Alejandra Placencia, diputada comunista que respalda el Estado de Excepción en la Araucanía: “No tenemos otra herramienta para abordar los temas de seguridad en la zona”

La constante aplicación del Estado de Excepción Constitucional es una herramienta que incomoda a la izquierda, en cuanto se trata de un despliegue militar al resguardo de la seguridad pública, con todos los riesgos y contradicciones doctrinarias que ello implica. Sin embargo, el gobierno ya va por la sexta prórroga de esta medida para la Macrozona Sur, la que se vota este miércoles 17 de Agosto en el Congreso.

De hecho, hay sectores del oficialismo se han opuesto constantemente a dar los votos a favor de la renovación del Estado de Excepción y, cuando lo apoyan, suelen hacer las salvedades de principios que contiene su respaldo. Sin embargo, hay otros parlamentarios y parlamentarias de gobierno que asumen la necesidad, forzosa si se quiere, de aplicar el Estado de Excepción.

Una de ellas es la diputada del Partido Comunista, Alejandra Placencia, quien ha respaldado todos los Estados de Excepción del Ejecutivo y que en esta entrevista, en la previa de la votación de una nueva extensión del Estado de Excepción, asegura a The Clinic: “No tenemos una medida distinta hoy día en el orden constitucional que nos permita abordar estos puntos críticos como son los hechos violentos”, dice la legisladora que hace un par de semanas estuvo en la zona de conflicto con sus pares de la Comisión de Seguridad de la Cámara, interiorizándose de las complejidades del territorio.

“Nosotros también entendemos que es una medida excepcional. Ocurre que la situación en La Araucanía requiere de tomar medidas urgentes para poder dar seguridad en la zona”.

-Esta será la sexta vez que el gobierno pide la prórroga al Estado de Excepción en la Macrozona Sur. ¿Por qué La Moneda hace de esta medida una norma siendo que, según su propio nombre, debería ser excepcional?

-Nosotros también entendemos que es una medida excepcional. Ocurre que la situación en La Araucanía requiere de tomar medidas urgentes para poder dar seguridad en la zona. Una de las cosas que hemos exigido de parte de las bancadas del oficialismo, es que se vaya dando cuenta de cómo avanza la medida. 

Lamentablemente, no tenemos una medida distinta hoy día en el orden constitucional que nos permita abordar estos puntos críticos como son los hechos violentos, y que el Estado pueda dar seguridad a las personas, a la par de que avanza el Plan Buen Vivir que nos parece que tiene puntos que son esenciales. 

-¿Entonces?

No podemos restituir la presencia del Estado si no damos seguridad en la zona. Lamentablemente, hasta ahora es la única medida que existe a nivel constitucional y sabemos que el gobierno lo está usando de un modo distinto. Es decir, la aplicación de este Estado de Excepción no tiene nada que ver con la forma en la que lo aplicó el gobierno de Sebastián Piñera. 

Esa es una de las críticas que la derecha ha intentado levantar, pero los hechos demuestran que este Estado de Excepción acotado a las rutas, sin intervenir en las comunidades y donde se incorporan patrullaje mixto y monitoreo aeroespacial muy discretos, sirve. 

-¿Y acaso eso no es militarizar la zona?

Ha habido un conjunto de medidas que no significan militarizar la zona del modo que lo vimos en el gobierno de Sebastián Piñera y aún así ha dado resultados efectivos. Nos hubiera gustado que se hubiera aprobado por parte del Congreso el proyecto de Infraestructura Crítica con el veto sustitutivo del gobierno, que justamente lo hacía aplicable y era una medida alternativa a los Estados de Excepción. 

Sin embargo, ya sabemos lo que pasó en el Congreso: la derecha hizo su punto político y nos quedamos sin esa posibilidad.

-Para la prórroga anterior, usted señaló que “esperamos que este sea el último Estado de Excepción” y, obviamente, vemos que eso no fue posible. ¿Fracasó el gobierno en tener una respuesta de política pública respecto de la seguridad en la zona?

-Es una deuda que tiene que ver con el abandono del Estado y que no es nueva, es histórica. Lamentablemente ha habido por parte del Estado una respuesta que ha significado no responder a demandas históricas, como la restitución de tierras. 

En la visita inspectiva que pudimos realizar como Comisión de Seguridad en la zona, nos dimos cuenta que es una demanda central no sólo de las comunidades mapuche, sino que también de las autoridades locales, alcaldes y gobernadores, lo ponen como un tema central, reconociendo que es una demanda histórica del pueblo mapuche, de las comunidades que han reivindicado la devolución de sus tierras y que, lamentablemente, el Estado no tiene las herramientas hoy día para restituir de buena manera y con la celeridad que se requiere. 

-¿Cómo se resuelve entonces esa demanda histórica?

