Ministro de Justicia Luis Cordero: “Quienes se oponen al proyecto del uso de la fuerza olvidan por un momento que dejan desnuda a las policías”

Tres meses han pasado desde que Luis Cordero Vega (50) asumió como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Un cargo al que llegó por petición del Presidente Gabriel Boric para cumplir con una tarea clave: apagar el incendio que estalló tras la crisis de los indultos. El abogado y doctor en Derecho, tras recibir en enero la llamada del mandatario, tomó un avión desde Alemania a Chile y, sin una ceremonia de juramento, comenzó a trabajar.

Pero su expertise lo ha llevado a asumir otras labores en el gobierno. Una vez cerrado el episodio de los indultos -luego de que el Tribunal Constitucional rechazara el intento de impugnación de la oposición-, y en medio de la crisis de seguridad, el ministro de Justicia se involucró en el despliegue para impulsar un acuerdo con el Congreso, para agilizar la tramitación de 31 proyectos de ley en materia de seguridad. 

El viernes, día en que se cerró oficialmente la agenda de iniciativas, el secretario de Estado debió suspender sus actividades de la tarde para asistir a La Moneda y ser parte del acto en el que la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció el acuerdo. 

“Son tres meses en que no he parado. He estado trabajando de lunes a domingo. Ya después de haber abordado el tema de indultos en el Tribunal Constitucional, tomando la agenda del ministerio, que además es muy intensa y con diversos temas, también me pidieron involucrarme en la agenda de seguridad”, cuenta desde un salón del edificio de Justicia, en Morandé 107.

La compleja situación de seguridad en el país preocupa al Ejecutivo. Las últimas semanas han estado marcadas por el asesinato de tres carabineros en menos de un mes. El ministro de Justicia, hijo de Luis Cordero Silva, quien fue funcionario policial, dice empatizar con ese dolor. 

“Conozco las preocupaciones que implica para la familia, pero también entiendo la lógica del sacrificio de una labor como esa. No puedo decir más que la entiendo y que por eso tiendo a comprender los dolores”, relata.

Parte del trabajo que ha debido realizar, además, el también profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile ha estado enfocado en aprender los códigos de la política. 

Lo que más le asombra, pero positivamente -dice-, es la voluntad de diálogo entre los diferentes sectores. “Es más de lo que se aparenta públicamente”, asegura el ministro de Justicia, y remarca que esa percepción se ha visto reflejada en el acuerdo por una agenda de seguridad. 

-¿Costó llegar a un acuerdo con el Congreso sobre la agenda de seguridad?

-Es un acuerdo de priorización de agenda legislativa. En este tipo de cosas suelo rescatar el lado positivo, que existe un acuerdo. En segundo lugar, que esos acuerdos sean institucionales, siempre, y bueno el espacio de deliberación será el Congreso con la preferencia y las posiciones que cada uno tiene en este punto. 

–¿Cómo se proyecta la discusión respecto a los proyectos que componen el acuerdo? ¿Se espera de parte del Ejecutivo que tengan el respaldo completo del oficialismo?

-Existen sobre esos proyectos distintas opiniones y preferencias por parte de los parlamentarios. Lo relevante de la agenda es priorizar la discusión de esos proyectos. El mérito de cada uno va a ser analizado en el contexto de cada una de esas discusiones.

Lo más importante era definir el continente y el espacio en el cual nosotros íbamos a ordenar esa discusión, y eso implica obligaciones del medio, tanto para la oposición como para el Ejecutivo. Tiene que ver con ordenar esos proyectos y hacer los mejores esfuerzos para que en cada uno de esos proyectos se trate de converger al mayor acuerdo posible.

–Uno de los proyectos incluidos en este acuerdo es sobre las reglas del uso de la fuerza y que fue inmediatamente criticado por un sector.

-Me han sorprendido las críticas al proyecto de ley de reglas del uso de la fuerza, porque pareciera desconocer, primero, que hay una norma legal expresa en el caso de Carabineros que, además, se modificó en la administración anterior. Pero, en segundo lugar, que actualmente existen normas sobre reglas del uso de la fuerza en línea con lo que está en este proyecto. Lo que pasa es que están en un nivel de regulación doméstica.

Para cada fuerza de orden, la ley reenvía los reglamentos para efecto en la definición de los protocolos. Por lo tanto, quienes se oponen al proyecto de ley de reglas del uso de la fuerza olvidan por un momento que dejan desnuda a las policías, precisamente porque la ley hoy les exige tener esas reglas del uso de la fuerza.

–Desde la oposición ya hay partidos que anunciaron su voto en contra. ¿Le inquieta esa determinación a La Moneda? ¿Es apresurada?

-Creo que fue un juicio anticipado. Pero el hecho de que esté dentro de los proyectos priorizados… un poco el objetivo que tiene esta agenda de seguridad es obligarnos a sentar a discutir esos proyectos.

–¿Pero qué lectura se hace sobre la decisión de no respaldar el proyecto?

-Supongo que es un punto más bien político. Uno puede comprender esos puntos políticos cuando uno quiere hacer antagonismo de ideas, y supongo que forma parte de las estrategias habituales.

–¿Los partidos, tanto del Socialismo Democrático como Apruebo Dignidad, deberían estar alineados siempre con el gobierno, por ejemplo, en temas legislativos?

-La alianza de gobierno tendrá… parlamentarios tendrán aproximaciones distintas sobre cuál es la mejor fórmula de abordar en un sentido u otro. A veces, por este exceso de profundizar los antagonismos, omitimos las cosas en las que estamos genuinamente de acuerdo, que es la mayoría. 

“La potestad del indulto cada vez que se ejerce genera tanta polémica”

El ministro de Justicia advierte que la carga del sistema penitenciario ha sufrido un aumento significativo. En 2021, explica, se contabilizaron 41 mil personas privadas de libertad, mientras que en 2022 el número aumentó a 46 mil.

