Pisagua: un pueblo que se debate entre el patrimonio a la deriva y la alerta de los pesqueros ante nueva zona nombrada Monumento Histórico

“No te preocupes. Tranquila, no me va a pasar nada, yo no he hecho nada. Hay que tener fe en que todo va a estar bien”, le dijo Germán Palominos Lamas a su hermana, Engracia Palominos, el 12 de septiembre de 1973, intentando tranquilizarla. La siguiente vez que ella lo vio fue casi 17 años después, cuando con su familia concurrieron al Servicio Médico Legal de Iquique y lo reconocieron entre los cuerpos que fueron encontrados en una fosa descubierta en Pisagua unos días antes.

“Sabíamos que era él, porque tiene los mismos huesos míos, la misma fisonomía. Así como estaba, igual lo reconocimos. Él llevaba la ropa que mi mamá le había mandado, una camiseta hecha por ella”, relata Palominos.

El descubrimiento de la fosa con 19 ejecutados por la dictadura en 1990 provocó impacto en la opinión pública en un contexto frágil: Pinochet había dejado el poder sólo tres meses antes y aún permanecía como comandante en jefe del Ejército.

La Vicaría de la Solidaridad había denunciado desapariciones forzadas en la zona y eso derivó en que el juez de Pozo Almonte, Nelson Muñoz, ordenara la excavación de los alrededores del cementerio de Pisagua, donde se encontraron los cadáveres el 2 de junio de ese año.  

Muñoz estuvo a cargo del caso tres días antes de ser reemplazado por Hernán Sánchez Marré, ministro en visita de la Corte Suprema. En ese tiempo, el juez envió los cuerpos al Servicio Médico Legal de Iquique, donde los familiares establecieron vigilias por temor a que las Fuerzas Armadas se los llevaran.

De acuerdo con Héctor Marín, presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua (AFEPI), a Muñoz “le costó su carrera y su vida” haber encontrado la fosa y los cuerpos.

Ecos del desierto

Pisagua está localizado a 66 kilómetros al norte de Iquique. Es un grupo de casas ubicadas en una angosta franja de tierra, entre el mar y la cordillera de la costa. Allí vivían 443 personas en 224 hogares según el censo de 2017. De acuerdo con Sergio Barraza, pescador que vive en la localidad, ahora viven 280 personas. El poblado es parte de la comuna de Huara y sus habitantes son considerados población rural por el Instituto Nacional de Estadísticas.

El puerto, originalmente peruano, quedó bajo soberanía chilena tras la Guerra del Pacífico. Con la crisis del salitre entró en decadencia y se fue despoblando. El abandono del lugar, sumado a su aislamiento geográfico, motivó a que distintos gobiernos lo utilizaran como centro de detención. En 1947 y 1948, durante la administración de Gabriel González Videla, se apresó en su cárcel a miembros del Partido Comunista. Posteriormente, en 1956, se encerró en el mismo lugar a opositores de Carlos Ibáñez del Campo.

Pisagua estaba casi deshabitado cuando ocurrió el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Rápidamente, la Junta Militar que tomó el control del país envió al caserío a presos políticos.

El teatro, el mercado, la cárcel y la explanada frente a ella conformaron, en su conjunto, el centro de detención de Pisagua. Además, los presos se vieron obligados a construir las barracas: un campo de concentración que luego fue destruido por la misma dictadura. Los restos de este lugar son los que la Comisión de Monumentos Nacionales (CMN) nombró Monumento Histórico el 17 de mayo pasado. En la escuela del poblado funcionó la Fiscalía Militar, que realizó los Consejos de Guerra que dictaron sentencia contra los detenidos.

De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), en estos lugares ocurrieron diversos apremios ilegítimos. La cárcel llegó a tener unos 500 prisioneros en condición de hacinamiento y en la cancha deportiva frente a ella se torturó a los detenidos. Una de esas torturas fue exponerlos a las bajas temperaturas de la noche y a las altas del día. El teatro y el mercado aledaño se utilizaron como centros de detención de mujeres durante un periodo.

El informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) indica que la dictadura recluyó en Pisagua a unas 800 personas, algunas de las cuales fueron torturadas y ejecutadas extrajudicialmente, especialmente en 1973 y 1974. Se envió a la localidad a presos de las ciudades cercanas y de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, estos últimos a bordo de los buques Maipo y Lebu.

Luis Caroca (70) era presidente de la Federación de Estudiantes de Iquique cuando los carabineros lo detuvieron un día antes del Golpe. “El 11 en la mañana yo despierto en la comisaría y viene el comisario, se asoma por la reja y me dice que todo ha acabado. Después comenzaron a venir los oficiales a golpearme, patearme, tirarme al suelo y meterme la cabeza en el water”.

Luego lo trasladaron al regimiento de Telecomunicaciones de Iquique y desde allí lo mandaron a la cárcel de Pisagua, el 14 de ese mes, en el primer grupo de presos que llegaron al pueblo. “Alrededor del 17 (de septiembre) los militares ocupan la ley de fuga en unos compañeros que ellos eligieron al azar. Los escogieron y los llevaron cerca del cementerio y allí los asesinaron”. Caroca dice que tras esto los militares endurecieron el trato con ellos.  

Según recuerda, en las pequeñas celdas de la cárcel habían 22 ó 23 personas y los presos tenían que turnarse para poder dormir. En ese inmueble fue interrogado y golpeado. El 18 de septiembre fue enviado de vuelta a Iquique, donde lo torturaron de formas más severas en el regimiento de Telecomunicaciones. Estuvo tres años preso hasta que consiguió un salvoconducto del gobierno de Dinamarca, que lo acogió como preso político.  

Desaparecidos en Pisagua

Héctor Marín Rossel, Lisabeth Millar Peña y Engracia Palominos Lamas son miembros de AFEPI, una organización de DD.HH. que busca verdad, justicia y memoria, según explican.  

El hermano de Héctor Marín, Jorge Martín Rossel, tenía 19 años cuando lo secuestraron el 28 de septiembre de 1973. “Lo encapucharon al frente de nosotros, se alcanzó a sacar un anillo y un reloj. Mi mamá se atrevió, le exigió a quienes estaban ahí que le mostraran la orden. Uno de los militares le pasó la TIFA (Tarjeta de Identificación de las Fuerzas Armadas)”, recuerda. Gracias a eso supieron cómo se llamaban los secuestradores y, años después, les sirvió para declarar en procesos judiciales.

Lisabeth Millar le pidió a su padre, William Millar Sanhueza, que dejara el Partido Socialista la última vez que lo vio, el 24 de agosto de 1973, ya que temía que pasara algo. Él fue arrestado el 12 de septiembre, lo soltaron, y se lo volvieron a llevar dos días después.

Hasta hoy, Hector Marín y Lisabeth Millar no saben dónde están sus familiares.

El bando militar N°64 del 30 de septiembre de ese año indica que, supuestamente, Jorge Marín y William Millar mataron al soldado Pedro Prado y huyeron del regimiento de Telecomunicaciones, donde estaban recluidos. El Informe Rettig cuestionó esa versión y en su documento se dió por inverosímil la acusación castrense.

En 2016, el ministro en visita Mario Carroza condenó a Miguel Aguirre Álvarez, Blas Barraza Quinteros y Pedro Collado Martí, militares en retiro, a 10 años y un día de presidio por el secuestro calificado de Millar y Marín. Esta sentencia fue ratificada por la Corte Suprema el 29 de agosto de este año.

Marcelino Lamas Largo, primo de Engracia Palominos, también fue detenido después del Golpe. Lo enviaron a Pisagua, donde estuvo preso entre diciembre de 1973 a mayo de 1974. Tras volver a Iquique lo volvieron a arrestar el 26 de diciembre de ese año. Desde entonces se desconoce su paradero.