-Necesitamos fortalecer la institucionalidad y que de algún modo la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) pueda responder a esta demanda. Entendemos que al gobierno actual le ha tocado hacerse cargo de este tema y que están avanzando, sin embargo, hay una limitación clara respecto de este tema en el orden constitucional actual y, por otro lado, el abandono del Estado respecto de la vulneración de derechos sociales que debieran estar garantizados y no lo están. 

Ahí tu ves pobreza, abandono en términos de lo que es la inversión en infraestructura pública y de la posibilidad de tener trabajo decente. 

“Ese abandono del Estado (en La Araucanía) lo ocupan quienes hoy día están generando atentados en la zona, que son básicamente crimen organizado”.

-¿Qué efectos tiene en la zona el abandono del Estado?

-Ese abandono del Estado lo ocupan quienes hoy día están generando atentados en la zona, que son básicamente crimen organizado. Eso es lo central y yo creo que ahí sí se está intentando dar una respuesta certera. 

Es evidente que no todo lo vamos a resolver en un año o en unos meses, pero sí dando respuestas que tengan que ver con abordar las urgencias y, por otro lado, pensar en el futuro, en cómo finalmente restituimos la presencia del Estado y la seguridad en las zonas.

-¿Hay otras vías para reforzar la seguridad en la zona, o este mecanismo de Estado de Excepción se seguirá extendiendo?

-Una de las cosas que vamos a tener que hacer es avanzar rápidamente con la presencia del Estado en la zona. Para eso es indispensable dar seguridad, generar los mecanismos de inteligencia que permitan enfrentar el crimen organizado, el robo de madera. Para eso se está trabajando por parte del Ejecutivo en generar indicaciones.

Por ejemplo, el proyecto de robo de madera ya pasó en el Senado y deberíamos verlo en la Cámara pronto. Eso tiene urgencia y es uno de los proyectos que permitirían abordar este tema, que es uno de los focos mayores de conflicto y que genera, además, un tema de adquisición de alto poder de fuego por parte del crimen organizado. 

Es decir, necesitamos dotar al Estado de más herramientas que hoy día no tiene: el proyecto de Reforma al Sistema Nacional de Inteligencia, por ejemplo. Esperamos que el Congreso esté a la altura, eso es lo otro. Es decir, por hacer puntos políticos particulares, muchas veces se dejan de lado las discusiones que nos permiten ocuparnos de la seguridad.

Alternativa al Estado de Excepción: “El Plan Buen Vivir tiene la limitación de la institucionalidad actual”

-El Plan Buen Vivir fue presentado para dar una respuesta más integral al conflicto. Usted, incluso, pidió que se mostrarán sus avances. ¿Qué avances faltan respecto de este plan?

-Falta avanzar en lo que significan los parlamentos territoriales. O sea, ha habido reuniones con muchas comunidades, aparte de los Concejos de Loncos y algunas comunidades que fueron las que estuvieron disponibles a parlamentar inmediatamente en ciertas instalaciones del Plan Buen Vivir, pero se necesita avanzar. Son cerca de tres mil comunidades en la zona, por lo tanto se requiere una institucionalidad que sea capaz de canalizar las demandas. 

Una de las principales demandas es la devolución de tierras, pero no es una devolución de tierras sólo en tanto hectáreas a entregar, sino que también eso tiene que ver con otorgar capacidad para que puedan trabajar esas tierras y que sean productivas; se requieren planes integrales en ese sentido. 

Por ejemplo, el acceso al agua en la zona, porque nosotros sabemos que hoy día los derechos de agua están en manos de algunos particulares y, lamentablemente, muchas comunidades dependen de eso para incluso subsistir. 

“El Plan Buen Vivir tiene la limitación de la institucionalidad actual, que está bajo este orden constitucional”.

-Parece que el diagnóstico es claro…

-Hay que buscar una manera para que esa devolución de tierras también sea posible de trabajar con proyección en el futuro. También fortalecer institucionalmente la Conadi, generar otros instrumentos que nos permitan devolver estas tierras; son cerca de 700 comunidades que calificarían para devolución de tierras. 

Sin embargo, la institucionalidad tiene una posibilidad muy baja de responder con la celeridad que se requiere. Hay comunidades que han estado años esperando, pese a que cumplen con todos los requisitos. 

Por otro lado, falta inversión pública. Hay muchos proyectos que están siendo priorizados en la zona: luminarias, caminos, servicios básicos. Se tiene que trabajar muchísimo con los alcaldes. Tenemos que ver la posibilidad de reactivar turísticamente algunos lugares que son maravillosos. También está la restitución de derechos como Salud, Educación y Vivienda. Es decir, el Plan Buen Vivir, que tiene una visión integral, también tiene la limitación de la institucionalidad actual, que está bajo este orden constitucional. 

Afortunadamente la propuesta de nueva Constitución nos permite pensar que estos derechos debieran estar garantizados, incluida una fórmula institucional para la restitución de tierras.

