Aumenta desprotección de las mujeres: por qué en lo que va del año ocurrieron 25 femicidios consumados y 84 frustrados

—Tengo miedo de contestar el teléfono y me digan que la mató— cuenta Gabriela, hija de Ida, sobreviviente de femicidio frustrado en 2007 cuando ese crimen aún no estaba tipificado en la ley. Ese año comenzó la pesadilla de su madre. 

Gabriela ha hecho de todo para resguardarla en estos últimos años: cambios de casa y ciudad, formación de redes de apoyo con organizaciones sociales y estatales. Pero nada ha sido suficiente. El 2012 el agresor fue condenado a 15 años de cárcel. Sin embargo, salió cinco años después por buena conducta, buscó a Ida y nuevamente la agredió. Luego de eso  fue arrestado por desacato. Pero Gabriela teme cada vez que contesta una llamada.

–Aló mamá ¿estás bien?–le pregunta angustiada.

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En 2006 Ida se emparejó con Manuel Puigán. Se fueron a vivir juntos a una casa en Peñalolén, a los meses quedó embarazada. Todo iba bien hasta que él comenzó a agredirla después de que naciera el hijo de ambos.

“Yo estaba cocinando una ensalada de zanahorias con lechugas, él llegó la probó y dijo que estaba envinagrada. Tomó la fuente y me la tiró por la cabeza, después me patió en el suelo y por unos instantes no pude ver por uno de mis ojos”, recuerda Ida.  

Las discusiones eran cada vez peores hasta que un día en la mañana, mientras iba a dejar su hijo al jardín, ella se encontró en la esquina con Manuel.

—Te voy a matar a ti y a tu hijo— le dijo y la tomó del brazo. Asustada, caminó de vuelta a la casa junto a su hijo. Al llegar, el hombre sacó un cuchillo y comenzó a apuñalarla en la cara y el pecho.

Alertado por los llantos del niño, un vecino entró al hogar a ver qué pasaba. Gabriela recuerda que gracias a él, su madre y su hermano sobrevivieron. Por las heridas Ida estuvo hospitalizada unos días y Manuel se dio a la fuga.

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Recién en el 2010 en Chile se promulgó la Ley de femicidio, es decir cuando una mujer era asesinada por su cónyuge o pareja. Desde entonces a la fecha más de 500 mujeres han muerto, según cifras oficiales. Con la llamada Ley Gabriela el 2020, se amplió el alcance del femicidio, incluyendo razones de género donde la mujer asesinada podía o no haber convivido con su agresor, tener un hijo en común o haber tenido encuentros sexuales. Además la pena podría llegar hasta 40 años.

Pese a eso, según datos del Servicio Nacional de la Mujer (Sernameg), al 27 de julio de 2022, se han registrado 25 femicidios y 84 frustrados. El último de ellos, fue el pasado 26 de julio.

“Personal de Carabineros se trasladó a domicilio en la comuna de Yerbas Buenas para verificar procedimiento por violencia intrafamiliar. En el lugar, encontraron a Andrea Salazar Placencia, de 37 años de edad, tendida en el piso con heridas corto punzantes en distintas partes de su cuerpo. Fue trasladada de urgencia al consultorio comunal donde, debido a la gravedad de sus heridas, falleció. La policía detuvo al ex conviviente de la señora Andrea, Claudio Aedo Salvo, imputado por el femicidio”, dice la información oficial de Sernameg.

A modo de comparación, durante el primer semestre del año pasado, 19 mujeres fueron asesinadas por sus agresores y 83 sobrevivieron. Las cifras, entonces, están lejos de disminuir, pese a que la temática de femicidio ya es más comentada en la sociedad. 

—Te voy a matar a ti y a tu hijo— le dijo y la tomó del brazo. Asustada, caminó de vuelta a la casa junto a su hijo. Al llegar, el hombre sacó un cuchillo y comenzó a apuñalarla en la cara y el pecho.

Los datos sobre femicidios frustrados tienen cifras más altas en regiones como la Metropolitana, Valparaíso, Biobío entre otras. Sin embargo, los instructivos con enfoque de género y desde el mismo Sernmeg señalan que los femicidios no responden a una época determinada del año, ciclo vital de las mujeres, rango etario, socio cultural o económico, así como tampoco a la territorialidad.

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Durante la pandemia, el  alza fue particularmente notorio. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Milenio analizando datos del 2014 al 2021, los intentos de femicidio aumentaron un 22% en 2021 respecto a años anteriores. 

