¿Isapres al borde de la quiebra?: Cinco claves para entender la crisis del sistema de salud privado

Esta semana se vivió un nuevo episodio de tensión entre la Asociación de Isapres, la Superintendencia y el Ministerio de Salud, luego de que el 30 de noviembre la Corte Suprema ordenara aplicar la tabla de factores de 2019 a los planes de todos los afiliados y la restitución de los cobros en exceso. 

Un procedimiento que deberá establecer el ente regulador de las aseguradoras -la Superintendencia- en un plazo de seis meses. A través de un comunicado, la Asociación de Isapres acusó una falta de celeridad para zanjar el tema, mientras la ministra de Salud, Begoña Yarza, respondió que desde el Gobierno están evaluando respuestas a la situación, asegurando que no estaban “empujando ninguna crisis”. 

Por una serie de factores, como ajustes en los precios de los planes, judicialización de alzas, deudas a raíz de la pandemia y la promoción por parte del Gobierno del fortalecimiento de la salud pública, las isapres vienen alertando desde 2021 que atraviesan una grave situación financiera. En varios de los comunicados que ha emitido la agrupación han alertado de “quiebras inminentes”.  

¿Cómo se explica el agravamiento de la crisis de las isapres? Aquí te entregamos cinco claves para entenderlo. 

1. Alzas de los planes

Desde que nacieron en la década de los 80, hasta abril de 2020, las isapres determinaban el costo del plan de cada afiliado a través de una herramienta denominada “tabla de factores”. Fijada por ley, esta cruzaba la relación entre los precios del seguro contratado y la condición de salud del cotizante, dependiendo su tramo de edad, sexo y enfermedades de base. 

Según afirma la presidenta del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi, “esa conducta, que es como funciona el modelo de negocios que tienen las isapres a través de la selección de riesgos, en distintas instancias el sistema judicial ha determinado que son discriminatorias e inconstitucionales”. 

De esta forma, dice el senador y presidente de la Comisión de Salud, Francisco Chahuán (RN), “se generó una verdadera industria para ir por la vía judicial a detener las alzas en los planes de salud”. En 2020 más del 96% de las apelaciones a recursos de protección que llegaron a la Corte Suprema correspondía a causas de este tipo. 

Cómo reacción a esta dinámica -y con el estallido social detrás, con la salud como una de sus demandas principales-, el gobierno del Presidente Piñera estableció en 2019 una tabla única de factores, que acotaba las diferencias por características de los afiliados. Posteriormente, en el año 2021, se promulgó una ley que entregó facultades a la Superintendencia de Salud para fijar los incrementos que las isapres podían hacer a los precios de los planes. Quedó fijado para el período 2022-2023 en un 7,6%. 

Sin embargo, durante 2022 la Corte Suprema falló a favor de paralizar los incrementos de los planes de salud para la totalidad de los afiliados del sistema privado, y también ordenó que la nueva tabla de factores se aplicara no solo a los contratos nuevos (desde abril de 2020 en adelante), sino que para todos los clientes de isapres. Así, las aseguradoras deberán reembolsar significativos montos en excedentes para cumplir la ordenanza de la justicia. Dineros que, según han afirmado, las podría llevar a la insolvencia económica.

2. Seguro único de salud

El programa con el cual fue elegido el Presidente Gabriel Boric propuso un Fondo Único de Salud (FUS), que se convierte en el administrador único y estatal de las cotizaciones de las y los trabajadores (7%), más los aportes del Estado para financiar el sistema, y que las isapres se reduzcan a entregar Seguros Complementarios de Salud. 

Para promover esta política, el 27 de julio del 2022 el Presidente anunció copago cero para los tramos C y D de Fonasa. “Han sido muchas generaciones de chilenos y chilenas los que han soñado con lo que hoy día estamos avanzando en hacer realidad, que sea un sistema de salud público gratuito para todos los usuarios de Fonasa”, sostuvo esa vez el Mandatario. 

El 18 de agosto la Ministra de Salud constituyó el inicio de la mesa de trabajo con la Asociación de Isapres, con la intención de implementar un Sistema Universal de Salud, para que estas puedan “transitar tranquilamente” a este nuevo sistema.

En paralelo, la propuesta de la Constitución Política de la República de Chile, presentada en julio del 2022 por la Convención Constitucional, tenía como objetivo establecer la salud como un derecho social, y para ello propusieron un Fondo Único de Salud con similares características a la propuesta presentada en el programa de gobierno de Boric. En esta, era el Estado quien definía los prestadores de salud privados que podían participar del Sistema de Salud, definiendo la forma y los requisitos.

Con el triunfo del rechazo, en septiembre del 2022, sumado a una fuerte crisis económica de las isapres, el Gobierno está en un complejo escenario para darle continuidad al Sistema Universal de Salud, debido al riesgo de un traspaso abrupto de los afiliados a isapres, que corresponden a más de 3 millones de personas. Las personas con preexistencias son las que generan mayor preocupación, ya que actualmente las listas de espera GES superan los 300 mil usuarios, mientras que la lista de atenciones de especialidades también es mayor a 2 millones. 

El abrupto traspaso de personas frente a una eventual quiebra de las isapres podría generar un colapso del sistema de salud, sobre todo del sistema público de Fonasa. Los especialistas financieros esperan una solución por parte del Gobierno para amortiguar las consecuencias que implicaría este colapso.

