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Nacional

24 de Mayo de 2023

Las claves del conflicto entre Elisa Loncon y el Consejo para la Transparencia por sus antecedentes académicos

Elisa Loncón, expresidenta de la Convención Constitucional.

"Tengo derecho a utilizar un sabático y participar en seminarios internacionales. Soy académica universitaria, aunque le duela el racismo", mencionó la exconvencional tras la polémica.

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“Me han expuesto al escarnio público. ¿Será por mi apellido?, ¿por qué a mí?“, mencionó en un punto de prensa Elisa Loncon, luego de que el Consejo para la Transparencia (CPLT) le exigiera sus datos académicos a la Universidad de Santiago (Usach).

La expresidenta de la Convención Constitucional es profesora de Inglés de la Universidad de La Frontera y ha recibido postítulos en México, Holanda y Chile. De acuerdo a la casa de estudios, se ha desempeñado como docente en el recinto desde el 2010 haciendo clases en la Facultad de Humanidades y también en la de Ciencias de la Educación.

La situación generó toda una polémica luego de que la Usach se rehusara a colaborar con dicha información, e incluso contraatacó presentando un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

¿Cuáles son los antecedentes específicos de Elisa Loncon que pide el CPLT?, ¿por qué necesitan acceder a estos datos? Aquí te entregamos las claves principales para entender este conflicto.

1. Año sabático

El 4 de julio del pasado 2022, el entonces rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, firmó un permiso para que la exconvencional tuviera un año de permiso sabático remunerado, el cual le permitía visitar universidades extranjeras y realizar publicaciones académicas.

Sin embargo, el hecho se viralizó en el internet y generó críticas entre los usuarios de las redes sociales, quienes incluso apuntaron en contra de la institución educativa y pusieron en duda la regularidad del documento.

Ante ello, la universidad aclaró públicamente que “el permiso otorgado a la Dra. Elisa Loncon Antileo se basa en su normativa vigente, que establece que los integrantes de su cuerpo académico regular, con jerarquía de profesor, tienen este derecho por cada seis años de servicio completos e ininterrumpidos”.

2. La solicitud

Tras esta polémica, a principios de mayo se informó que el CPLT había accedido a una solicitud realizada por el equipo de El Polígrafo de El Mercurio para que la casa de estudios entregara por Ley de Transparencia los antecedentes académicos de la exconvencional. Esto con la finalidad de “justificar” dicho permiso de año sabático.

Los datos corresponderían a los nombres de los cursos de pre y post grado que impartió, las horas destinadas a la realización de estos y detalles de los papers publicados en los que colaboró entre los años 2018 y 2022.

De acuerdo a lo consignado por Radio Bío Bío, el diario hizo esta petición argumentando que no era posible acceder a esta información en la página web de la Usach, además denunciaron que las investigaciones no estaban actualizadas.

3. La respuesta

Luego de que el CPLT ordenara la entrega de estos antecedentes académicos, la institución académica acusó discriminación y se negó en primera instancia a entregar los datos. Además, posteriormente contraatacó a través de un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Esto debido a que la Ley de Transparencia menciona “cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros” se debe informar a las personas involucradas, quienes deben acceder a entregar la información.

Mientras que la académica aseguró que “toda mi documentación académica es una documentación validada por todas las universidades, incluyendo por la Contraloría General de la República (…) Mis papers, mis publicaciones, mi trabajo, mi trayectoria está en la página de la universidad, de Google Academic”.

“Tengo derecho a utilizar un sabático y participar en seminarios internacionales. Soy académica universitaria, aunque le duela al racismo“, concluyó.

El presidente del CPLT, Francisco Leturia, mencionó que como organismo harán sus descargos en la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que “somos un órgano garante de derechos y nuestra obligación es cumplir la ley y hacer cumplir la ley“.

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