Habría instalado alambres para que helicópteros no descendieran: el detalle que reveló la querella del Gobierno contra Marcelo Piccardo

Luego de que el Gobierno presentara una querella en contra del empresario Marcelo Piccardo, quien negó la posibilidad de extraer agua desde una piscina de su propiedad a los brigadistas que combatían los siniestros incendios forestales, en Yumbel, Región del Biobío, se dio a conocer que había puesto alambres para impedir el descenso de las aeronaves.

En la denuncia presentada por el Ejecutivo, acusan al empresario inmobiliario de poner obstáculos, en este caso alambres, para impedir que los helicópteros que estaba en busca de agua descendieran a los podios.

La acción judicial en contra de Piccardo, fue presentada por Daniela Dresdner, delegada presidencial del Biobío. Medida que está impuesta en contra de todos los que resulten culpables como autores, cómplices o encubridores del delito de impedir o dificultar el actuar de bomberos y otros servicios de utilidad pública.

El documento fue entregado el pasado martes 7 de febrero y detalla que uno de los tres pilotos extranjeros que colaboraban con los servicios para controlar los incendios en Yumbel, estaba preparándose para bajar al domicilio del empresario para extraer agua. Sin embargo, tras acercarse al sector, Marcelo Piccardo, comenzó a realizar señas para que se fueran del lugar.

De esta manera, los pilotos se percataron de que el chileno puso “unas línea de aparentemente de alambres, para evitar el descenso, evitando así sacar agua de la piscina”.

Según indica la querella, esta acción “impidió la actuación del personal de utilidad pública que apoyaba a Bomberos y Conaf en las acciones para contener el fuego existente en la comuna, a pesar de la gran propagación del mismo y que hasta el momento ha generado muchas pérdidas al patrimonio de las familias afectadas y al medioambiente”.

Asimismo, en el texto señalan que “la acción del querellado de impedir la extracción del agua por parte del personal de emergencia constituye una obstrucción al correcto desempeño de su labor, lo que, además, supone poner en riesgo la vida y seguridad de los vecinos del sector”.

En la denuncia presentada por el Gobierno, solicitan una serie de procedimientos al Ministerio Público, en donde indican que se despache una orden de investigación a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, para que registre a los testigos, fotografíe la casa del empresario y solicite el registro de las cámaras de seguridad.

Además, exigen que desde el Labricrim de la PDI, realice un peritaje planimétrico y un reconocimiento fotométrico de las cámaras de seguridad de la casa de Piccardo.

Por otra parte, el Ministerio Público, deberá citar a declarar a las víctimas directas, testigos y a los Carabineros que estuvieron en el lugar para comprobar si existió alguna evidencia en el sitio del suceso, especialmente si se encontraron restos balísticos.