María Constanza Gómez, la actriz de la extinta Fundación ProCultura acusada de apropiarse de más de $370 millones

En 2022, representantes de la Fundación ProCultura tomaron contacto con vecinos del campamento Betsabé, en Antofagasta. La idea era instalar luminarias solares, nuevos contenedores de basura, realizar acciones para prevenir incendios y mejoras en algunos espacios comunitarios. Para ello, la institución suscribió un convenio con la Seremi de Vivienda de Antofagasta por $100 millones.

Sin embargo, como publicó Meganoticias, residentes reclaman que esto nunca se concretó. “Lo único que vi que hicieron fue levantar unas cuatro palas, una carretilla y tres picotas. Después fueron reuniones y más reuniones que no llegaron a ningún fin”, aseguró un vecino.

Además, se realizó una oferta de trabajo en cuatro campamentos donde se seleccionó a 26 personas. Sin embargo, según los moradores, “esto nunca sucedió. Nada de lo que prometieron se realizó, jugaron con nuestras necesidades”.

Dentro de este proceso, un rol clave lo tuvo la actriz María Constanza Gómez, quien se desempeñaba como directora de Comunicaciones y Desarrollo Social de la extinta ProCultura. Gómez, también, figuraba como la representante legal de la fundación que lideraba el psiquiatra Alberto Larraín.

La artista habría estado a cargo de los contactos con el campamento de Antofagasta y, dentro de su rol, habría negociado, entre septiembre y octubre de 2022, cuatro convenios con la Seremi del Minvu, mientras Carlos Contreras encabezaba la institución. Esto, por un monto de más de $511 millones.

El Consejo de Defensa del Estado y el Gobierno Regional de Antofagasta se querellaron contra ProCultura. En la acción legal acusaron que los trabajos para los cuales se entregaron los dineros nunca se realizaron y los recursos no fueron devueltos. A ello se suma que la cuenta corriente de la fundación tampoco tenía fondos.

En concreto, la actriz María Constanza Gómez es acusada de no devolver al Estado $373 millones de los $511 millones entregados a la fundación en los cuatro convenios que firmó con la Seremi.

Consultado por el medio citado, el abogado Pablo Toloza, querellante UDI del caso, sostuvo que “al final, lo que le interesa a la ciudadanía es dónde quedaron los dineros. Eso es lo más relevante, dónde están los fondos. Y eso no se sabe, de eso no tenemos conocimiento”.

La abogada defensora Susana Borzutzky aseguró que “la fundación ProCultura no se ha apropiado de ningún peso. Ni sus representantes, ni su director ejecutivo, ni ninguna persona natural relacionada directa o indirectamente. El Estado no ha tenido ningún perjuicio vinculado a ProCultura”.

En ese sentido, Borzutzky señaló que la fundación presentó dos querellas por prevaricación administrativa. Esto, por el fin de los convenios. “Una empresa puede caer en insolvencia y una fundación también es un organismo privado que cayó en insolvencia. ¿Y por qué cae en insolvencia? Porque de forma unilateral le pusieron término imprevisto a todos los convenios”, cuestionó.

“Los dineros se destinaron a cumplir todos los convenios que estaban ejecutándose y el resto a pagar sueldos”, aseguró la abogada. Así, declaró que no hay manera de recuperar los fondos y que “a nuestro parecer aquí la víctima es la fundación, el Estado debiese reparar e indemnizar esta situación”.

Respecto al rol de la actriz, Toloza afirmó que “ProCultura en un principio uno podría decir que está bien, por el nombre, que una actriz sea la que está a cargo de esta fundación. Pero si uno empieza a ver todo lo que empieza a desarrollar esta fundación, en todas las materias que está comprometida. Es obvio, que no es la persona idónea”.

“A mi parecer, María Constanza Gómez merece más que respeto. Es una mujer que trabajó casi la mayor parte del tiempo de existencia en la fundación. Partió desde abajo y llegó hasta arriba, hizo carrera en la fundación”, planteó la defensora de ProCultura.