-Quiere decir que si gana el Rechazo, ¿se complica entonces la aplicación del Plan Buen Vivir?

-Es que la Constitución actual siempre nos está poniendo limitaciones para transformaciones de fondo. La Constitución actual, lamentablemente, no responde a la demanda de derechos sociales y menos a deudas históricas como las del pueblo Mapuche y la restitución de tierras. 

Entonces, tenemos que sopesar cuál es el mejor punto de partida para este próximo período. Y cuando digo próximo período es pensar en Chile para el futuro de los 30 o 40 años que vienen. Frente a eso, por supuesto que la propuesta de nueva Constitución nos da muchas más herramientas para garantizar que el Estado se haga cargo de demandas históricas.

“La propuesta de nueva Constitución nos da muchas más herramientas para garantizar que el Estado se haga cargo de demandas históricas”.

-Una parte del oficialismo, incluídas diputadas de su partido, se han negado a dar los votos a favor para renovar el Estado de Excepción. ¿Le parece correcto negarles los votos a su propio gobierno, más allá del punto político que tengan?

-Cada uno puede tener su propia argumentación de acuerdo a la situación en la que se encuentra, o a su propia experiencia de vida. Yo no me atrevería a hacer un juicio de valor al respecto, pero sí creo que tenemos una responsabilidad dentro de las coaliciones de gobierno de fortalecer la acción que el Presidente Boric nos ha solicitado en este caso. 

Lamentablemente, no tenemos otra herramienta que ésta para abordar los temas de seguridad en la zona, toda vez que necesitamos restituir derechos sociales que han sido vulnerados históricamente. 

Entendemos lo que significa, no es una definición sencilla desde el punto de vista de que sabemos que tanto militares como carabineros están altamente cuestionados. Sin embargo, lo que yo pude ver en las zonas, me reafirma el hecho que se está respondiendo adecuadamente a la solicitud del presidente Boric, sobre que este Estado de Excepción no militariza las comunidades, que se hace con un irrestricto respeto a los Derechos Humanos y que se ha hecho de modo preventivo. 

-Y en su opinión, ¿ha sido útil?

-Ha dado buen resultado porque se ha hecho de manera muy racional, aplicando el decreto que el Presidente de la República ha mandatado que, como decía al principio, dista muchísimo de la forma en que el Estado de Excepción fue aplicado por parte del Presidente Piñera. 

Acá tenemos sumo cuidado con no intervenir militarmente las comunidades, porque muchas veces sabemos que la gente podría sentirse violentada, cuando lo que se requiere es generar protección a las personas en la zona para que llegue el Estado.

“Héctor Llaitul está fuera de la convivencia democrática”

-La semana pasada el gobierno desechó extender el Estado de Excepción a la Región de Los Ríos, pese que inicialmente habían dado señales de avanzar en ello. ¿Esto es parte de la solicitud que hizo usted para que “mejoren los canales de comunicación” entre el Ejecutivo y los parlamentarios?

-He conversado con la mayor cantidad de personas, autoridades locales sobre todo, sobre la evaluación del Estado de Excepción en Los Ríos, y lo que dicen hasta ahora es que no sería una medida necesaria. Se está trabajando en una mesa permanente con el Ministerio del Interior para canalizar la forma más apropiada de enfrentar los hechos violentos que se han dado en la zona, que son aislados todavía y, por ende, se requiere una acción para contener la expansión de este tipo de hechos. 

En esa misma dirección, se está reordenando a la fuerza policial y los controles preventivos, pero también se está intentando responder de manera integral a las demandas de la comunidad en Los Ríos. Ahí hay muchas comunidades Mapuche organizadas, que tienen un trabajo con las autoridades locales y que por su puesto también están siendo consideradas.

“Lo que Héctor Llaitul hace está fuera de la convivencia democrática. Este tipo de amenazas deben enfrentarse con las herramientas que tiene hoy día el Estado de Derecho”.

-Hace días Hector Llaitul declaró una guerra total al “Estado capitalista” y reconoció que el robo de madera permite financiar “los fierros” y “los tiros”. ¿Usted considera a Héctor Llaitul un activista político o un terrorista?

-Yo creo que Héctor Llaitul está fuera de la legalidad. Una cosa es la legítima demanda del pueblo Mapuche por la restitución de tierras y el reconocimiento que el Estado tiene que tener a esa deuda histórica, pero otra cosa es arrogarse la representatividad del pueblo Mapuche y que la reivindicación de los derechos ancestrales pase por las acciones que él lleva a cabo. Hoy día los derechos ancestrales y la devolución de tierras tienen que ser reconocidos institucionalmente. 

