Columna de Nicole Cardoch, ministra (s) general de Gobierno | Hablemos de Participación Ciudadana

Hace casi dos años, el Presidente Gabriel Boric, entonces candidato, afirmaba su intención de ser un mandatario que, al terminar su periodo, tuviera menos poder que cuando asumió. Y eso implica devolver poder a las personas, por lo que fortalecer la participación ciudadana en la gestión pública es imprescindible.

Se trata de un eje transversal en nuestra gestión de Gobierno, que se ha traducido en la apertura de espacios de diálogo en el diseño de las políticas públicas que estamos impulsando, como las propuestas sobre reforma de pensiones y sistema nacional de cuidados, pero también en la etapa de implementación de iniciativas promulgadas en este periodo, como la Ley de las 40 horas y la Ley TEA.

Pero además, en el programa de Gobierno se estableció el compromiso específico de modernizar la legislación vigente sobre participación ciudadana, en particular la Ley 20.500, para fortalecer los mecanismos de participación en los distintos niveles y ámbitos de la administración del Estado. Hace pocos días, con el lanzamiento del proceso “Hablemos de Participación Ciudadana, diálogos para la reforma de la Ley 20.500” comenzamos a dar cumplimiento a este anhelado compromiso.

La Ley 20.500, promulgada en 2011, fue un paso importante para definir y fortalecer el vínculo entre el Estado y la ciudadanía. Sin embargo, urge mejorarla, ya que ese era un Chile diferente al actual y hoy la participación ciudadana es concebida como un elemento imprescindible para la elaboración e implementación de políticas públicas en ámbitos tan sensibles para nuestros vecinos y vecinas como la salud, cuidados, transporte público o pensiones.

La hora de los diagnósticos ya terminó. Diversas son las conclusiones desarrolladas en la academia, la sociedad civil organizada y no organizada, y el Estado, las cuales coinciden en que la Ley 20.500 carece de una conceptualización suficiente sobre qué se entiende por participación en la administración pública y sus alcances. Más importante aún, no otorga las herramientas que hagan efectiva su implementación.

Por eso, este proceso no parte de cero. Aquí se recogerán las recomendaciones realizadas por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, convocado en 2016 por la expresidenta Michelle Bachelet para elaborar un diagnóstico sobre esta normativa y propuestas de perfeccionamiento. A partir de eso, iniciamos un camino de la mano de gobiernos locales, gobiernos regionales y la sociedad civil organizada.

La modernización debe apuntar a generar espacios abiertos y con mayores niveles de poder de decisión, mayores niveles de devolución de poder a la ciudadanía. Esto porque creemos que no hay política pública sin ciudadanía. Los desafíos que enfrenta nuestra democracia se resuelven con mayor involucramiento de las personas en la vida pública, donde ellas pongan al centro sus anhelos y urgencias, y nosotros, las autoridades, trabajemos por ellas.

Nicole Cardoch Ramos, ministra (s) de la Secretaría General de Gobierno