“Vemos que en el caso de los femicidios casi el 30% de los atacantes eran pololos, ex parejas o no tenían ni tuvieron relación sentimental con la víctima de femicidio y en el caso de intentos de femicidio un 34%, los cuales son casos que pueden ser tipificados como delitos gracias a la Ley Gabriela”, detalla una de las autoras, Romina Torres, académica UNAB de la sede Viña del mar. 

El mismo estudio mostró que ese fenómeno no ocurrió mayormente en sectores vulnerables. Los datos registrados mostraron el alza “en comunas con mayor índice de desarrollo humano, que coincide también con el plan paso a paso de confinamiento y las posibilidades de quedarse en la casa”, comenta Rodrigo Salas, unos de los investigadores y académico de la Universidad de Valparaíso. Junto con esto y el hecho de “que la víctima y el atacante compartirían más tiempo el domicilio” agrega Torres. 

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Tania Luco trabajó directamente con mujeres que vivieron esa realidad. 

Desde el programa ambulatorio para adultos en Santiago, se encargaron de hacerles un seguimiento telefónico y procurar que continuarán sus tratamientos farmacológicos, según fuera el caso. Se encontró también con que  “hubo un incremento en la ideación suicida e ideas de muerte. En algunos casos, estos síntomas tenían relación con el incremento de las situaciones de violencia en sus hogares” cuenta Luco. Sin embargo y en plena crisis sanitaria por el confinamiento, no hubo medidas adicionales entregadas por el Estado.

Ese es un aspecto que todavía no está resuelto desde el punto de vista legal es la tipificación de los casos de femicidio suicida en Chile, que han cobrado destaque en los últimos años por la historia de Antonia Barra o de Francisca Moll. 

El Sernameg hace énfasis en que ofrece “acompañamiento para aquellas mujeres que, producto de la violencia que vivieron, necesiten una intervención reparatoria más especializada”, consigna la directora (s) del servicio,Vannina Masmán Leon.

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Para Lorena Astudillo, coordinadora de la Red Chilena de Violencia Hacia La Mujer, “es necesario entender la violencia como una práctica de dominación patriarcal hacia la mujer, pero en Chile aún se tipifica como violencia intrafamiliar, lo que evita que se entienda la complejidad del tema y por tanto se aborde con competencia”.

Desde la Red Chilena, llevan 16 años impulsado la campaña “¡Cuidado el machismo mata!”. Este año lo hicieron en 10 regiones a lo largo del país para visibilizar, cuestionar y politizar la violencia hacia las mujeres en sus diversas manifestaciones. En Santiago instalaron un memorial que recuerda a las víctimas de violencia femicida desde el 2001, nueve años antes que existiera la ley.

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En 2012 el agresor de Ida, fue condenado a 15 años por intento de femicidio, pero en 2017 obtuvo una rebaja en su condena por buena conducta y salió libre.

Ese mismo año, ella decidió irse de Santiago, para sentirse más segura y estar cerca de sus familiares .Se instaló a 600 km de la capital, donde tenía la certeza de que Manuel no podría encontrarla. “Él no conocía el sur”, argumenta. 

Sin embargo, el 2018 ella lo vio vigilando su nueva casa y se lo comentó a su hermana.

Durante la pandemia, el  alza fue particularmente notorio. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Milenio analizando datos del 2014 al 2021, los intentos de femicidio aumentaron un 22% en 2021 respecto a años anteriores. 

“Fuimos a preguntar si había salido libre, si era posible que fuera él, nos dijeron que estaba afuera desde junio del 2017”. Contra todo pronóstico, durante su condena Manuel fue cambiado de centro penitenciario y quedó recluido a pocos kilómetros de Ida.

Desde entonces comenzaron una serie de persecuciones en el centro de la ciudad. Ida se lo encontró en el supermercado, en la plaza y en la calle, donde una vez intentó atropellarla junto a su hijo. Ella denunció cada uno de esos encuentros y amenazas, pero, según acusa “solo se han acumulado en una carpeta”. 

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Danitza Perez Cácerez, directora de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), es crítica respecto a las políticas de protección hacia las víctimas.  “Puede significar la muerte de una mujer, sin mencionar que las policías al mismo tiempo se demoran mucho porque ahí solo se está midiendo en cuanto a la reacción”. 

Por otro lado, a nivel judicial, argumenta que “hay un sesgo importante que hay en jueces y juezas, la interpretación y uso que le dan a los roles y estereotipos de género lo que muchas veces hace que no sea categórica la protección de la víctima”.