El gobierno del Presidente Boric está trabajando en esa línea de manera integral y creo que lo que Héctor Llaitul hace está fuera de la convivencia democrática. Este tipo de amenazas deben enfrentarse con las herramientas que tiene hoy día el Estado de Derecho y lo que la ley otorga. Me parece que en este ámbito el gobierno ha hecho su aporte al respecto, sumando antecedentes a las querellas existentes, haciendo y tomando las iniciativas no sólo de condena pública, sino que también en el ámbito jurídico.

Acuerdo de reformas a la nueva Constitución: “La opinión del partido está expresada en la firma de Teillier”

-La principal crítica que se hizo al acuerdo oficialista del pasado jueves, fue que se trató de una “cocina” de los partidos de gobierno. ¿El documento califica bajo ese concepto?

-Por supuesto que no, no podría calificarlo como cocina. De hecho, es una respuesta a una solicitud explícita que nos hace el Presidente Gabriel Boric, que no cambia de ningún modo el corazón de la nueva Constitución. 

Más bien, lo que hace es dar garantías a la comunidad y precisa algunos elementos que pudieran haber generado confusión, pero no por el mismo texto, sino porque aquí la derecha, el Rechazo, ha insistido en generar noticias falsas, en difundir no sólo imprecisiones, sino que literalmente mentiras respecto del texto constitucional. 

Lo que hicimos como oficialismo, como parte de las coaliciones de gobierno, es responder a la demanda que nos ha hecho el Presidente y que, ojo, es una solicitud que se le hizo a todo el espectro político y es la derecha la que no ha logrado ponerse de acuerdo. Nosotros sí lo hicimos, muy por el contrario a lo que se ha intentado instalar por parte del Rechazo.

-Junto a otros parlamentarios usted firmó una declaración para incluir en el debate post Plebiscito a las organizaciones sociales. ¿Cree que eso tenga recepción por parte de los partidos?

-Una cosa que nos ha enseñado el Proceso Constituyente, sobre todo el periodo post Revuelta Social, es que necesitamos de la diversidad de Chile para que los procesos de transformación avancen. 

Ahí, por supuesto que los partidos tienen una gran responsabilidad de primer orden. También hay que saber que hay un mundo social que no es militante, pero que sí tiene un gran compromiso con los cambios que se han demandado durante los últimos treinta años. 

Por lo tanto, creo legítimo que se pueda reivindicar esa participación. Es complementaria y los aprendizajes los tenemos que llevar adelante post 04 de Septiembre, cuando tengamos que legislar.

-La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, dijo: “el problema de la Convención fue llevar listas de independientes. ¿Coincide con ese diagnóstico?

-Hay que tener menos juicios particulares y asumir que tenemos hoy en día un compromiso transversal que al ser firmado por todos los partidos políticos, tenemos la responsabilidad de cumplir. En este camino vamos a tener que sumar a distintos actores políticos y sociales para generar más alianzas que nos permitan revertir la resistencia que van a tener algunos sectores de la derecha, sobre todo de la derecha que está por dejar la Constitución del 80 tal cual está. 

Por lo tanto, yo no me detendría en este tipo de situaciones que más bien enrarecen la discusión y no nos permiten avanzar de buena forma. Creo que el acuerdo que se ha firmado es una garantía y yo me centraría en que una vez firmado ese acuerdo, se debe cumplir.

-El mismo jueves pasado el presidente de su partido, Guillermo Teillier, puso en duda que se pueda cumplir el acuerdo y luego matizó sus dichos. ¿Se puede contar finalmente con los votos del PC en el Parlamento para impulsar estos cambios?

-Hemos sido parte de esta discusión, lo hemos hecho con toda responsabilidad. Tratamos de no plantear las diferencias por la prensa, porque creemos que el acuerdo al que se ha llegado hay que cuidarlo. 

Para nosotros es muy importante y la historia de nuestro partido así lo comprueba; los compromisos son de cara a la ciudadanía y en alianza con quienes están por las transformaciones. Y yo no veo que haya ninguna razón para poner en duda el compromiso del PC con este acuerdo y con todo aquello que signifique implementar, a partir del 04 de Septiembre, la nueva Constitución y los cambios que sugiere el acuerdo. 

Vamos a tener que legislar intensamente en el Parlamento, porque son varias las leyes transitorias que nos va a tocar ver en este periodo. Así, la ciudadanía puede verificar nuestra lealtad a través de la historia.

-Daniel Jadue, por ejemplo, tuvo críticas a este acuerdo, diciendo que “no le han dado ni un día a la nueva Constitución y ya la quieren cambiar”. ¿Qué opina de esa crítica?

-Yo creo que él, como cualquier otro alcalde, puede dar su opinión. La opinión del partido está expresada a través de la firma de nuestro presidente Guillermo Teillier en el acuerdo. Esa es la visión del Partido Comunista hoy día, una definición bastante consensuada, meditada y responsable con lo que significa el futuro de Chile.

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