“El número de privados de libertad ha crecido en muy poco tiempo”, subraya, al mismo tiempo en que explica que se están evaluando diversas medidas para disponer de mayor infraestructura carcelaria, como la ampliación de algunos penales del país.

-En medio de ese debate, ¿se considera como opción cerrar Punta Peuco? El Presidente Boric no lo descartó.

-Dada la característica de la población penitenciaria, nosotros estamos en la obligación de maximizar la capacidad de todos nuestros penales.

–Pero, ¿existiría la posibilidad de abrir ese penal para la población proveniente de otros centros penitenciarios?

-Nosotros estamos en la obligación de maximizar todos nuestros penales.

–Esta semana se emitió el veredicto condenatorio por el crimen de Fernanda Maciel, a cinco años de su muerte. ¿Cómo se explica el extenso proceso judicial de algunos casos? Se genera una percepción tardanza en la justicia. Para otros, incluso de impunidad.

-Ahí, lo que nosotros tenemos es un tema de la gestión del sistema de enjuiciamiento criminal. (…)  La dilación en el tiempo, lo que genera es la sensación de que los delitos no se castigan y, por lo tanto, aumentan las percepciones de impunidad y, por lo tanto, de desconfianza sobre el sistema judicial. Es un ejemplo. Hay otros.

–¿Cuáles otros? 

-Hay otros temas que tiene que ver en algunas ocasiones en el tema de investigaciones, de dilaciones que están asociadas a capacidades investigativas, y eso debiese ser, en algunas ocasiones, por efecto de la sobrecarga de complejidad de casos en el caso de algunos fiscales. 

–Otro ejemplo es el caso SQM, que suma ocho años. Actualmente, son dos las fiscales dedicadas exclusivamente a la causa, lo que generaría un gasto que va alrededor de los $1.500 millones para el fisco. Parece una cifra desproporcionada en el contexto país.

-El sistema de justicia, y particularmente el sistema de justicia criminal, tiene propósitos bien específicos, y es castigar al culpable de un delito y dar certeza y seguridad al resto de la población. Y así como los derechos sociales, los derechos de seguridad cuestan dinero.

–Al momento de defender los trece indultos, ¿cómo se enfrentó la percepción de inseguridad que se pudo haber generado en la ciudadanía tras conocerse los antecedentes penales de algunos beneficiados?

-Parte de lo que he aprendido, en estos tres meses, es que es muy relevante explicar adecuadamente lo que está en juego. Una de esas cosas tiene que ver con que el indulto era solo respecto a delitos del estallido, no respecto de otro tipo de delitos. Que, además, eran personas que les estaban conmutando la pena.

La potestad del indulto cada vez que se ejerce genera tanta polémica. Todas las administraciones han tenido conflictos en torno a esto. Entonces, claro, había un contexto de crisis, pero también yo tenía la obligación de explicar los ámbitos en los cuales las autoridades y los ministros y ministras de Justicia en el pasado habían ejercido esta potestad de indulto.

–¿Fue complejo asumir ese rol político? 

-Uno no tiene que olvidar nunca que uno está a cargo de la gestión de un sector, pero que el rol de un ministro de Estado es ser colaborador directo inmediato del Presidente de la República. Por eso es un cargo de confianza de primer nivel, o sea de la primera línea, y la responsabilidad de todo ministro y ministro de Estado es contribuir a la gestión adecuada.

“La política tiene que ser muy cuidadosa en no insuflar combustible a la xenofobia”

–Hay una discusión que siempre ha existido, pero que en estos días resurgió, y es el uso de la palabra “paco” para referirse a un Carabinero. ¿Qué connotación tiene para usted este concepto?

-Es como trivial, como institucional también. No me parece ofensiva, nada. No tengo reparos con ella.

-¿No es un concepto que se utilice o que se lea como para denostar a la institución?

-Es que creo que esa propia institución ha hecho suya esa expresión, entonces no me parece que exista tras ella una ofensa. 

–En el caso del suboficial Palma hay imputados de nacionalidad venezolana. ¿Se genera un aumento en la xenofobia a partir de estas situaciones?

-El hecho de que estas personas sean de nacionalidad venezolana no puede terminar por condenar a todos los venezolanos que están viviendo en Chile, que tienen su vida normal, que además, con mucho esfuerzo, desarrollan su vida cotidiana. Eso vale para nuestro país como para cualquier parte del mundo. Por eso, la política tiene que ser muy cuidadosa en no insuflar combustible, en momentos de estas características, a la xenofobia. 

–Y, en ese mismo sentido, ¿temen que, por ejemplo, se empiecen a cometer crímenes de odio?

-Yo espero que no. A ratos creo que algunos discursos públicos no contribuyen mucho a eso.

–¿Discursos de quiénes?

-Todos aquellos que están destinados a generar una polarización a ratos media ficticia. Espero que no, pero voy a hacer mi expresión de deseo. Pero sí estamos en un momento complejo. Por eso tiendo a valorar los acuerdos institucionales como el de hoy día. 

Esa misma capacidad de generar arreglos institucionales puede ser útil para contener discursos que promuevan el odio y que terminen dejando de ser discurso y transformándose en acciones en el fondo.

–¿Esos discursos están asociados a un sector político?

-Me parece que están distribuidos en un amplio espectro. Yo tendría cuidado con decir, con apuntar con el dedo a un solo sector.

–Es transversal, entonces.

-Creo que a ratos se nos pasa así. El discurso divisionista, el discurso ultra es un discurso que está distribuido en la derecha y en la izquierda. Es responsabilidad nuestra evitar que esos discursos ultra terminen por contagiar a la política razonable de Chile.