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El 2018, cuando la cuarta ola feminista estaba movilizada a lo largo de todo el país, Mara llevaba una causa que sus cercanos llamaron imposible. 

Acababa de terminar una relación de casi dos años con su agresor de iniciales A.B. Habían tenido una relación que inicialmente parecía idílica. Se habían ido a vivir juntos y tenían planes de casarse, hasta que una noche en que estaban solos, sin amigos, ni las hijas de ella, discutieron hasta que él intentó ahorcarla. 

“Desde entonces yo sabía que esa relación no debía seguir, pero le creí cuando me dijo que no volvería a pasar”, cuenta.

De acuerdo con ONU Mujeres, la normalización de la violencia, de actitudes posesivas y controladoras como los celos y la culpabilización de la situación, provocada por el desgaste emocional y psicológico ocasionado a lo largo de todo el tiempo impide a muchas mujeres de realizar denuncias contra su agresor. Otro factor importante que dificulta la toma de decisión de se refiere a las trabas institucionales y a las deficiencias del propio sistema. 

Según datos de la unidad especializada en violencia de género de la Fiscalía Nacional, ese mismo año en que Mara se enfrentaba a la violencia de su pareja, solo una de cada 10 denuncias de ese tipo realizada por mujeres terminó en una sentencia condenatoria.

Actualmente, Mara lleva una serie de terapias de reparación costeada por ella, que le han permitido hablar de lo ocurrido con fluidez y reflexión, se ha permitido escribirlas con el fin de sanarlas y las menciona en su libro Viajera Indómita. 

“Fueron tres agresiones, todas comenzaron por sus celos: porque me hice un Instagram sin contarle, porque me vestí de tal forma para un almuerzo, etc.”, intenta resumir Mara.  Sin embargo, la última fue la peor.

“Me agredió en la calle, en un barrio del centro, me tiró al suelo, contra un muro hasta que aparecieron unos vecinos para rescatarme, llamaron a Carabineros y se lo llevaron. Yo a esas alturas lo único que quería era no volver a verlo y  poder estar en mi casa a sola y a salvo, no quise hacer la denuncia”, recuerda. 

Pero lo dejaron libre esa misma noche.

“Llegó hasta mi casa a terminar lo que había empezado, entró por el jardín y comenzó a golpear el ventanal hasta que lo rompió”, relata.

Mara no recuerda cómo logró escapar de su agresor, pero sabía que cualquier paso en falso que diera, según cuenta, le costaría la vida. Huyó en medio de la noche por su condominio hasta que llegó donde estaba el conserje, llamó a la policía y comenzó un largo recorrido legal para volver a sentirse en paz.

Actualmente, Mara lleva una serie de terapias de reparación costeada por ella, que le han permitido hablar de lo ocurrido con fluidez y reflexión, se ha permitido escribirlas con el fin de sanarlas y las menciona en su libro Viajera Indómita. 

“Dejé constancia en Carabineros, tuve que demostrar que vivía con él, porque el que me haya agredido parecía no importarle a nadie, a menos que tuviéramos una relación de convivientes… Me recomendaron ir siempre muy recatada a dar declaraciones, porque parece que hasta en eso nos juzgan a nosotras, debes parecer víctima. Fue un largo, agotador y muy frustrante proceso”, cuenta.  Pasó más de un año intentando dejar algún precedente para que A.B no pudiera agredir a ninguna otra mujer.

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En noviembre de 2020 Ida se encontró con su agresor en el juzgado de la ciudad en la que viven ambos.  

Al salir, Manuel comenzó a gritarle. Eran las 11:30 de la mañana e Ida corrió hasta el banco donde le pidió a los guardias que llamaran a Carabineros, quienes llegaron 40 minutos después. Puigán se había escondido en una florería en frente y lo tomaron detenido. 

Ida realizó la denuncia y luego de cinco meses Manuel fue condenado por desacato en contexto de ley intrafamiliar a 541 días de cárcel, además de prohibición de acercarse a ella, la víctima. 

Esos 541 días se cumplieron esta semana. E Ida y Gabriela temen que vuelva a aparecer. 

Los celos, gritos, amenazas, manipulación, empujones, golpes, control y aislamientos no son conductas normales en una relación de pareja. Si eres víctima de algo así, recuerda que no estás sola. Si eres testigo o víctima de violencia, llama a cualquiera de los siguientes números: Fono Familia de Carabineros (149); Policía de Investigaciones (134); Fono de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres (1455); Fono Denuncia Segura (600 400 0101); WhatsApp Mujer (+569 9700 7000).