El hermano de Engracia Palominos, Germán Palominos Lamas, fue fusilado el 1 de diciembre de 1973 en Pisagua, en un proceso que estuvo al margen de la legalidad de acuerdo con el Informe Rettig. Según los militares, Germán Palominos recibió “cristiana sepultura”, hecho cuya falsedad se demostró cuando se descubrió su cuerpo en la fosa encontrada en 1990.

En marzo de 2020, el medio Edición cero informó que la Corte Suprema anuló la sentencia por la cual se ejecutó a Germán Palominos. Al respecto, Engracia Palominos dice: “Procesaron a cinco tipos, al fin se supo la honorabilidad de mi hermano y que era inocente, que fue asesinado, masacrado y torturado”.

Con respecto a la situación actual de Pisagua, desde AFEPI están de acuerdo en que “se restaure, se mantenga y se conserve lo que está, tal cual. Preservar la memoria preservando lo que se tiene, tanto de la cárcel, el teatro, etcétera.” Mientras que a Caroca le gustaría que se reconstruyera al menos una de las barracas o que se haga un museo conmemorativo, para que no se olvide lo que sucedió.  

La fragilidad de los monumentos

Pero este deseo de preservar la memoria, a través del patrimonio, está amenazado por el mal estado en que se encuentran la excárcel y el teatro de Pisagua.  

El Consejo de Monumentos Nacionales, que pertenece al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es el organismo que se encarga de la protección del patrimonio cultural en Chile y decide qué sitio se constituye como Monumento Nacional, lo que implica una protección del Estado.

En Pisagua hay seis Monumentos Históricos Nacionales que fueron ocupados por la dictadura: la excárcel, la cancha deportiva frente a ella, el teatro, la escuela, la fosa donde se encontraron los 19 cuerpos y los restos de las barracas.

El arquitecto Mario Cayazaya (60) estuvo en un equipo que hizo un catastro del patrimonio de la zona en 2002. Él fue testigo del “estado crítico” del teatro de Pisagua en esa época. “Hay mucho patrimonio de arquitectura pública y privada que hoy día están a la deriva, huérfanas de apoyo”, apunta.

Explica que en la zona entre Tocopilla y Pisagua el rocío marino es muy corrosivo. La niebla, saturada de agua de mar, afecta de gran manera a las estructuras antiguas. “Pensar que un elemento de acero va a resistir en el borde costero es una utopía con todas sus letras”, dice. También perjudica a las calaminas y la madera, a la que le crece un “pelillo” por el exceso de humedad. Cayazaya cree que si no se intervienen las estructuras es probable que colapsen.

El Estado, en todo caso, sí ha trabajado en la mantención de estos edificios patrimoniales. El arquitecto Rodolfo Rojas (42) dice que antes el teatro daba directamente al océano: “Las olas llegaban al escenario, uno veía el atardecer desde adentro”.

Por esto el Gobierno Regional llevó a cabo, a partir de una Resolución Exenta del 2011, un plan de mejoramiento del borde costero que incluyó un muro de contención que actualmente separa al teatro del mar. Sin embargo, continúa el desgaste del edificio. Palominos cuenta que ya no se puede subir al segundo piso del inmueble como hacían antes y que se han ido perdiendo las butacas y los palcos.

Con la excárcel fue más difícil, ya que fue vendida por la dictadura a una persona particular en 1990, por lo que el Estado no pudo realizar grandes cambios hasta el 2018, cuando volvió a tener su propiedad.

Consultado sobre el estado patrimonial de Pisagua, el director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Tarapacá (Serpat), José Barraza Llerena, señala que se han buscado instituciones que se encarguen de planes de gestión para conservar estos edificios. Explica que en la ex cárcel hubo obras de emergencia. En ellas se consolidó el muro norte con una estructura de acero que buscó evitar el riesgo de colapso.