3. Factor pandemia

Tras la llegada de la pandemia, a inicios de marzo de 2020 y el decreto de alerta sanitaria en el país, una de las medidas que tomó la autoridad para lograr atender los miles de casos diarios que se reportaban de Covid-19 fue centralizar el sistema de salud, permitiendo que esas atenciones se realizaran tanto en prestadores privados como públicos, independiente si los usuarios tenían Fonasa o isapres. 

Por otra parte, dentro de una serie de ayudas económicas que se impulsaron en el contexto de las cuarentenas, el Congreso junto al Ejecutivo y las isapres llegaron a un acuerdo para que las alzas en los precios de los planes también fueran congeladas. 

Así, dice el senador Chahuán, se provocó una “situación en cascada”. “Debido fundamentalmente a que también durante la pandemia se produjo una reintegración del sistema público privado para asumir el tema de la urgencia planteada por la pandemia, eso generó también una deuda de Fonasa con el sistema privado de salud”, plantea.

Chahuán justifica su punto con las cifras que entregó el 6 de enero Gonzalo Grebe, presidente de las Clínicas de Chile, a la Comisión de Salud del Senado. Hasta el 30 de noviembre de 2022, la “deuda de Fonasa a las clínicas es de 300 mil millones de pesos”, así como la de “isapres a las clínicas es de 567 mil millones de pesos, cifra que corresponde a lo facturado y prestaciones realizadas y pendientes de facturación”. 

Esta situación ha derivado en la suspensión de algunos convenios que tienen las prestadoras con las isapres, y esos usuarios han debido asumir el pago total de sus atenciones en salud, en caso de atenderse en esos establecimientos. 

4. Licencias médicas

Hasta el año 2020, los números de evaluaciones financieras de las aseguradoras de salud se mantenían en verde. De hecho, como en el año 2020 ocurrió una menor actividad médica, lograron un salto en sus utilidades. Un balance de la Asociación de Isapres señalaba que ese año obtuvieron $82.548 millones, monto diametralmente superior a los $9.465 millones de enero de 2019. 

Sin embargo, la dirigenta del Colmed postula que los efectos generales en la salud de las personas terminaron pasándoles la cuenta. 

“El año 2021 y el 2022 empezaron a reportar una caída en los saldos finales. Eso se debe principalmente a las licencias médicas, que en el contexto de la pandemia aumentaron explosivamente por salud mental, patologías descompensadas, Covid-19, y también un cambio en el uso del sistema de salud, asociado a las atenciones no desplazadas por la pandemia”, sostiene la doctora Crispi. 

Agrega que se vio “un aumento en los costos en los sistemas sanitarios. No es solo en Chile, sino que en todo el mundo”. Factor que, según ella, van asociados también a la pandemia, y a las tecnologías que se debieron implementar con esta situación. 

A pesar de que el parlamentario y presidente de RN Francisco Chahuán coincide en que “parte importante del 7% del aporte a Fonasa y a las isapres se estima en el pago de licencias médicas”, apunta a otra falencia que también podría incidir en esta crisis: el uso fraudulento de estos permisos. 

“Tenemos una situación de abuso, donde hay médicos y facultativos que han otorgado más de 1600 licencias médicas en un solo año”, sostiene Chahuán. A su juicio, eso corresponde a un “problema estructural”, porque “falta fiscalización”. 

De esa forma, cuenta que seguirá la tramitación de un proyecto de ley que pretende sancionar con penas privativas de libertad, a quiénes incurran en estas prácticas ilegales. 

5.  Falta de acuerdos 

Un problema conjunto que ha agravado la crisis de las isapres es que las instituciones no han sabido responder en su conjunto ante la problemática. “Durante mucho tiempo los actores políticos han sido incapaces de agilizar los proyectos que hemos impulsado, que pudieran establecer una nueva regulación respecto de las isapres”, sostiene el senador Chahuán.

Junto al diputado Tomás Lagomarsino (PR), quien preside la Comisión de Salud de la Cámara, esta semana propusieron la creación de un “Fondo E”, para tener una solución en caso que una isapre se vaya a bancarrota. Chahuán dice que están empujando “una mesa de diálogo entre los actores, que permita evitar la quiebra del sistema de salud privado y garantizar el derecho a elegirlo”. 

La presidenta del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi, postula que hay que avanzar hacia una nueva forma de entender el acceso a la salud de modo general. Señala que “por mucho tiempo ha existido una incapacidad de la institucionalidad -dígase del Minsal y las Superintendencias- por décadas de hacerse cargo de esta inconstitucionalidad, proponiendo una alternativa o un modelo de salud que no incurra en estas prácticas. Sin embargo, la reforma (al sistema de salud), a pesar de tener diagnósticos muy claros por mucho tiempo, no se ha materializado”, apunta.

También analiza la actualidad del meollo que proyecta una incertidumbre sobre qué va a pasar con las isapres. En esa línea, justifica lo difícil que será para la Superintendencia de Salud dar una buena solución al fallo de la Suprema. 
“Llevamos dos meses desde el fallo, y obviamente es complejo, pero sí se pide que la respuesta considere ambas cosas. Lo que se ha dicho es que obviamente no exista una quiebra, por los costos que tiene eso en las personas”, plantea la dirigenta. “Pero que tampoco exista un salvataje que signifique un desmedro de las personas o los dineros que se tienen que restituir, o que no vaya en sintonía con la reforma a la salud. Esto debería encajar con la reforma y tenemos que dejar de parchar”, plantea.