situación «pagan justos por pecadores. Ha habido una aumento del tipo delictual llamado ‘motochorro’, y se asocia obviamente a partes del delivery y otras personas, pero no es el 100%».

Polémica en la Municipalidad

A pesar de que el 8 de julio, el alcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez (Ind), se reunió con representantes del gremio de repartidores migrantes que buscaban regularizar su situación, días después cortaron relaciones posterior que se difundieran videos por redes sociales donde motoristas se organizaban para no permitir los decomisos de sus instrumentos de trabajo.

Freddy Alviarez, vocero de Deliverys de Antofagasta -que asistió a la reunión con Velásquez- ha dicho en días pasado que hay más de 200 trabajadores organizados, a los que el delivery les significa su «único sustento de trabajo».

Alviarez fue quién presentó el petitorio ante el municipio, medida que fue apoyada en el Concejo Municipal de este 20 de julio por la concejala del Partido Trabajadores Revolucionarios, Natalia Sánchez. «Estoy a favor que, al igual que en la pandemia, se les permita (a los trabajadores de delivery) un pase para garantizar su derecho al trabajo porque llevan semanas sin sustento para sus familias y sepa usted que, el motivo por el que andan rápido y tienen accidentes de tránsito, es porque no tienen ninguna garantía de salud, ninguna garantía laboral, no tienen ningún derecho laboral», sostuvo.

Sin embargo, después que el alcalde Velásquez le señalara que los salvoconductos no reemplazaban a las licencias de conducir, Sánchez relegó que «el hecho que Carabineros esté robando también las motocicletas, y de eso hay videos y registros, y que hagan un abuso de poder, que constantemente estén matoneando como lo hacen no solamente con los extranjeros, también con los nativos, es la realidad de las personas migrantes». El registro de la reunión se difundió ampliamente por redes sociales, lo que motivó una respuesta de Carabineros.

La general Marcela González, jefe (s) de la Segunda Zona de Carabineros, sostuvo al día siguiente que el aumento de fiscalización «es un intento de ordenar el tránsito en la ciudad y de disminuir los robos asociados a los motochorros». Añadiendo que «esta labor está en conocimiento de la autoridad (…) para Carabineros no es relevante la nacionalidad de los conductores, si no que, los conductores cumplan con la ley, sean chilenos o extranjeros».

Un problema que persiste

El concejal Camilo Kong, consultado por The Clinic acerca de esta polémica, señaló que cree que «ahí hay una confusión, tanto de parte de ellos (trabajadores de delivery) como de la concejala. Hablan de un pase como el que existía durante la pandemia respecto a que cumplían servicios esenciales, pero la verdad es que eso no significa que no deban tener papeles. Todos tenemos que tener la licencia para poder conducir vehículos».

Una obligación de la que que el director del INDH es consciente y le hace sentido con la actuación de la fuerza policial. «El orden publico tiende a la fiscalización porque es la única forma práctica y real de pesquisar motocicletas que están denunciados por estas acciones delictivas», dice Palma. Sin embargo, Guzmán relega las consecuencias que tienen estas medidas.

«Carabineros ahí, cumpliendo sus funciones de fiscalización, les confiscan las motocicletas, y es lo mismo que pasa con la venta informal. Cuando fiscalizan y encuentran una persona que está vendiendo un jugo de naranja con un carrito, les quitan todo a las personas. Y eso para quien es afectado por esa fiscalización, es una tragedia porque es su herramienta de trabajo. Una motocicleta no cuesta $50 mil: invierten un millón, se endeudan, y además con préstamos informales que tienen que devolver. Es un círculo muy vicioso donde hay una necesidad», explica el director regional del SJM.

Freddy Alviarez, en conversación con el medio Timeline de Antofagasta, sostuvo el 13 de julio que «el único pecado que estamos cometiendo es no tener licencia, pues las motos están al día y pagan impuestos. Pero tienen razón, estamos en Chile y las leyes hay que respetarlas, estamos conscientes de eso. Pero en el caso especial de los delivery que somos extranjeros sin documentos, si existiera la posibilidad que Carabineros bajara un poco la guardia con nosotros y nos dejan trabajar (…) Tienen derecho a requisarnos y revisarnos para ver que efectivamente trasladamos comida y medicamentos. El 90% somos padres de familia».

Rol de deliverys en reactivación económica

La agrupación que representa Alviarez se acercó al INDH con sus propuestas, para hacer una consulta genérica, donde los ayudaron en términos jurídicos. En esa reunión, dice Palma, le hicieron salvedades a los trabajadores acerca de que «el salvoconducto no puede asimilarse a un permiso especial de trabajo», y también de que «la Municipalidad no es el ente institucional que ve estas normas».

«Sí les hicimos ver que eran un servicio necesario, ya que los comercios locales han sobrevivido gracias al trabajo de los delivery. Gran parte de la economía y puestos de trabajo que se han recuperado, precisamente son en restoranes, cafés, y lugares de comida rápida que han podido seguir funcionando», agrega el director regional del INDH.

Por su parte, la autoridad de la organización jesuita señala que «las familias no llegan acá esperando que el Estado se haga cargo de darle ayuda. Lo que ellos quieren es encontrar oportunidades laborales».

«Acá se logra empatar, digamos, una necesidad que existe de reactivación económica ya que los deliverys han aportado en la solución de la misma, porque acá hay muchos restaurantes, farmacias y comercios de distintos tipos que necesitan vender para poder recuperarse de estos años de pandemia en que todo estuvo cerrado», añade.

El director regional del SJM, Fernando Guzmán, concluyó que «los deliverys están jugando un papel en la reactivación económica local, pero Carabineros está cumpliendo con su función. Tampoco el alcalde puede hacer mucho, porque no puede pasar sobre la ley, lo que indica el Servicio Nacional de Migraciones y sus políticas, etc. Está bien engorroso, realmente no tienen mucho que hacer (los trabajadores) en términos de como están formulados los reglamentos de Extranjería hoy por hoy».

The Clinic consultó a Camila Cortés, Seremi del Trabajo y Previsón Social de la región de Antofagasta, sobre su postura frente a este conflicto. «Como Gobierno siempre vamos a velar por el trabajo decente, lo que implica que todas y todos los trabajadores tengan seguridad laboral y condiciones dignas para desarrollar sus funciones. Es por ello, que la formalidad en el trabajo permite otorgar garantías legales correspondientes a lo que exige nuestro país», respondió.

También acudimos al alcalde, Jonathan Velásquez, para que comentara la situación. Sin embargo, y a pesar de la insistencia con su asesor de comunicaciones, no respondió nuestros llamados.

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