Columna de Jorge Gómez y Pablo Aldunate, de Fundación para el Progreso | Chile: entre la impostura ineficaz y el populismo legislativo

El debate respecto a la Ley Naín-Retamal demuestra el nivel de moralización que ha alcanzado el debate político en Chile. La policía uniformada, Carabineros, ha sido demonizada y a la vez divinizada.

Es indiscutible que una parte importante de la izquierda impulsó por largo tiempo una campaña de desprestigio, sin mediar matices al respecto. De forma irresponsable instalaron la idea de los uniformados como agentes represores y corruptos a los que la ciudadanía no debía respeto alguno. En el fondo, los ven como protectores del capital y de la “sociedad neoliberal”.

Por otro lado, también es evidente que desde la derecha pareciera existir una santificación de los uniformados, donde parecen no existir situaciones corruptas que exijan mayores niveles de control, preparación y transparencia en Carabineros. Simplemente parecen verlos como baluartes de virtud patria.

Claramente, estas visiones maniqueas no contribuyen al debate respecto al modo de combatir el alza descontrolada del crimen y la impunidad en las calles de Chile y el importante rol que cumples las policías al respecto. 

El problema es que una política moralizada se torna trivial, puesto que simplemente se guía por las pasiones del momento. Un reflejo de esto es el notorio vaivén en las opiniones del Presidente Gabriel Boric respecto a diversos temas. Donde antes pontificaba dando el sermón de la montaña, hoy la realidad política lo ha llevado a colocar matices contradictorios.

Otro ejemplo de esto es lo planteado por la ministra Antonia Orellana, que ahora dice comprender lo que hacen las policías, aunque antes emitía severos juicios al respecto.

Una política trivializada está plagada de imposturas que constantemente quedan en evidencia y caen en contradicciones. No es raro que en un contexto marcado por la frivolidad aumente la desconfianza política de los ciudadanos respecto a quiénes ofician de líderes y representantes.

Los continuos cambios de opinión de los actores políticos hacen difícil distinguir lo que es una opinión sincera y fundada, de lo que es un engaño oportunista azuzado por una vacilante opinión pública. Esto deriva en la creciente falta de racionalidad en la discusión pública, impulsando la irresponsabilidad de aquellos que debiesen tener algún grado de cordura en su labor legislativa o gubernamental.

Moralizar la discusión legislativa lleva al engañoso escenario, donde la discusión excluye cualquier matiz quedando dividida simplemente entre buenos y malos. Lo vimos con la discusión respecto a la Reforma Tributaria donde desde el gobierno se acusaba simples intereses espurios de quienes se opusieron. Y lo vemos en torno al debate respecto a la legítima defensa privilegiada, donde cualquier atisbo de matiz era acusado de estar a favor de los delincuentes.

Pero además, una política moralizada lleva al engaño de presumir que todas las respuestas pasan por las leyes, cualquiera sea esta, que promulgan los legisladores. Hace tiempo que nuestro Congreso se ha acostumbrado a legislar sin considerar contrastes técnicos o los efectos de las normas aplicadas. El ejemplo más doloroso de esto es el vil y cobarde asesinato del cabo primero Daniel Palma. Los delincuentes no van a mediar la ley, sino la capacidad de respuesta concreta de los policías.

Hay que mejorar los procedimientos de los policías para ellos poder protegerse de los criminales y ser más eficaces en su combate. Se deben mejorar implementos, entrenamiento y técnicas para reducir, etc. Eso salvará policías y permitirá dar respuesta más contundente a criminales. Leyes deben ser un marco para que a ningún demagogo, ni azuzador de la violencia política, se le ocurra inhibir legítimo uso de la fuerza en el Estado de derecho.

La respuesta tampoco es la ley de armas como pretende engañosamente la izquierda. Podrán desarmar a los civiles que respetan la ley, pero la respuesta para quienes ilegalmente se arman no puede ser esa. La respuesta es una policía bien equipada, capaz de contrarrestar la capacidad armada de los criminales. Eso implica hacer costosa, en términos legales y concretos, el usar armas y delinquir. Eso requiere leyes y el uso de la fuerza.

Si los políticos no ponen la cuota de responsabilidad y por el contrario simplemente se dejan guiar por las modas o las pasiones del momento, es difícil no caer en la demagogia y el populismo que luego se traducen en una legislación sin mediar criterios técnicos razonables. Tal como ocurrió con los retiros de las AFP durante la pandemia, la posterior y fallida Convención Constitucional o lo que ahora se visualiza como un incipiente populismo penal que, probablemente, no tendrá efectos concretos contra la criminalidad.

Quienes aspiran a gobernar en serio deben abandonar esa lógica política frívola que, por el simple afán acceder al poder, se traduce en actuaciones sin consistencia, donde además se cambia de opinión por conveniencia, sin mayor análisis ni responsabilidad. Esa política degenerada también contribuye a la sensación de desgobierno que alimenta la impunidad de los delincuentes.

• Jorge Gómez y Pablo Aldunate, integrantes de la Fundación para el Progreso.