Rojas y Caroca fueron parte de un grupo autoconvocado que trabajó en la conservación de la excárcel y que luego se organizó como la Corporación de Sitios de Memoria de Tarapacá, que incluyó a la AFEPI, a la Corporación de Expresos Políticos de Pisagua y a beneficiarios del PRAIS, entre otros.

Fue ese equipo el que recuperó parte de los restos de las barracas del campo de concentración. Según Rojas, eso fue posible gracias al reportaje de 1974 del periodista Miguel Herberg, al reconocimiento en terreno de exprisioneros y al trabajo de arqueólogos.

Las barracas, que eran denominadas con letras y estaban rodeadas por una alambrada y torres de vigilancia, fueron destruidas por la dictadura debido a la presión que generó el mencionado reportaje.

Caroca cuenta que se vio obligado a trabajar en su construcción mientras era prisionero: “Era igual a un campo de concentración de las películas. (…) Nos dejaba incrédulos, no pensé que algo así podía pasar en Chile”. Él fue quien envió la solicitud al CMN para que el sitio donde se situaba se reconociera como Monumento Histórico.

La preocupación del pueblo de Pisagua

Pero desde Pisagua no están conforme con la medida.

Freddy Parra, presidente de la Junta de Vecinos de Pisagua, cree que el nombramiento del lugar como monumento afecta la actividad de los pescadores que trabajan en el lugar. “Nadie ha conversado con la comunidad, se impuso una situación. Nos enteramos por la prensa que eso estaba listo. Es un sector donde la gente guarda el güiro, porque en Pisagua no hay mucho terreno”. Sergio Barraza (77), presidente del Sindicato N°2 de los pescadores del pueblo, concuerda con Parra en que no se toma en cuenta a los pisagüeños en las decisiones que los afectan.

Barraza señala que “(la explanada) es el único lugar en que la gente puede tender su güiro para que se seque, no hay otra parte. Es un lugar de trabajo para nosotros. Sería quitarnos algo para hacer otra cosa con la cual no estamos de acuerdo”. Según él, debido a la corriente del niño han tenido problemas con los demás mariscos: el erizo se ha echado a perder, el loco se ha ido muriendo y las lapas se despegan y se varan. “Nos queda el güiro, y si nos vienen a poner trabas para que trabajemos con él, vamos a quedar de brazos cruzados”.

El pescador dice que la mayoría de la población que vive actualmente en Pisagua se relaciona con su oficio, y que si deben emigrar el pueblo quedaría, nuevamente, en el abandono. De acuerdo con él la mayoría de sus colegas piensan de manera similar. “No tenemos vereda, los niños tienen que caminar por el barro, de eso deberían preocuparse, de arreglar el pueblo. Nosotros somos los que vivimos acá, los que sabemos lo que falta. Hay una población a la que no le llega el agua, preocúpense de eso”. De todas formas, ambos dicen respetar el dolor de los deudos. 

Luis Caroca cree que se pueden compartir los dos intereses, de forma que “la gente que tenga que trabajar podrá seguir haciéndolo y nosotros construir lo otro (un museo)”. El director del Serpat confirma, en todo caso, que aún no hay un proyecto formal para construir alguna edificación en la explanada.  

Engracia Palominos dice que han tenido una relación difícil con los pisagüeños. “No nos daban ni el saludo”. Aunque cuenta que la situación ha mejorado y que ahora, por ejemplo, en el pueblo hacen ventas cuando hay romerías.

Palominos y Héctor Marín asistieron el 30 de agosto a la ceremonia en que el Gobierno lanzó el Plan Nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos en La Moneda representando a la AFEPI, mientras que Lisabeth Millar lo hizo en la instancia regional en Iquique.

Marín reflexiona sobre la iniciativa del Gobierno: “Es sumamente importante para nosotros, sobre todo para los familiares que aún buscamos. Queremos tener esperanza porque no nos van a ganar, vamos a seguir hasta que podamos”.