Con su firma en ambos lados y pese a prohibición: revelan que dueña de ONG Red Cultivarte se contrató a sí misma usando fondos públicos

El “Caso Convenios” en la Región del Biobío sumó un nuevo escándalo luego de que se diera a conocer que, en una de las aristas que se investigan en Coronel, la dueña de la ONG Red Cultivarte, Elizabeth Villanueva, se contrató a sí misma con dineros públicos.

El traspaso de fondos por $247 millones desde el Gobierno Regional (GORE) al organismo antes mencionado ya había sido cuestionado a principios de julio pasado. Si bien desde la institución afirmaron que dicha acción estaba “apegada a la norma”, la Fiscalía decidió abrir una investigación de oficio ante presuntos delitos cometidos.

Respecto al proyecto, este se presentó bajo el nombre de “Cuidado integral e inclusivo a adultos mayores vulnerables de Coronel”. Ahora, según detalló BioBioChile, se reveló un documento que da cuenta de la irregular acción que habría cometido la dueña de la ONG Red Cultivarte.

De acuerdo al citado medio Elizabeth Villanueva se contrató a sí misma como coordinadora general del proyecto antes mencionado. En dicho cargo la mujer se debía desempeñar como supervisora de la iniciativa, además de ser responsable de la planificación, seguimiento y coordinación.

Servicios por 1.5 millones mensuales

La insólita situación quedó registrada en el hecho de que el documento presentaba las dos firmas de esta persona. Así, en primera instancia se puede ver esta marca en el lado profesional que fue contrada y también en el apartado de la representante de la ONG.

Respecto a los pagos que la mujer recibió por prestar estos servicios, se detalló que emitió un total de tres facturas por 1.5 millones mensuales. Estas correspondieron a los meses de enero, abril y mayo de 2023, las que fueron presentadas a la misma organización que esta dirigía.

En estos documentos además se estableció que la dueña de la ONG realizó estas labores por servicios profesionales de cuidados de adultos. Sin embargo, también llama la atención que se hicieron bajo el giro de “servicios prestados por periodistas independientes”.

Otro punto llamativo de este caso es que este tipo de movimientos estaba prohibido de forma expresa. El medio antes citado detalló que lo anterior quedó expuesto luego de que el entonces jefe de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional, Simón Acuña, solicitó un pronunciamiento al respecto.

En este apuntó al punto 10 de una resolución exenta del GORE en el que se prohíbe pagar honorarios a directivos de una entidad ejecutora de un proyecto. Los anterior por concepto de representaciones, ejecución de programas, coordinación y administración.

Desde el GORE en tanto señalaron en un comunicado que “hasta la fecha, no se ha solicitado ningún tipo de requerimiento adicional, demostrando la transparencia y claridad en la gestión del proyecto”.

Finalmente, Elizabeth Villanueva se limitó a señalar que han “seguido el curso de la investigación con la regulación exigida y entregando el máximo de detalles y evidencias que muestran la total efectividad del trabajo ejecutado y rendido hasta ahora”.